COMUNICADO 147
La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 11 excomandantes de las Farc-EP por violencia sexual, esclavitud sexual, de género y persecución contra civiles
- La Sala de Reconocimiento de Verdad, encargada de la investigación, les imputó también homicidio, violación, tortura, desplazamiento forzado y tratos crueles.
- La imputación se construyó con los relatos de 743 víctimas acreditadas. 573 de ellas son mujeres, incluidas 18 trans; 81 son hombres, de los cuales seis son trans. 272 personas eran niñas o niños cuando ocurrieron los hechos.
- De 2.222 procesos por violencia sexual y de género atribuidas a las Farc-EP registrados en la justicia ordinaria, el 91 % no llegó a juicio y el 78% no superó las etapas iniciales de investigación.
- Ninguno de los comparecientes imputados había estado en la cárcel por estos crímenes.
- La investigación del Caso 11 nació de una petición de las víctimas y sus organizaciones, que solicitaron a la JEP un espacio para investigar la violencia de género y por prejuicio en el conflicto armado.
Bogotá, 9 de noviembre de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 11 excomandantes de las Farc-EP por violencias basadas en género, violencia sexual y por prejuicio cometidos contra la población civil durante el conflicto armado. Los comparecientes fueron identificados como máximos responsables por mando o autoría directa de los crímenes de guerra de violación, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, tortura, tratos crueles y desplazar a personas civiles. También se les atribuye responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad de violación, violencia sexual, esclavitud sexual, persecución, asesinato, tortura y deportación o traslado forzoso de población. Por su gravedad estos crímenes no pueden recibir perdón judicial.
La investigación liderada por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll encontró que estas conductas afectaron especialmente a mujeres, niñas, adolescentes y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Sus valientes relatos entregados a la Jurisdicción han sido fundamentales para esclarecer los patrones de criminalidad, los daños ocasionados y las consecuencias que aún persisten. Detrás de la decisión hay 743 víctimas acreditadas que esperaron años para ser escuchadas. La JEP honra su lucha con esta decisión, producto de tres arduos años de trabajo, luego de que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, encargada de la investigación, abrió el caso en septiembre de 2023.
Esta decisión se da en el marco del Subcaso 01 del Caso 11, que investiga crímenes cometidos por las extintas Farc-EP contra civiles por razones de género, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género. Su propósito es esclarecer cómo los prejuicios y las relaciones desiguales de poder influyeron en las conductas de los actores armados y en las formas de violencia ejercidas contra quienes no participaban en el conflicto. (En el subcaso 02 del Caso 11, se abordan los crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública contra civiles. Ese proceso es liderado por el magistrado Óscar Parra Vera. En cuanto al Subcaso 03 del Caso 11, se investigan los crímenes intrafilas tanto en las Farc-EP como en el Ejército Nacional y ese proceso es liderado por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán).
Los 11 comparecientes a quienes se atribuye responsabilidad de mando o autoría directa en esta decisión son antiguos comandantes de frente, miembros de estados mayores y otros integrantes de los extintos bloques Sur, Oriental, Noroccidental, Occidental y del Comando Conjunto Central de las Farc-EP. Del Bloque Sur los imputados son Fabián Ramírez Cabrera, quien fue conocido como 'Fabián Ramírez'. También fue excomandante del Frente 14, y Floresmiro Burbano, quien fue conocido como 'Martín Corena', excomandante de los frentes 2 y 48. Del Bloque Oriental son Élmer Caviedes, quien fue conocido como 'Albeiro Córdoba', excomandante del Frente 44; Bertulfo Caicedo Garzón, quien fue conocido como 'Alberto Pitufo', exintegrante del Estado Mayor del Frente 27 a cargo de las finanzas; y Jaime Vásquez Calderón, quien fue conocido como 'Arquímedes', responsable de la llamada “oficina de quejas y reclamos” de las extintas Farc-EP en Vista Hermosa (Meta) durante la zona de distensión.
