Comunicado 131

​La JEP desmiente la información difundida sobre gastos institucionales de traslados, viáticos y tiquetes por 56.435 millones de pesos 

  • Los 56.435 millones de pesos mencionados en medios de comunicación y plataformas digitales no corresponden a ‘turismo judicial’, sino a la inversión total en más de 21.000 actividades judiciales y misionales desarrolladas en 337 municipios del país entre 2018 y 2026
  • Solo el 1,13 % de los gastos institucionales de tiquetes entre 2018 y 2026 se destinó a pasajes al exterior, en cumplimiento de comisiones oficiales, las cuales suman 61, y no 75, como se ha afirmado erróneamente.
  • La JEP ratifica que los gastos de desplazamiento corresponden al ejercicio de su misionalidad y a la garantía de la participación de las víctimas y comparecientes en los procesos restaurativos de la Jurisdicción.
  • Con siete auditorías de la Contraloría y catorce informes a la Procuraduría sin hallazgos disciplinarios, fiscales ni penales, la JEP ratifica que es una entidad abierta al escrutinio público y que su gestión es transparente.
  • La Jurisdicción rechaza de manera categórica las mentiras y afirmaciones dirigidas a desinformar, desacreditar, deslegitimar y confundir tanto a la opinión pública, a la comunidad internacional y, en particular, al Congreso de la República, con el fin de desfinanciar y modificar su período constitucional de funcionamiento de la JEP, así como sus competencias judiciales.  
Bogotá, 17 de octubre de 2026. En diversos medios de comunicación, plataformas digitales y publicaciones en redes sociales se ha difundido recientemente información relacionada con las actividades judiciales o de representación institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizadas en el exterior. 

Entre esta información se encuentran las afirmaciones formuladas por la honorable senadora María Clara Posada, a propósito de la respuesta que la JEP dio el pasado 8 de septiembre de 2026 a un derecho de petición presentado por el honorable senador Enrique Gómez Martínez. 

En una de dichas intervenciones, el 24 de septiembre, la senadora Posada manifestó a Noticias RCN: 
“La JEP, entre 2020 y 2026, se ha gastado 56.435 millones de pesos en 75 viajes internacionales. Entonces uno diría: ‘Pero bueno, es que están viajando a destinos donde hay organismos internacionales, están adelantando un trabajo para las víctimas y demás’. Entonces usted empieza a ver los destinos a los que fueron y hay unos que no dejan de hacer ruido: Miami, Milán, Barcelona, París, Chicago. Hubo un viaje de 14 días; eso es un eurotrip: 14 días entre Ginebra, París y Ámsterdam”. (https://x.com/NoticiasRCN/status/2103159838599709085)

Respecto de estas afirmaciones, la JEP precisa que es falso que la Jurisdicción haya gastado 56.435 millones de pesos en lo que se ha denominado erróneamente ‘turismo judicial’. 

Los 56.435 millones de pesos comprenden la totalidad de la inversión de soporte de actividades judiciales y misionales en 337 municipios de 31 departamentos del país, realizadas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2026. 

Este monto ha servido como soporte financiero y material para la realización de más de 21.425 actividades de presencia, despliegue territorial y participación efectiva que han permitido materializar garantías judiciales y el cumplimiento de labores judiciales y de soporte misional relacionadas. 

La realización de estas actividades ha sido sometida a los correspondientes procesos de fiscalización y rendición de cuentas por parte de los órganos de control. Luego de realizadas siete (7) auditorías de la Contraloría General de la República y catorce (14) informes entregados a la Procuraduría General de la Nación, la JEP no registra hallazgos disciplinarios, fiscales o penales, incluidos los recursos de donde provienen los 56.435 millones de pesos asociados a brindar garantías, condiciones y oportunidades de acceso a la justicia y el debido proceso a todos los sujetos intervinientes –víctimas, comunidades afectadas, comparecientes y apoderados–. 

Por todo lo anterior, no es cierto que los 56.435 millones de pesos correspondan a ‘viajes’ internacionales o a ‘turismo judicial’, como pretende presentarse ante la opinión pública. 

