COMUNICADO 151
La JEP emite sentencia e impone Sanciones Propias a cinco antiguos integrantes de la fuerza pública por 'falsos positivos' en Dabeiba y otros municipios de Antioquia
- Los comparecientes deberán cumplir restricciones efectivas de derechos y libertades y desarrollar nueve proyectos restaurativos en distintos municipios de Antioquia.
- Las iniciativas incluyen reconstrucción de caminos y puentes, desminado humanitario, acciones de memoria, búsqueda de personas desaparecidas y proyectos productivos.
- Los aportes a la verdad de los comparecientes permitieron recuperar 77 cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. De estos, 18 han sido identificados y 17 entregados dignamente a sus familias.
- Para las víctimas, la sentencia representa el reconocimiento de lo ocurrido y de los daños sufridos. Su verdadero valor estará en las transformaciones que genere en sus vidas y territorios.
Bogotá, 13 de noviembre de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió sentencia e impuso Sanciones Propias a cinco antiguos integrantes de la fuerza pública, hallados máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados falsamente como bajas en combate en Dabeiba y otros municipios del Noroccidente de Antioquia, cometidos entre 2002 y 2006.
Las Sanciones Propias se impusieron a los comparecientes luego de que los mismos aportaran verdad y reconocieran su responsabilidad por estos graves crímenes. Dichas sanciones contemplan restricciones efectivas de derechos y libertades, así como la obligación de realizar trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador (TOAR), orientados a contribuir a la reparación de los daños causados a las víctimas y las comunidades.
La decisión se refiere a 18 hechos que dejaron 35 víctimas directas. En estos crímenes estuvieron involucrados integrantes de unidades militares como el Batallón de Contraguerrillas No. 79 y el Batallón de Contraguerrillas No. 26.
Una sentencia que reconoce a las víctimas y abre caminos para la restauración
Para las víctimas, esta decisión representa el reconocimiento de lo ocurrido, de sus historias y de los daños que sufrieron. Así lo expresó Esneda Altamirano, tía de Jhon Jarvi Cañas Cano, víctima de estos crímenes, en un video proyectado durante la lectura de la sentencia, en el que compartió un mensaje sobre el significado de esta decisión judicial y la importancia de la labor de la JEP.
“Para nosotras, las víctimas, esta sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el Caso Conjunto 03 y 04 no es simplemente un documento jurídico. Representa el reconocimiento de lo que ocurrió, de nuestras historias y de los daños que sufrimos”, señaló.
En su mensaje, destacó la importancia de que las voces, experiencias y propuestas de las víctimas fueran escuchadas durante el proceso y tenidas en cuenta en la construcción de los proyectos restaurativos. Para ellas, estas iniciativas representan una oportunidad para reconstruir lo que la guerra destruyó y para que el reconocimiento de los daños se traduzca en acciones concretas en beneficio de las comunidades.
El mensaje también reivindica la importancia de la JEP y de su labor en el reconocimiento de la verdad y los derechos de las víctimas, y resalta que la confianza en la institución se fortalece cuando las decisiones se cumplen, las víctimas son escuchadas y los compromisos se convierten en hechos.
El magistrado Juan Ramón Martínez Vargas, ponente de la decisión y quien ha liderado el proceso, resaltó que la “tragedia humana” que atravesó esta región del país “encuentra en esta sentencia una respuesta judicial histórica”.
“Es una respuesta proporcional a la gravedad de los crímenes, pero que, sobre todo, habría sido imposible sin el coraje, la memoria y el trabajo incansable de las víctimas y las comunidades, así como del compromiso con la verdad aportado por los comparecientes”, agregó.
Igualmente, enfatizó que “la Sanción Propia no es impunidad; es el corazón del modelo de justicia transicional nacido del Acuerdo de Paz (…). Está consagrada constitucionalmente, desarrollada en una ley estatutaria y sostenida en los estándares internacionales de responsabilidad del Estado y del individuo”.
La vicepresidenta de la JEP, la magistrada Diana Vega Laguna, resaltó que en Dabeiba “la verdad permitió saber qué ocurrió” y que “el reconocimiento exigió asumir responsabilidad. Los TOAR anticipados llevaron esa responsabilidad a acciones concretas. Las Sanciones Propias abren ahora una etapa de cumplimiento verificable junto a las víctimas, las comunidades y los territorios”, afirmó la vicepresidenta.
¿Quiénes fueron sentenciados y qué responsabilidades tenían?
