COMUNICADO 63
Ante las víctimas, la justicia y el país, dos generales (r) del Ejército Nacional y 25 militares más reconocerán su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas en Meta
- Los días 3, 4 y 5 de junio, en Villavicencio, los comparecientes de la fuerza pública reconocerán públicamente, ante más de 80 víctimas, su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
- Se referirán a 209 asesinatos presentados falsamente como bajas en combate entre 2002 y 2007, entre ellos los de 10 menores de edad, así como a 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio.
- Se trata de antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’ (BIVAR), del Gaula Rural Meta (GAMET) y de la VII Brigada.
- La investigación de la JEP estableció que, durante el proceso de consolidación del paramilitarismo en Meta, se configuraron estrechas relaciones entre integrantes del Ejército Nacional y el Bloque Centauros de las AUC.
- La JEP también determinó que la presentación de falsas bajas en combate se convirtió en la principal retribución que los paramilitares acordaron con integrantes de la fuerza pública, a cambio de permitirles delinquir.
Villavicencio, 30 de mayo de 2026. Durante tres días, 27 comparecientes de la fuerza pública, imputados como máximos responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el Subcaso Meta del Caso 03 de la JEP, les darán la cara a la justicia, a las víctimas y al país para reconocer públicamente su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate. Acudirán a esta audiencia después de haber aceptado por escrito su participación en los hechos investigados.
Los comparecientes, que hicieron parte del Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’ (BIVAR), el Gaula Militar Meta (GAMET) y la VII Brigada, responderán por 209 asesinatos presentados falsamente como bajas en combate entre 2002 y 2007, entre ellos los de 10 menores de edad. En la Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de junio en Villavicencio, también deberán referirse a 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio.
En noviembre de 2025, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en el marco del Subcaso Meta del Caso 03, que lidera el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, les imputó a estos 27 comparecientes y a otros tres antiguos integrantes de la fuerza pública crímenes de guerra, de lesa humanidad y delitos según el Código Penal colombiano.
La sala tomó esta decisión luego de que encontró pruebas suficientes de su participación en la ejecución de un plan criminal orientado a presentar como resultados operacionales homicidios que en realidad fueron perpetrados en combates simulados. El objetivo de estos hechos era generar una falsa sensación de seguridad en la población civil, obtener beneficios profesionales y fortalecer la legitimidad institucional.
A esta diligencia asistirán 88 víctimas acreditadas ante la JEP y sus acompañantes, de un universo de 462 personas reconocidas dentro del Subcaso Meta. Durante las jornadas podrán relatar los impactos que estos crímenes dejaron en sus vidas, sus familias y comunidades, así como presentar demandas de verdad y propuestas restaurativas que serán tenidas en cuenta en las siguientes etapas del proceso.
El reconocimiento de responsabilidad se produce tras un amplio proceso de investigación, contrastación y aporte a la verdad desarrollado por la JEP. En este, los comparecientes de la fuerza pública han debido confrontar los relatos de las víctimas, la gravedad de los hechos investigados y las profundas afectaciones ocasionadas a las familias y comunidades.
Como parte de la preparación para la diligencia, los equipos especializados de la Secretaría Ejecutiva de la JEP realizaron tres encuentros previos con víctimas, tres con comparecientes y un encuentro privado entre ambos grupos. Estos espacios buscaron fortalecer las condiciones para un reconocimiento de responsabilidad más amplio y significativo, propiciar respuestas más detalladas frente a las demandas de verdad de las víctimas y preparar el diálogo que tendrá lugar durante la audiencia pública.
Lo determinado por la JEP en el departamento de Meta
Durante la investigación del Subcaso Meta del Caso 03, la JEP estableció que, en el contexto de la consolidación del paramilitarismo en el departamento de Meta, se configuraron estrechas relaciones entre integrantes del Ejército Nacional y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
A partir de los avances alcanzados previamente por la justicia ordinaria, la JEP confirmó la ocurrencia de las conductas investigadas y, con base en un amplio ejercicio de contrastación, determinó la existencia de tres patrones macrocriminales. Todo ello, mientras la Justicia Penal Militar no logró avances significativos en el esclarecimiento de estos crímenes.
Asimismo, el número de casos documentados, el nivel de detalle alcanzado en la investigación sobre la dimensión del daño y la identificación de los comparecientes a quienes se les atribuye responsabilidad superan el umbral de verdad previamente alcanzado por la justicia ordinaria.
La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que los generales imputados incumplieron sus obligaciones de proteger a la población civil y de ejercer un control efectivo sobre sus subordinados. Aunque contaban con medidas razonables a su alcance para hacerlo, omitieron sus deberes constitucionales y funcionales. Desde sus posiciones de mando, actuaron con permisividad y no ejercieron el control necesario para prevenir, investigar y sancionar los crímenes que se estaban presentando. Con ello, contribuyeron a la consolidación de los tres patrones macrocriminales documentados por la JEP en el Subcaso Meta.
Respecto de los demás comparecientes pertenecientes al Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’ (BIVAR) y al Gaula Rural Meta (GAMET), la sala determinó que son coautores de los crímenes imputados, al haber actuado bajo un acuerdo común que implicó una división del trabajo criminal. Cada uno realizó aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos, lo que permitió la materialización de los crímenes.
Así, los tres patrones criminales documentados por la JEP reflejan tanto las dinámicas propias del conflicto en la región como las formas en que distintas unidades militares operaron bajo una misma lógica de presión por resultados.
El primer patrón corresponde a asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por miembros del BIVAR en coordinación con integrantes de estructuras paramilitares. En este patrón se documentaron 48 hechos en los que fueron asesinadas 117 personas. La JEP también encontró que en este patrón se operó bajo tres modalidades, entre ellas la selección y ubicación de las víctimas por parte de integrantes del Bloque Centauros para que miembros del BIVAR las asesinaran y las presentaran ilegalmente como supuestos resultados operacionales de la unidad.