¿Cuáles fueron las actividades judiciales y de soporte misional cubiertas con los 56.435 millones de pesos?
Las 21.425 actividades institucionales financiadas desde el año 2018 al 31 de julio de 2026, mediante el pago de costos de traslados ($10.193.312.829), viáticos ($20.501.604.190) y tiquetes ($25.425.882.499), corresponden al cumplimiento de órdenes judiciales y al desarrollo de las siguientes actividades de soporte misional: 

Avances de la JEP

Actividad Cantidad Porcentaje
Audiencias y diligencias 6.353 30 %
Acompañamientos de protección a víctimas, testigos, apoderados y operadores judiciales 3.506 16 %
Actividades de información y pedagogía sobre el funcionamiento, los alcances y limitaciones del modelo de justicia transicional restaurativa a cargo de la JEP 3.073 14 %
Alistamiento y soporte psicosocial para la realización de encuentros restaurativos entre víctimas y comparecientes 2.777 13 %
Actividades restaurativas 2.069 10 %
Exhumaciones 1.156 5 %
Entregas dignas de personas dadas por desaparecidas 427 4 %
Acompañamiento psicosocial 805 4 %
Jornadas de acreditación de víctimas 299 1 %
Participación ciudadana 960 4 %
Total 21.425 100 %
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, Secretaría Ejecutiva, Dirección 
Administrativa y Financiera, con base en los registros del SIIF (Sistema 
Integrado de Información Financiera, del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público), 2026.   

Estas cifras deben leerse también a la luz de los ahorros efectivos y verificables que la JEP ha logrado entre 2024 y lo corrido de 2026, por un valor de 21.760,64 millones de pesos, en el contexto de las dificultades fiscales del país:

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Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, Secretaría Ejecutiva, 2026.

¿Cuántos fueron los ‘viajes’ internacionales y con qué fin se realizaron? 
Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2026, el 1,13 % del valor total reportado en tiquetes fue destinado a 61 pasajes aéreos al exterior –no 75, como se ha dicho erróneamente en medios de comunicación y publicaciones en redes sociales–, que tuvieron un valor de $286.416.420. Es decir, un promedio de seis (6) comisiones de viaje al exterior por año.  

Como se mencionó en un comunicado de prensa anterior, las actividades judiciales o de representación institucional realizadas en el exterior se relacionaron con las 61 comisiones de viajes internacionales financiados por la JEP en lo que lleva la entidad funcionando, y que están desagregados por año de la siguiente manera:

Tabla 3. Gasto anual en tiquetes al exterior
Vigencia Valor tiquetes exterior Tiquetes asumidos por la JEP
2018$ 1.143.9261
2019$ 21.295.1346
2020$ 00
2021$ 4.728.9402
2022$ 37.490.6506
2023$ 109.509.30021
2024$ 52.854.72814
2025$ 59.393.74211
2026$ 00
Total $ 286.416.420 61
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. Secretaría Ejecutiva. 
Dirección Administrativa y Financiera, 2026. 

Como puede advertirse, durante el presente año no se ha realizado ninguna comisión al exterior. Por motivos de austeridad institucional, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, no atendió por lo menos seis invitaciones internacionales a lo largo de 2026.

Cada una de estas comisiones de viaje tiene una justificación misional, que va acorde con la naturaleza de la entidad y de las labores que deben realizar los funcionarios de la JEP. Dichas comisiones se han emprendido en función de la estrategia de acreditación de víctimas en el exterior, y del relacionamiento con el sistema global de protección de derechos humanos, donantes cooperantes y aliados internacionales, la academia y centros de investigación y pensamiento.
 
Se pueden catalogar los viajes realizados de la siguiente manera:
  • Dieciséis (16) comisiones para atender las jornadas de servicios para víctimas en el exterior convocadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el acompañamiento de la Unidad de Víctimas para realizar atención presencial y garantizar de manera efectiva el acceso a la JEP en ciudades como Esmeraldas y Quito (Ecuador), Antofagasta y Santiago (Chile), New Jersey (Estados Unidos), Maracaibo y Caracas (Venezuela), Madrid, Barcelona y Valencia (España) y Estocolmo (Suecia).
  • Dos (2) comisiones para atender las jornadas de acreditación de víctimas en el exterior en Antofagasta, Santiago de Chile y Quito.
  • Cuatro (4) comisiones para atender dos (2) reuniones del presidente de la JEP con la Corte Penal Internacional (CPI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
  • Una (1) comisión de 4 personas para participar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
  • Dieciocho (18) comisiones para atender el desarrollo de audiencias y actuaciones conexas.
  • Diecinueve (19) presentaciones de informes ante organizaciones internacionales.
  • Un (1) viaje de capacitación en materia de seguridad.
Respecto a la siguiente afirmación de la senadora María Clara Posada: "Entre noviembre y diciembre de 2025, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, y Fabián Camilo Martínez, magistrado auxiliar, estuvieron 14 días en París, Ginebra y Ámsterdam. Asumiendo que fueron a la ONU o al CICR en Ginebra o a la CPI en La Haya, tomando tren desde Ámsterdam, ¿cuál fue la razón técnica para asistir presencialmente al otro destino? ¿Esas labores no se podían realizar virtual? ¿Por qué durante dos semanas? ¿Fue un Eurotrip financiado por los colombianos?”, la Jurisdicción aclara que la agenda cumplida por el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, en París, Ginebra y La Haya entre el 24 de noviembre y el 6 de diciembre de 2025 no fue un viaje turístico y está plenamente documentada. 

