COMUNICADO 155
La JEP identifica a diez generales retirados del Ejército como máximos responsables por su contribución, desde los más altos niveles de mando militar, a la expansión nacional de los ‘falsos positivos’ entre 2005 y 2008
- La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que los asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por integrantes de diversas unidades militares ocurrieron a lo largo de todo el país como parte de un patrón de conducta sistemático y generalizado que causó miles de víctimas.
- La Sala pudo esclarecer judicialmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, 2.702 personas fueron asesinadas para ser presentadas falsamente como bajas en combate. Estos crímenes ocurrieron en 1.625 hechos y dejaron 44 personas sobrevivientes. De ese total, 2.077 víctimas y 34 sobrevivientes corresponden al periodo comprendido entre 2005 y 2008.
- La Sala individualizó como máximos responsables de la escala nacional de este fenómeno criminal a 10 generales del Ejército Nacional, un ex comandante del Ejército, un Inspector General, a quien comandó el Comando Conjunto Caribe y a siete generales retirados comandantes de división.
- La Sala de Reconocimiento llamó a reconocer responsabilidad a un general, cinco mayores generales y un brigadier general. Asimismo, remitió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) los procesos de otros tres oficiales retirados —dos generales y un mayor general—, tras valorar sus actuaciones procesales previas, en las que manifestaron que no reconocerían responsabilidad.
- Los diez comparecientes fueron identificados como máximos responsables por su contribución, desde los comandos de división, el Comando Conjunto Caribe, la Inspección General y la Comandancia del Ejército, a la expansión y consolidación del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, entre 2005 y 2008.
- Para adoptar esta decisión, la Sala de Reconocimiento realizó un análisis integral de los hallazgos de los subcasos territoriales de este macrocaso y contrastó la información con documentación operacional, de inteligencia, administrativa y de mando de las estructuras militares a las que estuvieron vinculados los generales llamados a reconocer responsabilidad.
- El Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP documentó 7.961 víctimas con nombre propio entre 1990 y 2016 a partir de la integración y depuración de todas las bases de datos oficiales y no gubernamentales disponibles, de los 1.018 informes entregados a la JEP, de las 801 versiones voluntarias y la evidencia acopiada durante 7 años de investigación.

Bogotá, 19 de noviembre de 2026. La Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la etapa de investigación en el esclarecimiento de las responsabilidades del nivel nacional del Caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado, tras establecer que estos crímenes ocurrieron desde al menos 2002 y llamó a reconocer responsabilidad a siete generales retirados y remitió a otros tres a la UIA por su participación en la consolidación del patrón nacional entre 2005 y 2008.
En la Fase Nacional de investigación del Caso 03, liderada por el magistrado Óscar Parra Vera, la JEP determinó un patrón macrocriminal que dejó 2.077 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado y 34 personas sobrevivientes entre 2005 y 2008. La Sala estableció que este fenómeno se manifestó desde, al menos, 2002, bajo distintas dinámicas territoriales, y que entre 2005 y 2008 adquirió una dimensión nacional, periodo en el que se concentró el 76% de la victimización determinada en el Caso 03.
En total, entre 2002 y 2008, la Sala determinó 2.702 víctimas mortales en 1.625 hechos y 44 personas sobrevivientes. Durante este periodo, la victimización aumentó hasta alcanzar su punto más alto en 2007, con 856 víctimas mortales.
La investigación del Caso 03 permitió establecer que estas prácticas, inicialmente asociadas a factores como la estigmatización contrainsurgente, las relaciones de connivencia con estructuras paramilitares y las presiones por obtener resultados operacionales, experimentaron una transformación progresiva. Entre 2005 y 2008, esta evolución estuvo marcada por la consolidación de una política de facto que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional. Así, las prácticas criminales se expandieron y reprodujeron a escala nacional, articuladas en torno a una finalidad común: asesinar a personas protegidas y presentarlas ilegítimamente como bajas en combate para aparentar resultados militares exitosos.
La Sala analizó el papel que habría desempeñado cada uno de los comparecientes en el fenómeno criminal, teniendo en cuenta las funciones que ejercía, las actuaciones que se le atribuyen y su relación con los hechos investigados. A partir de este análisis, los llamó a reconocer responsabilidad como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los asesinatos y las desapariciones forzadas de personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. La sala consideró que, desde sus respectivos cargos y mediante el uso de sus funciones, habrían contribuido a que estas prácticas criminales se extendieran y consolidaran en distintas regiones del país.
Por su contribución a la expansión y consolidación del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate entre 2005 y 2008, desde los comandos de división, el Comando Conjunto Caribe, la Inspección General y la Comandancia del Ejército, fueron llamados a reconocer responsabilidad: el general (r) Luis Felipe Paredes Cadena; los mayores generales (r) Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina, Guillermo Quiñónez Quiróz y el brigadier general (r) José Joaquín Cortés Franco.
La sala también identificó como máximos responsables por estos crímenes a los generales (r) Mario Montoya Uribe y Óscar Enrique González Peña, y al mayor general (r) Luis Roberto Pico Hernández. Sin embargo, tras valorar sus actuaciones procesales previas en las que manifestaron de manera expresa y reiterada que no reconocerían responsabilidad por los hechos y conductas que les fueron atribuidos por la JEP, la sala remitió sus procesos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde se adelantará un proceso adversarial.
