COMUNICADO 80
En audiencia pública, la JEP presenta avances en la reparación de víctimas como antesala a la imposición de una sanción por crímenes en Dabeiba y el noroccidente de Antioquia
- Esta Audiencia de Verificación hace parte del proceso que antecede la emisión de la quinta sentencia de la JEP, en el marco del juicio por el Caso Conjunto 03 y 04 Cementerio Las Mercedes de Dabeiba.
- Los máximos responsables relataron su proceso de transformación ante la Jurisdicción y reafirmaron su compromiso con la restauración de víctimas, del territorio y de sus comunidades.
- Los aportes de verdad realizados por los comparecientes permitieron la recuperación de 77 cuerpos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, de los cuales 18 han sido identificados y entregados dignamente a sus familias.
- La audiencia pública permitió evaluar también las acciones anticipadas realizadas por los máximos responsables y que serán tenidas en cuenta en la sentencia.
- En el marco de este caso, comparecientes de la fuerza pública y de las extintas Farc-EP trabajaron unidos en dos proyectos, uno de ellos fue ‘Horizontes Seguros’, sobre Educación en el Riesgo de Minas, para beneficiar a más de 3.000 personas.
- A la fecha, el Tribunal para la Paz de la JEP ha emitido cuatro sentencias, dos en el proceso con reconocimiento de responsabilidad, uno con ausencia de reconocimiento y otro con reconocimiento tardío.
Medellín (Antioquia), 26 de junio de 2026. Durante dos días en Medellín, estos 25 y 26 de junio, la JEP evaluó las condiciones necesarias y el cumplimiento de compromisos antes de emitir sentencia contra siete máximos responsables que aportaron verdad y reconocieron su responsabilidad por 35 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas, entre 1997 y 2007, en el noroccidente de Antioquia, en el marco del Caso Conjunto 03 y 04, denominado Cementerio Las Mercedes de Dabeiba.
Esta audiencia pública también permitió evidenciar resultados concretos del modelo de Justicia Transicional Restaurativa de la JEP, por ejemplo: los aportes de verdad de los comparecientes y las acciones anticipadas de restauración contribuyeron a la recuperación de 77 cuerpos de víctimas de desaparición forzada, 18 de ellos ya identificados y entregados dignamente a sus familias; la participación de víctimas y comunidades en la construcción de diez iniciativas restaurativas; así como el trabajo anticipado de comparecientes en múltiples proyectos que la Sección de Reconocimiento de Verdad tendrá en cuenta en la sentencia y que evaluará como aportes tempranos a la restauración.
Estas acciones incluyen los proyectos: ‘Horizontes Seguros’ y ‘Abriendo Caminos para la Reconciliación y la Paz’, en los que antiguos integrantes de la fuerza pública y de las extintas Farc-EP desarrollaron conjuntamente trabajos relacionados con Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) y Educación en el Riesgo de Minas (ERM) en varios municipios de Antioquia, buscando beneficiar a más de cuatro mil personas; ‘Siembras de Vida’, enfocado en actividades de restauración ecológica realizadas en el corredor Chingaza-Sumapaz; la intervención artística ‘Aquí Florece la Búsqueda de la Verdad’, desarrollada en Dabeiba y Medellín. Durante la diligencia, las entidades nacionales y territoriales ratificaron su compromiso para hacer posible la ejecución de las futuras Sanciones Propias de la JEP en este territorio.
El magistrado de la Sección de Reconocimiento de Verdad y ponente del Caso Conjunto, Juan Ramón Martínez Vargas, aseguró que "la importancia de este espacio radica en el momento procesal en que nos encontramos: Después de años de investigación, de la búsqueda de personas desaparecidas, de la participación de las víctimas, del reconocimiento de los comparecientes y de la construcción de propuestas restaurativas, esta sección se aproxima a la imposición de la sentencia".
En la instalación de la audiencia, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, afirmó que "la verdad permitió saber qué ocurrió en Dabeiba y en el noroccidente antioqueño". Y que, ahora, "la tarea que tenemos por delante consiste en demostrar que somos capaces de convertir esa verdad en acciones concretas de restauración. (...) Para eso es esta audiencia, para pensar colectivamente cómo restaurar algo tan difícil que se rompió en estos años y en este caso", recalcó el presidente de la JEP.
Del reconocimiento de verdad al cumplimiento de los compromisos
Durante el primer día de diligencia, los siete máximos responsables ratificaron su compromiso con la restauración de las víctimas y relataron cómo ha sido su proceso de transformación ante la JEP, al encontrarse cara a cara con las familias de las víctimas y participar en los proyectos restaurativos anticipados.