El segundo patrón se trató de asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por miembros del BIVAR sin apoyo de estructuras paramilitares. Se documentaron 22 hechos en los que fueron asesinadas 36 personas y una más resultó herida. Este patrón fue desarrollado bajo tres modalidades, entre ellas la atracción de personas mediante engaños por parte de miembros del BIVAR para asesinarlas y presentarlas como resultados operacionales legítimos.
El tercer patrón corresponde a asesinatos presentados como bajas en combate por miembros del Gaula Rural Meta, en el marco de supuestos operativos antisecuestro y antiextorsión. Se documentaron 30 hechos en los que fueron asesinadas 56 personas, en los que la sala identificó dos modalidades, entre ellas, asesinatos en los que las víctimas eran atraídas mediante ofertas engañosas o falsas propuestas.
La sala determinó que estos hechos causaron afectaciones de carácter individual, familiar, social, político, cultural y productivo, así como daños a la identidad, el buen nombre, las relaciones familiares y comunitarias, la salud integral, los proyectos de vida, el empleo, el patrimonio y el ejercicio de la ciudadanía.
Para alcanzar este nivel de esclarecimiento, la sala escuchó las versiones de militares involucrados en los patrones macrocriminales. También recibió los testimonios de varios de los máximos mandos paramilitares con quienes se asociaron, entre ellos Dairo Úsuga, conocido como ‘Otoniel’; Luis Arlex Arango Cárdenas, conocido como ‘Chatarro’; Manuel de Jesús Pirabán, conocido como ‘Pirata’; Fredi Santos y Omar Cifuentes Hernández. También recibió testimonios de funcionarios de la Justicia Penal Militar y de víctimas. Asimismo, incorporó al proceso de contrastación la información entregada por integrantes del Bloque Centauros en el marco de Justicia y Paz.
Los comparecientes convocados a reconocer responsabilidad
Excomandantes de la VII Brigada:
- Brigadier general (r) Francisco José Ardila Uribe
- Brigadier general (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz
Exintegrantes del Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’ (BIVAR):
- Teniente coronel (r) Héctor Alejandro Cabuya de León
- Teniente coronel (r) Néstor Sánchez Aguirre
- Coronel (r) Jairo Martín Sandoval Moncayo
- Mayor (r) Wilson Orlando Lizarazo Cárdenas
- Teniente coronel (r) Ricardo Andrés López García
- Teniente coronel (r) Ricardo Efraín Arcos Rosero
- Teniente coronel (r) Jorge Eliécer Bermeo Meneses
- Mayor (r) José Wilson Camargo Arévalo
- Sargento segundo (r) Asmir Téllez
- Sargento viceprimero (r) José Hover Ortiz Doncel
- Sargento primero (r) Andrés Grisales Gómez
- Teniente (r) Luis José León Vargas
- Cabo primero (r) Nelson de Jesús Ibarra Moreno
- Sargento mayor (r) Alejandro Enrique Espitia Ramos
- Teniente coronel (r) Sergio Alberto Carreño Estupiñán
- Sargento segundo (r) Edwin Alejandro Londoño Naffah
- Capitán (r) Wbeimar Alfonso Angarita Peñaranda
- Sargento primero (r) William González Torres
Exintegrantes del Gaula Meta:
- Mayor Rodolfo Ignacio Mantilla Vargas
- Capitán (r) Helber Francisco Herrera Hernández
- Mayor (r) Jackson Javier Torres Hernández
- Sargento mayor (r) José William Pantoja González
- Capitán (r) Leonardy Alfonso Polo Sanabria
- Soldado profesional (r) Nelson Guillermo Cagua Rubio
- Soldado profesional (r) Federico Gutiérrez Sánchez
Sobre los tres comparecientes que no aceptaron responsabilidad
El proceso del teniente coronel (r) Jorge Enrique Galarcio Medina, exintegrante del BIVAR, fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, tras no reconocer su responsabilidad. De ser acusado ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz y ser vencidos en juicio, podrían recibir sanciones de hasta 20 años de prisión.
Por su parte, el mayor general (r) Carlos Eduardo Ávila Beltrán, excomandante de la VII Brigada, presentó una solicitud de nulidad parcial contra el auto de imputación, que fue negada. También interpuso un recurso de reposición contra la decisión que ordenó remitir su situación jurídica a la UIA. Este recurso fue resuelto a su favor y dejó sin efectos dicha remisión, con el fin de otorgarle un plazo adicional para manifestar si aceptaba o no responsabilidad.
Posteriormente, el compareciente rechazó los cargos imputados. Además, presentó un recurso de apelación contra la decisión que negó la nulidad, el cual fue declarado desierto. Frente a ello promovió un recurso de queja, que también fue declarado infundado. Actualmente, la Sala de Reconocimiento de Verdad está a la espera de pronunciarse nuevamente sobre la eventual remisión de su situación jurídica a la UIA.
Finalmente, el teniente coronel (r) Fernando Ortiz González, exintegrante del BIVAR, tampoco aceptó responsabilidad frente a los cargos imputados por la JEP. Por esta razón, la Sala de Reconocimiento de Verdad remitió su proceso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
Posteriormente, presentó una solicitud de nulidad contra dicha decisión y, de manera subsidiaria, un recurso de reposición. Ambas solicitudes fueron resueltas desfavorablemente, al declararse improcedente la nulidad y negarse la reposición. Contra esta última decisión interpuso un recurso de apelación, que actualmente se encuentra en estudio por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad.