La JEP declaró máximos responsables a cinco antiguos integrantes de la fuerza pública que, para la época de los hechos, desempeñaron distintos cargos de mando y conducción de operaciones en unidades militares involucradas en los crímenes. Ellos son:
Oficiales
- Edie Pinzón Turcios, mayor y comandante de la compañía B – Bravo del Batallón de Contraguerrillas No. 26 entre enero de 2002 y julio de 2003. Fue declarado responsable, a título de coautor indirecto, de desaparición forzada, en concurso con homicidio en persona protegida y asesinato. Recibió una Sanción Propia de seis años y dos días.
- Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, capitán y comandante de la compañía B – Bravo del Batallón de Contraguerrillas No. 26 entre octubre de 2000 y enero de 2003. Fue declarado responsable, a título de coautor, de desaparición forzada, en concurso con homicidio en persona protegida y asesinato. Recibió una Sanción Propia de seis años y seis meses.
- Efraín Enrique Prada Correa, mayor y comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 entre diciembre de 2005 y octubre de 2006. Fue declarado responsable, a título de coautor, de desaparición forzada, en concurso con homicidio en persona protegida y asesinato. Recibió una Sanción Propia de seis años, seis meses y diez días.
Suboficiales
- Jaime Coral Trujillo, sargento segundo y posteriormente sargento viceprimero. Se desempeñó como comandante de pelotón en el Batallón de Infantería No. 1 General Simón Bolívar y en el Batallón de Contraguerrillas No. 79. En esta última unidad también fue segundo comandante de la compañía España (desde agosto de 2004 hasta agosto de 2005) y comandante de la primera contraguerrilla de la compañía Canadá 1 (a partir de septiembre de 2005 hasta junio de 2006). Fue declarado responsable, a título de coautor, de desaparición forzada, en concurso con homicidio en persona protegida y asesinato; y, a título de cómplice, de homicidio en persona protegida y asesinato en otros hechos. Recibió una Sanción Propia de cinco años, seis meses y diez días.
- William Andrés Capera Vargas, cabo primero (del 31 de agosto de 2005 al 14 de noviembre de 2007) y posteriormente sargento segundo (desde marzo de 2007) del BCG 79. Se desempeñó como comandante de escuadra de la compañía C – Canadá y comandante de contraguerrilla de la compañía D – Dinamarca del Batallón de Contraguerrillas No. 79. Fue declarado responsable, a título de coautor, de desaparición forzada, en concurso con homicidio en persona protegida y asesinato. Recibió una Sanción Propia de cinco años, ocho meses y 25 días.
En el marco de esta decisión, los crímenes por los que fueron declarados responsables corresponden a desaparición forzada y asesinato, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, y homicidio en persona protegida, constitutivo de crimen de guerra.
Tres patrones de criminalidad en el Noroccidente de Antioquia
Durante la etapa de investigación ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, la JEP identificó tres patrones por medio de los cuales se configuraron los crímenes. El primero corresponde al asesinato de campesinos de la región, señalados de manera prejuiciosa de tener vínculos con la insurgencia, en un contexto de alianzas entre agentes estatales y grupos paramilitares.
El segundo patrón estuvo relacionado con el asesinato de personas ajenas a los territorios, que fueron trasladadas bajo engaño desde Turbo y Medellín para ser presentadas como resultados operacionales de las unidades militares.
El tercero consistió en la desaparición forzada mediante el ocultamiento de los cuerpos y el uso de cementerios municipales, particularmente el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, y el cementerio municipal de Ituango.
Los aportes a la verdad de los comparecientes permitieron recuperar 77 cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. De estos, 18 han sido identificados, y 17 entregados dignamente a sus familias. Este resultado representa un avance en la búsqueda de las personas desaparecidas y en el derecho de sus familias a conocer la verdad sobre lo ocurrido.
Otras situaciones procesales relacionadas con el caso
Por otra parte, frente al compareciente Levis de Jesús Contreras Salgado, quien inicialmente hizo parte del grupo de comparecientes vinculados a este caso, su situación fue remitida a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Al determinarse que no cumplió los criterios para ser considerado máximo responsable, su proceso dejó de estar en etapa de juicio ante la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
Asimismo, la situación de los comparecientes Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Fidel Iván Ochoa Blanco será definida por la Sala de Reconocimiento de Verdad, luego de que la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad declarara la nulidad parcial de la calificación jurídica del crimen de tortura que les fue imputado.
Nueve proyectos para contribuir a la restauración de los territorios
Como parte de las Sanciones Propias, los cinco comparecientes deberán desarrollar nueve proyectos restaurativos en distintos municipios de Antioquia. Estas iniciativas fueron priorizadas junto con las víctimas y buscan responder a los daños ocasionados, contribuir a la transformación de los territorios y recuperar espacios y condiciones de vida afectados por los crímenes.
