COMUNICADO 132
La JEP contribuyó a que Madres de Soacha pudieran ubicar los cuerpos de sus hijos en bóvedas a perpetuidad
- Los cuerpos de seis jóvenes de Soacha asesinados y presentados falsamente como bajas en combate, en la región de Catatumbo por agentes del Estado, ya cuentan con la asignación de una bóveda a perpetuidad.
- En un acto de dignificación en la JEP estuvieron presentes madres y familiares de las víctimas, acreditadas en el Subcaso Norte de Santander del Caso 03.
- Esta medida de contribución a la restauración fue posible por medio de las gestiones judiciales y la articulación entre distintas entidades para atender las solicitudes de las familias.
- Por medio de la articulación institucional se logró gestionar el pago de obligaciones pendientes con los cementerios, que representaban una carga económica para algunas de las familias de las víctimas.
- El encuentro en la JEP reconoció la lucha de las Madres de Soacha por la dignidad de sus seres queridos y destacó la importancia de que las medidas que contribuyan a la restauración respondan a sus necesidades.
Bogotá, 19 de octubre de 2026. Como una acción que contribuye a la restauración de los daños del conflicto, la JEP formalizó el trámite para que Madres de Soacha cuenten con una bóveda a perpetuidad para los cuerpos de sus hijos, en el marco del Subcaso Norte de Santander, del Caso 03. Se trata de seis jóvenes que fueron asesinados y presentados falsamente como bajas en combate en la región del Catatumbo, durante el conflicto armado.
La asignación de las bóvedas y el traslado de estas víctimas responden a las solicitudes que sus familiares elevaron ante la Jurisdicción y a distintas entidades, con el propósito de contar con un lugar digno y permanente para su sepultura. Esta medida representa un avance concreto en la atención de sus necesidades y busca evitar que las familias continúen afrontando las dificultades económicas y administrativas asociadas a la permanencia de sus seres queridos en cementerios públicos y privados.
Las seis víctimas son Julián Oviedo Monroy, Elkin Gustavo Verano Hernández, Jader Andrés Palacio Bustamante, Joaquín Castro Vásquez, Daniel Alexander Martínez y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, jóvenes de Soacha engañados y trasladados hasta Norte de Santander donde fueron asesinados.
Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, recordó el lugar que su hijo ocupa en su vida: “Tú fuiste la luz de mis ojos, tú fuiste la alegría de mi vida”. Al hablar de los años transcurridos desde su asesinato, expresó el profundo impacto de su ausencia y agradeció las gestiones que hicieron posible recuperar a su hijo y trasladarlo a una bóveda a perpetuidad. También pidió que este esfuerzo continúe para que otras familias puedan encontrar a sus seres queridos y recibir el apoyo que necesitan.
Gloria Astrid Peláez Martínez, madre de Daniel Alexander Martínez, agradeció que se hiciera posible la recuperación de su hijo y pidió que la atención institucional llegue también a otras familias buscadoras. “Muy agradecida por haber hecho posible la recuperación de los restos de mi hijo. Y también decirles que, por favor, no olviden que ustedes tienen la posibilidad de ayudar a muchas personas. No solo nosotras; hay mamitas que ni siquiera han empezado a hacer el proceso y necesitan mucho”, señaló.
Flor Hilda Hernández, madre de Elkin Gustavo Verano Hernández, agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso y habló de la dificultad que representa para una madre perder a un hijo en estas circunstancias. “No tengo palabras para agradecerles todo lo que han hecho por nosotras, las víctimas de Soacha y Bogotá”, expresó. También recordó que el dolor y la ausencia permanecen, y destacó el valor del apoyo de sus familiares y de otras madres que han compartido esta lucha.
Durante un acto de dignificación, realizado este viernes 16 de octubre en la JEP, en Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) entregó a las familias de las víctimas los certificados de asignación de las bóvedas a perpetuidad.
Esta medida que contribuye a la restauración fue posible por medio de las gestiones adelantadas por el despacho de la magistrada Zoraida Anyul Chalela Romano, de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, y al trabajo articulado con entidades del orden nacional y distrital.
