COMUNICADO 112
Dos mayores generales (r), un brigadier general (r) del Ejército Nacional y 22 militares más reconocieron en público su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe
- Durante tres días, en Valledupar, 25 comparecientes de la fuerza pública reconocieron ante más de 90 víctimas su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la Costa Caribe.
- En la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Costa Caribe II del Caso 03, los comparecientes se refirieron al patrón criminal documentado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, en el que 604 personas fueron asesinadas y algunas desaparecidas forzadamente para ser presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008, en siete departamentos de la Costa Caribe.
- Entre las víctimas determinadas por la investigación se encuentran 26 niñas y niños, 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo y 14 mujeres, una de ellas embarazada.
- En total, siete generales retirados del Ejército Nacional, entre ellos cuatro mayores generales, han reconocido públicamente responsabilidad ante la JEP por asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en diferentes zonas del país.
Bogotá, 18 de agosto de 2026. Ante las víctimas, la justicia y el país, 25 integrantes retirados del Ejército Nacional reconocieron su responsabilidad por ‘falsos positivos’ cometidos en la Costa Caribe. Entre ellos se encuentran los mayores generales en retiro Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, los dos militares de más alto rango que han admitido públicamente ante la Jurisdicción su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en el Caribe colombiano.
Durante los días 28, 29 y 30 de julio, en la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Costa Caribe II del Caso 03, llevada a cabo en Valledupar, dos mayores generales (r), un brigadier general (r) del Ejército Nacional y 22 militares más aceptaron frente a más de 90 víctimas su participación en el patrón macrocriminal documentado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que estableció el asesinato y, en algunos casos, la desaparición forzada de 604 personas entre 2002 y 2008 para presentarlas falsamente como bajas en combate.
La investigación de la JEP determinó que estos crímenes no fueron hechos aislados. Por el contrario, hicieron parte de una organización criminal que operó en distintas unidades militares de la región mediante un sistema tripartito de presiones por resultados, incentivos y mecanismos de encubrimiento, que convirtió los asesinatos y las desapariciones forzadas en indicadores de éxito operacional. Entre las víctimas determinadas por la investigación se encuentran 26 niñas y niños, 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo, y 14 mujeres, una de ellas embarazada.
La Audiencia Pública de Reconocimiento, que empezó en Barranquilla los días 30 de junio y 1 de julio con 10 de los 25 comparecientes, marca un nuevo hito en el esclarecimiento judicial de los asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
Entre ambas sesiones de audiencia asistieron más de 110 víctimas acreditadas y sus representantes judiciales, quienes hicieron parte activa de la diligencia. Sus preguntas, exigencias de verdad y demandas de justicia fueron presentadas en paralelo con los reconocimientos realizados por los comparecientes, en un escenario orientado al esclarecimiento de los hechos, la dignificación de las víctimas y la construcción de justicia restaurativa.
La verdad judicial revelada por la JEP sobre los asesinatos y las desapariciones forzadas en la Costa Caribe
La investigación del Subcaso Costa Caribe se desarrolló en dos etapas. En la primera, la Sala de Reconocimiento de Verdad se concentró en el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, donde identificó el origen del patrón criminal. En la segunda, estableció cómo esa práctica se expandió a otras unidades militares que operaban en la región Caribe, lo cual permitió consolidar la verdad judicial sobre el asesinato y, en algunos casos, la desaparición forzada de 739 personas presentadas falsamente como bajas en combate entre 2002 y 2008.
La JEP determinó que el 74 % de las muertes investigadas dentro de este subcaso ocurridas entre 2002 y 2008 en la Costa Caribe correspondieron a ‘falsos positivos’. Por estos hechos, 43 militares fueron imputados por la JEP como máximos responsables del asesinato de 739 personas que fueron presentadas ilegalmente como bajas operacionales en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
En la primera fase de la investigación fueron identificados 15 máximos responsables, antiguos miembros del Batallón ‘La Popa’. 12 de ellos reconocieron su responsabilidad y ya les fueron impuestas Sanciones Propias de entre cinco y ocho años por su participación en el asesinato y, en algunos casos, desaparición forzada de 135 personas en Cesar y La Guajira entre 2002 y 2005.
En la segunda fase, 28 comparecientes fueron imputados por la JEP como máximos responsables de los mismos crímenes, los cuales dejaron 604 víctimas entre enero de 2002 y diciembre de 2008. 25 de estos comparecientes reconocieron su responsabilidad por escrito, y luego lo hicieron públicamente. De esos 25 comparecientes, solo siete habían sido condenados por estos hechos en la justicia ordinaria.
