COMUNICADO 101
Cerca de 40 rectores y decanos del país destacan la labor de la JEP y ratifican rutas de trabajo articulado para la consolidación de la Justicia Restaurativa
- En un momento decisivo para la JEP, la academia expresó su apoyo a la gestión del alto tribunal y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la comprensión del impacto de la Justicia Restaurativa para la paz.
- Universidades de todo el país anunciaron nuevas líneas de trabajo conjunto para fortalecer la pedagogía, la investigación aplicada y la construcción de memoria alrededor de las primeras sentencias restaurativas y demás decisiones de la JEP.
- El encuentro permitió socializar algunos de los logros de la articulación de la JEP y las universidades en los territorios y discutir caminos para ampliar el impacto de estas acciones.
Bogotá, 31 de julio de 2026. Cerca de 40 rectores, decanos, investigadores y representantes de universidades públicas y privadas del país expresaron su respaldo al trabajo de la JEP. Así mismo, manifestaron su compromiso con fortalecer una agenda conjunta para consolidar los hallazgos y logros de la Justicia Restaurativa, ampliar la pedagogía ciudadana sobre sus decisiones, acompañar la implementación de las Sanciones Propias y preservar el legado metodológico construido por el alto tribunal transicional.
En el encuentro ‘Las universidades y la JEP: el lugar de la academia en la Justicia Restaurativa’, convocado este 28 de julio por la Presidencia de la JEP y la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), representantes de instituciones de educación superior coincidieron en que la academia debe convertirse en un actor fundamental para fortalecer la legitimidad de la Jurisdicción, impulsar la investigación aplicada, construir memoria, evaluar el impacto de las sanciones restaurativas y acercar a la ciudadanía al funcionamiento de este modelo de justicia.
El director ejecutivo de Ascun, Óscar Domínguez González, señaló que las universidades han acompañado la construcción de paz desde la firma del Acuerdo Final y anunció la realización de un Foro Iberoamericano por la Paz para reflexionar sobre los diez años del Acuerdo y los desafíos de la Justicia Restaurativa. "No hemos abandonado el acompañamiento al ejercicio de la paz", afirmó. Por su parte, la secretaria general de Ascun, Elizabeth Bernal Gamboa, indicó que las universidades están llamadas a asumir un papel aún más activo en la reconstrucción del país. "Hoy tenemos una función transversal adicional que la sociedad está pidiendo: ayudar a curar, a reparar y a reconstruir". Agregó que la academia no solo debe promover el pensamiento crítico, sino también un pensamiento creativo que contribuya a encontrar soluciones para los desafíos que enfrenta Colombia.
Ese llamado fue compartido por representantes de distintas instituciones del país. María Camila Correa Flórez, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, insistió en que "es fundamental apostarles a otras formas de llegarle a la gente y fortalecer la pedagogía ciudadana", al advertir que aún existe un amplio desconocimiento sobre el trabajo de la JEP.
Desde la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), su director, Jorge Iván Bula Escobar, recordó que el compromiso de la academia trasciende los cambios de gobierno. "Nos debemos al Estado, no a los gobiernos. Tenemos una labor de ampliar la comprensión y trabajar por la verdad restaurativa", afirmó.
El rector de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Vicente Durán Casas, destacó que la reflexión crítica fortalece este proceso. "Quisiera expresar nuestro respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz y a todo este proceso de Justicia Restaurativa que ha sido fundamental para el país y que aún debe continuar, culminar y proyectar plenamente su labor". Katerine Duque, docente e investigadora del Instituto de Estudios Interculturales de esta misma universidad, destacó las experiencias desarrolladas junto a la estrategia territorial del Programa de Alianzas con Universidades (PAU) de la JEP en el suroccidente colombiano y señaló que estas han demostrado "la posibilidad de articulación, la concurrencia de actores y una visión estratégica compartida". Agregó que procesos como la Ruta Restaurativa del Río Cauca evidencian que "la reconciliación y la restauración son responsabilidades que trascienden a la jurisdicción, a las víctimas y a los comparecientes, y comprometen a la sociedad en su conjunto".
El profesor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y exmagistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, recordó el fundamento constitucional de la Jurisdicción y llamó a fortalecerla a partir del debate democrático. "La JEP no existe por un capricho, sino porque está en la Constitución Política”, dijo. Y subrayó que este tribunal transicional existe para dar solución a un contexto de seis décadas de conflicto que ha dejado más de 8,2 millones de víctimas.
El jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Córdoba, Hugo Paternina Espinosa, calificó a la JEP como "la propuesta más generosa para superar todo este elemento de sufrimiento y dolor acumulado que tiene la sociedad colombiana", y señaló que el principal reto es fortalecer su visibilización: "La legitimación ya la tiene; lo que necesita este país es conocer qué es la JEP, cuáles son sus objetivos y cuál es su código".
Para Juan Carlos Botero Navia, decano de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, la experiencia colombiana tiene un alcance internacional: "La JEP es el laboratorio de justicia más importante del mundo", aseguró.