Este itinerario de trabajo en Europa respondió a invitaciones formales de organismos internacionales y de agenda de cooperación judicial, y fue anunciada públicamente y de manera detallada en este comunicado del 25 de noviembre de 2025. Se trató de escenarios de interlocución directa, de carácter institucional, en los que la presencia del representante institucional de la Jurisdicción es determinante para consolidar alianzas que permitan materializar las decisiones en favor de las víctimas. Por ello, no se trata de actividades que pudieran sustituirse por reuniones virtuales, y su duración corresponde a la extensión de la agenda de compromisos en tres ciudades.

Frente al viaje a Nueva York realizado entre el 15 y el 19 de julio de 2025 por el presidente de la Jurisdicción, magistrado Alejandro Ramelli, y otros tres servidores de la entidad, con el propósito de participar en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la Revista Semana rectificar las afirmaciones falsas e inexactas que había difundido sobre este viaje. Como el resto de las actuaciones de la entidad, esta comisión ha estado sujeta a la fiscalización de los órganos de control, que no han registrado hallazgos disciplinarios, fiscales ni penales.

Estas visitas institucionales al exterior reflejan el reconocimiento a la labor y a los resultados de la JEP, y han despertado un creciente interés global por conocer el modelo de justicia que aplica la Jurisdicción. Entre 2024 y 2026, la JEP ha atendido 134 sesiones de trabajo con entidades, organizaciones y organismos internacionales y representaciones diplomáticas. Cabe destacar las veinte (20) visitas de mecanismos internacionales de complementariedad (Corte Penal Internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;  cinco (5) eventos de cooperación Sur-Sur con Ucrania y Siria, Camerún y Camboya; ocho (8) reuniones con países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y quince (15) reuniones temáticas con agencias y mecanismos del sistema ONU. 

En cada una de estas visitas a la JEP, la comunidad internacional ha podido identificar, comprender y valorar los resultados de la Justicia Transicional Restaurativa. A través de dichas visitas se han compartido y explicado criterios, metodologías y prácticas judiciales con enfoque restaurativo que, en líneas generales, han hecho posible que máximos responsables y otros perpetradores de los más graves crímenes internacionales (delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra) logren realizar frente a la justicia, las víctimas y el país las siguientes acciones: 

  • Rendir cuentas en audiencias judiciales públicas, cara a cara con las víctimas, con el fin de reconocer responsabilidad, comprender y asumir el daño causado y establecer compromisos y obligaciones de dignificación, restauración y no repetición. 
  • Realizar aportes ciertos y verificables en el esclarecimiento de hechos nunca revelados ni imputados en la justicia ordinaria que han permitido develar patrones, políticas y prácticas sistemáticas y masivas de violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, acompañadas de estrategias de encubrimiento, negación y revictimización; 
  • Suministrar información relevante para lograr la ubicación, plena identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas, quienes fueron inhumadas en la impunidad. Poderlas identificar y exhumar ha acabado con décadas de dolor, ausencias innombrables y el sufrimiento íntimo de voces acalladas por la indiferencia social e institucional aguardan por el cierre digno de duelos larga y dolorosamente postergados.
  • Realizar con sus propias manos actividades de apoyo en exhumaciones, bajo la coordinación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, con verificación judicial y monitoreo de la JEP, que han permitido hallazgos que, en algunos casos, podrían corresponder a sus propias víctimas.
  • Participar en procesos de prevención y despeje de territorios contaminados con minas antipersonal y otros artefactos explosivos.
  • Intercambiar diálogos, experiencias y lecciones aprendidas sobre el modelo de justicia que aplica la Jurisdicción, así como sobre el enfoque y las prácticas restaurativas que despliega y los logros obtenidos a la fecha, lo que permite comprender el interés global por la Justicia Transicional Restaurativa que encarna la JEP.
Finalmente, la JEP reitera su disposición a entregar información clara y verificable. Con base en la información oficial ya auditada, solicita a la senadora María Clara Posada que rectifique públicamente la afirmación que presenta los $56.000 millones como un gasto abusivo en viajes internacionales y como expresión de un supuesto e inexistente ‘turismo judicial’. El debate público merece análisis riguroso, presentación de cifras completas, conceptos correctamente identificados y la ubicación del contexto necesario para interpretar las afirmaciones realizadas.