Del Bloque Noroccidental los imputados son Luis Óscar Úsuga Restrepo, quien fue conocido como 'Isaías Trujillo', excomandante del Frente 34, y Ovidio Antonio Mesa Ospina, quien fue conocido como 'Anderson' o 'Carranza', excomandante de los frentes Aurelio Rodríguez y 36. En cuanto al Comando Conjunto Central los imputados son Luis Eduardo Rayo, quien fue conocido como 'Marlon', excomandante del Frente 21, y Gustavo Bocanegra Ortegón, quien fue conocido como 'Donald', encargado de la organización política y de masas del mismo frente. Del Comando Conjunto de Occidente o Bloque Occidental los imputados son Jair Enrique Acosta Cuantindioy, quien fue conocido como 'Javier Guzmán' o 'Chugo', exintegrante del Estado Mayor del Frente 29, y Reinel Natalio García Mojica, quien fue conocido como 'Ricardo el Pija', excomandante de la Columna Móvil Jacobo Arenas.
La Sala examinó las posiciones de mando, las funciones desempeñadas y la participación de los comparecientes para determinar su responsabilidad individual en los crímenes investigados y, debido a ello, fueron seleccionados como máximos responsables por su liderazgo regional o participación determinante. Para la Sala estos excomandantes fueron responsables por no prevenir, investigar ni castigar a sus subalternos, quienes cometieron los crímenes directamente. Otros, por su parte, son autores directos. La Sala también encontró que la mayoría de los autores materiales murieron en la guerra.
La decisión también amplía las imputaciones de comparecientes que ya habían sido llamados a reconocer responsabilidad por otros hechos en otros macrocasos de la JEP, con el propósito de esclarecer las distintas conductas que se les atribuyen y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.
Durante décadas, estas historias se contaron en voz baja o no se contaron. El miedo a las represalias, la vergüenza, la estigmatización y un Estado que no pudo investigarlas ni sancionarlas por las dinámicas de la guerra las mantuvieron ocultas, a veces durante décadas. En la justicia ordinaria, de los 2.222 procesos relacionados con hechos atribuidos a las Farc-EP, el 91% de los casos no llegó a juicio, y el 78% permanecía en etapas preliminares de la investigación.
Hoy, los relatos de las víctimas ocupan un lugar central en una decisión judicial que esclarece qué ocurrió, quiénes son los máximos responsables, los patrones y lógicas bajo los cuales se cometieron, por qué estas violencias se dirigieron contra determinadas personas, cómo se relacionaron con las dinámicas del conflicto armado y qué consecuencias dejaron en sus vidas, familias y comunidades.
Estos comparecientes fueron imputados después de una rigurosa investigación que tuvo en cuenta los relatos de 743 víctimas acreditadas, y de 80 informes de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil. También recoge las versiones rendidas por 54 comparecientes de la extinta guerrilla ante la JEP, y las observaciones de las víctimas sobre lo dicho por los comparecientes en sus versiones. En estas audiencias, las víctimas además narraron de viva voz lo que padecieron ante la Jurisdicción.
Los patrones bajo los cuales las extintas Farc-EP cometieron los crímenes
La Sala encontró que, aunque las Farc-EP contaban con disposiciones internas que prohibían agresiones sexuales contra la población civil, estas reglas no impidieron la comisión de estos crímenes. Tampoco garantizaron mecanismos suficientes para prevenirlas, investigarlas y sancionarlas.
A partir de la contrastación de la información, la JEP identificó que estos crímenes no fueron hechos aislados, sino que se trató de dos patrones criminales: 1) Crímenes por el hecho de ser mujer: se trató de la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres civiles. 2) Violencia por prejuicio contra personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversa (OSIEGD).
