COMUNICADO 110
La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes del Ejército, dos de la Policía y un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol por la toma paramilitar de Barrancabermeja
- Este es el primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas que adopta la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en el Caso 08, que investiga crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública y otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares.
- La Sala imputó a 12 máximos responsables por conformar una alianza criminal entre la Fuerza Pública, un funcionario del área de seguridad de la Refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja y los paramilitares. Esta alianza tenía como objetivo expulsar de Barrancabermeja al “enemigo común” identificado como la guerrilla y todo lo que así fuera considerado por los aliados. Para lograr este objetivo pusieron en marcha la toma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y 2000.
- La Sala identificó 473 víctimas individuales y reconstruyó 14 masacres, así como asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y actos de persecución contra habitantes de los barrios orientales, la Unión Sindical Obrera y la organización defensora de derechos humanos CREDHOS.
- Esta decisión constituye un hito judicial: es la primera vez que se imputa penalmente a integrantes de la Fuerza Pública por el conjunto de hechos criminales que constituyen la toma paramilitar de Barrancabermeja. La JEP parte de las decisiones judiciales en el proceso penal especial de justicia y paz contra mandos y combatientes paramilitares y retoma cientos de compulsas de copias contra agentes del Estado que no habían derivado en investigaciones ni condenas. La investigación de la JEP incluyó la inspección exhaustiva de los archivos de la inteligencia militar, de los distintos batallones del Ejército, el Comando Especial de la Policía y del Corporativo de Seguridad de Ecopetrol, así como35 versiones voluntarias, 10 declaraciones juradas, 60 informes, 33 sentencias de Justicia y Paz, y las observaciones de 72 voceros de víctimas.
Barrancabermeja, 2 de septiembre de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 comparecientes por su participación en la toma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y 2000. Nueve son antiguos integrantes del Ejército Nacional, dos pertenecieron a la Policía Nacional y uno es capitán retirado del Ejército, luego funcionario del área de seguridad del Complejo Industrial de Barrancabermeja de Ecopetrol y finalmente mando paramilitar del Bloque Central Bolívar.
La Sala de Reconocimiento llamó a reconocer responsabilidad a nueve de estos oficiales del Ejército y la Policía en calidad de coautores por su participación en la alianza que preparó, facilitó y sostuvo la toma paramilitar de Barrancabermeja. Así mismo, llamó a reconocer responsabilidad por omisión a los brigadieres generales (r) Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva. Peña Porras comandó el Batallón de Contraguerrillas 45 entre noviembre de 1997 y noviembre de 1999. Millán Pérez comandó la Quinta Brigada entre diciembre de 1996 y diciembre de 1998. Bravo Silva lo sucedió, entre diciembre de 1998 y septiembre de 1999. La Sala concluyó que, por sus funciones, facultades, información y recursos a mano, tenían capacidad para prevenir los crímenes, controlar a sus subordinados y proteger a la población civil.
La Sala de Reconocimiento les atribuye crímenes de guerra de homicidio, así como crímenes de lesa humanidad de exterminio y desaparición forzada. A tres de los comparecientes les imputa, además, persecución como crimen de lesa humanidad contra la Unión Sindical Obrera (USO) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS). La toma paramilitar de Barrancabermeja fue investigada en el proceso penal especial de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), a partir de la confesión de paramilitares desmovilizados con ocasión de la negociación entre el Gobierno de la época y la federación paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Tribunal Superior de Bogotá, en decenas de sentencias proferidas entre 2013 y 2026, determinó la responsabilidad de mandos y combatientes paramilitares. Los fiscales de Justicia y Paz remitieron a sus pares competentes 624 compulsas de copias sobre la presunta responsabilidad de agentes del Estado y terceros civiles en los hechos. En la inmensa mayoría de los casos, las remisiones no se tradujeron en investigaciones ni en condenas contra los miembros de la Fuerza Pública y los terceros involucrados. Salvo las decisiones emblemáticas de la Corte Suprema de Justicia en los casos de parapolítica en la región, que derivaron en sentencias condenatorias contra los excongresistas Luis Alberto Gil Castillo (exsenador), Alfonso Riaño Castillo (exrepresentante a la Cámara) y Carlos Reinaldo Higuera Escalante (exsenador), y contra los exalcaldes Julio César Ardila Torres (exalcalde de Barrancabermeja) y Zandalio Durán Rojas (exalcalde de Puerto Wilches).
