​COMUNICADO 154

La JEP hizo seguimiento a las garantías de seguridad integral de los comparecientes y reiteró que su protección exige un enfoque de seguridad humana

  • La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP revisó el cumplimiento de las medidas cautelares de protección y la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).
  • La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP coincidieron en que la violencia contra esta población persiste y va más allá de los homicidios.
  • Los ministerios del Interior y de Defensa y la Consejería Comisionada de Paz expresaron su compromiso para continuar respondiendo a las órdenes judiciales.
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Bogotá, 18 de noviembre de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó la audiencia pública nacional de seguimiento a las medidas cautelares de protección a favor de los comparecientes de la fuerza pública y de las extintas Farc-EP ante la JEP. La diligencia, dirigida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, reunió a firmantes y sus organizaciones, entidades del Gobierno nacional, departamental y municipal, organismos de control y 59 alcaldías y gobernaciones. Durante la jornada, la Sección escuchó a los asistentes sobre la situación de seguridad de quienes dejaron las armas y hoy tienen compromisos que vienen cumpliendo ante el Sistema Integral de Paz.

La audiencia se convocó tras las peticiones y acciones urgentes de los firmantes, en especial desde las 17 Nuevas Áreas de Reincorporación en riesgo alto, ubicadas en Antioquia, Cauca, Huila, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca. Este año se denunciaron amenazas, atentados, desplazamientos, una desaparición, cinco homicidios ocurridos en agosto y una incursión armada en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Aldemar Galán, en Patía (Cauca).

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Garantías de seguridad integral: un compromiso de Estado
La Sección recordó que el Acuerdo Final es una política de Estado y que los firmantes son sujetos de especial protección constitucional. Cada gobierno puede escoger cómo implementar lo pactado, pero no desconocerlo ni retroceder en lo avanzado. Por eso, garantizar la vida de quienes dejaron las armas no es solo una decisión de política pública: es una obligación que debe mantenerse en el tiempo y una condición para la credibilidad del proceso de paz.

En la audiencia se revisó el funcionamiento de las garantías de seguridad previstas en el Acuerdo, organizadas en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP). La Defensoría del Pueblo advirtió que los avances en los territorios son desiguales y que muchos compromisos aprobados todavía no se traducen en medidas concretas de prevención y protección.

La seguridad humana, más allá de los esquemas de protección
Uno de los mensajes centrales de la jornada fue que la seguridad de los firmantes no depende solo de escoltas y vehículos blindados. Esas medidas son necesarias ante un riesgo concreto, pero por sí solas no garantizan la vida ni la permanencia de los firmantes en sus territorios. Una protección integral también exige:
  • Condiciones dignas en los lugares donde viven
  • Continuidad de los proyectos productivos y del proceso de reincorporación
  • Presencia del Estado en los territorios
  • Investigación y sanción de los responsables
  • Acciones contra la estigmatización

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado urgente a frenar la estigmatización, que agrava el panorama de seguridad, sobre todo en Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá y Nariño. También pidió fortalecer la verificación de las medidas de protección y la coordinación entre entidades. De igual forma, afirmó que las restricciones presupuestales podrían afectar la vivienda, los proyectos productivos y el acompañamiento territorial de la reincorporación.

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) explicó que la violencia contra esta población no se limita a los asesinatos. También incluye hechos que impiden a los firmantes permanecer en el territorio, trabajar, educar a sus hijos y sostener su proyecto de vida. 

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Las entidades también señalaron la estigmatización como un factor de riesgo. La UIA identificó 233 cuentas en redes sociales que difundieron mensajes hostiles e incitaciones a la violencia contra firmantes, con más de un millón de seguidores en total. La defensora del Pueblo hizo un llamado urgente a frenar estos señalamientos.

Lo que muestran las cifras
Durante la audiencia, las entidades presentaron cifras distintas, ya que cada una usa su propia fuente y fecha de corte, pero todas muestran la persistencia de la violencia.
  • UIA-JEP: registra 533 firmantes asesinados, 18 de ellos en 2026, además de 1.584 víctimas de desplazamiento forzado, 31 de desaparición forzada y 34 de secuestro. En conjunto, el 17 % de quienes dejaron las armas ha sido asesinado o ha sufrido otra grave afectación.
  • Defensoría del Pueblo: advirtió que el 67 % de los homicidios ocurrieron en municipios donde había alertas tempranas vigentes.
  • Fiscalía General de la Nación: reportó una reducción de los homicidios en 2026 frente al año anterior y avances en investigaciones, capturas y sentencias contra los responsables.
Compromisos del Gobierno nacional
El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, afirmó que la seguridad de los firmantes y el cumplimiento de las órdenes judiciales son una prioridad del Gobierno, y la calificó como un imperativo ético y una obligación constitucional. Anunció que la Unidad Nacional de Protección hará nuevos estudios de riesgo según los estándares de la Corte Constitucional.

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El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, señaló que la protección de los firmantes en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación es una responsabilidad primaria de su cartera. Informó que 1.513 uniformados acompañan a 1.548 firmantes en esos espacios.

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La consejera comisionada de Paz, Viviane Morales, aseguró que el Gobierno respetará los derechos de las víctimas y de los firmantes, así como las decisiones judiciales. Anunció que se harán propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo y que el Presupuesto General de la Nación buscará asegurar los recursos para la seguridad de los firmantes y sus familias, dentro de un marco de austeridad fiscal. También presentó cuatro ejes de trabajo para el último tercio de la implementación: liderazgo institucional, monitoreo continuo, medición de impacto y transparencia y rigor técnico. 

La Sección valoró estos compromisos y reiteró que seguirá ejerciendo sus competencias para el seguimiento de este trámite de las medidas cautelares con la firmeza que exige la protección de los derechos fundamentales. Su propósito es que ninguna persona sea asesinada, amenazada, desplazada o estigmatizada por haber confiado en la paz.

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Por último, la magistratura anunció que abrirá un incidente de medidas correccionales contra la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, por no haber asistido a la diligencia.