Los comparecientes llegaron a esta etapa procesal después de aceptar por escrito su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la Sala de Reconocimiento de Verdad les imputó en marzo de 2025. Como parte del proceso judicial, los equipos de expertos de la Secretaría Ejecutiva de la JEP realizaron ocho encuentros previos y dos encuentros privados con víctimas y comparecientes en Barranquilla y Valledupar.
De forma paralela a la investigación, la JEP emitió medidas cautelares para proteger el cementerio alterno de El Copey (Cesar), el cementerio de San Juan del Cesar (La Guajira) y el cementerio del municipio de Sucre (Sucre), en los cuales podrían estar enterradas, y sin identificar, víctimas de ‘falsos positivos’.
En el desarrollo de las medidas cautelares, 93 cuerpos han sido exhumados y 24 se han entregado dignamente a sus familias. 18 de ellos pertenecen a personas que fueron asesinadas, desaparecidas y falsamente presentadas como bajas en combate por integrantes de unidades militares en la Costa Caribe. La JEP ha realizado las labores forenses en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
Los reconocimientos de los comparecientes
“Permití que la muerte fuera tratada como un indicador de éxito, dando las condiciones para que el patrón criminal se desarrollara en el Grupo Rondón”, dijo durante la audiencia el mayor general (r) Jorge Enrique Navarrete Jadeth, quien fue comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 ‘Juan José Rondón’ entre 2004 y 2006.
El mayor general (r) Navarrete Jadeth admitió su responsabilidad como coautor mediato por los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, así como por el crimen de guerra de homicidio en persona protegida. “Reconozco que fui determinante para que estos crímenes ocurrieran. Como comandante del Grupo Rondón tenía el deber absoluto de proteger la vida en esta región. Fallé en ese deber y no adopté las medidas que me correspondían para prevenirlos, investigarlos y detenerlos”, dijo el compareciente.
Asimismo, el coronel (r) Alejandro Robayo Rodríguez reconoció su responsabilidad en la planeación y coordinación de asesinatos presentados falsamente como bajas en combate. También aceptó haber ejercido presiones sobre sus subalternos para llevar a cabo estos crímenes. De igual manera, reconoció los daños causados al pueblo Wiwa. “Bajo mi mando se cometieron hechos terribles, asesinatos que no debieron ocurrir, hechos que significaron la pérdida injusta de vidas humanas (...). Reconozco que traicioné mi deber de proteger a la población civil”, señaló el compareciente.
“Hoy reconozco que sus denuncias eran ciertas”. Así inició su intervención el teniente coronel (r) Luis Fernando Borja Aristizábal, quien comandó la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre entre marzo de 2007 y junio de 2008. “Participé voluntaria y conscientemente en una estructura criminal que buscó presentar resultados operacionales mediante el asesinato y desaparición de personas que, posteriormente, fueron reportadas falsamente como integrantes de grupos armados muertos en combate”, afirmó el compareciente. Adicionalmente, dijo que contribuyó a la selección y reclutamiento de personas que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, muchas de las cuales fueron engañadas con falsas promesas de trabajo, dinero o ayuda.
El teniente coronel en retiro Borja Aristizábal les pidió perdón a las víctimas y aseguró que las prácticas relacionadas con las falsas bajas en combate eran conocidas por los altos mandos de las fuerzas militares de 2007 y 2008. “No era una simple manzana podrida. Todos sabíamos lo que estaba pasando, absolutamente todos. Le dije a una víctima: ‘No pregunte quién dio la orden, pregunte quiénes sabían lo que estaba pasando’”, afirmó.
“Muchas personas inocentes fueron asesinadas para ser presentadas falsamente como resultados operacionales, producto de la presión que se ejercía desde los mandos superiores”, reconoció por su parte el teniente coronel en retiro Rubén Briam Blanco Bonilla.
Antes de llegar al Batallón ‘La Popa’, Blanco Bonilla pasó por el Batallón de Artillería No. 4 'Jorge Eduardo Sánchez' en Antioquia, donde conoció la práctica criminal en la que participó. Se desempeñó como oficial de operaciones del Batallón ‘La Popa’ entre noviembre de 2007 y octubre de 2008, y posteriormente como segundo comandante y ejecutivo hasta junio de 2009.
Tras el reconocimiento del teniente coronel (r) Rubén Briam Bonilla, el magistrado Óscar Parra Vera le dijo: “Usted es de los pocos comparecientes que hemos imputado en varios subcasos: lo hicimos en Antioquia y ahora lo hacemos en la Costa Caribe”. Y agregó el magistrado: “Esto refleja cómo usted inició esta práctica en Antioquia y después la continuó en la Costa Caribe […]. Encontró un ambiente institucional favorable con ese conocimiento. En ese sentido, usted se sintió respaldado y por eso hizo en el Caribe lo que había hecho en Antioquia”.