Este proceso incluyó reuniones con las familias y sus representantes judiciales, visitas a cementerios, revisión de documentación y coordinación de los procedimientos necesarios para los traslados y la asignación de los nuevos lugares de sepultura en condiciones dignas y garantizando la acción sin daño.
La magistrada Zoraida Anyul Chalela Romano destacó la persistencia de las familias y la responsabilidad institucional de responder a sus solicitudes. “La búsqueda es una de las actividades más importantes para una sociedad que intenta dejar atrás los horrores de la guerra para vivir en el esfuerzo cotidiano de la paz y la reconciliación”, afirmó. También señaló que la asignación de bóvedas y la reubicación de los cuerpos fueron resultado de un proceso complejo que comenzó a mediados de 2024 y requirió la coordinación de autoridades nacionales y territoriales.
La magistrada también reconoció el camino recorrido por las familias buscadoras y la importancia del papel de la JEP en el esclarecimiento de la verdad: “Ustedes, familias, han caminado durante décadas por veredas, pueblos, ciudades, despachos judiciales, autoridades administrativas y cementerios buscando alguna respuesta. Ustedes saben mejor que nadie que detrás de cada víctima hay una vida truncada, un proyecto de vida roto y una comunidad incompleta. Es nuestro trabajo hacer que el resto de la sociedad también lo sepa: a Colombia le hacen falta sus hijos”.
Por su parte, Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, señaló que “ninguna persona habría que tener que luchar durante tantos años para garantizar una sepultura digna a un ser querido”, y menos cuando el sufrimiento tiene origen en graves violaciones de derechos humanos. Advirtió que las consecuencias de la violencia pueden continuar después del crimen, mediante trámites, respuestas que no llegan, incertidumbre sobre el paradero de los seres queridos y cargas que recaen sobre las familias. Por eso, afirmó, el acto trasciende los procedimientos administrativos y judiciales: detrás de cada expediente y cada decisión hay una vida, una historia, una familia y una ausencia.
La atención de las necesidades funerarias también hizo parte de los avances. La articulación institucional permitió gestionar el pago de obligaciones pendientes con los cementerios y otros gastos funerarios conexos, que representaban una carga económica para algunas familias de las víctimas.
En este trabajo articulado intervinieron la UAESP; la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación; la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); el Ministerio del Interior y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); además de las dependencias de la Secretaría Ejecutiva de la JEP encargadas de la atención a víctimas y Justicia Restaurativa.
Estas acciones buscaron que las familias no tuvieran que asumir solas los trámites para garantizar una sepultura digna. La JEP promovió espacios de diálogo para informarles sobre las actuaciones realizadas, resolver sus inquietudes y conocer las necesidades particulares de cada grupo familiar, con acompañamiento psicosocial y atención a los impactos que dejaron los asesinatos y las desapariciones forzadas.
Un acto para reconocer la lucha de las Madres de Soacha
El acto incluyó un homenaje a la memoria de las víctimas: sus nombres fueron pronunciados en voz alta, sus familiares se ubicaron junto a sus fotografías y encendieron velas en su honor. Estos gestos reconocieron la dignidad de quienes fueron asesinados y desaparecidos, así como la persistencia de las madres y demás familiares que han exigido respuestas y condiciones dignas para honrar su memoria.
Durante la jornada también se destacó que la restauración debe traducirse en medidas concretas que atiendan las necesidades de las víctimas. En este caso, las gestiones judiciales y la coordinación entre entidades permitieron alcanzar soluciones frente a dificultades que durante años afectaron a las familias.
El proceso continúa para que las familias de Jaime Castillo Peña, Diego Armando Marín y Yonny Duvián Soto Muñoz también puedan contar con un lugar digno y permanente para la sepultura de sus seres queridos.
Con este acto, la JEP reafirma la centralidad de las víctimas en la Justicia Transicional Restaurativa y la importancia de que las medidas de reparación contribuyan al restablecimiento de sus derechos, la dignificación y la posibilidad de avanzar en sus procesos de duelo. Reconocer su lucha y responder a sus solicitudes también hace parte de la construcción de paz y reconciliación en Colombia.
