COMUNICADO 139
La JEP hace un llamado al Gobierno a que se respete su autonomía y se garanticen los
recursos para su funcionamiento
- La JEP hace un enérgico llamado a respetar la separación de poderes, como
principio esencial del Estado constitucional de derecho, y a garantizar la
autonomía que le asiste a esta Jurisdicción.
- La JEP también manifiesta la preocupación por la falta de cumplimiento del
Gobierno Nacional, en sus obligaciones en materia de presupuesto, con el
componente restaurativo del Acuerdo Final de Paz.
Bogotá, 26 de septiembre de 2024. La Jurisdicción Especial para la Paz expresa su
preocupación ante las declaraciones públicas del Consejero Comisionado para la Paz,
Otty Patiño, en las cuales se refirió a un posible cierre de la JEP.
La JEP es un pilar de la institucionalidad de los acuerdos de paz firmados entre el
Estado colombiano y las extintas Farc-EP, en 2016. Y tiene la función fundamental de
convertirse en garante del cumplimiento de lo pactado en lo que respecta a su
componente judicial. Eso incluye garantizar que quienes se han sometido a esta
Jurisdicción puedan terminar sus procesos judiciales y saldar sus deudas con la justicia
y con las víctimas para así reintegrarse a la sociedad.
Cualquier cierre prematuro de JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre
todo a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Farc-EP y a los
miembros de la Fuerza Pública, pues se podría ver comprometida la regularización de
su situación judicial.
En ese sentido, la JEP tiene una función clave a futuro en lo que tiene que ver con la
estabilización, la seguridad jurídica, la protección de los derechos de las víctimas, la
reconciliación y el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
La JEP pone de presente que al Gobierno Nacional le corresponde garantizar y respetar
la estricta temporalidad de esta Jurisdicción, establecida con aval constitucional en el
Acuerdo Final de Paz, para que pueda investigar, juzgar y sancionar los más graves
crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Por ello, la JEP también manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento del
Gobierno nacional en sus obligaciones en materia de presupuesto con el componente
restaurativo del Acuerdo Final de Paz. La JEP llama la atención sobre el hecho de que el
presupuesto del Fondo Colombia en Paz haya sido reasignado. Este dinero estaba
destinado a la implementación de la imposición de sanciones, a través de las que los
comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las
víctimas y a sus comunidades. Esto puede llevar a un escenario en el que la JEP emita
sentencias y no existan recursos para ejecutarlas.
La JEP también alerta sobre la posición que puede tomar la Corte Penal Internacional
frente a cualquier decisión que apunte a cerrar la JEP antes de tiempo o que impida el
desarrollo de sus funciones, o restrinja los recursos para su operación. Esto puede ser
visto por la CPI como un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de
juzgar crímenes internacionales. Teniendo en cuenta que, a raíz del trabajo de la JEP, la
CPI decidió levantar el examen preliminar sobre Colombia en materia de investigar
crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Estas iniciativas desde el Ejecutivo resultan muy riesgosas si apuntan a que las nuevas
instituciones que se deben crear para resolver los asuntos judiciales de los procesos de
paz en curso se construyen sobre la base de la destrucción de la JEP o de su descrédito.
La JEP hace un enérgico llamado a respetar la separación de poderes, como principio
esencial del Estado constitucional de derecho, y a garantizar la autonomía que le asiste
a esta Jurisdicción.
