Bogotá, 24 de marzo de 2023. La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó a diferentes entidades del Gobierno que implemente un plan de seguridad y que informen acerca de las acciones que están realizando para garantizar la protección de la vida y la integridad física de los firmantes del Acuerdo Final de Paz que llevan su proceso de reincorporación del AETCR ‘Mariana Páez’ y que, en los últimos días, han abandonado este sitio ubicado en Mesetas, Meta, por amenazas en contra de sus vidas.

De acuerdo con la decisión emanada de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, se solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de Paz, a la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a la Unidad Nacional de Protección y a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección no solo que informen de las situaciones y planes asumidos por el Gobierno Nacional para garantizar la vida e integridad física de los y las firmantes del Acuerdo Final de Paz, sino también de sus condiciones de reincorporación individual, colectiva, política, económica y social.

Mediante el Auto SAR AT-106-2023, la magistrada Reinere Jaramillo Chaverra les dio 5 días hábiles a estas entidades para que entreguen a la Jurisdicción dichos informes por separado y presenten “la ruta integral de emergencia ante situaciones de desplazamiento de personas en proceso de reincorporación, individual y colectiva incorporado al Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) que deberá contemplar, además de medidas de seguridad, acciones en materia económica, medidas para asegurar el acceso a derechos sociales (salud, educación, otros), medidas de prevención de la estigmatización y una estrategia comunitaria y en dado caso de no tenerla, sea construida e implementada, en el término de diez (10) días hábiles”.

Así mismo, la JEP solicitó información relacionada con las condiciones de seguridad de los firmantes del Acuerdo Final de Paz a otras entidades del Gobierno como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Defensa; este último deberá presentar “los resultados de las operaciones e impacto del desmantelamiento de las organizaciones criminales en el sur de Meta, y (dar) explicación detallada sobre el control de seguridad que tiene el campamento humanitario, así como las condiciones de seguridad que se tienen presupuestadas para el nuevo asentamiento del AETCR ‘Mariana Páez’.