Además, la investigación también recogió hechos de especial gravedad, entre ellos la violencia sexual contra civiles como forma de castigo por incumplir las reglas de la guerrilla o por sospechas de colaborar con grupos enemigos. Ahí la lógica era la búsqueda del control social y territorial. Estos últimos hechos también fueron imputados anteriormente en las decisiones 12 y 16 de 2026, en un trabajo conjunto con el Caso 10 de la JEP.
Crímenes por el hecho de ser mujer
(Patron 1: violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres civiles)
Los crímenes contra niñas, adolescentes y mujeres incluyen la violencia sexual, esclavitud sexual pero también agresiones basadas en estereotipos. Fueron formas de controlar, castigar o someter a las mujeres dentro de un orden construido sobre relaciones desiguales entre lo masculino y lo femenino. Estas conductas comprenden el primer patrón que documenta crímenes motivados por el hecho de que las víctimas eran mujeres.
Los relatos muestran que integrantes de las Farc-EP aprovecharon el poder que les daban las armas y las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas para cometer agresiones sexuales en viviendas, fincas, caminos, ríos y otros espacios de la vida cotidiana. Muchas de las víctimas se encontraban solas y no tenían posibilidades reales de resistirse o acudir a las autoridades.
El ataque contra una mujer en finca, en Vistahermosa (Meta), ilustra cómo se daban los crímenes en el marco de este patrón. En febrero de 2002, en la vereda Maracaibo, la mujer se encontraba en su casa sola con su pequeña hija mientras su esposo estaba en el casco urbano. Dos integrantes armados del Frente 27 llegaron pidiendo agua. Al abrir la puerta, uno de ellos la llevó al patio, la golpeó y la violó. Después la amenazó con matarla a ella y a su hija si denunciaba. Aunque el esposo denunció el hecho con uno de los comandantes guerrilleros de la zona, la guerrilla nunca investigó ni sancionó el caso.
Algo parecido le había pasado a otra mujer en Mapiripán (Meta), en 1997. Se encontraba en una finca rural cuando fue abordada e inmovilizada con arma blanca por el comandante del Frente 44, quien cometió agresiones sexuales en su contra. También en Río Blanco (Tolima), en 1999, integrantes del Comando Conjunto Central de las Farc-EP llegaron a un predio rural y pidieron alimentos. La mujer los llevó hasta el cultivo de plátano, y aprovechando que estaba sola, la amenazaron con las armas y luego la violaron tres guerrilleros. Después de ese hecho, le aseguraron que si contaba lo sucedido iban a asesinar a sus hijos.
La Sala también documentó hechos que no sucedieron de forma reiterada, pero que son especialmente graves, como la esclavitud sexual, la violencia contra niñas, niños y adolescentes y otras agresiones relacionadas con estereotipos de género. La Sala también examinó cómo las relaciones de poder y las concepciones sobre el lugar o el rol que debían ocupar las mujeres contribuyeron a generar condiciones para su sometimiento, agresión y discriminación. Entre los casos no tan repetidos pero que también fueron investigados se encuentran relatos de niñas menores de 14 años, mujeres que sufrieron afectaciones en sus embarazos, acosos a lo largo de sus vidas y víctimas de esclavitud sexual.
En 1994, por ejemplo, integrantes del Frente 53 del Bloque Oriental interceptaron a una niña de 12 años en su finca en El Calvario (Meta). Ella realizaba labores del campo cuando la violaron y le causaron graves lesiones físicas. La madre denunció el crimen con uno de los comandantes de la guerrilla, quien, en vez de castigar los hechos, la amenazó de muerte para forzar su silencio.
También se documentó el caso de una niña de la vereda Caloto, en El Tambo (Cauca), víctima de esclavitud sexual. Cuando tenía 12 años de edad, la guerrilla se la llevó a Puerto Asís (Putumayo) a trabajar en labores del hogar. Allí, un comandante de las Farc-EP de unos 45 años empezó a abusar sexualmente de ella. Cuando el padre de la niña enfrentó al comandante, este lo amenazó de muerte y se llevó a la niña a un campamento guerrillero en Argelia (Cauca). Por cuatro años fue obligada a convivir con él, sufrió violencia sexual, física y reproductiva cuando la obligaron a abortar y a planificar. Además, fue obligada a cocinar, lavar ropa de la tropa y en este tiempo no pudo comunicarse con su familia, hasta que logró escaparse. En ese tiempo, cuando su padre intentó rescatarla, fue torturado y asesinado.