Finalmente, el rector de la Universidad La Gran Colombia, Marco Tulio Calderón Peñaloza, puso a disposición de la Jurisdicción los canales institucionales de esa universidad para divulgar su trabajo y reivindicó el papel de la academia como puente entre la verdad y la sociedad. "La academia es la conciencia crítica de las sociedades", dijo. Y agregó: "estamos aquí para asegurar que la Justicia Restaurativa tenga un lugar en la conciencia de cada estudiante que pasa por nuestras aulas".
El respaldo de la academia encontró respuesta en la JEP. El presidente de la Jurisdicción, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, recordó que la relación con las universidades se ha construido durante años y destacó que ese diálogo ha sido fundamental para consolidar un modelo de justicia innovador y sin precedentes en el mundo. "Estamos entre colegas. Nos une un objetivo común: buscar la solución pacífica de las controversias y la paz de nuestro país", afirmó.
El magistrado Ramelli invitó a reflexionar sobre el impacto que ha tenido la Jurisdicción en estos diez años. "¿Qué hubiera pasado hace diez años sin este sistema? ¿Cómo estaría Colombia hoy? Muchas verdades seguirían ocultas, miles de familias no habrían encontrado respuestas y el país habría perdido una oportunidad para transformar el conflicto desde el reconocimiento de responsabilidades y la restauración", planteó. Asimismo, destacó que la JEP ha construido un modelo de justicia que busca generar transformaciones humanas y sociales: "Cuando los comparecientes conocen las historias de sus víctimas, cambian como seres humanos. Este es un modelo de justicia mucho más humano, sin renunciar a la severidad de las sanciones, pero orientado a la reconciliación y a la no repetición".
La subsecretaria ejecutiva de la JEP, Claudia Erazo, explicó que la Jurisdicción atraviesa una nueva etapa con la expedición de las primeras sentencias restaurativas. "Pasamos de producir verdad a producir impacto restaurativo. El reto ahora es que esas decisiones judiciales se traduzcan en transformaciones concretas para los territorios y las comunidades", dijo. Y convocó a las universidades a fortalecer una red de corresponsabilidad mediante la investigación aplicada, la memoria, la innovación social, la pedagogía pública y la evaluación de impacto de las sanciones. "Ninguna jurisdicción puede restaurar por sí sola", afirmó.
El magistrado Pedro Díaz Romero, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, destacó el trabajo con comparecientes que no fueron determinados como máximos responsables y explicó que, mediante la Ruta No Sancionatoria, ya se han emitido 33 decisiones de renuncia a la persecución penal que han resuelto la situación jurídica de más de 700 comparecientes que se han comprometido con contribuir a la reparación simbólica de las víctimas. También resaltó proyectos desarrollados en el marco de este proceso con la Universidad de Córdoba, la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Tolima y la Universidad Distrital.
La magistrada Sandra Rocío Hernández Cruz señaló que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas contempla más de 8 mil comparecientes, cuyo aporte permite reconstruir la "verdad al detalle" que buscan las víctimas. Destacó iniciativas desarrolladas con la Universidad del Rosario y la Universidad de Antioquia, entre ellas, la instalación de placas conmemorativas en Casanare y la construcción de un libro de cartas entre víctimas y responsables de graves crímenes en Granada, Antioquia.
La presidenta de la Sala de Amnistía o Indulto, magistrada Marcela Giraldo Muñoz, invitó a las universidades a romper la "burbuja jurídica" y ayudar a explicar a la ciudadanía que "este es un componente de justicia serio". "El Acuerdo de Paz es más que la JEP, es un conjunto de políticas públicas que involucran a toda la sociedad", sostuvo.
El magistrado Juan Ramón Martínez Vargas, de la Sección de Reconocimiento de Verdad, anunció que en las próximas semanas el país conocerá una nueva sentencia sobre los crímenes ocurridos en Dabeiba y otros municipios del noroccidente antioqueño. Y envió un mensaje a los docentes: "Esta es su jurisdicción", dijo, reiterando que la magistratura de la JEP está al servicio de la academia y sus estudiantes.
El encuentro reafirmó el compromiso de fortalecer una alianza permanente entre la JEP y las instituciones de educación superior. Una alianza que, desde la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción, se ha asumido como un potente canal de articulación y entre la entidad y los territorios, que ha posibilitado el involucramiento y la participación de la sociedad civil, la dignificación de las víctimas y la visibilización de la verdad del conflicto armado. En ese sentido, el encuentro fue también una invitación a potenciar esta acción conjunta en el contexto actual de materialización de la justicia restaurativa, tanto en proyectos restaurativos como en medidas de contribución a la reparación. El posicionamiento y la preservación del legado institucional de la justicia transicional en Colombia requieren del conocimiento, la reflexión crítica, el respaldo activo y el relacionamiento territorial de la academia con las comunidades.
