COMUNICADO 143
Con medidas cautelares, la JEP ordena proteger los derechos de los campesinos víctimas en la región de Tulapas en Urabá
- Las medidas cautelares emitidas por la Sala de Reconocimiento de Verdad buscan evitar daños irreparables a las personas, comunidades campesinas y al Territorio de la región de Tulapas, en Urabá.
- La JEP convoca y requiere a diferentes entidades del Estado a nivel nacional, departamental, regional y municipal para su articulación en la protección de los derechos de las víctimas.
- La JEP prohíbe a la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA) hacer uso y disfrute de la tierra en la que desarrolla proyectos forestales en la región de Tulapas y le solicita suspender temporalmente los contratos de usufructo que suscribió con el Fondo Ganadero de Córdoba o su liquidador.
Bogotá, 2 de octubre de 2024. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió medidas cautelares colectivas para proteger los derechos de las comunidades campesinas y de los territorios de la región geográfica de Tulapas, ubicada en los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá (Antioquia), que han sido víctimas de despojo de tierras y desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado.
Con estas medidas cautelares, la JEP convoca y requiere a diferentes entidades del Estado a nivel nacional, departamental, regional y municipal para su articulación con el fin de conservar el status quo y evitar daños irreparables a las personas, comunidades campesinas y al Territorio de esta zona de Antioquia.
Entre las órdenes se destaca la prohibición a la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA) de hacer uso y disfrute de la tierra en la que desarrolla proyectos forestales en la región de Tulapas. Asimismo, se le solicita a esta empresa suspender temporalmente los contratos de usufructo que suscribió con el Fondo Ganadero de Córdoba o su liquidador.
La Sala de Reconocimiento de Verdad tomó esta decisión al documentar que estas comunidades campesinas no han obtenido reparación integral, no han accedido de manera definitiva a la restitución de sus predios como mecanismo de reparación y corren el riesgo de no acceder a ellos como consecuencia del desarrollo de proyectos para el aprovechamiento forestal de monocultivos por parte de empresas que presuntamente han tenido vínculos con actores del conflicto armado.
La decisión adoptada por la JEP está en línea con los hallazgos de la Jurisdicción Penal Ordinaria y de jurisdicciones especializadas en restitución de tierras y Justicia y Paz, donde se ha determinado en varias ocasiones que en esta región ocurrió un despojo material y jurídico masivo que afectó a por lo menos 130 familias campesinas (más de 4.000 personas) que debieron abandonar la región.
Las amenazas, los despojos y la expulsión de los pobladores de Tulapas por parte de grupos paramilitares y el Fondo Ganadero de Córdoba han tenido consecuencias graves para las comunidades campesinas, como la ruptura de sus proyectos de vida y de sus vínculos territoriales, comunitarios, culturales y sociales. Además, la violencia ejercida contra esta población antioqueña tenía el objetivo de consolidar una estrategia militar, económica, política y social en esa región. Esta situación persiste, según la documentación de la Sala de Reconocimiento de la JEP en el marco del Caso 04, que investiga la situación territorial de Urabá.
Adicionalmente, la Jurisdicción ha identificado que las víctimas y comunidades campesinas que adelantan procesos de restitución de tierras en la zona enfrentan riesgos graves y diferenciados como consecuencia de estas situaciones.
Con las medidas cautelares ordenadas, la JEP busca evitar daños irreparables a las víctimas que podrían impactar negativamente los objetivos que persigue el proceso transicional en la JEP y asegurar el desarrollo y la eficacia procesal de la investigación en el Caso 04.