Crímenes por el hecho de tener una orientación sexual, identidad o expresión de género diversas
(Patron 2: Violencia por prejuicio contra personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversa)
Integrantes de las Farc-EP buscaron castigar, “corregir”, expulsar o eliminar a quienes no encajaban en "normas de convivencia" establecidas por la guerrilla sobre cómo debía ser un hombre o una mujer. Organizaciones como Colombia Diversa y Caribe Afirmativo han documentado cómo agredir a una persona con orientación sexual, identidad o expresión de género diversos enviaba un mensaje de miedo a toda la comunidad que vio cómo las personas con OSIEGD sufrieron amenazas, agresiones sexuales, desplazamientos y asesinatos. Esa violencia, además, muchas veces fue tolerada e incluso replicada por el propio entorno y comprende el segundo patrón de violencia que identificó la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.
La violencia por prejuicio podía perseguir a una persona durante más de una década. Así le pasó a una mujer trans del sur del Tolima. Entre 1998 y 2009, integrantes del Frente 21 del Comando Conjunto Central la agredieron de manera continuada por su expresión de género y por la visibilidad que le daba su peluquería, un oficio socialmente asociado a la diversidad sexual. En 1998 dispararon contra su casa y su compañero tuvo que salir del municipio. En septiembre de 2002, un miliciano lo asesinó en Chaparral. Después del homicidio fue hostigada y tuvo que salir del país. Más tarde, su hijo de crianza fue reclutado por las Farc-EP y logró escapar. En diciembre de 2006, tres hombres armados del Frente 21 llegaron a su peluquería a preguntar por él. Cuando ella dijo no saber dónde estaba, la agredieron física y sexualmente. Volvió a desplazarse y, en agosto de 2009, las amenazas la obligaron a huir una vez más con su familia.
Algunas víctimas relataron que fueron sometidas a agresiones con el propósito de modificar, castigar o reprimir su orientación sexual o identidad de género. Otras fueron amenazadas y obligadas a abandonar sus hogares y comunidades.
Un joven gay de 18 años relató ante la JEP que fue sometido a violencia sexual en dos ocasiones bajo los señalamientos de "ser del otro equipo", recriminándole que "los maricas acá no son permitidos" y que la agresión se realizaba para que aprendiera "a ser hombre".
La violencia por prejuicio no solo buscaba castigar a una persona: también enviaba un mensaje a quienes la rodeaban. En 2007, en Saravena (Arauca), integrantes del Frente 10 de las Farc-EP amenazaron con mensajes de texto a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas que se reunían para apoyarse entre sí. Un hombre trans relató que la orden no fue solo para él: “éramos cuatro a quienes nos dieron 24 horas para que nos desapareciéramos del departamento por ser lesbianas”. Una mujer lesbiana recibió un mensaje en el que le daban 24 horas para irse del pueblo y la amenazaban de muerte. Ella pasó entre 10 y 15 días escondida, sin poder salir a la calle ni trabajar, y tuvo que cerrar su negocio. Él tuvo que venderlo y huir, y desde entonces vivió “más prevenido, (…) como escondido, como con ese temor, con esa desconfianza con todo el mundo”. La amenaza no recaía sobre una sola persona: buscaba a todo un grupo y castigaba precisamente que se hubieran reunido para acompañarse.
Es así como la violencia no afectó únicamente a quienes la sufrieron directamente. También transmitió mensajes de intimidación a otras personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, restringiendo su libertad para vivir abiertamente y participar en la vida comunitaria.
