COMUNICADO 121
Con la recuperación de cuerpos de personas no identificadas, el último Secretariado de las Farc-EP empieza a cumplir su sentencia por más de 21.000 secuestros
- Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar deberán restaurar a las víctimas con diferentes líneas de acción, bajo condiciones de restricción efectiva de derechos y libertades, con monitoreo y verificación permanentes por parte de la JEP, durante un periodo de hasta 8 años, de acuerdo con la sanción impuesta por el Tribunal para la Paz para cada uno de ellos.
- El cumplimiento de la sanción propia comenzó este 21 de septiembre de 2026 con dos acciones restaurativas, realizadas por grupos: la recuperación de cuerpos de personas no identificadas en el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, en Huila, y acciones de construcción de memoria para las víctimas en Bogotá.
- Del 21 al 30 de septiembre del 2026, comparecientes del último Secretariado de las Farc-EP trabajan en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito en cumplimiento del inicio de su sanción propia, bajo el liderazgo de la JEP y la UBPD.
- En la intervención forense en Pitalito, también trabajan máximos responsables de la Fuerza Pública por asesinatos y desapariciones forzadas y máximos responsables por secuestro que pertenecieron al extinto Estado Mayor del Bloque Sur de las Farc-EP.
- El trabajo entre comparecientes de las Farc-EP y de la fuerza pública en este cementerio se convierte también en un espacio de reconciliación. Quienes durante décadas estuvieron enfrentados en el marco del conflicto armado, hoy trabajan de manera conjunta para contribuir a la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas y, con ello, a la restauración de las víctimas.
- En Huila, la JEP tiene conocimiento de 14 personas que fueron secuestradas por las Farc-EP y que permanecen desaparecidas. En total, al menos 254 hechos de secuestro ocurrieron en el Huila y 262 víctimas acreditadas ante la Jurisdicción residen en este departamento.
- Asimismo, 35 personas que fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado en Huila permanecen desaparecidas. En el Subcaso Huila del Caso 03, que investiga estos hechos, se han acreditado hasta el momento a 434 víctimas.
- En este departamento, de acuerdo con cifras de la UBPD, hay 1.762 personas dadas por desaparecidas. En el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito han sido recuperados 54 cuerpos de personas no identificadas con el trabajo de comparecientes de la fuerza pública ante la JEP, y nueve víctimas han sido entregadas dignamente a sus familias.
Pitalito (Huila), 23 de septiembre de 2026. Con la búsqueda de personas desaparecidas en Pitalito (Huila), bajo el liderazgo del Sistema Integral para la Paz, empieza el cumplimiento de la sanción propia impuesta por la JEP al último Secretariado de las Farc-EP por más de 21.000 secuestros cometidos por esta guerrilla entre 1982 y 2016. Esta labor se desarrolla junto con máximos responsables de la Fuerza Pública por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en Huila, y con máximos responsables por secuestro que pertenecieron al extinto Estado Mayor del Bloque Sur de las Farc-EP.
La sanción propia impuesta a Rodrigo Londoño Echeverry, último comandante en jefe de las Farc-EP y coordinador del Bloque Magdalena Medio; Jaime Alberto Parra Rodríguez, excomandante del Bloque Oriental; Milton de Jesús Toncel Redondo, comandante del Bloque Sur; Pablo Catatumbo Torres Victoria, comandante del Bloque Occidental; Pastor Lisandro Alape Lascarro, comandante del Bloque Magdalena Medio; Julián Gallo Cubillos, comandante del Frente Urbano Antonio Nariño (FUAN) y miembro del Bloque Oriental; y Rodrigo Granda Escobar, quien integró la Comisión Internacional y el Estado Mayor del Bloque Caribe de las Farc-EP, será cumplida bajo restricciones de derechos y libertades. Entre ellas las relacionadas con la movilidad, la residencia y el trabajo. De manera obligatoria, los comparecientes portarán el dispositivo electrónico provisto por la Secretaría Ejecutiva de la JEP para el monitoreo remoto en tiempo real.
