COMUNICADO 81
Ante las víctimas, la justicia y el país, tres generales (r) del Ejército Nacional y otros 22 militares reconocerán su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe
- Tras aceptar por escrito los hechos, 25 comparecientes imputados por la JEP como máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas acudirán a una audiencia pública para ratificar ese reconocimiento.
- La primera jornada se realizará en Barranquilla, los días 30 de junio y 1º de julio de 2026. Comparecerán 10 personas, incluidos dos generales retirados. Se referirán a asesinatos presentados falsamente como bajas en combate por integrantes de tres unidades tácticas de la Décima Brigada Blindada.
- La segunda jornada se hará en Valledupar, los días 28, 29 y 30 de julio. Los 25 comparecientes declararán sobre el patrón criminal documentado por la Sala, en el que 604 personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate en los siete departamentos de la Costa Caribe, entre 2002 y 2008.
- De los 25 comparecientes, solo siete habían sido condenados por estos hechos en la justicia ordinaria.
- La JEP documentó un patrón criminal mediante el cual integrantes de unidades militares de la Costa Caribe cometieron de manera sistemática asesinatos y desapariciones forzadas para presentarlos falsamente como bajas en combate. El propósito era mostrar resultados operacionales exitosos y aumentar la percepción de seguridad de la población.
- Los miembros del Ejército involucrados en estos hechos se valieron de un sistema tripartito de presiones, incentivos y mecanismos de encubrimiento; y utilizaron estrategias de hostigamiento, entrampamiento y engaño para captar y retener a las víctimas que posteriormente fueron asesinadas.
- Entre las víctimas hay 26 niñas y niños, 31 integrantes de los Pueblos Indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo, y 14 mujeres, una de ellas embarazada.
- En total, siete generales retirados del Ejército Nacional han reconocido responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en diferentes zonas del país.
Bogotá, 28 de junio de 2026. Veinticinco comparecientes de la fuerza pública, imputados por la JEP como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, fueron convocados a reconocer públicamente su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate. Este reconocimiento se realizará en dos jornadas de audiencia pública, en Barranquilla y Valledupar, en el marco del Subcaso Costa Caribe II del Caso 03, que investiga estos crímenes en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
A la primera jornada de audiencia, que se realizará en Barranquilla los días 30 de junio y 1.º de julio, acudirán 10 comparecientes. Entre ellos se encuentran los generales retirados Hernán Giraldo Restrepo y Adolfo León Hernández Martínez, quienes comandaron, respectivamente, la Décima Brigada Blindada y el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ para la época de los hechos. También asistirán dos coroneles retirados que comandaron el Grupo Mecanizado Rondón; el suboficial que estuvo al mando de uno de los grupos especiales que más bajas ilegales reportó en esa unidad; un mayor retirado que dirigió la FURED, responsable de 41 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos en 2006; un coronel que comandó el Batallón ‘La Popa’, y otros oficiales que hicieron parte de esa misma unidad militar.
La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que Barranquilla fue una de las ciudades más afectadas por este fenómeno criminal. De allí provino el mayor número de víctimas de los hechos determinados durante la investigación. Algunas fueron contactadas en el mercado municipal, en sus alrededores o en sectores vulnerables de la ciudad. Muchas se dedicaban a diferentes oficios o se encontraban en condiciones de vulnerabilidad asociadas al consumo problemático de estupefacientes. Barrios como Montes, Rebolo, Las Nieves, El Bosque, Chiquinquirá, Soledad Dos Mil y Villa del Carmen, así como municipios del área metropolitana como Soledad, Baranoa y Luruaco, se vieron afectados por esta práctica criminal, que no solo generó profundas afectaciones individuales, sino también transformaciones en la dinámica social y territorial de estas comunidades.
Los comparecientes citados a estas jornadas hicieron parte de unidades tácticas de las brigadas Segunda, Décima y Décima Primera del Ejército Nacional, adscritas a la Primera División y, posteriormente, al Comando Conjunto No. 1 Caribe. En estas audiencias deberán responder por el patrón criminal identificado por la Sala, mediante el cual 604 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate, entre enero de 2002 y diciembre de 2008. Entre las víctimas hay 26 menores de edad, 31 integrantes de los Pueblos Indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo y 14 mujeres, una de ellas embarazada.
A estas audiencias asistirán más de 108 víctimas acreditadas, junto con sus representantes judiciales. Hacen parte de las 1.175 personas acreditadas para participar en el Subcaso Costa Caribe, que, a su vez, integra un universo de 4.740 víctimas acreditadas en el Caso 03. Durante las jornadas podrán relatar los impactos que estos crímenes dejaron en sus vidas, sus familias y comunidades; presentar sus demandas de verdad y reconocimiento, y formular propuestas restaurativas que serán tenidas en cuenta en las siguientes etapas del proceso.