Este Auto de Determinación de Hechos y Conductas de la Fase Nacional del Caso 03 es el resultado de una investigación integral que reunió los hallazgos y las determinaciones de los subcasos territoriales del Caso 03; los elementos relevantes sobre esta práctica criminal identificados en el subcaso conjunto de los casos 03 y 04 (Dabeiba) y en el Caso 02; las conclusiones de las actuaciones adelantadas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, y los resultados de la actividad investigativa desarrollada directamente por la Sala de Reconocimiento durante la Fase Nacional.
El análisis de estos elementos permitió articular los hallazgos de las distintas regiones y profundizar en el esclarecimiento de cómo el patrón macrocriminal se expandió y consolidó con la contribución de integrantes de los niveles superiores de la estructura militar.
La dimensión de la investigación
La magnitud de la investigación del Caso 03 se refleja en la cantidad y diversidad de información reunida, contrastada y analizada durante su desarrollo. En total, la Sala de Reconocimiento recibió seis informes de entidades estatales —dos de la Fiscalía General de la Nación, dos de la Procuraduría General de la Nación, uno de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y uno de la Secretaría Ejecutiva de la JEP— y 59 informes de organizaciones de víctimas y pueblos indígenas. También recibió 827 versiones voluntarias y 63 declaraciones juradas; profirió nueve autos de Determinación de Hechos y Conductas y cinco resoluciones de conclusiones; y realizó ocho audiencias de observaciones a las versiones de los comparecientes, desarrolladas en 24 sesiones, así como dos mesas técnicas con víctimas, que tuvieron lugar en cuatro sesiones.
A este trabajo se suman al menos 227 inspecciones judiciales a expedientes de la justicia ordinaria y penal militar, hospitales y archivos de gobiernos locales. También se examinaron archivos militares de inteligencia, operaciones y ayudantías, así como documentación de los comandos de batallones, brigadas, divisiones y del Comando del Ejército Nacional.
Este amplio conjunto de información fue uno de los principales insumos de la Fase Nacional. En esta etapa, la JEP no solo adelantó nuevas actuaciones investigativas, sino que integró y contrastó los hallazgos de los subcasos territoriales con otros elementos que permitieron profundizar en las responsabilidades de los niveles superiores del mando militar. Entre ellos se encuentran 33 informes de análisis y contexto elaborados por el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) y remitidos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ), los aportes de verdad escritos y orales presentados por comparecientes ante esa Sala y 50 resoluciones de renuncia a la persecución penal. El análisis conjunto de estos elementos permitió comprender mejor cómo se expandió y consolidó el patrón macrocriminal y establecer las contribuciones individuales que sustentan los llamados a reconocer responsabilidad formulados en esta última fase de la investigación.
A partir de este trabajo, se identificaron cuatro modalidades principales mediante las cuales se cometieron los crímenes: el asesinato de personas previamente señaladas como integrantes o colaboradoras de grupos armados ilegales; la captación de víctimas mediante engaños; el asesinato de personas heridas, fuera de combate o en condiciones de indefensión; y el aprovechamiento del control territorial de las unidades militares para cometer los crímenes.
Las víctimas eran personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), es decir, civiles que no participaban directamente en las hostilidades o personas heridas o que se encontraban fuera de combate. Estos crímenes vulneraron gravemente sus derechos a la vida, la libertad y la integridad personal. Sus consecuencias, además, trascendieron a las víctimas directas: afectaron a sus familias y comunidades, debilitaron el tejido social, deterioraron la confianza en las instituciones y lesionaron el derecho de la sociedad a conocer la verdad.
Hasta la fecha, la JEP ha acreditado a 5.164 víctimas en el Caso 03, de las cuales 3.068 son mujeres, principalmente de Antioquia, Casanare y Cesar. Esta distribución guarda relación con los hallazgos de la investigación, que identificó una concentración importante de la victimización en Antioquia, Casanare, Huila, Norte de Santander y la región Caribe. Así, las cifras de acreditación y las determinaciones judiciales ofrecen perspectivas complementarias para dimensionar la magnitud de los crímenes y su impacto en distintas regiones del país.
El contexto en el que se produjeron los crímenes
Al culminar siete años de investigación, la JEP determinó que los asesinatos y las desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate no surgieron de una sola causa ni se desarrollaron de la misma manera en todo el país. Desde sus primeras manifestaciones, estas prácticas estuvieron relacionadas con distintas dinámicas territoriales, entre ellas la estigmatización de la población civil como supuesta colaboradora de la insurgencia, las relaciones de connivencia entre integrantes de unidades militares y estructuras paramilitares, y las presiones por obtener resultados operacionales.
Al mismo tiempo, entre 2002 y 2008, la confrontación armada experimentó cambios importantes. La implementación de la política de defensa y seguridad y de estrategias militares como el Plan Patriota fortaleció las capacidades operacionales del Estado y debilitó progresivamente a las guerrillas, en particular a las extintas Farc-EP y al ELN. Estas organizaciones perdieron presencia y control sobre amplias zonas del territorio nacional, especialmente en departamentos como Antioquia, Meta, Huila y Norte de Santander, así como en regiones estratégicas del Magdalena Medio y la Costa Caribe. Esta transformación coincidió con varios de los territorios en los que se determinó una mayor concentración de víctimas.