En la audiencia también aportó verdad el teniente (r) Diego Armando Junco Parra, quien para la época de los hechos se desempeñaba como subteniente del Ejército Nacional y comandaba el pelotón especial Sigiloso (Corcel 2) del Grupo de Caballería Mecanizado n.º 2 ‘Coronel Juan José Rondón’ entre enero de 2006 y junio de 2007. “Hoy me pregunto en qué momento perdí la sensibilidad humana y me convertí en un monstruo. Cómo permití que la presión, el miedo y la ambición me alejaran de los valores que debían orientar mi vida […]. Le fallé a Dios, a mi familia, a las familias de las víctimas, a un país, al Ejército Nacional y, lo más importante, a mí”, afirmó Junco Parra.
Durante la audiencia, el magistrado José Miller Hormiga, vicepresidente de la JEP, explicó su presencia en esta diligencia, junto con la magistrada Claudia Saldaña, como integrantes de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la cual aborda los procesos de aquellos comparecientes no identificados como máximos responsables en estos crímenes. A estos se les resolverá la situación jurídica si cumplen con los requisitos de aportar verdad, reconocer responsabilidad, comprometerse con la no repetición y realizar acciones simbólicas que contribuyan a la reparación de las víctimas.
El magistrado Óscar Parra Vera explicó que, a la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha remitido a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a 1.222 comparecientes no identificados como máximos responsables que pertenecieron a más de 25 unidades militares que operaron en la Costa Caribe.
En total, siete generales retirados del Ejército Nacional, entre ellos cuatro mayores generales, han reconocido públicamente responsabilidad ante la JEP por asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en diferentes zonas del país.
Las voces de las víctimas y su rol central en la audiencia
Durante las tres jornadas de audiencia en Valledupar, las víctimas portaron camisetas con las fotografías y los nombres de sus seres queridos, y llevaron telares y otros elementos que las han acompañado durante años en su búsqueda de verdad y justicia y en su persistencia por dignificar la memoria de quienes fueron asesinados. Ante la magistratura narraron las profundas afectaciones que dejaron estos crímenes e interpelaron a los comparecientes para exigirles verdad plena.
“¿A quién se le ocurrió asesinar inocentes para sumar medallas en sus pechos, felicitaciones en sus hojas de vida, soles en sus hombros, números de estadísticas, recursos para apoyar planes de seguridad y obtener reconocimiento a costa de nuestro sufrimiento?”, preguntó Bibiana Guillermina Padilla Hernández, madre de Deiver Yesid Martínez Padilla, un joven de 19 años presentado falsamente como baja en combate en El Copey (Cesar), en enero de 2008.
Por su parte, Pedro Loperena, autoridad del pueblo Wiwa, recordó que los pueblos indígenas fueron estigmatizados en medio del conflicto armado y afirmó que los entonces integrantes de la fuerza pública “le fallaron a la Constitución, le fallaron a su deber como funcionarios públicos, le fallaron a su familia”.
Darío Alfonso Morales Rodríguez, padre de Óscar Alexander Morales Tejada, asesinado por integrantes de la fuerza pública el 16 de enero de 2008, exigió que se esclarezca lo sucedido con Óscar: “Saber la verdad es mejor que todo. No importa que uno conozca crudamente cómo fue asesinado su familiar. A los comparecientes del Batallón ‘La Popa’, que tuvieron que ver con la muerte de mi hijo, les pido que aclaren toda la verdad”.
En ese mismo sentido, la magistrada Claudia Saldaña, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, afirmó: “Solo cuando la verdad se acompaña de real responsabilidad, empatía y compromiso genuino es posible abrir caminos hacia la reconciliación y hacia una paz duradera”.
Junto a Óscar Alexander Morales fueron asesinados Octavio David Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez. Los tres jóvenes fueron engañados en Cúcuta con falsas ofertas de trabajo y trasladados al departamento del Cesar, donde quedaron bajo el control de integrantes del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’. Allí, posteriormente, fueron asesinados.
Para encubrir el crimen, los responsables construyeron una falsa narrativa de combate y señalaron a las víctimas como integrantes de un grupo armado ilegal. Óscar Alexander y Germán permanecieron desaparecidos durante 16 años. Gracias a las medidas cautelares decretadas por la JEP y al trabajo técnico-forense de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sus cuerpos fueron recuperados, identificados y entregados dignamente a sus familias. Octavio David Bilbao Becerra continúa desaparecido.
