COMUNICADO 149
JEP imputa a un mayor (r) del Ejército por tortura de dos integrantes del Pueblo Arhuaco y remite a la Unidad de Acusación e Investigación a siete antiguos miembros de la fuerza pública por el homicidio, tortura y desaparición de tres Mamos Arhuacos
- La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó el crimen de guerra de tortura al mayor (r) del Ejército Nacional Hernán Carrera Sanabria por los hechos contra los indígenas arhuacos Amado y Vicente Villafañe Chaparro.
- El compareciente reconoció su responsabilidad y deberá elaborar una propuesta de reparación para la recuperación del Cerro Inarwa, sitio sagrado espiritual y de peregrinación del pueblo arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta.
- Siete exintegrantes de la fuerza pública fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por no reconocer su responsabilidad en el secuestro, la tortura, el homicidio y la desaparición de los Mamos Arhuacos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro.
- Dos de los remitidos habían sido destituidos por la Procuraduría, y su investigación fue cerrada en la Justicia Penal Militar.
- La Sala expulsó de la Jurisdicción al compareciente Daniel Rivera Rincón por investigaciones penales por delitos presuntamente cometidos después de la firma del Acuerdo de Paz.
- La investigación esclareció la estigmatización de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la participación de hacendados y empresarios del Cesar, y los lugares de cautiverio de los Mamos: una casa en Valledupar y la hacienda Bethania, en El Copey.
Bogotá, 11 de noviembre de 2026. Después de 36 años de espera para los Pueblos Étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP atribuyó responsabilidad al mayor (r) del Ejército Nacional Hernán Carrera Sanabria por la tortura de los indígenas Amado y Vicente Villafañe Chaparro del Pueblo Arhuaco. Carrera Sanabria reconoció su responsabilidad y deberá elaborar una propuesta de reparación, consistente en la recuperación del Cerro Inarwa, sitio sagrado espiritual de peregrinación en la Sierra Nevada.
A su vez, la sala remitió a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP a 7 antiguos miembros del Ejército por no reconocer su responsabilidad por los hechos, calificados de lesa humanidad y crímenes de guerra, relacionados con el secuestro, tortura, homicidio y desaparición de los Mamos Arhuacos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro, máximos líderes espirituales de este pueblo.
Se trata del general (r) Juan Salcedo Lora, excomandante de la Segunda Brigada, y de cuatro coroneles en retiro: Luis Fernando Duque Izquierdo, excomandante del Batallón ‘La Popa’; Luis Fernando Urrego Ávila, entonces mayor de la Brigada Móvil No. 1.; Rafael Mejía Roa, exjefe de la Sección de Operaciones del Batallón ‘La Popa’, y Álvaro Matallana Eslava, excomandante del Batallón ‘Guajiros’. También fueron remitidos el capitán (r) Pedro Antonio Fernández Ocampo, exjefe de la Sección de Inteligencia del Batallón ‘La Popa’, y Cosme García Camacho, exintegrante de la Sección de Inteligencia de esta última unidad. Dos de los remitidos a la UIA (el coronel Duque y el capitán Fernández) habían sido sancionados con destitución por la Procuraduría General de la Nación y su investigación fue cerrada en la Justicia Penal Militar.
En la misma decisión, la Sala expulsó al compareciente de la fuerza pública Daniel Rivera Rincón, dadas las investigaciones penales por delitos cometidos presuntamente después de la firma del Acuerdo de Paz.
La investigación permitió el esclarecimiento de hechos como la estigmatización de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, la participación de hacendados y empresarios del Cesar en los crímenes y la ubicación de los lugares donde habrían estado secuestrados los Mamos antes de su asesinato: una casa en la Plaza Alfonso López de Valledupar, propiedad de la familia de José y Carlos Mattos, y la hacienda ganadera Bethania, propiedad de Luis Alberto Restrepo en El Copey, Cesar. Allí permanecían acantonadas tropas del Ejército y grupos paramilitares.
También se logró esclarecer la forma como fueron asesinados los Mamos en la carretera por hombres armados bajo la coordinación de Wilson Ramírez, jefe de seguridad del empresario Alfonso Macías, en presencia del coronel (r) Luis Fernando Urrego. Según su declaración, Urrego habría recibido la orden del fallecido general Hugo Tovar Sánchez, comandante de la Brigada Móvil, de permanecer en la zona, radicarse en las haciendas de Macías y Restrepo y colaborar con los grupos armados por ellos establecidos.
Los Mamos Arhuacos se dirigían a Bogotá, con el fin de aportar en los procesos de la Asamblea Nacional Constituyente para abogar por los derechos de los Pueblos Étnicos a su autonomía, por el respeto de la naturaleza, de su territorio y de una vida en paz.
La estigmatización de los Mamos se debió a la utilización del territorio sagrado ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta por parte de las extintas Farc-EP, en franca violación al Derecho Internacional Humanitario, como escondite de armas y secuestrados, entre ellos el señor José Eduardo Mattos, por cuya libertad miembros de la antigua guerrilla pedían una millonaria suma de dinero. La búsqueda de recompensas y resultados positivos para el Ejército llevó a la comisión de los gravísimos crímenes.
Durante el trámite, la sala abrió un incidente de condicionalidad por el incumplimiento del deber que tienen los comparecientes de aportar verdad. Se realizó una audiencia dialógica en la que participaron autoridades de todos los pueblos de la Sierra Nevada. Las víctimas cuestionaron como insuficientes y falsos los aportes a la verdad de los comparecientes, quienes pidieron no ser excluidos de la Jurisdicción. En esto, la decisión de la sala no fue unánime.
Fruto de la articulación entre la sala, la UIA y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, con el decreto de una medida cautelar solicitada por esta, se encontraron restos óseos humanos en la hacienda Bethania. Por ello, y por la alteración de la zona e inicial obstaculización de la labor de exhumación, se compulsaron copias a la Fiscalía para que avance en las investigaciones penales y en los procesos de extinción de dominio, al igual que por la presunta responsabilidad de terceros civiles en los crímenes y en la conformación de grupos paramilitares.
En el trámite de este caso, la sala adelantó audiencias dialógicas en territorio sagrado y en la sede central de la JEP, en Bogotá, donde fueron escuchadas autoridades ancestrales, varias de las víctimas y los comparecientes, cuya verdad y reconocimiento de responsabilidad resultaron insuficientes. De ahí su remisión a la UIA.
Esta decisión, con la que se busca honrar la memoria de estas víctimas del Pueblo Arhuaco, constituye un hito en materia de justicia transicional dentro del proceso de determinación de responsabilidades por estos hechos representativos que, por su gravedad para los pueblos Arhuaco, Wiwa, Kankuamo y Kogui, fueron incluidos en el Informe Final de la Comisión de la Verdad.
Foto: JEP. Audiencia de versión voluntaria de los comparecientes coronel (r) Luis Fernando Duque Izquierdo y capitán (r) Pedro Antonio Fernández Ocampo, en el resguardo Ikarwa del pueblo Arhuaco.
Foto: JEP. Audiencia dialógica de construcción de la verdad en las instalaciones de la JEP en Bogotá.
