​COMUNICADO 007

Con un acto de contribución a la restauración, siete comparecientes de la fuerza pública honraron la memoria de víctimas de 'falsos positivos' en Catatumbo

  • La acción restaurativa de estos comparecientes, quienes no han sido seleccionados como máximos responsables, consistió en publicar una nota en el diario La Opinión de Cúcuta para corregir la narrativa difundida en 2008, cuando, tras un falso operativo, se informó que "cuatro guerrilleros habían sido dados de baja". En esta ocasión, el propósito fue reconocer públicamente el daño causado, aportar verdad y contribuir a la reparación de los familiares de las cuatro víctimas.
  • La medida de contribución a la restauración, solicitada por las víctimas en el marco del trámite judicial, tiene como propósito dignificar la memoria y honrar el nombre los jóvenes Nelson Darío Vargas Parra, Hugo Armando Garzón Alvarado y Leydi Katherine Gelvez, así como del menor de edad Johan Manuel Guzmán Usquiano Martínez.
  • Esta acción es resultado del proceso restaurativo desarrollado por la Subsala Catatumbo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en el marco de la implementación de la Ruta No Sancionatoria. Por esta vía se resolverá la situación jurídica de quienes no sean hallados como máximos responsables, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Bogotá, 24 de enero de 2025. Siete comparecientes de la fuerza pública, involucrados en asesinatos y desapariciones forzadas, atendieron la solicitud que les hicieron los familiares de las víctimas durante una Audiencia Territorial de Medidas de Satisfacción de Verdad en Cúcuta, Norte de Santander, en noviembre pasado. Allí, frente a la Subsala Catatumbo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, los militares se comprometieron a honrar y dignificar la memoria de las personas a quienes habían causado daño.
La acción restaurativa consistió en publicar una nota en el diario La Opinión de Cúcuta, titulada: “Acto de perdón Caso Afeur". Un capitán, un sargento y cinco soldados profesionales, que no han sido seleccionados como máximos responsables, firmaron el documento de una página con el que buscan corregir la narrativa divulgada por el mismo medio en 2008, cuando, tras un falso operativo, se informó erróneamente que "cuatro guerrilleros habían sido dados de baja". Esta vez, el objetivo fue reconocer públicamente el daño causado, aportar verdad públicamente y contribuir a la restauración.
 
“Como comparecientes ante la Justicia Transicional, asumimos la gravedad de nuestras acciones en el impacto devastador que estas han tenido, en la vida de los seres queridos de las víctimas. Reconocemos plenamente nuestra responsabilidad en este trágico suceso, y entendemos que nuestras decisiones contribuyeron directamente a los resultados devastadores", se lee en el documento publicado el pasado 27 de diciembre por el diario La Opinión.
 
El propósito de la comunicación, consultada previamente con las víctimas y firmada por los siete comparecientes, es dignificar la memoria y honrar el nombre los jóvenes Nelson Darío Vargas Parra, Hugo Armando Garzón Alvarado y Leydi Katherine Gelvez, así como del menor de edad Johan Manuel Guzmán Usquiano Martínez. Estas cuatro personas fueron reportadas en 2008 como bajas en combate tras un supuesto enfrentamiento en la vereda Tejarito, municipio de Durania, Norte de Santander. En ese momento, los medios replicaron la versión oficial del Ejército Nacional, que presentó el operativo como un éxito militar.
 
A partir del proceso judicial desarrollado por la JEP, hoy se sabe que la información suministrada por la tropa de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas número 8 (Afeur) en 2008 fue falsa. Aunque en ese momento se reportó que la unidad se había enfrentado a un grupo de seis guerrilleros, de los cuales cuatro resultaron muertos, 17 años después, en audiencia pública, los involucrados en los hechos reconocieron que el supuesto enfrentamiento nunca ocurrió y que las muertes fueron falsos resultados operacionales cuando en realidad se trató de un caso en el que las víctimas fueron asesinadas en estado de indefensión.
 
Vea aquí la audiencia en la que el Grupo de Análisis de Información (GRAI) de la JEP presentó detalles sobre los hechos durante la Audiencia Territorial de Medidas de Satisfacción de Verdad, realizada los pasados 28 y 29 de noviembre en Cúcuta.
 
Como parte del cumplimiento de sus obligaciones con la JEP, los comparecientes expresaron su disposición de buscar otros mecanismos para contribuir a restaurar a las víctimas. “Estamos dispuestos a participar en cualquier proceso que contribuya a aliviar el sufrimiento y fomentar la reconciliación en la comunidad", señaló el capitán (r) Fabián Andrés Aristizábal Zapata, así como el sargento (r) Óscar Arley Mosquera Prada y los soldados profesionales (r) Yair Osorio Rangel, Juan Gabriel Calderón, Luis Gabriel Reyes, Segundo Evangelista Sánchez y Carlos Antolínez Calderón.
 
Estos militares, que no han sido seleccionados como máximos responsables, buscan, a través de la Ruta No Sancionatoria, resolver su situación jurídica y reintegrarse a la sociedad, al tiempo que buscan restaurar el daño causado. Para acceder a este beneficio, los comparecientes deben cumplir con estrictos requisitos establecidos por el régimen de condicionalidad. Esto implica hacer aportes significativos a la verdad, que superen lo establecido en la justicia ordinaria, y presentar propuestas de acciones restaurativas que contribuyan a reparar el daño causado tanto a las víctimas como a sus comunidades. Un ejemplo de esto, precisamente, es esta publicación realizada en un diario de alto alcance en el departamento donde ocurrieron los hechos.
 
Actualmente, la Subsala Catatumbo, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, continúa evaluando los procesos de al menos 570 miembros de la fuerza pública que operaron en la región. En cumplimiento del proceso dialógico que guía las acciones de la JEP, se han dispuesto los mecanismos necesarios para que las víctimas y sus familias puedan participar activamente en el proceso judicial. Esto incluye la posibilidad de asistir a las audiencias y presentar sus demandas de verdad y restaurativas asegurando que se respeten sus derechos y de la centralidad que tienen en esta Jurisdicción.
 
Esta ruta culminará, si los comparecientes cumplen con las condiciones que exige la ley, con la renuncia a la persecución penal, la extinción de las sanciones que les hayan sido impuestas, así como con la extinción de sus antecedentes penales y disciplinarios, según fuere el caso, o bien con la solicitud ante la Sección de Revisión para que sea sustituida su sanción. No obstante, en caso de incumplimiento, perderán los beneficios provisionales de libertad que les hayan sido concedidos, pueden ser remitidos a la ruta adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, o ser expulsados de la Jurisdicción.