Otra de las víctimas que participó en la audiencia fue Exavier Guerra Fragozo, hijo de Jaime Enrique Cabrera Guerra, un campesino de 66 años asesinado el 14 de septiembre de 2004 en una falsa operación reportada por el Gaula Guajira y el Grupo de Caballería No. 2 ‘Juan José Rondón’. Acerca de los aportes de verdad realizados durante la diligencia, dijo: “A ustedes, comparecientes, los miro con respeto. Es algo difícil, siento yo, pero tienen gallardía. No es que los felicite; los admiro por esa pieza fundamental que es seguir aportando verdad”.
En respuesta a este testimonio, el magistrado José Miller Hormiga Sánchez destacó el sentido restaurativo de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad: “Sus palabras le dan sentido al trabajo que hace la JEP. Cuando habla de esperanza, cuando dice que hoy puede mirar a los comparecientes con respeto, cuando habla de la posibilidad de construir paz y agradece sus aportes de verdad, le da sentido a este ejercicio de justicia, porque uno de los elementos fundamentales de este modelo es conocer la verdad”.
Acerca de la importancia de la presencia de las víctimas en esta diligencia, la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, afirmó: “Esta audiencia es una expresión del derecho de las víctimas a acceder a la justicia y de la centralidad de las víctimas en el proceso”.
Actos simbólicos
En la audiencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad dio paso a un acto restaurativo y simbólico en el que varios comparecientes expresaron su compromiso con las víctimas mediante la entrega voluntaria de las medallas recibidas durante su carrera militar y del objeto denominado 'Árbol de la Vida'. El magistrado Óscar Parra recordó que estos gestos no sustituyen las obligaciones jurídicas ni restaurativas asumidas por los comparecientes ante la JEP.
Durante el acto, la sala explicó que la entrega de las condecoraciones busca resignificar estas distinciones institucionales a partir de la verdad judicial construida en la JEP. Según el magistrado Óscar Parra, se trata de una manifestación pública de reconocimiento frente a la gravedad de los hechos esclarecidos, al daño ocasionado a las víctimas y al compromiso con la verdad, la reparación y la no repetición.
Trece comparecientes realizaron la entrega simbólica de sus medallas, las cuales fueron otorgadas durante su trayectoria en la fuerza pública. Entre ellas se encuentran la Orden del Mérito Militar 'Antonio Nariño', la Medalla 'José María Córdova', la Medalla por Servicios Distinguidos en Orden Público y la Medalla de Gaulas Militares. Los mayores generales (r) Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, así como el brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez, junto con 10 comparecientes más, entregaron voluntariamente sus medallas.
En representación de los comparecientes, el brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez dirigió unas palabras sobre el significado de esta entrega simbólica, realizada como un acto de reconocimiento del daño causado y de compromiso con las responsabilidades asumidas ante las víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz.
“Hoy hacemos entrega de medallas y reconocimientos recibidos durante el periodo en el que fueron cometidos los crímenes por los cuales fuimos responsables”, dijo el brigadier general (r) Hernández Martínez en el acto simbólico. Y agregó: “No es un acto menor para los que pertenecimos a la fuerza pública. Para un militar, una medalla o un reconocimiento institucional tiene un significado profundo […]. Después de comprender los crímenes que se cometieron, no podemos seguir entendiendo estos objetos de esta manera. Las víctimas nos han dicho con razón que existen medallas manchadas de sangre […]. Un reconocimiento asociado a resultados operacionales ocurridos en ese contexto no puede seguir ocupando un lugar de honor”.
Por su parte, el compareciente Pilides José Torres les dirigió a las víctimas unas palabras sobre la entrega del objeto ‘Árbol de la vida’: “Sabemos que ningún acto simbólico restituye aquello que nuestras acciones les arrebataron a las víctimas y a sus familias, ni alivia el dolor. Este gesto honra la memoria de quienes no están, reconoce el sufrimiento y la entereza de sus familias y rinde homenaje a la valentía que han sostenido durante tantos años, en particular su búsqueda de verdad, justicia y memoria”.
¿Qué sigue?
La magistratura evaluará los aportes a la verdad y los reconocimientos realizados por los comparecientes y recibirá las observaciones de las víctimas. Con base en esta valoración, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones, mediante la cual remitirá al Tribunal para la Paz a aquellos comparecientes que hayan superado el umbral de verdad y demostrado su compromiso y cumplimiento con el Régimen de Condicionalidad. Será dicho tribunal el encargado de imponer las correspondientes Sanciones Propias.