“Ante Colombia entera, reafirmo que la verdad es el único puente real hacia la no repetición”, dijo el compareciente Jaime Coral Trujillo, quien relató que en la justicia ordinaria había aceptado cargos y que tuvo varias sentencias condenatorias, sin embargo, fue “el sistema de Justicia Transicional (el que le) permitió transitar de la degradación carcelaria hacia un camino de verdad, asumiendo la responsabilidad real en la construcción de paz”.
Coral mencionó que, con sus aportes a la verdad, se pudieron ubicar los cuerpos de John Jarvi Cañas y Óscar Chaverra, al tiempo que habló de su experiencia en proyectos restaurativos y cómo trabajar en ellos le enseñó el valor real de la reconciliación: “Me recuerda que la restauración del daño causado es la única forma de salvar mi propia humanidad”, dijo.
Tras escuchar las experiencias de los comparecientes, el magistrado Martínez aseguró que las Sanciones Propias "no son cuestiones a futuro y etéreas, sino realidades transformadoras que están impactando nuestros territorios".
Las víctimas y comunidades tuvieron un papel central en la audiencia y dieron a conocer cómo ha sido su tránsito, desde los aportes en la etapa investigativa hasta la definición de los proyectos restaurativos que harán parte de la Sanción Propia.
María Leonarda Rojas, hermana de la víctima Arley Darío Rojas, señaló que “las víctimas tenían nombre, tenían historias, familias que los amaban. Un día se los llevaron y los presentaron ante el país como bajas en combate”. Y agregó que en este proceso judicial aprendió que "no estaba sola, que hay miles de familias a las que les hicieron lo mismo, que tenían la misma necesidad de verdad. (...) Aprendí también qué significa la verdad, la justicia y la reparación. Antes pensaba que justicia era castigar, pero entendí que la justicia verdadera es que se sepa lo que pasó, que se devuelva lo que nos quitaron y se garantice que no vuelva a pasar”, dijo.
Luz Amparo Mejía, integrante de la organización Madres de La Candelaria Línea Fundadora, le agradeció a la magistratura y afirmó que la JEP “es la esperanza para que en el país sigamos construyendo más espacios como el de Dabeiba. Construyendo la memoria”. A los comparecientes les dijo que "son las voces vivas que deben ayudar a que otros militares cuenten”. Y agregó que “se cierra el proceso judicial, pero en Medellín y Dabeiba empieza el proceso de seguir mostrando que las mujeres no parimos hijos para la guerra, sino para la paz”.
Resultados e iniciativas de Sanción Propia
Como parte del proceso dialógico, que se ha desarrollado en fase de juicio ante la Sección de Reconocimiento desde 2024, se definieron diez propuestas de Sanción Propia que responden a necesidades reales de la población afectada en el noroccidente antioqueño y que buscan aportar a la transformación del territorio y de sus comunidades.
El secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez Morales, resaltó que, durante siete años, la Jurisdicción ha construido una forma inédita de hacer justicia, pues se materializa más allá de los procesos judiciales y se transforma en hechos tangibles, garantizando que las sentencias no se queden en el papel.
En este sentido, Suárez indicó que se requieren los recursos necesarios para realizar, por ejemplo, los traslados a los lugares de cumplimiento de las sentencias, lugares de habitabilidad y permanencia, así como herramientas, insumos, protección y prevención ante lesiones y riesgos sociales y de orden público, entre otras necesidades en el marco del cumplimiento de la sanción.
El secretario recordó que la JEP tiene un convenio con el SENA que permite que la materialización de los proyectos pueda contar con una capacitación previa e informó que este 25 de junio el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el decreto que establece y hace posible la articulación institucional y los recursos para las condiciones transversales mencionadas. “Este es un logro muy significativo que ancla estos recursos y que esperamos que el nuevo gobierno retome”, detalló.
Los proyectos integrales contemplados de cara a la Sanción Propia son: 1) Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA); 2) labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, con un Plan Integral de Memorialización que incluye cinco proyectos; 3) intervención del cementerio Las Mercedes de Dabeiba; 4) intervención de la Terminal del Norte de Medellín; 5) la realización de murales y otras intervenciones artísticas en memoria de las víctimas, en Medellín, Dabeiba y otros municipios del noroccidente antioqueño; 6) una campaña para la recuperación del buen nombre de las víctimas y del territorio; 7) una publicación con textos escritos por las víctimas; adicionalmente, se contemplan posibles proyectos de infraestructura, como: 8) el mejoramiento de vías terciarias; 9) la construcción de puentes peatonales destruidos por la violencia; y 10) el desarrollo de iniciativas productivas para aportar a la reactivación económica de las comunidades.
