COMUNICADO 109
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón ‘La Popa’, reconoció su responsabilidad por 38 personas presentadas falsamente como bajas en combate y pidió perdón a las víctimas
- Durante dos días de audiencia con carácter restaurativo, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez reconoció de manera libre, consciente y voluntaria su responsabilidad por 24 hechos ocurridos durante su comandancia en el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’.
- El compareciente reconoció que 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate; 13 fueron víctimas de desaparición forzada y 9 de tortura.
- Las víctimas exigieron verdad, dignificación y el esclarecimiento de las responsabilidades detrás de los crímenes, así como información que contribuya a la búsqueda de las personas desaparecidas y a esclarecer la posible relación del Batallón ‘La Popa’ con grupos paramilitares.
- Las víctimas y el compareciente alcanzaron un acuerdo restaurativo que contempla, entre otros compromisos, la entrega de medallas y diarios operacionales, la dignificación pública del buen nombre de las víctimas, aportes a la búsqueda de personas desaparecidas, encuentros para el esclarecimiento de la verdad, y acciones de memoria y reparación.
Valledupar, 28 de agosto de 2026. Ante las víctimas, en audiencia pública de carácter restaurativo llevada a cabo estos 27 y 28 de agosto en Valledupar (Cesar), el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, reconoció su responsabilidad por 24 hechos en los que 38 personas fueron presentadas falsamente como bajas en combate, en la Costa Caribe, entre 2004 y 2005.
Las víctimas de los hechos atribuidos al entonces comandante Figueroa Suárez tuvieron un espacio para dirigirse al compareciente, reclamar verdad y dignificar la memoria de sus seres queridos. Entre las víctimas se documentaron 13 casos de desaparición forzada y nueve de tortura.
El compareciente Juan Carlos Figueroa Suárez, quien comandó 'La Popa’ entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005, inicialmente no aceptó los cargos imputados por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Sin embargo, el 27 de enero de 2026, durante la audiencia preparatoria del juicio adversarial, aceptó los cargos formulados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, y declaró: “Sí, acepto responsabilidad”. Este reconocimiento tardío cambió el rumbo procesal y activó la ruta restaurativa.
La audiencia pública fue presidida por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, en compañía de las magistradas María del Pilar Valencia García y Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, quienes integran la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP.
El coronel (r) reconoció de manera libre, expresa, consciente, y voluntaria su responsabilidad en los términos del escrito de acusación presentado por la UIA el 23 de noviembre de 2023. También aceptó los hechos, los patrones criminales y la responsabilidad de mando. “Acepto la gravedad de esas conductas”, manifestó.
El compareciente también pidió perdón por las vidas arrebatadas, las desapariciones, la tortura, la estigmatización y los señalamientos que afectaron a las víctimas y sus familiares. Reconoció que, durante una parte importante del proceso, sostuvo que no había impartido una orden criminal ni ejecutado materialmente los homicidios, pero afirmó que ahora comprende que esa mirada era incompleta frente a las responsabilidades propias de su cargo.
“La pregunta que debo responder no es solamente ‘qué ordené’, también debo responder qué autoridad tenía, qué información recibí, qué debía controlar, qué debía impedir y qué dejé de hacer”, expresó ante las víctimas, en Valledupar.
Figueroa Suárez explicó, además, que existió una extensa cadena de mando a la cual reportaba los resultados operacionales: desde la comandancia de la Brigada Segunda, hasta el máximo nivel de la estructura de mando, el entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Describió los roles en cada eslabón de la cadena y aclaró que estas menciones no son una acusación en contra de los mencionados.
Al finalizar su intervención, pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas y leyó sus nombres. “Queremos pronunciar el nombre de estas personas inocentes y decir que ellas no pertenecían a grupos armados al margen de la ley. No eran combatientes y fueron asesinadas por mis tropas en estado de indefensión. Sus vidas fueron convertidas injustamente en cifras y presentadas como resultados operacionales”, dijo.
Las víctimas pidieron verdad y dignificación
La audiencia contó con espacios y acciones para dignificar la memoria de las víctimas. Retratos y ofrendas florales decoraron el recinto, como un gesto para recordar a quienes fueron presentados falsamente como bajas en combate, de los cuales varios pertenecían a los Pueblos Wiwa y Kankuamo. Entre las víctimas se encuentra Nohemí Pacheco Zabatá, una niña Wiwa de 13 años que fue asesinada y presentada falsamente integrante de la guerrilla.
Durante las dos jornadas de audiencia, familiares de las víctimas reclamaron verdad, dignificación y esclarecimiento. Rocío Escorcia Bonet, hermana de Jon Jader Escorcia Bonet, afirmó que sus familiares “no fueron cifras, no fueron informes, ni una equivocación. Fueron hijos, hermanos, seres humanos. Fueron vidas”.
Elizabeth Coronado Montaño, hermana de Carlos Mario Navarro Montaño, pidió al compareciente Figueroa que dijera la verdad y revelara los nombres de quienes estuvieron detrás de los hechos. Por su parte, Jesús Eduardo Oñate recordó a su hermano Luis Eduardo, integrante del Pueblo Wiwa, y reclamó que se limpiara su buen nombre.