Después del fin de la zona de distensión en San Vicente del Caguán, en 2002, y de la reestructuración de la ofensiva militar estatal, las extintas Farc-EP modificaron progresivamente su estrategia. Dejaron la guerra de movimientos que había caracterizado su expansión durante la década de 1990 y retomaron una táctica de guerra de guerrillas basada en la dispersión, la movilidad y el repliegue hacia zonas de retaguardia. Sus estructuras se desplazaron hacia territorios selváticos, montañosos y fronterizos, como zonas de Putumayo y Norte de Santander limítrofes con Ecuador y Venezuela, así como hacia sectores de difícil acceso de las cordilleras Central y Oriental. También redujeron el tamaño de sus unidades, incrementaron el uso de minas antipersonal y privilegiaron los ataques contra la infraestructura, evitando los enfrentamientos directos con la Fuerza Pública.
Estos cambios tuvieron consecuencias sobre las posibilidades de obtener resultados operacionales legítimos. Mientras el Ejército Nacional aumentaba su pie de fuerza, modernizaba sus capacidades y ampliaba su presencia territorial, disminuían las oportunidades de sostener combates regulares con las organizaciones insurgentes. En distintas regiones, las unidades militares enfrentaban mayores dificultades para localizar al enemigo, entablar enfrentamientos y producir bajas legítimas en combate. Sin embargo, incluso en territorios donde las guerrillas habían sufrido derrotas estratégicas o se encontraban debilitadas, las exigencias institucionales de presentar resultados operacionales se mantuvieron.
Las presiones por presentar muertos como indicador de éxito militar no se ajustaron a las transformaciones de la confrontación ni a las condiciones concretas de cada territorio. Se mantuvieron incluso en zonas donde los enfrentamientos habían disminuido considerablemente. Esta desconexión entre las exigencias de resultados y las condiciones reales de la guerra contribuyó a crear incentivos para presentar resultados ficticios.
Otro elemento que incidió en el desarrollo de estas prácticas fue el creciente relacionamiento del Ejército Nacional con personas desmovilizadas, informantes y colaboradores civiles. En un contexto en el que las estructuras insurgentes estaban más dispersas, ocultas o replegadas, la inteligencia humana adquirió importancia para ubicar a presuntos integrantes de organizaciones armadas ilegales.
A su vez, el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) dejó a algunos excombatientes en condiciones de vulnerabilidad económica y social. Según la investigación de la JEP, entre 2003 y 2006 estas condiciones facilitaron su incorporación a redes de colaboración con unidades militares en distintas regiones del país.
Sin embargo, algunos integrantes del Ejército desviaron estos mecanismos de colaboración de sus fines legítimos y los utilizaron para cometer crímenes. En determinados casos, desmovilizados, informantes y reclutadores participaron en la selección, ubicación, señalamiento, engaño y entrega de personas que posteriormente fueron asesinadas y presentadas falsamente como integrantes de organizaciones armadas muertos en combate.
Estas prácticas también estuvieron precedidas y acompañadas por procesos de estigmatización que afectaron tanto a las víctimas directas como a amplios sectores de la población civil. En territorios con presencia histórica de grupos insurgentes se extendieron discursos y señalamientos que asociaban a comunidades enteras con la guerrilla por su lugar de residencia, sus actividades económicas, su pertenencia étnica o su participación en procesos organizativos y comunitarios. De esta manera, campesinos, líderes sociales, jóvenes, indígenas y habitantes de regiones como Arauca, Casanare, Meta, Antioquia, Catatumbo y la Sierra Nevada de Santa Marta fueron señalados como posibles colaboradores o integrantes de grupos armados ilegales, sin que existieran elementos suficientes para sustentar esas acusaciones.
Esta estigmatización contribuyó a borrar la distinción entre quienes participaban directamente en las hostilidades y la población civil. También facilitó la selección de víctimas y creó condiciones para aceptar o justificar graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos. Los señalamientos no terminaron con los asesinatos y las desapariciones: se extendieron a las familias y comunidades, que tuvieron que enfrentar sospechas, discriminación y cuestionamientos sobre la supuesta vinculación de sus seres queridos con organizaciones insurgentes.
En conjunto, estos elementos permiten comprender cómo un fenómeno que inicialmente respondió a distintas causas y dinámicas territoriales experimentó una transformación progresiva. Entre 2005 y 2008, las diferentes prácticas criminales convergieron en una finalidad común: asesinar personas y presentarlas ilegítimamente como bajas en combate para aparentar resultados militares exitosos y responder a las exigencias institucionales de producir bajas. De esta manera, prácticas que habían surgido bajo motivaciones y formas de organización diversas terminaron articulándose en un patrón macrocriminal de alcance nacional. Esto no significa que existiera una única organización criminal centralizada, sino que distintas dinámicas delictivas confluyeron y se reprodujeron en diferentes regiones del país.