Para garantizar su implementación, la Sección de Reconocimiento y la Secretaría Ejecutiva de la JEP realizaron 47 encuentros y mesas técnicas con entidades del Estado. Durante la audiencia pública, participaron 26 instituciones nacionales y territoriales, de las cuales 14 confirmaron compromisos concretos para acompañar la ejecución de los proyectos.
La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, intervino para destacar que las sanciones restaurativas requieren un compromiso sostenido del Estado, más allá de los periodos de cada Gobierno nacional. “No corresponde a cuatro años de un gobierno. Hay un llamado fundamental a mantener este proceso con la JEP para que continuemos asumiéndolo como un compromiso de Estado”, dijo.
En representación del Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, adscrito a la Presidencia de la República, Claudia Yaneth Peña, señaló que ya se cuenta con el apoyo del Fondo Multidonante de la ONU para la ejecución de proyectos restaurativos en las líneas de desminado humanitario y Educación en Riesgo de Minas.
Rosemberg Leguizamón, jefe de la Oficina Asesora de Estructuración de Proyectos Restaurativos de la JEP, explicó que el proyecto de desminado humanitario 'Despejar caminos para la vida' estará vinculado a la Autoridad Nacional Contra Minas de la Presidencia de la República. “Logramos con el Fondo Multidonante que se aprueben 2.5 millones de dólares para 4 intervenciones. Para Antioquia hay un proyecto disponible de 900 mil dólares, que se asignarían a este proyecto”, puntualizó.
Leguizamón también presentó los avances de la iniciativa de infraestructura que contempla poner en marcha cuatro intervenciones viales y tres proyectos relacionados con la construcción, reconstrucción y mantenimiento de puentes, en el noroccidente antioqueño. Las intervenciones viales previstas beneficiarían las veredas Chichiridó, Altobonito, Quiparadó y Llanogrande, con cerca de un kilómetro de mejoramiento en caminos vecinales.
Sobre los puentes, Leguizamón explicó que las obras beneficiarían a las veredas Choromandó, Chichiridó, Golondrinas, Popalito, Pegadó, Altobonito, Quiparadó, Misael Gaviria y Tascón. "Se requiere culminar los estudios técnicos y la ingeniería de detalle. Lo haremos con el apoyo del Invías", afirmó, y agregó que todas las intervenciones seguirán el principio de acción sin daño y cumplirán la normativa nacional vigente.
El secretario ejecutivo de la JEP presentó un cronograma de ejecución de estas iniciativas, así como el Sistema de Monitoreo, un moderno componente para garantizar el seguimiento, en tiempo real, de la implementación de los proyectos restaurativos como parte de la Sanción Propia.
El magistrado Martínez afirmó que “lo que hemos logrado estructurar en Dabeiba y Antioquia es un ejemplo para el mundo. Hoy vimos la importancia de mantener en el centro de nuestras decisiones los derechos y expectativas de quienes han sufrido el conflicto (…). Lo que vimos hoy evidencia que la construcción de la sanción propia no es un proceso exclusivamente jurídico, sino que exige dialogar y articular capacidades institucionales y humanas”.
Asimismo, confirmó que el primer proyecto en el que trabajarán los comparecientes tras la imposición de la sanción será el desminado humanitario en varios municipios de Antioquia, alternado con proyectos de memoria, como el de la Terminal del Norte de Medellín.
Aldrialliny Santa, enlace del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial de la Alcaldía de Dabeiba e integrante de la Mesa TOAR, se refirió al impacto del proceso judicial de la JEP y las iniciativas restaurativas en el municipio: "queremos reconocer la importancia que tiene para nuestro territorio el proceso adelantado por la JEP, porque para muchas familias representa encontrar respuestas, dignificar la memoria de sus seres queridos y avanzar en procesos de reparación que durante años estuvieron pendientes".
¿Qué sigue?
La Sección de Reconocimiento de Verdad analizará todos los elementos presentados en la audiencia y emitirá la sentencia, la cual impondrá la respectiva sanción. El cumplimiento de dicha sentencia resolverá de forma definitiva la situación jurídica de los máximos responsables que reconocieron su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Con esta diligencia, la JEP avanzó en la construcción de los elementos que contribuyen a la restauración, en el marco del juicio dialógico, entendidos como el tránsito desde el reconocimiento de responsabilidad hacia acciones concretas de reparación. Esta etapa puede verse como el puente en el que en un lado hay un pasado violento, con oportunidades de vida truncadas y un tejido social roto; y en el otro transitamos hacia un futuro con verdad, justicia y reparación; un puente construido con la intervención expresa de las víctimas, los comparecientes, las comunidades y las instituciones del Estado, como garantías para hacer posible la restauración.
