COMUNICADO 046 de 2021
Sistema Integral solicita a la Defensoría del Pueblo adoptar una resolución defensorial que trace hoja de ruta para poner fin al asesinato de líderes sociales y excombatientes de las Farc-EP
- La grave situación de derechos humanos y la falta de medidas de seguridad que garanticen la participación de las víctimas y los excombatientes, está poniendo en riesgo la misionalidad de la JEP, la CEV y la UBPD.
- Desde la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 904 líderes y defensores de derechos humanos y 276 excombatientes de las Farc-EP.
Bogotá, 19 de abril de 2021. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, conformado por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, le solicitaron este lunes a la Defensoría del Pueblo que realice un informe donde se detalle la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que atentan contra los líderes sociales y excombatientes de las Farc-EP.
Además, se le pide a la Defensoría del Pueblo que, con fundamento en sus hallazgos, emita una resolución defensorial en la que formule recomendaciones a las instituciones del Estado y a la sociedad para que se detenga esta grave situación.
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz en noviembre de 2016, 904 líderes han sido asesinados. El Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP arrojó este hallazgo después de realizar el proceso de contrastación y verificación de registros proporcionados por otras instituciones y organizaciones. Solo en 2020 se documentaron 297 casos. Los departamentos de Cauca, Antioquia y Nariño son los más afectados. En el 25% de los municipios del país (280) se han consumado homicidios selectivos contra líderes sociales, y en 17 de estas zonas se concentra el 32% de los casos.
Frente a los asesinatos de los excombatientes de las Farc-EP, la UIA registra 276 homicidios perpetrados entre el primero de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2021. El 92 por ciento de los asesinados (253) eran personas que comparecían ante la JEP. Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo y Norte de Santander son los departamentos con más homicidios.
Además, de estas cifras, hay reportes de 40 amenazas, 22 tentativas de homicidio, 15 desplazamientos forzados, 8 secuestros, 2 desapariciones y 2 actos de tortura, consumados entre 2016 y 2021.
La grave situación de derechos humanos, y la falta de medidas de seguridad que garanticen participación de las víctimas y los excombatientes está poniendo en riesgo la misionalidad de la JEP, la CEV y la UBPD. Hoy la violencia contra los líderes sociales y firmantes del Acuerdo Final de Paz se está convirtiendo en una barrera de acceso a la justicia transicional.
A este crítico panorama de seguridad se le suma la falta de implementación integral y cabal del Acuerdo Final de Paz, señalan las tres entidades que componen el Sistema. Las deudas históricas del Estado en materia de desarrollo, inversión social y política aún están por cumplir. Antes de que terminara 2020, la Procuraduría General de la Nación informó que apenas se han adjudicado 30.318 hectáreas de tierra de 3 millones que el país se comprometió a entregar en 2027. Y, agregó el Ministerio Público, del millón de hectáreas que han sido ingresadas al Fondo de Tierras, la mayoría presentan ocupaciones previas y el 55% de los casos de formalización de predios ya avanzados corresponde a procesos previos a la firma del Acuerdo Final de Paz.
¿Por qué tramitar una resolución defensorial?
La intervención de la Defensoría del Pueblo permitirá delinear una mayor articulación entre las entidades del orden nacional, departamental y municipal, implementar medidas colectivas eficaces que aborden los riesgos estructurales y, a su vez, endurezcan las medidas de autoprotección existentes en coordinación con las comunidades más afectadas. Por eso, la JEP, la CEV y la UBPD le solicitan a la Defensoría del Pueblo que realice este estudio y emita la Resolución Defensorial para que las autoridades competentes les pongan fin a los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc-EP.
En concreto, el Sistema Integral le solicita al Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, que evalúe la situación que enfrentan estos grupos poblacionales, víctimas de amenazas, homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros ataques. Se le pide al Defensor que se identifiquen las causas, se evalúen las medidas actuales, las posibles formas de prevención y los riesgos que corre el país si no se toman las medidas adecuadas.
El Sistema Integral decidió invocar las funciones constitucionales que tiene asignada la Defensoría del Pueblo frente a la protección de los derechos humanos en el país. Específicamente, los artículos 7º de la Ley 24 de 1992 y 5º, numeral 19, del Decreto 25 de 2014, donde se indica que dentro de las funciones de la Defensoría están rendir informes y adoptar resoluciones defensoriales que denuncien el desconocimiento de los derechos humanos, como está ocurriendo actualmente y, además, formular recomendaciones para su remedio.