A partir de los avances de justicia y paz y con una investigación exhaustiva, la JEP encontró que comandantes, segundos comandantes, oficiales de inteligencia y de operaciones de los Batallones del Ejército y la Policía y un antiguo funcionario del área de seguridad de la Refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja se aliaron con los paramilitares con el propósito común de expulsar a la guerrilla de la ciudad. Esta alianza militar-paramilitar entendió como “guerrilla” no sólo a los combatientes armados o a los milicianos que participaban directamente en las hostilidades, sino a los habitantes de los barrios orientales de la ciudad, a los movimientos sociales y sindicales y a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Los crímenes se dirigieron específicamente contra ellos.
En este contexto, la Sala ha determinado que entre el 8 de enero de 1998 y el 29 de diciembre de 2000, al menos 431 personas fueron asesinadas y 85 más desaparecidas forzadamente en Barrancabermeja. Solo en 1998, los hechos atribuidos a agentes del Estado en la ciudad pasaron de 22 a 310 —un aumento de más del 1.309 %—, un salto que la justicia colombiana identificó como el inicio de la toma paramilitar. Detrás de esas cifras hay catorce masacres, cientos de familias que buscaron durante años los cuerpos de sus seres queridos, y una ciudad entera que fue forzada a callar. La toma paramilitar de Barrancabermeja no fue una guerra entre bandos: fue la ejecución sistemática de un plan para borrar a quienes fueron señalados como el "enemigo", muchas veces simplemente, por vivir en un barrio, pertenecer a un sindicato o denunciar una violación de derechos humanos.
Con esta decisión, la JEP llega a un territorio que durante casi tres décadas ha buscado verdad y justicia frente a estos hechos. La Sala de Reconocimiento reconoce el sufrimiento de las comunidades de Barrancabermeja y el Magdalena Medio, la persistencia de sus organizaciones sociales y sindicales, y el coraje de quienes, pese al miedo y las amenazas, insistieron en que estos crímenes no quedaran en el olvido. Esta providencia es un paso importante en el esclarecimiento de la verdad y la realización de la justicia, que las víctimas han reclamado durante años.
Para entender la magnitud de lo ocurrido, esta decisión judicial describe la historia y el contexto de esa violencia. Barrancabermeja es una ciudad que se construyó alrededor del petróleo. La Unión Sindical Obrera nació en 1923, y ha sido mucho más que un sindicato para este municipio; desde su creación impulsó reivindicaciones sobre vivienda, salud, educación, y sus luchas incidieron en la nacionalización de la industria petrolera y la creación de Ecopetrol en 1951. Junto a ella creció una tradición cívica y campesina amplia; se formaron ligas agrarias, juntas comunales, organizaciones de mujeres y movimientos cívicos, que han dado forma a una región con una fuerte capacidad de movilización. En 1983 se creó la Coordinadora Popular de Barrancabermeja, que reunió a muchas de estas expresiones y lideró al menos veinte paros cívicos hasta 1990. Y en 1987 nació CREDHOS para documentar y denunciar la violencia contra la población civil. Esta historia de organización le valió a la región el estigma de “rebelde”, que precedió al conflicto armado y se profundizó con la presencia de las guerrillas.
El ELN, las Farc-EP y el EPL tuvieron presencia armada en el Magdalena Medio desde las décadas de 1960 y 1970. La Sala enfatiza que esa presencia nunca anuló la autonomía de los movimientos sociales. Las luchas sindicales, campesinas, cívicas y de derechos humanos tenían raíces propias, anteriores a la insurgencia, sostenidas por comunidades que defendían intereses legítimos. La alianza contrainsurgente que se consolidó en la región operó negando esa autonomía y tratando toda forma de organización social como extensión de la guerrilla. La estigmatización convirtió la pertenencia a una liga campesina, a un sindicato, a una organización de derechos humanos o a un barrio popular en motivo de sospecha.