La política de facto: las bajas en combate como medida del éxito militar
En este proceso se consolidó al interior del Ejército Nacional una política de facto que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional. Esta política se desarrolló de manera paralela a las directrices oficiales de seguridad y defensa del Estado, que contemplaban diferentes mecanismos legítimos para enfrentar a los grupos armados ilegales. Sin embargo, en la práctica, la efectividad de las unidades militares comenzó a medirse y compararse principalmente por la cantidad de personas reportadas como muertas en combate, mientras que otros resultados legítimos, como las capturas y las desmovilizaciones, perdieron relevancia. Lo que inicialmente se identificó en determinadas unidades militares fue reproduciéndose en distintos niveles de mando y proyectándose desde la Comandancia del Ejército Nacional.
Esta política se sostuvo mediante un sistema de presiones y exigencias por resultados que se transmitía a través de reuniones de comandantes, programas radiales y mecanismos de seguimiento y evaluación de las operaciones. Las cuotas de bajas, las clasificaciones y comparaciones entre unidades, los llamados de atención y los cuestionamientos públicos a quienes no alcanzaban los resultados esperados promovieron una competencia en la que el número de muertes reportadas se convirtió en un criterio determinante para evaluar el cumplimiento de la misión militar.
A estas presiones se sumaron incentivos para quienes reportaban los resultados esperados, como felicitaciones, condecoraciones, permisos y otros reconocimientos. Por el contrario, quienes no alcanzaban las metas podían enfrentar cuestionamientos sobre su desempeño e incluso eventuales relevos de mando. Así, el sistema de presiones y estímulos reforzó la idea de que el éxito de una unidad militar dependía, ante todo, de la cantidad de bajas que pudiera reportar.
La exigencia de resultados operacionales no constituía, por sí misma, una actuación ilegal. Sin embargo, la manera en que se implementaron estas exigencias, en un contexto en el que ya existían denuncias y alertas sobre la presentación irregular de bajas en combate, contribuyó a crear condiciones que favorecieron la expansión del patrón macrocriminal. La continuidad de las presiones y los incentivos, sumada a la falta de controles eficaces frente a las irregularidades conocidas y a las prácticas de encubrimiento, permitió que integrantes de distintas unidades militares siguieran presentando asesinatos y desapariciones forzadas como resultados legítimos de operaciones militares.
El desmonte de la política de conteo de cuerpos
El auto también examina cómo se desmontó la política de facto de conteo de cuerpos. La Sala de Reconocimiento analizó las medidas que adoptaron el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares entre 2005 y 2008, con las que buscaban frenar los asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Encontró una contradicción: mientras el nivel estratégico en el Ministerio y el Comando de las Fuerzas expedía circulares preventivas y creaba comités de seguimiento a las denuncias de los crímenes, en el día día de las unidades militares prevaleció la exigencia de bajas como el único indicador real de éxito. Según el auto, esa exigencia se transmitía desde la comandancia del Ejército y los comandantes de División y Brigada mediante alocuciones diarias, programas radiales y anotaciones en las hojas de vida. A las tropas se les pedían “litros de sangre”. La Sala también concluyó que el fenómeno era conocido desde antes de 2008. Desde 2002 y 2003, autoridades territoriales, organismos internacionales, organizaciones sociales, la prensa y las propias dependencias del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y el Ejército registraron alertas. Algunos mandos militares las desestimaron como parte de una supuesta “guerra jurídica” de la guerrilla.
El auto reconstruye esta respuesta estatal en tres fases. Entre 2005 y 2006, el Comando General expidió circulares sobre derechos humanos y uso de la fuerza. En junio de 2006, la Circular 5470 señaló por primera vez por escrito que dar de baja al enemigo no era una prioridad al evaluar resultados. Ese mes, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía acordaron que el CTI debería hacer todas las inspecciones de las muertes en combate.
En enero de 2007, en comunicado público oficial, por primera vez, el Ministerio de Defensa señaló que “aquellas bajas que no sean el resultado de operaciones de la fuerza pública son absolutamente inaceptables” y desvinculó de la Fuerza a un Coronel que “habría tenido vínculos con las autodefensas ilegales” y que habría podido estar involucrado en “casos de bajas que podrían no ser el resultado de operaciones militares”. En junio de 2007, con la Directiva Permanente No. 10 de ese año, el Ministerio creó un comité de seguimiento a las denuncias por homicidio en persona protegida, con la OACNUDH y el CICR como invitados permanentes. A finales de ese año, el Comando General ordenó privilegiar las desmovilizaciones y capturas sobre las muertes en combate con la Directiva Permanente No. 300-28 del 20 de noviembre de 2007. Esta directiva constituyó el intento más ambicioso por redefinir los parámetros de evaluación de los resultados operacionales, al ordenar textualmente: “privilegiar como medición de los resultados operacionales las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas, y de éstas a su vez sobre las muertes en combate”.
Para la Sala, estas medidas se enfrentaban a la presión por bajas ejercida desde la comandancia del Ejército. El punto de quiebre llegó en 2008, con el caso de los jóvenes de Soacha y Ciudad Bolívar asesinados en Ocaña y Cimitarra por miembros del Ejército Nacional quienes los presentaron ilegítimamente como bajas en combate. El Ministerio creó entonces la Comisión Transitoria de Inspección, conocida como Comisión Suárez. Las conclusiones de la Comisión Suárez pusieron de manifiesto la magnitud y el grado de sistematicidad que había alcanzado el fenómeno criminal para 2008, así como la centralidad que adquirió la lógica del conteo de cuerpos en la medición de resultados operacionales. El 29 de octubre de 2008, el Gobierno retiró del servicio activo a 27 miembros del Ejército, entre ellos tres generales.