Los siete comparecientes deberán cumplir horarios estrictos, permanecer en los lugares determinados, estar bajo monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico y trabajar en los proyectos restaurativos durante el tiempo fijado en la sentencia.
La JEP los declaró responsables como autores mediatos por haber liderado el aparato organizado de poder en que se convirtió la extinta guerrilla, así como por los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio, y por los crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada.
Asimismo, la Sección de Apelación encontró que 5 de los 7 condenados también son penalmente responsables por el mando que ejercían sobre la estructura armada y por no haber evitado la comisión de los crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, así como por los crímenes de lesa humanidad de tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos.
En cumplimiento de la condena impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los siete exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP cumplirán su sanción trabajando en siete fases a lo largo de casi ocho años, desde septiembre de 2026 hasta marzo de 2034, en distintas regiones del país: el noroccidente de Bogotá, el oriente de Antioquia, el oriente de Caquetá, el Meta, Bolívar y Cesar, el suroccidente de Huila, Putumayo y Nariño, el nororiente de Santander, el centro y suroriente de Casanare, Vaupés y Sumapaz.
Estas acciones deberán cumplirse en las siguientes líneas restaurativas: desminado humanitario, infraestructura rural y urbana –orientada a la reconstrucción de las condiciones materiales de vida de las comunidades afectadas–, medio ambiente, memoria histórica, búsqueda de personas desaparecidas y proyectos de vida económicos a favor de las víctimas.
De manera obligatoria, los comparecientes portarán un dispositivo electrónico, provisto por la Secretaría Ejecutiva de la JEP para el monitoreo permanente en tiempo real de la ejecución de las acciones restaurativas. La Oficina Asesora de Monitoreo Integral de la JEP estará encargada de esta labor mediante el uso de geocercas y alertas, con el fin de registrar la localización de los comparecientes y el cumplimiento de las restricciones a la movilidad. La verificación del trabajo será constante, tanto con herramientas digitales como mediante verificaciones presenciales realizadas in situ por monitores de la Jurisdicción, quienes constatan en tiempo real la observancia de las obligaciones impuestas.
Sobre las restricciones para los comparecientes
Los integrantes del último Secretariado de la extinta guerrilla deberán ceñirse a las siguientes restricciones:
Residencia fija y obligatoria: Los comparecientes deben fijar su residencia en el municipio o área urbana de la sede territorial asignada para cada fase del cronograma. Tienen prohibido cambiar de residencia o trasladarse a otra zona sin autorización previa y expresa de la Sección de Reconocimiento.
Régimen de horario estricto de TOAR: Deben cumplir una jornada de dedicación obligatoria y exclusiva a los trabajos restaurativos, según las actividades de los proyectos. Durante este horario, es obligatorio permanecer en los lugares específicos de ejecución de los proyectos.
Prohibición de desplazamiento fuera del departamento: Está prohibido salir del departamento asignado para la fase en curso sin autorización previa y expresa de la Sección de Reconocimiento. Las solicitudes excepcionales (por motivos de salud, citaciones judiciales o fuerza mayor) deben tramitarse y comunicarse con al menos 48 horas de antelación.
Restricción de movilidad fuera de la jornada restaurativa: Fuera del horario de trabajo (en las noches), así como durante los fines de semana y días festivos, los sancionados deben permanecer obligatoriamente dentro del departamento de residencia asignado.
Prohibición de salida del país: Rige de manera ininterrumpida durante la totalidad del tiempo que dure la sanción propia, salvo autorizaciones excepcionales concedidas por la magistratura.
Deber de portar el dispositivo de geolocalización: Es obligatorio portar y mantener siempre operativo el dispositivo de monitoreo. Queda estrictamente prohibido manipularlo o interferir en su funcionamiento.
Sobre las acciones de búsqueda de desaparecidos
Del 21 al 30 de septiembre, en el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito (Huila), bajo el liderazgo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), como se ordenó en el auto TP-SeRVR-AI-AS-No.010-2026, los comparecientes trabajan como apoyo operativo en la recuperación de cuerpos de personas no identificadas inhumadas en este camposanto.
