COMUNICADO 19
La JEP escucha a víctimas del Magdalena Medio en Audiencia de Observaciones del Caso 08
- 529 víctimas acreditadas presentarán, mediante voceros y representantes judiciales, observaciones a las versiones voluntarias rendidas por 35 comparecientes, en el marco de la investigación del Caso 08 en el Magdalena Medio.
- En el Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, la JEP investiga crímenes presuntamente cometidos por integrantes de la fuerza pública y otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares.
- La investigación prioriza la denominada “toma paramilitar de Barrancabermeja” ocurrida entre 1998 y 2000.
- En el marco del Caso 08, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha sistematizado 974 informes y más de 12.000 archivos.
- El acervo probatorio del Subcaso Magdalena Medio, que está siendo contrastado por la sala para la determinación judicial de los hechos y de los máximos responsables, incluye 60 de estos informes, 33 sentencias de Justicia y Paz, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miles de documentos obtenidos en inspecciones a los archivos oficiales de la V Brigada del Ejército Nacional, el Batallón de Artillería de Defensa Aérea N.º 2, el Batallón de Inteligencia N.º 2 y el Batallón de Contraguerrillas N.º 45, entre otros.
Barrancabermeja, 27 de febrero de 2026. A través de sus voceros y representantes judiciales, más de 529 víctimas acreditadas en el Subcaso Magdalena Medio del Caso 08 harán observaciones a lo dicho por 35 comparecientes en versiones voluntarias ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. La audiencia pública se llevará a cabo en Barrancabermeja, Santander, entre el 27 y el 28 de febrero.
En el Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, la JEP investiga crímenes presuntamente cometidos por antiguos integrantes de la fuerza pública y otros agentes estatales, en asociación con grupos paramilitares y con la posible participación de terceros civiles, entre 1998 y 2000, período en el que se produjo lo que se conoce como la toma paramilitar de Barrancabermeja.
Durante la audiencia, que será presidida por la magistrada Catalina Díaz, relatora de este subcaso, los voceros de las víctimas intervendrán directamente para presentar su visión y sus observaciones sobre lo dicho por los comparecientes en las versiones rendidas ante la Sala de Reconocimiento de Verdad.
En sus intervenciones, las víctimas podrán expresar su comprensión y valoración frente a lo dicho por los comparecientes, así como sus aportes sobre el contexto de la violencia, lo que les consta en relación con los hechos específicos y, sobre todo, los daños que sufrieron.
Concluida esta etapa, la sala avanzará en la contrastación de todo el acervo probatorio acopiado durante la investigación. Posteriormente, emitirá el Auto de Determinación de Hechos y Conductas, en el que definirá los hechos más representativos, los crímenes cometidos y los máximos responsables.
Avances de la investigación
El Caso 08 investiga los crímenes cometidos por antiguos miembros de la fuerza Pública y otros agentes del Estado en asociación con los paramilitares, en cinco territorios críticos: Antioquia, el Ariari/Guayabero/Caguán/Florencia, el Gran Magdalena, el Magdalena Medio y los Montes de María.
En total, en esta investigación se han acreditado 2.219 víctimas individuales y 97 sujetos colectivos, entre ellos asociaciones campesinas, sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos, e incluso municipios y territorios enteros, como El Carmen de Chucurí, la Junta Progresista del corregimiento de El Guayabo y cuerpos de agua como el río Magdalena y el Canal del Dique. Asimismo, se ha escuchado en versión voluntaria a 450 antiguos integrantes del Ejército, la Inteligencia militar, la Policía, la Armada y el DAS, así como a 146 testigos en declaraciones juradas, incluidas víctimas sobrevivientes, autoridades públicas, terceros civiles y jefes paramilitares desmovilizados.
En el Subcaso Magdalena Medio, entre octubre de 2023 y febrero de 2026, 35 comparecientes han rendido versión voluntaria ante la sala y se han recibido declaraciones de 10 testigos, incluidas víctimas representadas por la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), la Unión Sindical Obrera (USO), antiguos funcionarios de la Alcaldía de Barrancabermeja y de la Defensoría del Pueblo, así como exintegrantes de estructuras paramilitares.
La Sala de Reconocimiento de Verdad ha recibido, además, 60 informes de instituciones y organizaciones y ha analizado 33 sentencias emitidas por las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Barranquilla, Bogotá y Medellín, así como decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con hechos en la región.
La investigación ha incluido inspecciones judiciales a distintas unidades militares y policiales, entre ellas la V Brigada del Ejército Nacional, el Batallón de Artillería de Defensa Aérea N.º 2, el Batallón de Inteligencia N.º 2, el Batallón de Contraguerrillas N.º 45 y el Comando Operativo Especial del Magdalena Medio y el Departamento de Policía de Santander. Estas actuaciones han implicado la revisión de miles de documentos oficiales, archivos operacionales y piezas de inteligencia, así como denuncias, alertas y solicitudes de apoyo presentadas por víctimas y organizaciones sociales ante distintas autoridades.
