COMUNICADO 70
Dos generales (r) del Ejército Nacional y 25 militares más reconocieron en público su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas en Meta
- Durante tres días, en Villavicencio, los comparecientes de la fuerza pública reconocieron ante más de 80 víctimas, la justicia y el país su responsabilidad, por acción u omisión, en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
- Se refirieron a 209 asesinatos presentados falsamente como bajas en combate entre 2002 y 2007, incluidos los de 10 menores de edad, así como a 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio.
- Por primera vez en la historia del país, dos brigadieres generales retirados del Ejército Nacional reconocieron públicamente la existencia de órdenes superiores orientadas al cumplimiento de cuotas de bajas, así como la competencia entre distintas unidades militares por reportar resultados operacionales (body count). De igual manera, admitieron los profundos daños que esta política de facto causó a las víctimas y sus familiares.
- Los comparecientes admitieron la existencia de alianzas con estructuras paramilitares y el funcionamiento de un aparato criminal orientado a presentar civiles como supuestos muertos en combate.
- La investigación de la JEP estableció que, durante el proceso de consolidación del paramilitarismo en el departamento, se configuraron estrechas relaciones entre integrantes del Ejército Nacional y el Bloque Centauros de las AUC.
- Las víctimas exigieron verdad plena, la restitución del buen nombre de sus familiares y garantías de no repetición. De igual manera, pidieron que se asegurara la existencia de la JEP “para seguir conociendo la verdad”
- Durante esta diligencia, realizada los días 3, 4 y 5 de junio, la Sala de Reconocimiento de Verdad anunció la apertura de un incidente correccional contra el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas, tras constatar que, si bien asistió al inició de la audiencia, el funcionario que delegó para los demás días no se encontraba presente para resolver las inquietudes de las víctimas.
Bogotá, 11 de junio de 2026. “Nada de lo que diga hoy devolverá a sus seres queridos. Nada reparará completamente el dolor causado, pero sí tengo el deber de reconocer que estos crímenes ocurrieron porque incumplí mi deber de mando y permití que una estructura criminal continuara operando dentro de una unidad bajo mi mando”, afirmó el brigadier general (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz al inicio de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad que la JEP realizó en Meta.
Ante más de 80 víctimas, la justicia y el país, dos brigadieres generales en retiro y otros 25 militares reconocieron su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en este departamento. Allí, la JEP documentó 209 asesinatos entre 2002 y 2007, entre ellos los de 10 menores de edad, así como 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio.
Durante su intervención, el señor Saavedra reconoció que ejerció presión sobre los comandantes para incrementar las bajas y admitió haber utilizado expresiones que transmitían el mensaje de acudir a estructuras paramilitares para producir resultados. A solicitud del presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, relator del Subcaso Meta del Caso 03, el general en retiro explicó cómo funcionaba la presión institucional: “El mismo sistema funcional de la institucionalidad (...) felicitaba y estimulaba los resultados operacionales. Se nombraba quién iba de primero, de segundo y se nos motivaba a continuar en esa campaña”.
Por su parte, el brigadier general (r) Francisco José Ardila Uribe admitió que incumplió sus deberes de mando y control, y que el sistema de incentivos institucionales contribuyó a la comisión de estos crímenes. “Reconozco que fallé en el ejercicio de mis funciones de mando, dirección, control operacional y disciplinario como comandante de la Séptima Brigada. Esa falla permitió la comisión de operaciones ilegales por parte de unidades bajo mi mando, en las que personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate”, dijo.
El alto oficial continuó diciendo: “Reconozco que el sistema que se tenía a nivel del Comando del Ejército —en cabeza del señor general Mario Montoya Uribe y el cual yo puse en práctica— facilitó en gran medida que se cometieran estos funestos actos”. Asimismo, atendiendo una de las principales exigencias de los familiares de las víctimas, el comandante de la Séptima Brigada entre el 24 de enero de 2006 y el 14 de diciembre de 2007, dijo: “Las personas que fueron asesinadas no eran combatientes. Eran civiles, con proyectos de vida, familias, sueños y aspiraciones, a quienes estigmatizamos como delincuentes”.