Además, la Sala documentó la presencia de grupos paramilitares desde la década de 1970. El paramilitarismo regional se nutrió de la tolerancia, la cooperación o la participación de Agentes del Estado. Ya en 1983 una investigación del Procurador General identificó a 163 integrantes del grupo Muerte A Secuestradores (MAS), de los cuales 59 eran miembros activos de la fuerza pública. Puerto Boyacá se convirtió en el laboratorio de un modelo de autodefensa que articuló ganaderos, comerciantes, narcotraficantes, políticos y militares, y que se extendió al resto de la región. En los años 90, Guillermo Cristancho Acosta, conocido como ‘Camilo Morantes’, formó un grupo en San Rafael de Lebrija que en 1996 se consolidó como las Autodefensas de Santander y el Sur de Cesar (AUSAC). Integradas al proyecto nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estas estructuras buscaron dominar el Magdalena Medio y establecer un corredor entre Urabá y el Catatumbo. La toma de Barrancabermeja fue funcional a esa expansión. La decisión establece que esa toma fue posible por una alianza que conectó a las estructuras paramilitares con oficiales de múltiples unidades militares y policiales y con un funcionario del área de seguridad de la Refinería de Ecopetrol.
En ese marco la Sala documentó que el cerco paramilitar sobre el Magdalena Medio se extendió desde mediados de los años ochenta hasta 2006 en municipios como Cimitarra, San Pablo, Cantagallo, Puerto Wilches, San Alberto y San Vicente de Chucurí, y afectó a organizaciones campesinas, de trabajadores fluviales y de derechos humanos en toda la región. Un hecho emblemático de esta violencia fue, por ejemplo, la desaparición forzada de doce remeros tradicionales o “bogas” en la vereda La Corcovada de Cimitarra, en noviembre de 1986, en una operación conjunta del MAS de Puerto Boyacá y el Batallón Rafael Reyes contra campesinos y trabajadores del río Carare estigmatizados como colaboradores de la guerrilla. Otro hecho ocurrió en febrero de 1990, cuando los paramilitares asesinaron en Cimitarra a los líderes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) y a la periodista Silvia Duzán Sáenz, apenas un mes después de que las amenazas fueran denunciadas públicamente ante el Ministro de Defensa y el Alto Comisionado para la Paz. La decisión registra también la masacre de enero de 1992 en el barrio La Esperanza de Barrancabermeja, donde hombres armados asesinaron a seis personas junto al billar El Tropezón, en un hecho atribuido a la Red 07 de la Armada Nacional. También se recoge el homicidio de Wilfredo Quiñones Barcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez, ocurrido en septiembre de 1995, y perpetrado por miembros del Batallón Héroes de Majagual en Barrancabermeja, para presentarlos como bajas en combate. Asimismo, se aborda la victimización contra la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, que tampoco escapó a la estigmatización, al punto de que varios de sus dirigentes fueron judicializados.
La toma de Barrancabermeja fue el capítulo final de la ocupación paramilitar del Magdalena Medio
La Sala identificó que la incursión fue promovida activamente desde dos lugares: por un lado, desde el área de seguridad de la Refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, el capitán retirado del Ejército JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, fungió como actor bisagra entre el mundo empresarial de la seguridad, los mandos militares con quienes había compartido carrera, y los comandantes paramilitares con quienes mantenía vínculos previos. Por otro lado, la alianza se formó también desde Bucaramanga, por medio de los oficiales del Batallón de Inteligencia No. 2 (BITE2), adscrito a la Brigada 20 del Ejército.