Los comparecientes llegaron a esta etapa procesal después de aceptar por escrito su responsabilidad por los hechos y conductas que la Sala de Reconocimiento de Verdad les imputó en abril de 2025 como crímenes de guerra, de lesa humanidad y delitos previstos en el Código Penal colombiano. Las audiencias serán presididas por el magistrado Óscar Parra Vera, quien lidera la investigación del Subcaso Costa Caribe del Caso 03.
Como parte del proceso judicial, los equipos de expertos de la Secretaría Ejecutiva de la JEP realizaron ocho encuentros previos y dos encuentros privados con víctimas y comparecientes en Barranquilla y Valledupar. Estos espacios buscaron fortalecer las condiciones para un reconocimiento de responsabilidad más amplio y significativo, propiciar respuestas más detalladas a las demandas de verdad de las víctimas y contribuir al diálogo que tendrá lugar durante las audiencias públicas.
¿Qué halló la JEP en la Costa Caribe?
La investigación de la JEP sobre los asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en la Costa Caribe se desarrolló en dos etapas, que dieron lugar a dos Autos de Determinación de Hechos y Conductas mediante los cuales la Sala de Reconocimiento de Verdad formuló las imputaciones a los máximos responsables.
La primera se concentró en el Batallón de Artillería No. 2 'La Popa', donde la magistratura identificó el origen de la estructura criminal. Por estos hechos, en 2021 la JEP imputó a 15 integrantes de la fuerza pública. Doce de ellos reconocieron responsabilidad y, en septiembre de 2025, se les impuso una Sanción Propia por su participación en 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate, cometidos entre 2002 y 2005 en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.
El coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien no reconoció responsabilidad, fue condenado por la JEP a 20 años de prisión tras ser vencido en un juicio ante el Tribunal para la Paz. En cuanto a los otros dos comparecientes de esa primera imputación que inicialmente no aceptaron responsabilidad, uno lo hizo de manera tardía ante el Tribunal para la Paz y se encuentra a la espera de sentencia. El otro fue excluido del Sistema Integral para la Paz, tras concluirse que incumplió de manera grave e injustificada el Régimen de Condicionalidad, requisito fundamental para acceder y permanecer en la justicia transicional.
La segunda etapa de instrucción de este subcaso amplió la investigación a otras unidades militares de la región Caribe y permitió establecer que, tras el periodo inicial en el Batallón ‘La Popa’, la práctica criminal se expandió progresivamente hacia otras unidades tácticas de la región, conformando distintos nodos o subestructuras que, con el tiempo, se articularon hasta constituir una macroorganización integrada por miembros de diversas unidades tácticas que operaron en siete departamentos de la Costa Caribe. Como resultado de esta investigación, la Sala imputó a 28 comparecientes por su responsabilidad en 604 asesinatos y desapariciones forzadas. Además, documentó cómo operó esa estructura criminal y cuáles fueron los mecanismos que hicieron posible su expansión. Entre los principales hallazgos se encuentran los siguientes:
El patrón macrocriminal identificado por la JEP estuvo ligado al contexto de avance del Ejército Nacional en el desarrollo de la política de seguridad y defensa nacional. En ese escenario, la búsqueda de resultados operacionales exitosos para demostrar el avance de la estrategia militar contra los grupos armados ilegales favoreció la comisión de estos crímenes y el aumento de la percepción de seguridad de la población civil.
La investigación permitió identificar una macroorganización criminal estructurada en red, cuyo propósito era incrementar artificialmente los resultados operacionales. La JEP concluyó que esta práctica constituyó un patrón criminal orientado a presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas legítimas en combate.
Esta macroorganización se sostuvo mediante un sistema de presiones ejercido por los altos mandos sobre sus subordinados, asociado a la exigencia de resultados operacionales. También operó mediante sanciones e incentivos para quienes reportaran bajas en combate, acompañados de actos de encubrimiento y de la ausencia de controles efectivos, lo que facilitó la implementación de la política criminal.
De hecho, la JEP determinó que los mandos militares recibieron múltiples alertas y denuncias sobre estos crímenes, pero no adoptaron medidas eficaces para prevenirlos o investigarlos. Aunque la práctica continuó hasta 2008, su incidencia disminuyó drásticamente tras octubre de ese año, cuando comenzó el desmantelamiento de la organización criminal.
El 76 % de las bajas en combate reportadas entre enero de 2002 y octubre de 2008, por las 19 unidades militares analizadas, eran falsas. De los 358 hechos ilegales identificados, 303 ocurrieron entre 2004 y 2007 y dejaron 517 de las 604 víctimas documentadas. Durante ese periodo, los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate aumentaron de manera sostenida, alcanzando su punto más alto en 2007, con 159 eventos y 257 víctimas.
La JEP documentó cómo, a partir de 2005, comenzaron a aparecer en los folios de vida de los comandantes de las unidades tácticas de la Décima Brigada Blindada una serie de compromisos que, en un inicio, les exigían alcanzar un número mínimo de bajas. Posteriormente, dichas metas se incrementaron en un 20 % y, luego, en un 10 % con respecto a los resultados del año anterior, sin considerar el tamaño o la misionalidad de la unidad en cuestión. Además, quienes comandaban la Décima Brigada en esa época no entregaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad ninguna explicación que sustentara la imposición de tales metas y porcentajes.