La audiencia, realizada en Villavicencio los días 3, 4 y 5 de junio, estuvo marcada por actos de memoria y dignificación. Las víctimas ingresaron al auditorio con las fotografías de sus familiares asesinados y desaparecidos y ubicaron cada imagen en un árbol de memoria dispuesto en el recinto. Mientras sonaba música llanera, los asistentes guardaron un profundo silencio. En ese escenario, los comparecientes, antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’ (BIVAR), del Gaula Rural Meta (GAMET) y de la VII Brigada, escucharon los testimonios de las víctimas y admitieron su participación en los crímenes.
Tras escucharlos, el magistrado Alejandro Ramelli destacó la importancia de estos reconocimientos, sin precedentes en Colombia: “Valoro que los dos señores generales no solo hayan dicho eso, porque se requiere entereza para hacerlo en este país, sino que, igualmente, reconozcan los daños causados a las víctimas desde la más alta comandancia. Eso nunca había pasado. Por eso esta audiencia es histórica. Porque se están reconociendo esos daños desde lo más alto. Esas dos cosas jamás habían pasado en Colombia”.
Asimismo, el magistrado Óscar Parra Vera informó que ya son ocho los generales que han reconocido la comisión de graves crímenes ante la JEP. “Ese reconocimiento de los altos mandos es muy importante para el país, porque es un mensaje a sus compañeros y a los subordinados (...). Estos mensajes se tienen que escuchar una y otra vez en las escuelas de formación militar para que no se vuelvan a cometer”.
Reconocimientos sobre la alianza con paramilitares
La investigación de la JEP estableció que, durante el proceso de consolidación del paramilitarismo en Meta, se configuraron estrechas relaciones entre integrantes del Ejército Nacional y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Uno de los testimonios más contundentes fue el del teniente coronel (r) Héctor Alejandro Cabuya de León, quien explicó cómo se consolidó el primer patrón macrocriminal documentado. “Ese era el momento de detener todo. No se detuvo, y esa decisión abrió la puerta a 38 hechos más. A partir de ese momento se establecieron las directrices de la empresa criminal”, relató.
El alto oficial también admitió que las víctimas eran seleccionadas bajo criterios que facilitaran su desaparición y posterior presentación como supuestos combatientes: “Todas las víctimas eran campesinos, habitantes de la región y personas inocentes”. Asimismo, señaló que las armas utilizadas para encubrir los crímenes eran entregadas por estructuras paramilitares: “Exigí que los cuerpos fueran presentados con armas largas como viso de legalidad para el encubrimiento; estas armas eran suministradas por las autodefensas para dar apariencia de combate”.
Por su parte, el mayor (r) Rodolfo Ignacio Mantilla Vargas aceptó haber impulsado una dinámica criminal orientada al cumplimiento de metas de muertes. “En mi condición de comandante del Gaula Meta, decidí implementar una dinámica criminal orientada a cumplir las cuotas de muertes exigidas por mis superiores inmediatos”, dijo. También admitió el uso irregular de gastos reservados para financiar operaciones ilegales, incluida la adquisición de armas que posteriormente eran implantadas en las escenas para simular enfrentamientos.
La magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, explicó la importancia de dimensionar las consecuencias de estos crímenes. Como lo señalaron las víctimas, “hubo un efecto dominó del dolor (...) el dolor profundo de una madre cuando su hijo es asesinado por tropas del Ejército Nacional que debían protegerlo (...) y eso, por supuesto, duele profundamente en el alma de los familiares, los vecinos, la comunidad y toda la sociedad”.
Las víctimas exigieron verdad, dignificación y garantías de no repetición
“Nunca pensamos que la guerra nos fuera a tocar (...). Hoy no busco venganza; busco la verdad sin evasivas, busco que ustedes (los comparecientes) reconozcan todo el daño que causaron”, dijo Yolanda Pérez durante la audiencia, en la que los familiares de las víctimas insistieron en exigir que se restablezca el buen nombre de sus seres queridos y que los responsables contribuyan a garantizar que estos crímenes no se repitan.
“Debe quedar claro que nuestros seres queridos no fueron asesinados por pertenecer a grupos armados. La verdad también está en la forma como se nombran los hechos”, expresó Gloria Eugenia Gómez Caicedo. A su turno, Raquel Benavidez recordó que los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate destruyeron proyectos de vida, familias y comunidades enteras. “Ellos no eran números ni estadísticas. Eran hijos con nombre, con historia, con familia”, afirmó.
