COMUNICADO 37

JEP rechaza amenazas y presencia de grupos armados ilegales en territorio indígena de Dagua, Valle del Cauca

  • La Jurisdicción Especial para la Paz rechaza la reciente presencia de hombres armados en el corregimiento de Juntas, Dagua, Valle del Cauca, quienes intimidaron a la población civil.
  • La magistrada relatora del Subcaso Pacífico Medio del Caso 09, que investiga crímenes no amnistiables contra pueblos y territorios étnicos, advierte que estos hechos de violencia silencian a las víctimas y restringen las garantías necesarias para el avance de la justicia transicional en el territorio.
Bogotá, 16 de abril de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz rechaza los hechos ocurridos el pasado 11 de abril en el corregimiento de Juntas, municipio de Dagua (Valle del Cauca), en territorio del Cabildo Mayor Indígena Cañón del Río Pepitas, y expresa su profunda preocupación por lo sucedido.

Según la información recibida, personas con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y armas de largo alcance intimidaron a la comunidad en espacios públicos y marcaron paredes con grafitis alusivos a grupos armados ilegales. Estos actos configuran un grave escenario de riesgo para las comunidades étnicas y sus liderazgos porque afectan su autonomía territorial y sus derechos fundamentales.

La magistrada Xiomara Cecilia Balanta, relatora del Subcaso Pacífico Medio del Caso 09 —que investiga crímenes no amnistiables contra pueblos y territorios étnicos—, señaló que situaciones de esta naturaleza impactan directamente la participación efectiva de las víctimas en los procesos judiciales.

Las amenazas y la persistencia de la violencia en los territorios imponen silencios, restringen la posibilidad de avanzar en el proceso de justicia transicional y limitan el ejercicio de los derechos de las víctimas, en particular su participación, que resulta esencial para el esclarecimiento de la verdad y el cumplimiento de los fines del Sistema Integral para la Paz. 

En ese sentido, la JEP exhorta de manera urgente al Gobierno Nacional, a las autoridades departamentales y municipales, así como a las entidades competentes en materia de seguridad y justicia, a adoptar medidas inmediatas, integrales y efectivas para proteger a los integrantes del Cabildo Mayor Indígena Cañón del Río Pepitas, prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar condiciones seguras para el ejercicio de sus derechos.

Asimismo, hace un llamado a las entidades de control y protección para que evalúen de manera prioritaria la situación de riesgo y adopten las medidas necesarias de protección colectiva e individual de los Pueblos Indígenas que habitan este territorio.

La Jurisdicción reitera su compromiso con la centralidad de las víctimas, el enfoque étnico y la garantía de condiciones reales para su participación, así como con el esclarecimiento de la verdad en los territorios más afectados por el conflicto armado.