COMUNICADO 63

JEP, Gobernación del Valle del Cauca y Alcaldía de Cali se unen para desplegar acciones que contribuyan a restaurar a las víctimas del conflicto

• El convenio interadministrativo de cooperación y colaboración fue firmado por el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal y el secretario ejecutivo, Harvey Suárez, así como por la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder.
• En esta región convergen cuatro de los grandes casos que investiga la JEP. En el marco del Caso 05, por ejemplo, la Sala de Reconocimiento de Verdad imputó 14 crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 integrantes de dos columnas móviles de las Farc–EP
• Mediante estos convenios, la JEP busca consolidar una colaboración estratégica con las autoridades departamentales y locales que permita impulsar acciones que contribuyan a restaurar los daños causados a las víctimas, las comunidades y territorios durante el conflicto armado.
• La firma se dio en el marco de los acompañamientos que viene brindando la Secretaría Ejecutiva de la JEP para que los mandatarios incluyan en sus Planes de Desarrollo programas que contribuyan a enfrentar los factores estructurales que propician y perpetúan la violencia.
• En esta región se contemplan acciones de prevención del reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes y jóvenes.
• Los proyectos se llevarán a cabo como parte de las sanciones, o en el marco de las contribuciones que hagan los comparecientes a la restauración del daño causado. Esta articulación también aplica para la ruta no sancionatoria de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la cual resuelve la situación legal de aquellos comparecientes que no sean seleccionados como máximos responsables por los crímenes que investiga la JEP.

• En este proceso, la JEP ha priorizado territorios con alta concentración de víctimas y comparecientes, así como municipios donde se desarrollan los proyectos restaurativos, y aquellos que registran un significativo avance en los macrocasos y medidas cautelares.

Cali, 15 de mayo de 2024. La JEP continúa trabajando para afinar la articulación institucional, las capacidades de cada una de las entidades del Estado y la cooperación internacional que permitirán asegurar la implementación efectiva de los proyectos que contribuirán a restaurar los daños causados a las víctimas, las comunidades y territorios durante el conflicto armado.

Ese fue el propósito del convenio suscrito entre el presidente de la Jurisdicción, magistrado Roberto Vidal, y el secretario ejecutivo, Harvey Suárez, con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Esta unión de esfuerzos impulsará procesos restaurativos de inclusión integral en el departamento y en el distrito, que permitan cerrar las brechas de impunidad, exclusión y desigualdad por múltiples violencias.

A través del despliegue de los proyectos restaurativos, la JEP comienza a cimentar las grandes transformaciones y procesos que necesita el país para pasar la página de la violencia. En eso, precisamente, consiste el Sistema Restaurativo. Un terreno fértil en el que brotan y se reproducen acciones que contribuyen a restablecer los vínculos rotos por los graves crímenes del conflicto. 

Los proyectos se estructuran en siete líneas de trabajo que incluyen: 1) Acción Integral Contra las Minas (AICMA); 2) Medio ambiente, naturaleza y territorio; 3) Infraestructura rural y urbana; 4) Memorialización y reparación simbólica; 5) Educación, alfabetización y capacitación; así como 6) Búsqueda de personas dadas por desaparecidas y 7) Daños diferenciales y macrovictimización. Cada uno de estos ejes está dirigido a restituir los derechos vulnerados de las víctimas. 

Desde la JEP se adelantan acompañamientos como estos con otros municipios priorizados en el país. Especialmente en aquellos territorios que cumplen características similares como: una alta concentración de víctimas y comparecientes en sus territorios, el desarrollo de proyectos restaurativos, avance significativo de los macrocasos que investigan los graves crímenes ocurridos en el conflicto y medidas cautelares, entre otros criterios. 

En esta región, precisamente, se entrelazan cuatro investigaciones: a) Caso 01 que investiga los secuestros, b) Caso 03 que investiga los mal llamados 'falsos positivos', c) Caso 05 que prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, así como el d) Caso 09 que investiga crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos en el marco del conflicto armado colombiano.

Bajo este contexto, durante la firma del convenio en Cali, la JEP presentó información sobre algunas de las decisiones más relevantes que se han adoptado para hacer justicia por los crímenes perpetrados en la región. Entre otros, se habló de la imputación de 14 crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 integrantes de dos columnas móviles de las Farc-EP en el marco del Caso 05, así como la imputación a ocho integrantes del antiguo Bloque Occidental por secuestros en el Caso 01.

A la fecha, la JEP ha certificado 189 Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (TOAR). De este total, dos TOAR certificados en los que participaron exmiembros de las Farc-EP se realizaron en el Valle del Cauca y uno está en proceso de certificación con la participación de integrantes de la fuerza pública. Los dos TOAR certificados corresponden a la línea restaurativa de memorialización y reparación simbólica.

¿Qué incorpora el convenio?

A través de este convenio interadministrativo de cooperación y colaboración se articumos esfuerzos para allanar el camino hacia la reconciliación y la construcción de la paz en el país. Se trata de un mecanismo a través del cual buscamos priorizar las estrategias, programas, proyectos y acciones específicas que fortalecerán la implementación de la Justicia Transicional Restaurativa y del Sistema Restaurativo.

Acciones que materialicen de manera efectiva los derechos de las víctimas del conflicto armado y que, además, faciliten el cumplimiento de las obligaciones de los firmantes del Acuerdo de Paz y comparecientes ante la JEP. Precisamente, las líneas de acción del convenio contemplan:

1. Identificar oportunidades para la realización de proyectos en el marco del Sistema Restaurativo.
2. Acciones de acompañamiento psicosocial y jurídico a los titulares de derechos que participen en la JEP: víctimas y comparecientes.
3. Pedagogía sobre el Sistema Integral para la Paz y la Justicia restaurativa.
4. Apoyo a la actividad judicial de la JEP.
5. Acciones de prevención contra el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes del departamento del Valle del Cauca y el distrito de Cali.
   

La JEP avanza en este acompañamiento con más municipios en el país 

Todo este esfuerzo está encaminado a que, en el marco de los principios de correspondencia y de concurrencia con el Gobierno Nacional, las alcaldías y gobernaciones, se ofrezcan políticas, planes, programas y proyectos restaurativos como mecanismo de transformación social. Por eso, la Secretaría Ejecutiva de la JEP ha organizado un equipo de profesionales dedicados a acompañar a cada entidad territorial.

Este equipo proporciona las herramientas necesarias y claridad sobre los pasos metodológicos, criterios y acciones que permitan planificar e implementar los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador y Reparador (TOAR). Los proyectos se llevarán a cabo como parte de la sanción de los comparecientes que acepten responsabilidad y aporten verdad, o en el marco de sus contribuciones que hagan a la restauración del daño causado.

Se han priorizado ciertos territorios para recibir este acompañamiento y también se ha brindado guía a otros interesados. El propósito de este proceso es incorporar disposiciones relacionadas con el Sistema Restaurativo, en respuesta a las solicitudes de las administraciones locales y departamentales que lo necesiten.

Durante el primer semestre de este 2024, la JEP continuará brindando el acompañamiento necesario en la construcción de planes de desarrollo que den sostenibilidad a las sanciones propias y contribuyan a la restauración de las víctimas, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP).

 

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