La Sala concluye que la acumulación de normas escritas no bastó para desmontar la política de facto. Según el auto, el cambio real del patrón, reflejado en una caída de los registros a finales de 2008 y durante 2009, obedeció a tres factores. El primero fue el cambio formal del indicador de éxito militar con la Directiva 300-28 de 2007. El segundo fue la verificación independiente de la Comisión Suárez en las propias unidades, que constató, entre otros hechos, la alteración posterior de documentos de inteligencia y el uso de armamento decomisado para simular combates. El tercero fue la sanción pública del presidente de la República con el retiro de los 27 militares. Para la Sala, esa decisión privó a la política de conteo de cuerpos del respaldo y la impunidad de que había gozado. Según el auto, por sí solas, las normas escritas no bastaron para desactivar el patrón macrocriminal; tuvo que concurrir la verificación independiente y la voluntad política para sancionar a los responsables.
El patrón macrocriminal identificado por la JEP
A partir de la integración y contrastación de los hallazgos territoriales con los resultados de la Fase Nacional del Caso 03, la JEP estableció que, entre 2005 y 2008, los asesinatos y las desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate convergieron en un patrón macrocriminal de alcance nacional. Su finalidad común era producir resultados operacionales ficticios para aparentar éxitos en la confrontación armada y responder a las exigencias de reportar bajas en combate.
Aunque los crímenes ocurrieron en diferentes territorios y fueron cometidos por integrantes de unidades militares con distintas estructuras, formas de organización y grados de coordinación, la investigación permitió establecer que el alcance nacional del fenómeno no respondió a una única organización criminal centralizada. Se configuró, más bien, a partir de la convergencia de distintas dinámicas delictivas, favorecidas por las contribuciones de integrantes del Ejército Nacional desde diferentes niveles de mando.
La expansión y persistencia de este patrón estuvieron favorecidas por la articulación de tres mecanismos principales. El primero fueron las presiones ejercidas desde los niveles de mando para obtener resultados operacionales medidos principalmente en bajas en combate. El segundo fue un sistema de incentivos y reconocimientos que estimuló la presentación de esos resultados. El tercero comprendió las prácticas institucionales que facilitaron dar apariencia de legalidad a los crímenes y encubrirlos.
Estas últimas prácticas no se limitaron a simular enfrentamientos o alterar las escenas de los hechos. También incluyeron el uso de procedimientos, documentos y canales institucionales para presentar las muertes ilegítimas como resultados de operaciones militares legítimas. A ello se sumaron actuaciones y decisiones en los ámbitos operacional, administrativo y disciplinario que contribuyeron a ocultar las irregularidades, así como fallas en la supervisión y el control por parte de los niveles superiores de mando. En conjunto, estos mecanismos favorecieron la continuidad y reproducción de las prácticas criminales.
El patrón no se manifestó de la misma manera en todo el territorio nacional. Hubo diferencias en la forma de seleccionar y captar a las víctimas, en las circunstancias en que fueron asesinadas, en la participación de terceros y en los mecanismos utilizados para encubrir los hechos. Las prácticas, además, cambiaron a lo largo del periodo investigado, particularmente por el uso cada vez mayor del engaño y el aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad de las personas. A partir de los hallazgos territoriales y de la investigación de la Fase Nacional, se identificaron cuatro modalidades principales de ejecución:
Primera modalidad: asesinato de personas señaladas como integrantes o colaboradoras de grupos armados ilegales
Esta modalidad comprendió el asesinato y la desaparición forzada de personas que habían sido señaladas como integrantes, colaboradoras o auxiliadoras de grupos armados ilegales. Los señalamientos se basaban en información que no había sido contrastada o en prejuicios relacionados con el lugar donde vivían las personas, sus relaciones sociales o su supuesta cercanía con la insurgencia.
Esta práctica especialmente presente en las primeras manifestaciones del fenómeno respondió a una lógica de estigmatización contrainsurgente que extendió la idea de enemigo a sectores de la población civil. En diferentes territorios, las víctimas fueron seleccionadas a partir de señalamientos de informantes, integrantes de estructuras paramilitares o miembros de las propias unidades militares. Posteriormente, fueron asesinadas y presentadas como bajas legítimas en combate.
Segunda modalidad: captación de víctimas mediante engaños
En esta modalidad, las víctimas eran seleccionadas y captadas mediante falsas ofertas de trabajo, promesas de ingresos u otras oportunidades. En muchos casos se trataba de personas que atravesaban condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y que eran trasladadas lejos de sus lugares de residencia hasta sitios previamente escogidos, donde eran asesinadas y presentadas como integrantes de organizaciones armadas muertos en combate.
Se identificó la participación de militares y terceros civiles que, en determinados territorios, conformaron redes de reclutamiento y recibieron pagos por entregar a las víctimas. Esta modalidad adquirió especial relevancia durante el periodo de mayor expansión del fenómeno (2005 - 2008) y estuvo acompañada de mecanismos para simular enfrentamientos armados y dificultar la identificación de las personas asesinadas.
