​COMUNICADO 21

Así avanza el Juicio Adversarial Transicional contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez por ‘falsos positivos’ en Antioquia

  • Durante los pasados 24, 25 y 26 de febrero, se desarrolló la segunda sesión del Juicio Adversarial Transicional contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, acusado de homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas y tratos inhumanos cuando fue comandante del Batallón de Contraguerrilla No. 79.
  • La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad escuchó el testimonio de ocho personas, entre ellas militares retirados, antiguos integrantes de grupos paramilitares y familiares de las víctimas.
  • Los testigos presentados por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP hablaron en detalle sobre cómo se llevaron a cabo asesinatos de civiles para presentarlos falsamente como bajas en combate, durante operaciones militares desarrolladas en Ituango y Dabeiba, entre 2004 y 2005.
  • La sección negó una solicitud de exclusión de pruebas presentada por la defensa y reiteró la competencia prevalente de la JEP para juzgar crímenes relacionados con el conflicto armado.
  • La tercera sesión del juicio se llevará a cabo, en Bogotá, del 10 al 12 de marzo.
Bogotá, 3 de marzo de 2026. Durante tres días, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP desarrolló la segunda sesión del Juicio Adversarial Transicional contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP bajo los crímenes de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tratos inhumanos, cometidos al presentar civiles como falsas bajas en combate, en hechos ocurridos en Ituango y Dabeiba (Antioquia), entre 2004 y 2005.

Los pasados 24, 25 y 26 de febrero, la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, junto con los magistrados Gustavo Adolfo Salazar y Raúl Eduardo Sánchez, escucharon los testimonios de los testigos presentados por la UIA que dieron cuenta del desarrollo de operaciones de seguridad y control militar en Ituango y Dabeiba. Los relatos de los testigos detallaron la forma en que se llevaban a cabo capturas, retenciones y operativos que derivaron en la muerte de civiles, quienes posteriormente fueron reportados como supuestas bajas en combate.

En el juicio, también se conocieron relatos sobre el traslado de cuerpos de víctimas, el uso de guías en operaciones militares y la presión ejercida sobre las tropas para obtener resultados operacionales. La magistratura realizó preguntas orientadas a esclarecer los procedimientos en la cadena de mando, el trato a los capturados y las medidas para garantizar la integridad de las víctimas, incluidos casos con menores de edad.

Uno de los hechos por los cuales se indagó fue el ocurrido entre el 13 y el 15 de julio de 2005, en zona rural de Dabeiba, cuando fueron asesinadas tres personas, entre ellas dos menores de edad. Una de las víctimas era una niña que fue retenida y acusada por un informante de ser integrante de las Farc-EP. Según el relato de varios testigos, entre ellos el teniente (r) Manuel Quintero Flórez, el entonces mayor David Herley Guzmán Ramírez llegó al lugar de los hechos, llevó material de intendencia, ordenó asesinar a las tres personas y estuvo presente con todos los miembros de las compañías que participaron en la operación.

El testigo agregó que, años después, mientras se encontraba privado de la libertad en Puente Aranda por estos mismos hechos, recibió orientaciones del coronel (r) Guzmán Ramírez para mantenerlo fuera de la responsabilidad en esas operaciones. La fiscal de la UIA preguntó si durante alguno de esos encuentros Guzmán Ramírez le hizo algún ofrecimiento. El testigo respondió: “El ofrecimiento que tuve fue del coronel Guzmán. Recibí 300 mil pesos y una loción”.

Durante el desarrollo de la audiencia, la defensa del compareciente desarrolló contrainterrogatorios a los testigos, mientras que la representación de las víctimas y el Ministerio Público formularon preguntas complementarias relacionadas con la responsabilidad del procesado y la protección de los derechos de las víctimas.

La solicitud de la defensa de excluir pruebas
Un punto crucial de esta sesión del juicio fue la resolución de un recurso interpuesto por la defensa de Guzmán Ramírez, que buscaba excluir pruebas de testimonios —como el del testigo Gonzalo Almario Bustos— relacionados con hechos ocurridos entre el 7 y el 9 de diciembre de 2004. La defensa del acusado argumentó que existía una preclusión de la investigación a favor de su representado, proferida por la Fiscalía General de la Nación en 2018, lo que violaría los principios de non bis in idem (no ser juzgado dos veces por los mismos hechos) y de cosa juzgada.

Sin embargo, mediante el Auto SAR-AI-008-2026, la JEP negó la solicitud con base en los siguientes fundamentos:
  • La competencia prevalente: la JEP tiene competencia preferente y exclusiva sobre conductas relacionadas con el conflicto armado ocurridas antes de diciembre de 2016. La decisión de la Fiscalía de 2018 “no es oponible a la JEP”, pues para esa fecha la competencia de la justicia transicional ya era vigente y exclusiva sobre el compareciente, quien es miembro forzoso de la fuerza pública.
  • Los patrones de macrocriminalidad: la JEP no juzga hechos aislados, sino patrones sistemáticos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La magistratura señaló que, en estos contextos, los derechos de las víctimas permiten la relativización del principio de non bis in idem para evitar la impunidad.
  • El derecho inalienable a la verdad: la magistratura subrayó que las víctimas tienen el derecho “autónomo, inalienable e imprescriptible” de conocer no solo a los autores materiales, sino también cómo se gestaron los planes criminales y los patrones de actuación.
  • La extemporaneidad y seguridad jurídica: se advirtió que el debate sobre estas pruebas ya había precluido en la audiencia preparatoria de 2025. Revivir estas etapas cada vez que hay un cambio de abogado vulneraría el principio de seguridad jurídica y causaría dilaciones injustificadas.

Al rechazar el recurso de reposición, la JEP concedió la apelación en efecto devolutivo, es decir, reafirmando que, mientras la Sección de Apelación estudia estos puntos, el Juicio Adversarial seguirá avanzando para garantizar la protección de los derechos de las víctimas, quienes han participado activamente de forma presencial y virtual. Entre tanto, la defensa tendrá cinco días contados a partir de la notificación para presentar dicha apelación.

Balance del desarrollo del juicio
En cuanto al avance del proceso, cabe destacar que, mientras en la primera sesión, llevada a cabo en Medellín, del 20 al 24 de enero, comparecieron 12 testigos de la UIA, en esta segunda sesión, realizada en Bogotá, fueron escuchados ocho testigos.

Aunque se preveía la comparecencia de 12 testigos para esta segunda sesión, el cronograma se ajustó debido al recurso interpuesto por la defensa de Guzmán Ramírez y a la recomendación de la magistratura de postergar temporalmente la práctica de pruebas vinculadas a los hechos ocurridos en diciembre de 2004, mientras se resuelve la apelación.

La tercera sesión del juicio se llevará a cabo en Bogotá, del 10 al 12 de marzo de 2026, en la que continuará la práctica de testimonios por parte de la UIA.