COMUNICADO 75
JEP adopta medidas cautelares y emite órdenes urgentes para evitar el exterminio físico y cultural de pueblos indígenas y afrocolombianos acreditados en el Caso 05
- Ante la persistencia de una grave crisis de seguridad que amenaza la existencia de los pueblos étnicos que participan en el Caso 05 —que prioriza la situación territorial en 19 municipios del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca—, la Sala de Reconocimiento de Verdad decretó medidas cautelares para protegerlos.
- En audiencia pública realizada en Popayán, en el marco del estudio de la medida cautelar, las organizaciones denunciaron, entre otros aspectos, el riesgo de exterminio físico y cultural que enfrentan, agravado por la presencia de múltiples actores armados en sus territorios.
- Ante este contexto, la magistratura emitió más de 25 órdenes urgentes dirigidas a distintos ministerios y entidades del Gobierno Nacional, con el objetivo de activar mecanismos de protección con enfoque étnico, orientados a garantizar la pervivencia, la autonomía y la seguridad de estas comunidades.
- La mayoría de estas órdenes fueron concertadas con autoridades indígenas y afrocolombianas a través de encuentros dialógicos interculturales y buscan ofrecer respuestas estructurales a las problemáticas identificadas, con el fin de garantizar la vida, la seguridad de los pueblos y sus organizaciones.
- Persisten también graves afectaciones a la población civil, como homicidios, enfrentamientos armados, reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y otras acciones bélicas, que incrementn el riesgo de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Bogotá, 4 de junio de 2025. Ante el riesgo inminente de exterminio físico y cultural que enfrentan los pueblos indígenas y afrocolombianos acreditados en el Caso 05 de la JEP —que investiga hechos de violencia en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca—, la Sala de Reconocimiento de Verdad adoptó medidas cautelares integrales con enfoque étnico y emitió más de 25 órdenes urgentes, con el objetivo de garantizar la pervivencia, la autonomía y la seguridad de estas comunidades.
Esta decisión judicial fue adoptada tras constatar la información aportada por las víctimas en los espacios de diálogo intercultural realizados en Santander de Quilichao en enero de 2024, así como en la audiencia pública llevada a cabo en Popayán en septiembre del mismo año, en la que intervinieron autoridades étnicas y delegados del orden nacional. En estos escenarios, las comunidades denunciaron la grave situación de violencia, vulnerabilidad y abandono estatal que enfrentan, y alertaron sobre un riesgo persistente de exterminio físico y cultural, agravado por la presencia de múltiples actores armados en sus territorios.
Entre las principales denuncias se encuentran los asesinatos, el reclutamiento forzado, el desplazamiento, el confinamiento y la destrucción cultural. Señalaron, además, la circulación de panfletos amenazantes; el asesinato de integrantes de los pueblos indígenas, de su guardia y de liderazgos afrocolombianos; las afectaciones sistemáticas contra las mujeres en un contexto de violencia generalizada y progresiva; la instalación temporal de retenes ilegales; las amenazas al funcionamiento de la justicia propia; y los enfrentamientos armados entre grupos ilegales o entre estos y la fuerza pública.
Como respuesta, y con el propósito de proteger los derechos de las víctimas en los 19 municipios priorizados de estos dos departamentos, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez emitió el Auto 004 de 2025, mediante el cual decretó medidas cautelares y dictó más de 25 órdenes urgentes dirigidas a ministerios y entidades del Gobierno Nacional. Estas órdenes, en su mayoría concertadas con autoridades indígenas y afrocolombianas, buscan activar mecanismos de protección con enfoque étnico y ofrecer respuestas estructurales a las problemáticas expuestas, que garanticen los derechos fundamentales, la seguridad y la pervivencia de estos pueblos.
En total, 19 municipios fueron priorizados en la investigación del Caso 05: Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Guachené, Villa Rica y Puerto Tejada, en el norte del Cauca, así como en Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en el sur del Valle del Cauca. A la fecha se han acreditado para participar 129 sujetos colectivos que reúnen a 45 pueblos indígenas, 67 consejos comunitarios y ocho organizaciones de víctimas. Estas reúnen a más de 180.000 víctimas. Asimismo, se ha acreditado al territorio ancestral y colectivo de Çxhab Wala Kiwe.