Los proyectos abarcan acciones de infraestructura, desminado humanitario, memoria, búsqueda de personas desaparecidas e iniciativas productivas. Su ejecución irá de diciembre de 2026 a octubre de 2034, de acuerdo con los cronogramas previstos para cada iniciativa.
Construcción de caminos para la paz. Entre diciembre de 2026 y octubre de 2034 se desarrollarán acciones de mejoramiento de caminos en Dabeiba, Turbo, Carepa, Ituango, Frontino, Mutatá, Cañasgordas, Apartadó, Chigorodó y Buriticá. Esta iniciativa busca contribuir a la conectividad y a las condiciones de movilidad de las comunidades de estos municipios.
Despejar caminos para la vida. Entre enero y diciembre de 2027 se llevarán a cabo acciones de desminado humanitario en Dabeiba, Murindó, Mutatá y Turbo. El proyecto busca contribuir a la recuperación de espacios afectados por la presencia de minas antipersonal y a generar condiciones más seguras para las comunidades.
Intervención en la Terminal de Transportes del Norte de Medellín. Entre febrero de 2027 y septiembre de 2034 se desarrollará una intervención restaurativa en este lugar, identificado en el proceso judicial como escenario de reclutamiento bajo engaño de personas que posteriormente fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate.
Murales e intervenciones artísticas y dispositivos de contenido memorial. Entre enero de 2027 y septiembre de 2034 se realizarán intervenciones en Dabeiba, Ituango, Carepa, Turbo y Medellín. Estas acciones buscan contribuir a la construcción de memoria sobre lo ocurrido, al reconocimiento de las víctimas y a la dignificación de sus historias en los territorios.
Campaña de recuperación del buen nombre de las víctimas y del territorio. Esta iniciativa se desarrollará entre agosto de 2027 y septiembre de 2034, con acciones en Dabeiba y Medellín y un alcance que también busca llegar a públicos de todo el país. Su propósito es contribuir al reconocimiento de las víctimas, a la recuperación de su buen nombre y a la transformación de los estigmas que han afectado a las comunidades y al territorio.
Reconstrucción de puentes sobre el río Sucio. Entre enero y diciembre de 2028 se adelantará esta intervención de infraestructura en Dabeiba. La reconstrucción busca contribuir a recuperar las condiciones de movilidad y conectividad de las comunidades que utilizan estos pasos.
Intervención integral en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Entre junio de 2028 y septiembre de 2034 se desarrollarán acciones en este lugar de inhumación, escenario central de los hechos de desaparición forzada documentados por la JEP. La iniciativa se vincula con la memoria, la dignificación de las víctimas y las acciones relacionadas con la búsqueda y el reconocimiento de las personas desaparecidas.
Sembrar oportunidades para el futuro. Entre enero de 2029 y mayo de 2034 se desarrollarán iniciativas productivas dirigidas a víctimas en Cañasgordas, Dabeiba, Medellín, Ituango, Carepa, Itagüí, Montebello, Apartadó, Bello, Frontino, Mutatá y Puerto Nare. El proyecto busca generar oportunidades y contribuir a las condiciones de vida de las personas y comunidades afectadas por el conflicto armado.
Búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Entre agosto de 2029 y agosto de 2034 se adelantarán acciones de búsqueda en las regiones de Urabá y Occidente de Antioquia, así como en el área metropolitana de Medellín. Esta iniciativa busca contribuir a la localización de las personas que continúan desaparecidas y al derecho de sus familias a conocer su paradero.
La sentencia proferida por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad establece que los cinco comparecientes deberán cumplir sus actividades restaurativas de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, con una hora de almuerzo. Este horario podrá modificarse por quien esté a cargo de la supervisión de las obras o actividades, cuando las necesidades del servicio o situaciones como factores climáticos así lo requieran.
Asimismo, los comparecientes deberán desplazarse desde sus lugares de residencia hasta los sitios donde se ejecutarán los proyectos, de acuerdo con los horarios establecidos. Cualquier desplazamiento por fuera de su lugar de residencia o del área de ejecución de los proyectos deberá contar con autorización judicial de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
A través de estos proyectos, las Sanciones Propias buscan que las obligaciones impuestas por la JEP se traduzcan en acciones concretas de restauración. Como lo expresaron las víctimas a lo largo de este proceso, el verdadero valor de una sentencia también estará en su capacidad de transformar sus vidas y sus territorios, contribuir a la recuperación de la confianza y abrir caminos para la reconciliación y la no repetición.