Karol Vanessa Herrera, hija de Édgar Vicente Herrera, asesinado el 5 de agosto de 2007 en la vereda Puerto Aljure, municipio de Fuente de Oro, señaló que durante años los familiares tuvieron que enfrentar estigmatizaciones y señalamientos. “Estamos cansados de que quieran negar esa parte de la historia del país y de escuchar a personas que nunca han vivido la guerra pedir más sangre desde la comodidad, cuando nunca han tenido que ir a reconocer el cuerpo de un familiar asesinado. Nosotros no queremos más guerra; queremos garantías de no repetición”, dijo.
Por su parte, Luis Hernando Castillo expresó que “nos sentimos agradecidos con la JEP por el acompañamiento brindado en este tiempo. Solicito al Estado que garantice la continuidad de la JEP para que podamos seguir encontrando la verdad”. Dirigiéndose a los 27 comparecientes de la fuerza pública, les dijo: “El perdón sí es posible. Aumenten sus esfuerzos por promover, como política de Estado, la protección de los derechos humanos en el campo y las ciudades”.
“Una de las formas activas de combatir la muerte es esa memoria y esa esperanza que ustedes nunca perdieron. A ustedes, las víctimas, nuestra gratitud”, les dijo la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo. “Como lo dijeron los comparecientes, ellos han llegado a este punto gracias a esa mirada a los ojos frente a ustedes, a esa dignidad que ustedes, las víctimas, nunca han perdido”, agregó.
Durante esta diligencia, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga anunció la apertura de un incidente correccional contra el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas (UARIV), Carlos Arturo Vázquez, tras constatar que, ni él ni su delegado, permanecieron en la audiencia, a la que había sido citados para escuchar a las víctimas. Esta institución es la encargada de la reparación individual de las víctimas del conflicto.
En noviembre de 2025, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó, en el marco del Subcaso Meta del Caso 03, a estos 27 comparecientes y a otros tres antiguos integrantes de la fuerza pública por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y delitos contemplados en el Código Penal colombiano.
La decisión se sustentó en pruebas recabadas sobre su participación en un plan criminal orientado a presentar como resultados operacionales homicidios que, en realidad, fueron perpetrados en combates simulados. El propósito era generar una falsa sensación de seguridad, obtener beneficios profesionales y fortalecer la legitimidad institucional.
El reconocimiento de responsabilidad es resultado de un amplio proceso de investigación y contrastación realizado por la JEP, así como de los aportes a la verdad realizados por los responsables. Durante este proceso, los comparecientes han debido confrontar los relatos de las víctimas, la gravedad de los hechos investigados y las profundas afectaciones causadas a las familias y comunidades.
Comparecientes que reconocieron responsabilidad
Excomandantes de la VII Brigada:
• Brigadier general (r) Francisco José Ardila Uribe
• Brigadier general (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz
Exintegrantes del Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’ (BIVAR):
• Teniente coronel (r) Héctor Alejandro Cabuya de León
• Teniente coronel (r) Néstor Sánchez Aguirre
• Coronel (r) Jairo Martín Sandoval Moncayo
• Mayor (r) Wilson Orlando Lizarazo Cárdenas
• Teniente coronel (r) Ricardo Andrés López García
• Teniente coronel (r) Ricardo Efraín Arcos Rosero
• Teniente coronel (r) Jorge Eliécer Bermeo Meneses
• Mayor (r) José Wilson Camargo Arévalo
• Sargento segundo (r) Asmir Téllez
• Sargento viceprimero (r) José Hover Ortiz Doncel
• Sargento primero (r) Andrés Grisales Gómez
• Teniente (r) Luis José León Vargas
• Cabo primero (r) Nelson de Jesús Ibarra Moreno
• Sargento mayor (r) Alejandro Enrique Espitia Ramos
• Teniente coronel (r) Sergio Alberto Carreño Estupiñán
• Sargento segundo (r) Edwin Alejandro Londoño Naffah
• Capitán (r) Wbeimar Alfonso Angarita Peñaranda
• Sargento primero (r) William González Torres
Exintegrantes del Gaula Meta:
• Mayor Rodolfo Ignacio Mantilla Vargas
• Capitán (r) Helber Francisco Herrera Hernández
• Mayor (r) Jackson Javier Torres Hernández
• Sargento mayor (r) José William Pantoja González
• Capitán (r) Leonardy Alfonso Polo Sanabria
• Soldado profesional (r) Nelson Guillermo Cagua Rubio
• Soldado profesional (r) Federico Gutiérrez Sánchez