Esta intervención se desarrolla en articulación con el trabajo que adelanta la JEP en el Subcaso Huila del Caso 03 –que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate.
En estas labores de búsqueda en el cementerio, como parte del cumplimiento anticipado de las sanciones propias que les serán impuestas, también trabajan siete máximos responsables de la Fuerza Pública, postulados al Tribunal para la Paz por asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en Huila, quienes reconocieron públicamente su responsabilidad ante las víctimas y el país; y cuatro máximos responsables por secuestro que pertenecieron al extinto Estado Mayor del Bloque Sur de las Farc-EP, determinados como máximos responsables por secuestros en esta zona del país, quienes también reconocieron su responsabilidad ante las víctimas y el país por los crímenes de guerra imputados en el Caso 01.
Mientras los 16 comparecientes realizan los trabajos restaurativos en el Huila, estarán sujetos a restricciones efectivas de sus derechos y libertades, así como al monitoreo y la verificación de la JEP. Este seguimiento se realiza mediante dispositivos electrónicos de monitoreo y a través de verificaciones presenciales in situ por parte de los monitores de la Jurisdicción.
El trabajo entre comparecientes de las Farc-EP y de la fuerza pública en este cementerio se convierte también en un espacio de reconciliación. Allí, quienes durante décadas estuvieron enfrentados en el marco del conflicto armado, hoy trabajan de manera conjunta para contribuir a la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas y, con ello, a la restauración de las víctimas y sus familias.
En Huila, la JEP tiene conocimiento de 14 personas que fueron secuestradas por las Farc-EP y que permanecen desaparecidas. En total, 60 víctimas de secuestro en este departamento están acreditadas ante el Caso 01 de la JEP, del universo de cerca de 4.400 víctimas acreditadas en este caso. Asimismo, 35 personas que fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado en Huila permanecen desaparecidas. El Subcaso Huila del Caso 03, que investiga estos hechos, ha acreditado hasta el momento a 434 víctimas.
La magnitud de la desaparición en el país también evidencia la dimensión de este desafío. De acuerdo con las cifras de la UBPD, 137.000 personas han sido desaparecidas en Colombia, con corte a agosto de 2026. De ellas, 39.614 están incluidas en el Registro Nacional de Solicitudes de Búsqueda. En Huila, la Unidad de Búsqueda tiene un reporte de 1.762 personas dadas por desaparecidas y 679 incluidas en el Registro Nacional de Solicitudes de Búsqueda.
Desde diciembre de 2024, el equipo forense de la UBPD ha desarrollado cinco fases de intervención en este camposanto, durante las cuales se han recuperado 54 cuerpos de personas no identificadas. En tres de estas fases, desde agosto de 2025, han trabajado comparecientes de la fuerza pública determinados como máximos responsables por asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en Huila, quienes reconocieron su máxima responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2005 y 2008 en el departamento y fueron postulados ante el Tribunal para la Paz en junio de 2026.
De los 54 cuerpos recuperados en este cementerio, nueve personas han sido identificadas y entregadas dignamente a sus familiares en Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo, Cesar y Valle del Cauca.
Los comparecientes del último Secretariado de las Farc-EP desarrollarán las acciones restaurativas por grupos en dos lugares del país: mientras uno trabajará en Huila, en la intervención en el Cementerio San Antonio de Padua, otro en Bogotá adelantará acciones de construcción de memoria para las víctimas, una de las líneas transversales que deberán cumplir durante el periodo de la sanción. Tras cumplir con las acciones en la intervención forense, continuarán con el trabajo de memoria en la capital del país.
Sobre las acciones de memoria
En cumplimiento de la sentencia de la Sección de Apelación, los comparecientes también realizarán relatos dignificantes y labores de transcripción y sistematización de información, así como apoyo en la organización de eventos orientados a la memoria y la reparación simbólica. Asimismo, trabajarán en la elaboración e instalación de dispositivos de memoria destinados a visibilizar los impactos diferenciados del secuestro y a contribuir a la construcción de memoria histórica sobre este crimen, una acción que las víctimas han solicitado con insistencia durante años.