Tercera modalidad: asesinato de personas heridas, fuera de combate o en condiciones de indefensión
Esta modalidad comprendió el asesinato de personas que, incluso en escenarios de confrontación armada o durante operaciones militares legítimas, se encontraban protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. Se trataba de personas heridas, rendidas, capturadas o que estaban bajo el control efectivo de la tropa.
En lugar de garantizar su protección, brindarles atención médica o ponerlas a disposición de las autoridades competentes, integrantes de unidades militares las asesinaron y presentaron sus muertes como resultados de combate. Estos hechos se documentaron tanto en enfrentamientos reales como durante operaciones de rescate, procedimientos antisecuestro y otras actuaciones en las que las víctimas se encontraban indefensas o habían dejado de participar en las hostilidades.
Cuarta modalidad: aprovechamiento del control territorial para cometer los crímenes
En esta modalidad, las víctimas eran personas que transitaban o permanecían circunstancialmente en lugares donde se encontraban desplegadas unidades militares. A diferencia de otras formas de ejecución, no necesariamente habían sido seleccionadas con anterioridad, señaladas como colaboradoras de grupos armados o captadas mediante engaños.
Los responsables aprovecharon su presencia y el control que ejercían sobre determinadas zonas para retenerlas, asesinarlas y presentar posteriormente sus muertes como resultados legítimos de operaciones militares. También se documentaron alteraciones de las escenas, elaboración de informes falsos y otras prácticas destinadas a ocultar las circunstancias reales de las muertes.
La expansión de este patrón ocurrió pese a las numerosas denuncias y alertas que, desde años anteriores, habían presentado familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y distintos actores institucionales. Entre 2005 y 2008, el Estado adoptó respuestas y medidas frente a estas denuncias, pero los mecanismos de prevención, seguimiento y modificación de los indicadores de éxito operacional no lograron frenar las presiones por reportar bajas en combate ni las prácticas criminales que se desarrollaban en las unidades militares.
Un punto de inflexión ocurrió a finales de octubre de 2008, cuando se conocieron públicamente los asesinatos de jóvenes de Soacha, presentados ilegítimamente como bajas en combate, y los hallazgos de la investigación interna adelantada por la denominada Comisión Suárez. Ante esta situación, el presidente de la República de la época dispuso el retiro de 27 oficiales del Ejército Nacional. Para la JEP, esta decisión marcó un punto de quiebre en la política de facto que había favorecido la expansión y continuidad del patrón macrocriminal.
La responsabilidad determinada por la JEP de los altos mandos militares en la expansión y consolidación del patrón macrocriminal
En la Fase Nacional del Caso 03 la Sala de Reconocimiento examinó las actuaciones de diez generales retirados del Ejército Nacional y el papel que habrían desempeñado en la expansión y consolidación del patrón macrocriminal. Para ello, analizó las funciones que ejercieron en las distintas estructuras de mando, las decisiones que adoptaron, las actuaciones que se les atribuyen y sus respuestas frente a las denuncias e irregularidades conocidas durante el periodo investigado.
Estos oficiales ocuparon algunas de las posiciones más altas de la estructura militar, desde las cuales se dirigían y coordinaban operaciones de numerosas unidades en distintas regiones del país. Un comandante de división tenía bajo su mando varias brigadas, responsables de operaciones militares en amplias zonas del territorio nacional. Un comandante de comando conjunto articulaba las operaciones de fuerzas militares de distintas ramas en una región estratégica, mientras que el comandante del Ejército ejercía la dirección de esta fuerza a escala nacional. Se trataba, por tanto, de posiciones con capacidad para impartir órdenes, establecer prioridades operacionales e incidir en la forma en que las unidades subordinadas desarrollaban sus operaciones y evaluaban sus resultados.
Este análisis permitió establecer las contribuciones individuales que sustentan su identificación como máximos responsables, por sus aportes a la expansión, consolidación y sostenimiento de los asesinatos y las desapariciones forzadas de personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate entre 2005 y 2008.
El general (r) Mario Montoya Uribe
La investigación encontró bases suficientes para considerarlo máximo responsable por su contribución a la consolidación e institucionalización de una política de facto de conteo de cuerpos que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional.
Según encontró esta Sala en esta etapa procesal, entre diciembre de 2003 y noviembre de 2008, el entonces general Mario Montoya Uribe ejerció sucesivamente como comandante de la Primera División, del Comando Conjunto Caribe No. 1 (CCON1) y del Ejército Nacional y durante ese período contribuyó a la consolidación de una política de facto orientada a privilegiar las bajas en combate como principal indicador de éxito militar.
La Sala documentó que el señor Montoya Uribe promovió mecanismos de presión, seguimiento y competencia entre unidades, mediante programas radiales, metas cuantitativas, clasificaciones o “rankings” y sistemas de incentivos que privilegiaban el reporte de muertos en combate sobre otros resultados operacionales. Aunque el compareciente sostuvo ante la JEP que nunca promovió conductas ilícitas, que fue engañado por sus subordinados y que impulsó múltiples directrices para la protección de los derechos humanos y el DIH, la Sala encontró que existen suficientes elementos para considerar que Mario Montoya Uribe conoció tempranamente denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y que, pese a ello, mantuvo las presiones y los incentivos asociados al aumento de bajas. La sala también examinó su contribución a los mecanismos de encubrimiento y a la adopción de medidas que aparentaban responder a las irregularidades conocidas, pero que no habrían impedido la continuidad del patrón criminal. En conjunto, estos aportes habrían favorecido su expansión y sostenimiento en distintas regiones del país.