El análisis y contrastación del acervo probatorio, incluidos estos miles de documentos oficiales junto con las versiones voluntarias y las declaraciones de testigos, ha permitido identificar mandos militares presuntamente responsables que habían sido mencionados de manera parcial en los procesos penales especiales de Justicia y Paz, así como acopiar información relevante sobre el conocimiento previo de los hechos, responsabilidades por acción y omisión y sobre las dinámicas operacionales que hicieron posible la ejecución y encubrimiento de los crímenes.
El periodo priorizado y la “toma paramilitar de Barrancabermeja”
El Subcaso Magdalena Medio del Caso 08 ha priorizado hasta ahora la investigación de lo que se conoce como la “toma paramilitar de Barrancabermeja”, ocurrida principalmente entre 1998 y 2000. Esta priorización responde a la intensidad de la violencia registrada en ese periodo, a su impacto territorial y a la concentración de hechos que evidencian un proceso progresivo de incursión, consolidación y control armado en la ciudad y su área de influencia.
La investigación ha establecido que la violencia desplegada entre 1998 y 2000 no fue un fenómeno aislado. Sus antecedentes se remontan a la consolidación de estructuras paramilitares surgidas durante las décadas de 1980 y 1990, que posteriormente se articularon en organizaciones como las Autodefensas del Sur del Cesar y Santander (AUSAC) y el Bloque Central Bolívar de las AUC.
Durante el periodo investigado, en el Magdalena Medio también hacían presencia estructuras guerrilleras que disputaban el control territorial en la región. Sin embargo, como resultado de la investigación judicial, la sala ha encontrado elementos de prueba que indican que la violencia ejercida por antiguos integrantes de la fuerza pública, otros agentes estatales y estructuras paramilitares tuvo como blanco a la población civil, que fue señalada o estigmatizada como colaboradora de las guerrillas, ampliando la noción de “enemigo” más allá de los combatientes.
La Sala de Reconocimiento de Verdad examina crímenes cometidos contra la población civil, entre ellos homicidios, desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos forzados, amenazas y otras graves violaciones a los derechos humanos.
Además de las masacres emblemáticas del 16 de mayo de 1998 y del 28 de febrero de 1999, la JEP ha identificado más de 16 hechos representativos. Entre ellos se encuentra la masacre ocurrida el 1 y 2 de agosto de 1998, en la que fueron asesinadas 12 personas y lesionadas cinco. También se incluye la masacre del 4 de octubre de 2000, en la que fueron asesinadas seis personas, incluidos dos niños, así como la toma del barrio Primero de Mayo, ocurrida el 23 y 24 de diciembre de 2000, durante la cual ingresaron a una casa, retuvieron a sus residentes y asesinaron a dos personas.
Los hechos ilustrativos del patrón macrocriminal incluyen también los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas de familiares de víctimas de las masacres que reclamaban justicia, como María Yesenia Amaya, esposa de una de las víctimas de la masacre del 28 de febrero, y Elizabeth Cañas, hermana de una de las víctimas del 16 de mayo, entre muchos otros casos.
La Sala de Reconocimiento de Verdad investiga además actos de persecución contra la Unión Sindical Obrera (USO) y sus líderes en el puerto petrolero. En muchos de estos crímenes se ha esclarecido judicialmente la participación de los paramilitares. La JEP, por su parte, está llenando el vacío que por años han reclamado las víctimas: ¿cuál fue la participación de los miembros de la fuerza pública, e incluso, de funcionarios de Ecopetrol en estos hechos?
Entre las víctimas se encuentran sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes campesinos, estudiantes, integrantes de partidos políticos de oposición, habitantes de barrios y sectores populares. En total, 529 víctimas individuales han sido acreditadas dentro del subcaso y participarán mediante vocerías en esta audiencia.
La sala ha reconocido, además, afectaciones colectivas y territoriales derivadas de los hechos investigados. En ese contexto, en mayo de 2025, fue acreditado como víctima el río Magdalena, al evidenciarse impactos sociales y ambientales asociados a las dinámicas de violencia y control armado desplegadas en la región.
Actores bajo investigación
La Sala de Reconocimiento de Verdad analiza la posible participación, aquiescencia u omisión de integrantes de las siguientes unidades del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, así como su presunta articulación con estructuras paramilitares.
Entre ellas se encuentran:
- Batallón de Artillería de Defensa Aérea N.º 2.
- Batallón de Inteligencia N.º 2 (BITE 2).
- Batallón Contraguerrillas N.º 45 “Héroes del Majagual”.
- Quinta Brigada del Ejército Nacional.
- Policía Nacional (Comando Operativo Especial en el Magdalena Medio y la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN)).
Asimismo, la Sala de Reconocimiento de Verdad examina la posible actuación de funcionarios vinculados a Ecopetrol y que presuntamente habrían hecho parte de la alianza criminal.
Con la audiencia de observaciones, la JEP culmina una etapa esencial del proceso dialógico. Tras esta diligencia, la sala continuará con la contrastación de todo el acervo probatorio recaudado —informes, expedientes y sentencias de la justicia ordinaria, documentos oficiales, versiones voluntarias, declaraciones juradas e inspecciones judiciales— y avanzará hacia la emisión del Auto de Determinación de Hechos y Conductas.