Las víctimas también plantearon preguntas sobre aspectos que aún requieren esclarecimiento. Entre ellas, la posible relación entre el Batallón ‘La Popa’ y grupos paramilitares, las investigaciones disciplinarias, los supuestos informantes que señalaban a las víctimas y las responsabilidades de otras personas que pudieron participar en los hechos.
La situación de los Pueblos Indígenas también ocupó un lugar central. Pedro Loperena, representante del Pueblo Wiwa, señaló que los asesinatos de integrantes de su Pueblo no afectan únicamente a las personas y sus familias, sino que atentan contra el Territorio, la cultura, el gobierno propio y el patrimonio étnico-cultural.
Un acuerdo para avanzar en la restauración
Al cierre de la audiencia, la magistratura informó que las víctimas y el compareciente llegaron a un acuerdo restaurativo que contempla nueve elementos para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.
Entre las solicitudes se encuentra la entrega del rango, las medallas y el escudo de armas que le fueron entregados a Figueroa Suárez al finalizar su gestión como comandante, así como la participación de las víctimas en la revisión y diseño de los actos de memoria que realice el compareciente en Valledupar o en los territorios afectados.
También se acordó la entrega de los diarios operacionales con los registros de las personas que participaron en cada hecho. También se acordó reconocer los nombres de las víctimas y que no pertenecían a grupos armados no solo durante la audiencia, sino en los Territorios donde vivieron, y dignificar públicamente su buen nombre ante medios de comunicación regionales.
Otro de los compromisos consiste en la participación, directa y verificable del compareciente en la búsqueda, localización e identificación de las víctimas de desaparición forzada, mediante acciones concretas como aportar información, señalar lugares y reconstruir rutas y hechos que puedan contribuir a la búsqueda.
Las víctimas solicitaron además que se reconozcan y atiendan las necesidades específicas de los pueblos Wiwa y Kankuamo, teniendo en cuenta los daños individuales y colectivos, culturales y espirituales ocasionados a estas comunidades étnicas. Esto incluye su participación directa en acciones de reparación y restauración y en procesos de armonización, respetando sus autoridades, prácticas y formas propias de sanar.
El compareciente manifestó de manera clara su compromiso con estas solicitudes de restauración, que hacen parte integral de su Sanción Alternativa y serán exigidas por la JEP como parte del régimen de condicionalidad.
La Justicia Restaurativa y el reconocimiento de las víctimas
El magistrado Raúl Sánchez, relator de este proceso, enfatizó en el carácter restaurativo de la audiencia. Por ello, la diligencia no estuvo centrada en el debate probatorio, sino en el restablecimiento de los derechos de las víctimas, el diálogo con el procesado y la reconstrucción de los lazos sociales quebrantados por los delitos.
El magistrado recordó que el reconocimiento tardío tiene consecuencias concretas dentro del modelo de Justicia Transicional Restaurativa. El reconocimiento pleno y oportuno ante la Sala de Reconocimiento conduce a sanciones propias sin privación de la libertad, mientras que la falta de reconocimiento y una derrota en el juicio adversarial pueden conducir a sanciones ordinarias de hasta 20 años de prisión. El reconocimiento tardío, como en este caso, conduce a una Sanción Alternativa de entre 5 y 8 años, que implica privación efectiva de la libertad, pero incorpora elementos restaurativos.
La magistrada Valencia García, presidenta de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, señaló que espera que esta audiencia contribuya al esclarecimiento de la verdad, a la dignificación de quienes han sufrido los efectos del conflicto y a la consolidación de compromisos concretos de reparación y no repetición. Por su parte, la magistrada Jaramillo Chaverra destacó la importancia de estas audiencias con carácter restaurativo, pues "nos permiten avanzar cada vez más en el reconocimiento de los comparecientes”.
Al finalizar las dos jornadas, el magistrado Sánchez destacó que reconocer responsabilidad no borra el daño ni devuelve a las personas asesinadas, pero constituye un paso fundamental para enfrentar una verdad que durante demasiado tiempo permaneció oculta, negada o distorsionada.
Antes del cierre, el magistrado Sánchez fijó el 22 de octubre como fecha para hacer la lectura de la sentencia que se le impondrá al coronel (r) Figueroa Suárez y para realizar la devolución de las medallas.
La magistratura recordó que el trabajo de la Jurisdicción no termina con la sentencia. Los compromisos adquiridos durante la audiencia deberán traducirse en acciones de restauración y en aportes que permitan avanzar en el esclarecimiento de una verdad que, durante 20 años, ha marcado la vida de las víctimas y sus familias.
La audiencia permitió un encuentro entre las víctimas y quien reconoció su responsabilidad por haber contribuido a causarles daño. Un encuentro en el que, como señaló el magistrado Sánchez, reconciliar no significa olvidar, sino mirar de frente lo ocurrido, reconocer el daño, asumir responsabilidades y construir condiciones para que la violencia no vuelva a repetirse.