El general (r) Óscar Enrique González Peña
La Sala encontró también que existen bases suficientes para considera al señor González Peña como máximo responsable por su contribución a la consolidación e institucionalización de una política de facto de conteo de cuerpos que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional durante su periodo de comandancia del Comando Conjunto Caribe No. 1.
La Sala recuerda que el Comando Conjunto Caribe No. 1, fue la estrategia creada por el Comando General de las Fuerzas Militares para integrar de manera efectiva el poder de combate. En este sentido, este comando estaba conformado por cada uno de los componentes de las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y tenía bajo su responsabilidad operacional 331 municipios. En particular, respecto del componente Ejército, al Comando Conjunto Caribe No. 1 estaban adscritas a Primera y la Séptima División. A su vez, estas divisiones tuvieron a su cargo 6 brigada y con ello, cerca de 54 unidades militares. Esto evidencia que el Comando Conjunto Caribe No. 1 fue una de las principales unidades de combate de las Fuerzas Militares y, por ende, el señor González Peña, ostentaba uno de los cargos más relevantes dentro de la estructura del Ejército Nacional.
De acuerdo con la información recolectada por la Sala, Óscar Enrique González Peña habría contribuido a la expansión y sostenimiento del patrón macrocriminal mediante presiones constantes y públicas a las unidades militares bajo su mando para incrementar el número de muertos en combate reportados. La investigación también identificó la promoción de incentivos dirigidos a cumplir las exigencias de resultados operacionales asociadas a la política de facto.
Pese a que González Peña también enviaba mensajes a sus subalternos para promover el cumplimiento de las normas de derechos humanos y ordenaba verificar muertes en combate que podían corresponder a ejecuciones extrajudiciales, al mismo tiempo, mantuvo las presiones por aumentar las bajas reportadas y estableció las muertes en combate como principal indicador de éxito operacional. Todo esto sin implementar incentivos efectivos para que sus subordinados privilegiaran el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Además de esta presión por resultados, la Sala encontró que Óscar Enrique González Peña, pese a tener múltiples denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por hombres adscritos al CCON1, se abstuvo de ejercer de manera eficaz sus deberes de control y reproche sobre aquellos miembros del Comando Caribe que cometieron violaciones a los DDHH. Además, la Sala encontró que envió mensajes descalificando las denuncias que advertían la existencia de graves violaciones a los DDHH, cometidas por unidades militares del comando conjunto, enmarcándolas en la denominada “guerra jurídica”.
El mayor general (r) Carlos Orlando Quiroga Ferreira
La Sala encontró que el señor Carlos Orlando Quiroga también es máximo responsable por no haber ejercido de manera idónea las funciones que le fueron asignadas, como Inspector General del Ejército, para detener la comisión de estos crímenes. Incluso, aun conociendo irregularidades en los reportes operacionales de los hechos denunciados como ejecuciones extrajudiciales de personas para ser reportadas falsamente como bajas en combate, Quiroga Ferreira, se abstuvo de ejercer acciones correctivas contundentes que impidieran que dichas irregularidades continuaran pasando.
Por ejemplo, Quiroga Ferreira fue advertido de varias irregularidades en los procesos disciplinarios y este no tomó acciones correctivas frente a ellas aun teniendo las facultades para ello. Entre las irregularidades que Quiroga Ferreira conoció, se encuentran: (i) falta de inicio de las indagaciones preliminares propias del proceso disciplinario, en contra de militares que habrían participado en hechos cuestionados donde se presentaron bajas, (ii) vencimientos de términos para instruir las indagaciones preliminares, (iii) no ejercicio de atribuciones disciplinarias por parte de los comandantes de brigada y división e, (iv) irregularidades en los procesos de inspección llevados a cabo por los inspectores delegados.
La Sala encuentra que Quiroga Ferreira limitó sus funciones al envío de comunicaciones escritas a los comandantes de División, corriéndoles traslado de las denuncias, requerimientos de información y socialización de directivas. En algunos casos, realizó solicitudes puntuales a las que nunca dio seguimiento, pues a pesar de conocer que eran incumplidas, no realizó acciones correctivas al respecto aun teniendo las herramientas a disposición. Además, pese a conocer irregularidades cometidas por los Inspectores Delegados que estaban a su cargo, se abstuvo de tomar acciones correctivas en contra de estos. Quiroga Ferreira no hizo una supervisión estricta a la evolución de los procesos disciplinarios que se llevaban a cabo por presuntas violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH cometidos por el Ejército, ni tampoco adoptó medidas contundentes, que estaban a su alcance, para detener la comisión de más delitos.
Los generales que ejercieron como comandantes de división
En el caso de los generales que ocuparon cargos como comandantes de división, se identificaron contribuciones que, desde sus respectivos ámbitos de mando y según las particularidades de cada estructura militar, habrían favorecido la expansión y el sostenimiento del patrón macrocriminal en diferentes regiones del país.
Las actuaciones examinadas comprenden las exigencias por resultados operacionales, la promoción de las bajas en combate como indicador de éxito militar y las respuestas frente al conocimiento de denuncias e irregularidades. También incluyen el incumplimiento de deberes concretos de prevención y control para impedir la comisión de crímenes, pese a que los comparecientes habrían contado con la capacidad real y efectiva para hacerlo.