En marzo de 1997, el comandante de esa unidad, JOSÉ DOMINGO GARCÍA GARCÍA, conocido en inteligencia como Don Raúl, contactó al comandante paramilitar Mario Jaimes Mejía, Panadero, con el oficial de inteligencia militar JUVENAL OVIDIO BRUGÉS PALMERA, conocido como Felipe. BRUGÉS PALMERA llevó a Panadero a reunirse con Camilo Morantes y acompañó la preparación de la incursión a Barrancabermeja. Para finales de 1997 la alianza se había completado, pues los oficiales de las unidades militares y policiales con jurisdicción en Barrancabermeja -el Batallón de Contraguerrillas No. 45, el Batallón de Artillería de Defensa Aérea No. 2 y el Comando Operativo Especial de Policía del Magdalena Medio, junto con el funcionario de seguridad de la Refinería- estaban alineados con los mandos paramilitares. El propio Panadero declaró ante la JEP que el plan de tomarse Barrancabermeja no era tanto el plan de Camilo Morantes. Era, según sus palabras, “el plan del BITE”, porque la guerrilla “tenía a los militares acuartelados en los batallones”.
Barrancabermeja era una ciudad altamente militarizada, y tenía además destacamentos policiales, aparatos de inteligencia y convenios de seguridad para la protección de infraestructura petrolera. Sin embargo, esta decisión judicial muestra que esa presencia fue selectiva, orientada a la defensa de activos estratégicos y a la lucha contra la insurgencia, y omitió la protección de la población civil. Desde el Batallón de Inteligencia No. 2, GARCÍA GARCÍA y BRUGÉS PALMERA produjeron documentos reservados que señalaron a la USO y a CREDHOS como fachadas de la guerrilla y transmitieron esos señalamientos a los paramilitares para que identificaran a los directivos y afiliados de ambas organizaciones como objetivos militares. JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, quien se desempeñaba como segundo en el área de seguridad de la Refinería en Barrancabermeja, reconoció ante la JEP que el objetivo común era “tomarse Barrancabermeja, quitar de las garras de Barrancabermeja a la guerrilla”. La alianza quedó plasmada, entre otras pruebas, en su propia admisión de que mientras ocupaba su cargo en la Refinería hacía parte de la nómina paramilitar y recibía pagos periódicos en efectivo de ‘Camilo Morantes’ y de ‘Panadero’.
Así operó el plan criminal en el terreno
La decisión determina que la masacre del 16 de mayo de 1998 fue el acto inaugural de la toma paramilitar. Ocho días antes, el presidente de la USO, Hernando Hernández, había alertado personalmente al comandante de la Quinta Brigada, Fernando Millán, sobre el ingreso inminente de los paramilitares. Sin embargo, la alerta fue ignorada. El capitán OSWALDO PRADA ESCOBAR, oficial de inteligencia del Batallón de Artillería Nueva Granada, entregó a los paramilitares un antiguo guerrillero convertido en informante del Ejército para que señalara a las víctimas; este informante era Alain Miller Bolaños, alias Maicol. El mayor JESÚS HERRERA GARCÍA, segundo comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 45 Héroes de Majagual, garantizó el paso de los vehículos paramilitares por la base de La Lizama, en la vía entre Barrancabermeja y San Rafael de Lebrija. El oficial de operaciones del Batallón Nueva Granada, CARLOS EDUARDO AVENDAÑO, ordenó retirar los carros blindados que protegían la vía de acceso a la ciudad. Y así, la noche del 16 de mayo, cerca de cincuenta hombres armados lograron ingresar en camiones y camionetas a la ciudad, recorrieron los barrios orientales, asesinaron a siete personas y se llevaron a veinticinco más, que fueron trasladadas a San Rafael de Lebrija, torturadas, asesinadas y desaparecidas en los días siguientes. Los soldados que estaban a pocos metros del recorrido paramilitar, en las Bases de Termoeléctrica y Pozo 7, escucharon disparos durante más de una hora y permanecieron acuartelados. Al término de la masacre, esa misma noche, los familiares de las víctimas salieron a recorrer las instalaciones militares y policiales buscando a sus seres queridos, mientras el comandante del Batallón Nueva Granada, ÓSCAR DIEGO SÁNCHEZ VÉLEZ, se dirigía a una fiesta en la Flotilla Fluvial del Magdalena Medio junto con altos mandos de la Armada y la Policía.