Además, con el fin de mantener el encubrimiento y dar apariencia de legalidad a las operaciones ficticias con las que se justificaban las bajas ilegítimas, la sección de operaciones de las unidades militares se encargó de alterar las órdenes operacionales. Este entramado incluía la modificación de la escena donde ocurrían los hechos, la alteración de órdenes operacionales y la obstrucción de investigaciones disciplinarias, ya fuera por acción u omisión. Este sistema permitía a los ejecutores materiales confiar en que sus actos quedarían en la impunidad.
La investigación se sustentó en la contrastación judicial y el análisis de un amplio acervo probatorio, que incluyó 27 informes de entidades estatales, organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos; 246 versiones de comparecientes, desde soldados hasta generales; observaciones y solicitudes presentadas por víctimas y por la Procuraduría; más de 300.000 folios de documentación obtenida mediante inspecciones judiciales; material proveniente de la jurisdicción ordinaria y la justicia penal militar; y 160 aportes de verdad presentados ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas por comparecientes vinculados al Subcaso Costa Caribe.
Las entregas dignas
En el marco del Subcaso Costa Caribe, la JEP ordenó medidas cautelares para proteger sitios de interés forense donde se podrían encontrar víctimas de desaparición forzada. Entre ellos están el cementerio alterno de El Copey, en Cesar; un sector del cementerio de Sucre; en el departamento de Sucre y el cementerio de San Juan del Cesar, en La Guajira.
Como resultado de las intervenciones forenses, se han recuperado 93 cuerpos de personas desaparecidas y se ha logrado identificar a 20. De ellas, 18 fueron víctimas de crímenes cometidos por unidades militares en la región Caribe. Sus cuerpos han sido entregados en ceremonias de entrega digna realizadas entre junio de 2024 y mayo de 2026, para que sus familias puedan darles una digna sepultura.
La primera de estas entregas dignas fue la de Óscar Alexander Morales Tejada, desaparecido en diciembre de 2007. Su madre, María Doris Tejada, integrante de las Madres de Soacha, recibió su cuerpo el 18 de junio de 2024, tras su identificación en el marco de las medidas cautelares adoptadas en el Cementerio Alterno de El Copey.
Para garantizar intervenciones integrales en estos lugares, la JEP ha coordinado mesas técnicas con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, representantes de víctimas y la Fiscalía General de la Nación. Estas acciones buscan mitigar el riesgo de pérdida o deterioro de los cuerpos.
En el caso del cementerio de San Juan del Cesar, la medida cautelar fue solicitada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, decretada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento y ejecutada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Comparecientes convocados a reconocer responsabilidad
- Mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo
- Mayor general (r) Jorge Enrique Navarrete Jadeth
- Brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez
- Coronel (r) Alejandro Robayo Rodríguez
- Capitán (r) Antonio Rozo Valbuena
- Coronel (r) César Oswaldo Morales Ramírez
- Coronel (r) Edgar Humberto León Terán
- Coronel (r) Gustavo Ovidio Díaz Tamayo
- Coronel (r) Jorge Iván Monsalve Hernández
- Coronel (r) Juan Carlos Bustamante Rodríguez
- Teniente coronel (r) Juan Guillermo Múnera Piedrahita
- Teniente coronel (r) Rubén Briam Blanco Bonilla
- Teniente coronel (r) Luis Fernando Borja Aristizábal
- Mayor (r) Julio César Parga Rivas
- Mayor (r) Luis Fernando Báez Angarita
- Mayor (r) Luis Fernando Campuzano Vásquez
- Mayor (r) Nelson Mauricio Molano Calderón
- Mayor (r) Orlando Arturo Céspedes Escalona
- Teniente (r) Diego Armando Junco Parra
- Teniente (r) Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo
- Subteniente Joaquín Alfonso Moreno Gómez
- Sargento primero (r) Claudio Verú Gómez
- Sargento primero (r) Germán Custodio Tovio Medrano
- Sargento primero (r) Orlando Enrique Castillo Royero
- Sargento segundo (r) Pilides José Torres Monterroza
Sobre los tres comparecientes que no aceptaron responsabilidad
Los procesos del brigadier general (r) Fabricio Cabrera Ortiz, el mayor general (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel (r) William Hernán Peña Forero, quienes no aceptaron responsabilidad por los hechos y conductas que les fueron imputados en el Subcaso Costa Caribe II, fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
Si la UIA presenta una acusación en su contra, sus casos serán conocidos por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, que decidirá su situación jurídica en un Juicio Adversarial Transicional (más parecido al de la justicia ordinaria). Como resultado de ese proceso, podrán ser declarados responsables o absueltos. En el primer caso, podrían recibir sanciones de hasta 20 años de prisión.