Aunque las contribuciones atribuidas a cada uno son diferentes y dependen de las funciones que desempeñaron, su análisis permitió esclarecer cómo las actuaciones y omisiones desde los cargos de mando habrían favorecido la reproducción y continuidad de estas prácticas en distintas regiones del país.
Los daños causados a las víctimas, sus familias y comunidades
Los asesinatos y las desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate causaron daños profundos y duraderos. Sus consecuencias no se limitaron a la pérdida de la vida de las víctimas directas: se extendieron a sus familias, comunidades y a la sociedad, y en muchos casos continuaron durante años después de ocurridos los crímenes.
Uno de los daños más graves fue la afectación al buen nombre y a la identidad de las personas asesinadas o desaparecidas. Para ocultar los crímenes y darles apariencia de legalidad, los responsables recurrieron a señalamientos y prácticas de deshumanización. Las víctimas fueron presentadas falsamente como integrantes de grupos guerrilleros, milicianos, delincuentes o colaboradores de organizaciones armadas ilegales. En numerosos casos se alteraron las escenas de los hechos, se sembraron armas y elementos de guerra, se utilizaron alias falsos y se destruyeron o modificaron documentos de identidad para hacerlas pasar por combatientes muertos en operaciones militares.
Estas actuaciones no solo afectaron la honra y la identidad de las víctimas, sino que sometieron a sus familias a nuevas formas de sufrimiento. Durante años, tuvieron que enfrentar señalamientos públicos, rumores, discriminación y cuestionamientos sobre la inocencia de sus seres queridos, al mismo tiempo que emprendían procesos de búsqueda, identificación y exigencia de justicia. En muchos casos, también fueron objeto de amenazas, hostigamientos y presiones para que abandonaran sus reclamos.
La investigación documentó, además, graves afectaciones a la salud física y emocional de las familias. Madres, padres, hijos, hijas, hermanos y otros seres queridos relataron experiencias prolongadas de depresión, ansiedad, desesperanza, alteraciones del sueño y deterioro de su salud. Algunos incluso enfrentaron nuevas pérdidas familiares asociadas al sufrimiento causado por los crímenes. En los casos de desaparición forzada, la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos prolongó el dolor y obligó a las familias a emprender búsquedas durante años, muchas veces en condiciones de precariedad y desprotección.
Los crímenes también deterioraron la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. Las víctimas dejaron de percibir a la Fuerza Pública como una institución encargada de brindar seguridad y protección. A esto se sumaron las respuestas insuficientes o revictimizantes de algunas autoridades judiciales y administrativas, que profundizaron los sentimientos de abandono, desconfianza e indefensión.
Los daños alcanzaron igualmente a las comunidades. Los asesinatos, las desapariciones, los señalamientos y las amenazas deterioraron las relaciones familiares y comunitarias, debilitaron organizaciones sociales, instalaron el miedo y el silencio y afectaron prácticas culturales. También provocaron desplazamientos forzados, rupturas del tejido social y pérdida de referentes colectivos fundamentales para la vida de las comunidades.
Los crímenes alteraron de manera sustancial los proyectos de vida de las víctimas y sus familias. Muchas perdieron a quienes constituían su principal fuente de sustento económico. Como consecuencia, algunas tuvieron que abandonar sus estudios, vender sus bienes, asumir deudas, desplazarse de sus territorios o modificar radicalmente sus planes y expectativas de futuro para enfrentar las consecuencias materiales y emocionales de lo ocurrido.
Finalmente, los daños tuvieron impactos diferenciados sobre mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Las consecuencias fueron particulares y se profundizaron por condiciones históricas de discriminación, exclusión y vulnerabilidad, que afectaron sus formas de vida, sus relaciones comunitarias, sus prácticas culturales y sus proyectos individuales y colectivos.
¿Qué sigue en el proceso?
Una vez notificados, los siete generales en retiro deberán manifestar si reconocen o no los hechos y su responsabilidad. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público también podrán presentar observaciones.
Si reconocen su responsabilidad, la JEP convocará a una audiencia pública para que aporten verdad ante las víctimas, la justicia y el país. Si el reconocimiento es pleno, detallado y exhaustivo, la Sala de Reconocimiento expedirá una Resolución de Conclusiones y remitirá el caso al Tribunal para la Paz, cuya Sección de Reconocimiento de Verdad determinará las sanciones correspondientes.
Si no reconocen su responsabilidad, sus casos podrán seguir la ruta adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que evaluará si hay mérito para formular una acusación ante el Tribunal para la Paz. De ser hallados responsables en juicio, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.
Vale la pena recordar que las decisiones de la Sala de Reconocimiento no son decisiones definitivas de responsabilidad. Estas decisiones se toman de acuerdo con nuestro estándar de prueba de bases suficientes para entender, pero que esto no descarta o limita la importancia de la decisión que es resultado de un análisis robusto de los elementos encontrados en la fase territorial del caso 03, que incorporó además hallazgos, aceptaciones de responsabilidad obtenidos por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, y donde se valoró conjuntamente, además, inspecciones declaraciones, versiones voluntarios y otras pruebas que se adoptaron en esta Fase de Instrucción Nacional.