La Sala determinó, además, que este patrón se repitió en los meses siguientes. El 1 y 2 de agosto de 1998 los paramilitares perpetraron otra masacre que dejó once personas asesinadas y cuatro heridas. En esa incursión participó de nuevo alias Maicol, el mismo informante que PRADA ESCOBAR había entregado a los paramilitares antes de la masacre de mayo. Al día siguiente de los hechos, el teniente JUAN CARLOS CELIS HERNÁNDEZ, jefe de la SIJIN en Barrancabermeja, se presentó en la vivienda donde se ocultaban los perpetradores, los confrontó porque el número de víctimas superaba lo acordado y les dio cinco minutos para abandonar la ciudad antes de que otras patrullas los encontraran.
La decisión también describe la masacre del 28 de febrero de 1999 como el resultado de una alianza renovada, que mantuvo los acuerdos previos con el Ejército e incorporó nuevos actores policiales. Durante al menos seis semanas antes de la incursión, la Defensoría del Pueblo, el propio Ejército y organismos del Ministerio del Interior emitieron alertas precisas sobre un nuevo ataque paramilitar contra los barrios nororientales de Barrancabermeja. La amenaza era de conocimiento de todas las autoridades. Pese a ello, la coordinación avanzó con la misma arquitectura de las incursiones anteriores. El subintendente de la policía NILSON DURÁN DURÁN confesó ante la JEP que se reunió con los paramilitares con el propósito de apoyar la incursión y que les recomendó ejecutarla un fin de semana, cuando la dotación policial era menor. El día de la masacre, Camilo Morantes llamó por teléfono a GONZÁLEZ SÁNCHEZ y a HERRERA GARCÍA para que levantaran los retenes. Así, el día pactado, quince paramilitares en tres camionetas ingresaron por La Lizama, donde se encontraba una base del Batallón de Contraguerrillas No. 45 Héroes de Majagual, recorrieron varios barrios, atacaron un bazar comunitario y asesinaron a ocho personas, y dos más fueron desaparecidas, entre ellas Edgar Alfonso Sierra, un estudiante de diecisiete años integrante del movimiento juvenil de la Organización Femenina Popular.
Al año siguiente tuvo lugar la masacre del 4 de octubre de 2000 en los barrios El Cerro y El Castillo, que nuevamente reprodujo la misma lógica. Alias Sonia, hermana de Maicol y exguerrillera convertida en informante del Ejército y luego en integrante del grupo paramilitar, se infiltró en una reunión comunitaria, identificó a los asistentes y transmitió la información al grupo que esa noche asesinó a seis personas, entre ellas dos menores de edad.
La Sala investigó y esclareció en detalle estas masacres y otras diez perpetradas en Barrancabermeja entre 1998 y 2000, así como los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas y la persecución que configuraron la toma paramilitar. Las víctimas de estas masacres han luchado durante casi tres décadas por verdad y justicia, y algunas de ellas se han organizado en colectivos como el 16 de Mayo, el 28 de Febrero y el 4 de octubre, liderados en su mayoría por mujeres, que han sostenido la búsqueda de las personas desaparecidas y acciones permanentes de memoria y exigencia ante la justicia.
Estas masacres son el primero de tres conjuntos de hechos ilustrativos con los que la decisión describe el patrón macrocriminal de la toma. El segundo es la persecución contra la Unión Sindical Obrera, reconocida por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad como la tercera organización sindical más victimizada en el marco del conflicto armado colombiano. Según la Escuela Nacional Sindical, 116 miembros de la USO fueron asesinados entre 1986 y marzo de 2011; y según los informes de la propia USO, entre 1987 y 2019 se presentaron en total 808 casos de violaciones a derechos humanos contra sus miembros, entre ellos 125 homicidios. La Sala concluyó que esa persecución en su contra fue uno de los objetivos estratégicos de la toma paramilitar, pues la USO había sido estigmatizada durante décadas como organización infiltrada por la guerrilla.