En este trámite cautelar, la JEP vinculó a diversas entidades del Estado para la implementación de estas medidas, entre ellas los ministerios del Interior, Defensa Nacional, Educación, Salud, Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural, así como la Unidad Nacional de Protección, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de Restitución de Tierras, el SENA, el ICBF, la Defensoría del Pueblo y las gobernaciones del Cauca y del Valle del Cauca. Estas instituciones deberán avanzar en acciones concretas que respondan a las exigencias planteadas por las comunidades y contribuyan a la protección integral de sus derechos.
“La adopción de medidas cautelares se considera urgente e impostergable, pues la situación de inseguridad de las comunidades que habitan en los municipios es cada vez más crítica en los años de vigencia del Acuerdo Final de Paz. Las medidas concretas que se adoptarán se abordarán en relación con cuatro áreas y todas han sido previamente consultadas con las organizaciones indígenas y afrocolombianas priorizadas en el Caso 05: a) seguridad personal, b) enfoque étnico, c) reclutamiento y d) otras medidas en el marco de la seguridad humana”, dijo el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez.
Entre las medidas ordenadas se incluyen acciones para la dotación y protección territorial a cargo de las Guardias Cimarronas de ACONC y ASOCOSUR, así como la entrega prioritaria de bienes no rurales extintos a estas guardias por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), destinados a proyectos de protección territorial, seguridad alimentaria y fortalecimiento comunitario. También se contemplan la instalación de sistemas de alertas tempranas, así como medidas de protección para personas en riesgo y liderazgos étnicos.
En materia de articulación institucional para la seguridad, se ordenó la presentación de un plan integral para el municipio de Guachené, a cargo de 13 entidades estatales, que debe incluir acciones concretas de seguridad y protección étnica conforme a la Ley 70 de 1993 y el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz. Estas acciones serán coordinadas con la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ACIN, para garantizar protección colectiva e individual. Asimismo, se reconoce y fortalece a los sistemas de justicia propios —jurisdicción indígena y justicia afrocolombiana— como un componente esencial de seguridad, identidad y cohesión territorial.
Para garantizar el funcionamiento de las jurisdicciones especiales y el acceso a la justicia, se ordenó a los Ministerios del Interior, Justicia e Igualdad presentar un proyecto de acto legislativo que regule la jurisdicción afrocolombiana. Además, se establecieron protocolos de coordinación entre la Fiscalía General de la Nación (FGN) y las autoridades étnicas para atender casos de desplazamiento, violencia y despojo. Se creó un grupo interinstitucional y étnico encargado de abordar integralmente la violencia en la región.
Asimismo, se dieron órdenes para desplegar acciones encaminadas a prevenir el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes (NNA). El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) debe implementar planes de acción intensivos, que incluyen el fortalecimiento del programa “Atrapasueños”, diseñado para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, especialmente en zonas rurales y urbanas, con un enfoque multidimensional que integra arte, cultura, deporte, ciencia y saberes propios. Además, se exhorta a la Comisión Intersectorial para la Protección Integral contra el Reclutamiento (CIPRUNNA) a liderar un comité junto con autoridades Nasa para diagnosticar la situación y definir acciones conjuntas.
Finalmente, en cuanto a desarrollo integral, buen vivir y pervivencia cultural, se impulsará un sistema autónomo de información afrocolombiana por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El Ministerio de las Culturas desarrollará e implementará programas para la recuperación y protección cultural, que incluyen la creación de casas de cultura y el rescate de la medicina ancestral. También se mejorará el acceso a vivienda digna, agua potable y saneamiento básico, con proyectos específicos como “Agua es Vida” del Ministerio de Vivienda. Por último, se ordenó a la SAE priorizar la entrega y el arriendo social de bienes rurales extintos para proyectos comunitarios, así como la adjudicación de una casa de paso para estudiantes universitarios.
La JEP reafirma su compromiso con la centralidad de las víctimas, el enfoque territorial y el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz. Destaca, además, la protección integral de las comunidades de los municipios priorizados del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, así como la participación de los pueblos étnicos y del territorio mismo como pilares fundamentales para construir una paz estable y duradera en esta región, históricamente afectada por el conflicto armado.
