COMUNICADO 25
La JEP designó cinco conjueces que apoyarán la labor de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad
- Samuel Augusto Escobar Beltrán, Alfonso Cadavid Quintero, Estanislao Escalante Barreto, Uldi Teresa Jiménez López y Wilson Alejandro Martínez Sánchez, juristas con amplia trayectoria en el ámbito penal, académico y judicial, tomaron juramento este jueves.
- Esta instancia del Tribunal para la Paz se encarga de desarrollar los juicios adversariales contra los máximos responsables que deciden no reconocer responsabilidad.
- Los conjueces son abogados con las mismas calidades exigidas a los magistrados y son designados temporalmente para suplir impedimentos, recusaciones o eventuales empates en las votaciones de la sección.
- Su participación permite garantizar la continuidad de los procesos judiciales, preservar el debido proceso y evitar retrasos en las decisiones de la Jurisdicción.
- El juramento fue tomado por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga; el presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, Raúl Eduardo Sánchez Sánchez; y la magistrada Reinere Jaramillo Chaverra.
Bogotá, 5 de marzo del 2026. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de desarrollar los procesos contra los máximos responsables que deciden no reconocer responsabilidad y defenderse en un juicio adversarial, designó este jueves a cinco conjueces que ejercerán funciones jurisdiccionales de manera temporal para apoyar la adopción de decisiones dentro de esta instancia del Tribunal para la Paz.
Los conjueces que tomaron juramento son: Samuel Augusto Escobar Beltrán, Alfonso Cadavid Quintero, Estanislao Escalante Barreto, Uldi Teresa Jiménez López y Wilson Alejandro Martínez Sánchez, juristas con amplia trayectoria en el ámbito académico, judicial y penal. Se trata de abogados debidamente acreditados con la experiencia necesaria para asumir decisiones judiciales de manera temporal cuando se presentan impedimentos o recusaciones de los magistrados titulares o eventuales empates en sus votaciones.
Su participación permite asegurar que los procesos que adelanta la sección continúen su curso hasta la adopción de decisiones judiciales definitivas. Durante el tiempo en que ejercen esta función, los conjueces actúan como servidores públicos transitorios y cumplen un papel fundamental para garantizar el debido proceso y la continuidad de la administración de justicia dentro de la Jurisdicción.
En el contexto de la Justicia Transicional Restaurativa, esta figura resulta especialmente relevante. ¿La razón? Contribuye a evitar dilaciones en los procesos judiciales y permite que las decisiones relacionadas con graves hechos del conflicto armado se adopten de manera oportuna, con rigor jurídico y plena legitimidad institucional, dentro del marco de estricta temporalidad que rige el funcionamiento de la Jurisdicción.
El juramento de los nuevos conjueces fue tomado por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga; el presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, Raúl Eduardo Sánchez Sánchez; y la magistrada Reinere Jaramillo Chaverra. En este espacio, los magistrados explicaron el funcionamiento de la sección y las responsabilidades jurídicas que implica participar en sus deliberaciones y decisiones. Asimismo, destacaron la trayectoria profesional y la idoneidad jurídica de quienes asumen esta función.
Con estas designaciones, la Jurisdicción Especial para la Paz continúa fortaleciendo el funcionamiento de sus salas y secciones, asegurando que los procesos judiciales avancen con rigor, independencia y respeto por los derechos de las víctimas.
¿Quiénes son los nuevos conjueces?
Samuel Augusto Escobar Beltrán: Abogado y especialista en Derecho Penal de la Universidad del Rosario y magíster en Criminología y Justicia Criminal de la Universidad de Edimburgo, en Reino Unido. Cuenta con más de diez años de experiencia como abogado litigante y ha liderado iniciativas de prevención del delito en entornos organizacionales, especialmente en el sector de las telecomunicaciones, así como en asuntos de género y manejo de procesos ante medios de comunicación. Es autor de publicaciones en la materia.
Alfonso Cadavid Quintero: Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca. Ha sido becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional y del Instituto Max Planck de Derecho Penal Internacional y Extranjero en Alemania. Actualmente es coordinador del área penal de la Universidad EAFIT, conjuez del Tribunal Superior de Medellín y de la Corte Suprema de Justicia, y profesor en diversas universidades de Colombia y del exterior.
Estanislao Escalante Barreto: Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, con mención sobresaliente cum laude; abogado, magíster en Derecho y especialista en Instituciones Jurídico-Penales de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con formación de posgrado en corrupción y Estado de derecho, teoría del delito, compliance y pedagogía universitaria. Actualmente es coordinador del área penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, docente e investigador en sistemas penales y conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Uldi Teresa Jiménez López: Abogada de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Casación Penal y en Instituciones Jurídico-Penales. Fue magistrada de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá durante más de una década, jueza de Ejecución de Penas y profesora de la Universidad de La Sabana. Es autora de publicaciones sobre justicia transicional y violencia de género y se desempeñó como procuradora delegada ante la JEP.
Wilson Alejandro Martínez Sánchez: Abogado de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra, en España, y especialista en Investigación Criminal. Ha sido investigador en instituciones académicas de Alemania y profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. En el ámbito público se ha desempeñado como vicefiscal General de la Nación, fiscal delegado ante el Tribunal de Justicia y Paz y procurador delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, así como para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad.