La persecución incluyó asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, seguimientos por parte de la inteligencia militar, e infiltraciones al sindicato. El caso de Hernando Hernández Pardo, presidente de la USO entre 1995 y 2002, condensa todas esas modalidades. Hernández fue objeto de seguimiento de inteligencia, perfilado por el área de seguridad de Ecopetrol, víctima de múltiples atentados contra su vida, amenazado públicamente por los paramilitares, forzado al desplazamiento y al exilio, y judicializado bajo cargos que fueron desestimados por falta de pruebas. Fue él, además, quien alertó al comandante de la Quinta Brigada sobre la masacre del 16 de mayo, ocho días antes de que ocurriera.
La persecución contra la USO no se limitó a Barrancabermeja. El 30 de noviembre de 2001, Aury Sará Marrugo, presidente de la Subdirectiva Cartagena de la USO, fue interceptado por hombres armados, secuestrado junto a su escolta y hallado días después sin vida y con señales de tortura. Su hijo, Jorge Armando Sará, declaró ante la Sala que para él, como para otras tantas víctimas, la violencia significó eliminar para siempre la posibilidad de experimentar “un abrazo de su padre, de conocer el color de su sonrisa o el tono de su voz”.
El tercer conjunto de hechos ilustrativos es la persecución contra CREDHOS. Su trabajo de documentación, denuncia y acompañamiento de víctimas situó a la organización en el centro de la sospecha contrainsurgente. Durante la toma fueron asesinados varios de sus integrantes, su dirigencia sufrió amenazas y desplazamientos, y en el año 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió medidas cautelares. La trayectoria de su actual presidente, Iván Madero Vergel, ilustra esa persistencia a lo largo de más de tres décadas. Fue detenido en una base militar y sometido a tortura después del paro campesino del nororiente, que culminó en la masacre de Llana Caliente el 29 de mayo de 1988. En 1992 fue víctima de una tentativa de homicidio por parte de la Red 07 de la Armada; un hecho en el que resultaron asesinadas tres personas, entre ellas la integrante de CREDHOS Ligia Patricia Cortés Colmenares. Y durante la toma paramilitar, las amenazas y los atentados contra él y su familia lo forzaron al exilio.
Una investigación construida con las víctimas
483 víctimas individuales y 15 sujetos colectivos han sido acreditadas como intervinientes especiales y han participado activamente a lo largo de los 3 años del proceso judicial. Dentro de los sujetos colectivos se encuentran: CREDHOS, la USO, los colectivos de víctimas de las masacres de los 12 bogas, del 16 de mayo de 1998 y del 28 de febrero de 1999. Así como organizaciones y comunidades campesinas y de trabajadores como la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – Red Agroecológica Nacional (ACVC-RAN), la Junta de Acción Comunal Junta Progresista de la Ladera Santandereana del Corregimiento el Guayabo – JAPROLASAN— de Puerto Wilches y la Asociación de Contratistas del Magdalena Medio - ASOCONMM. A lo largo del proceso las víctimas participaron activamente entregando sus informes a la JEP, en las diligencias de versión voluntaria y en la presentación de observaciones por escrito y en audiencia pública. El 20 de abril de 2018, CREDHOS presentó ante el pleno de la Sala en Barrancabermeja el primer informe recibido por la JEP con la descripción de 30 casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH en el Magdalena Medio.
La Sala escuchó a 72 voceros de las 498 víctimas acreditadas durante la Audiencia de Observaciones de Víctimas, realizada en febrero y marzo de este año también en esta ciudad. En ella se conocieron los testimonios desgarradores de las víctimas de esta toma paramilitar, quienes narraron la pérdida de sus familiares en las masacres perpetradas por los paramilitares y la persecución posterior con la que buscaban silenciarlas. El 21 de marzo de 2026, durante la sesión realizada en Barrancabermeja, Leidy Barroso Amaya relató cómo su padre fue asesinado en la masacre del 28 de febrero de 1999. Un año después, en febrero de 2000, ella siendo una niña de 3 años y su madre fueron secuestradas: su madre permanece desaparecida hasta hoy, mientras que Leidy fue liberada. Según su relato, la desaparición de María Yesenia se enmarca en una persecución continuada contra su núcleo familiar: su abuelo, Raúl Amaya Carreño, fue asesinado tiempo después mientras la buscaba, y otros integrantes de la familia fueron víctimas de amenazas, desplazamiento y hostigamientos.
Entre octubre de 2023 y febrero de 2026, 35 comparecientes rindieron versión ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, en el Subcaso Magdalena Medio del Caso 08. La sala recibió también 10 declaraciones juradas de testigos. El primer testimonio recibido fue el de Jorge Gómez Lizarazo principal fundador y primer presidente de CREDHOS y a quien honramos y recordamos hoy en este momento difícil de salud.
Para esta decisión, la sala contrastó 60 informes, 33 sentencias de Justicia y Paz, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miles de documentos obtenidos en inspecciones a la Quinta Brigada, el BAADA2, el BITE2, el BCG4 5, el COEMM y el Departamento de Policía de Santander. Esas actuaciones permitieron revisar archivos operacionales, documentos oficiales y piezas de inteligencia, además de información aportada por víctimas, organizaciones y entidades del Estado.
La participación de las víctimas permitió documentar daños individuales, colectivos y ambientales. Las familias enfrentaron búsquedas prolongadas, la imposibilidad de hacer el duelo y la ruptura de sus proyectos de vida. Las amenazas y los asesinatos contra docentes desarticularon comunidades educativas. La violencia también fracturó el tejido social. En los barrios de Barrancabermeja instaló el miedo entre vecinos y vació espacios de encuentro. En El Guayabo, 25 familias huyeron y otras no tuvieron recursos para salir. Se interrumpieron bazares, actividades deportivas, mercados, cooperativas y formas de trabajo comunitario.
La decisión también documenta los daños infligidos al río Magdalena. Los paramilitares lo utilizaron de manera sistemática para ocultar los cuerpos de las víctimas de desaparición forzada, una práctica que lo convirtió en lo que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha llamado un “dispositivo de terror”. En las audiencias celebradas en Barrancabermeja, los pescadores ribereños relataron que en sus chinchorros y atarrayas, en lugar de pescado, aparecían partes de cuerpos desmembrados. Como lo describe el informe de solicitud de acreditación del río Magdalena, con la violencia del conflicto “El volumen de viajes y todas las estaciones que hacen las chalupas se redujeron, cortaron la posibilidad de diálogo. […] Silenciaron las fiestas, los cantos de vaquería para recoger el ganado, los festivales se silenciaron, […] Nos enmudecimos, todas las oraciones se silenciaron, los velones en el banco magdalena nunca más se volvieron a prender. Eso quizá es de las acciones más dolorosas para una región de río”.
¿Qué sigue en el proceso?
Lo que sigue en el proceso será la notificación a los 12 comparecientes imputados, quienes tendrán 15 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad, o controvertir la imputación con argumentos y elementos de prueba. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tendrán el mismo plazo para formular observaciones.
Si los compareciente reconocen responsabilidad y aportan verdad, la Sala de Reconocimiento podrá remitir una Resolución de Conclusiones al Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones restaurativas. En caso de no reconocer responsabilidad, sus casos podrán ser enviados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para iniciar un proceso adversarial que, de establecerse su responsabilidad, podría conducir a penas de hasta 20 años de prisión.
Finalmente, la Sala de Reconocimiento de Verdad convocará a Ecopetrol y a los representantes judiciales de las víctimas acreditadas a un diálogo de construcción de verdad con enfoque restaurativo. La JEP presentará los hallazgos, los patrones de victimización y los daños para que el diálogo parta de una comprensión común de lo establecido en la decisión. Ecopetrol podrá exponer su posición e iniciativas, y las víctimas podrán plantear también demandas de reparación y propuestas de trabajo. Este diálogo no constituye una versión voluntaria ni una diligencia de reconocimiento de responsabilidad, ni busca debatir la imputación individual contra el antiguo funcionario de la empresa, capitán retirado del Ejército y luego mando paramilitar José Eduardo González Sánchez. Será un primer paso de una ruta restaurativa que deberá ampliarse con la participación de las víctimas y sus comunidades.