La Sala documentó, además, las dificultades particulares para denunciar estas conductas, asociadas al temor, la discriminación y la persistencia de prejuicios sociales. Por ello, el número de hechos documentados no puede interpretarse como una medida definitiva de la magnitud de estas violencias. Se trata, más bien, de hechos representativos de lo que sucedió.
Hechos de especial gravedad
La investigación identificó hechos especialmente graves de violencia sexual cometidos en la búsqueda del control social y territorial ejercido por las Farc-EP en su ánimo de llegar al poder por la vía armada. Entre los crímenes se encuentran agresiones contra mujeres señaladas de colaborar con grupos enemigos, de desobedecer órdenes de la guerrilla, y por oponerse al reclutamiento forzado o por negarse a pagar extorsiones económicas.
Estas conductas permitieron identificar cómo la violencia sexual fue utilizada para castigar comportamientos considerados contrarios a las reglas impuestas por la organización armada y para reforzar su autoridad sobre las comunidades.
Este conjunto de hechos forma parte del patrón de control social y territorial determinado por la Sala en las imputaciones conjuntas entre los casos 10 y 11, cuando se atribuyó responsabilidad a los bloques Sur y Oriental y al Magdalena Medio y al Caribe. En la presente decisión se examinan hechos correspondientes a estructuras que no habían sido incluidos en las imputaciones conjuntas anteriores, tales como el antiguo Bloque Noroccidental, el Comando Conjunto Central y el Comando Conjunto de Occidente o Bloque Occidental.
Lo que vivió una comerciante de Santa Isabel (Tolima) ilustra cómo hombres de las extintas Farc-EP usaron la violencia sexual como forma de castigo. La mujer tenía una tienda de víveres y licores, y su esposo una carnicería surtida con el ganado de sus fincas. Por la tienda pasaban personas de distintos actores armados a los que ella se veía obligada a venderles. Un día de agosto de 2006, mientras revisaba el ganado en una de las fincas, integrantes del Frente 21 la violaron en grupo, y le advirtieron que eso le pasaba por ser "auxiliadora del Ejército". Tras la violación, ella quedó en embarazo.
Otro de los casos que documentó la Sala se dio en 2016, en Ituango (Antioquia). Hombres armados del extinto Bloque Noroccidental llegaron a la casa de una mujer y la agredieron sexualmente en presencia de sus hijos. Le dijeron que "eso le pasaba por no asistir desde el primer día" a las reuniones comunitarias obligatorias convocadas por la guerrilla.
Aunque en una proporción menor, los hombres también fueron víctimas de estos crímenes. En 2011, en Juradó (Chocó), un pastor de una iglesia cristiana quiso impedir que un comandante guerrillero asesinara a un ciudadano. Como castigo por haber desafiado su autoridad, el comandante lo trasladó por la fuerza hacia una zona boscosa, lo violó sexualmente y lo amenazó de muerte si revelaba lo sucedido.
Los daños y las secuelas que aún persisten
La investigación del Caso 11 empezó en 2023, en respuesta a las solicitudes de las víctimas y sus organizaciones, que pidieron a la JEP un espacio para investigar la violencia de género y por prejuicio ocurrida en el marco del conflicto. A partir de sus relatos, la Sala documentó afectaciones profundas y duraderas en el cuerpo, la salud sexual y reproductiva, la salud mental y los vínculos familiares y comunitarios.
Las huellas de estas violencias perduran hasta la actualidad. La violencia sexual y de género dejó lesiones, dolor, afectaciones a la salud sexual y reproductiva de las víctimas que en muchos casos se prolongaron durante meses o años, y que muchas víctimas tuvieron que afrontar sin ningún apoyo: “yo tuve que curarme y sanarme sola”, relató ante la JEP una de ellas.
Estas violencias también dejaron miedo, angustia, insomnio y recuerdos que vuelven “como si fuera hoy”. Los hechos cambiaron la manera en que las víctimas viven su intimidad y se relacionan con su pareja, su familia y su comunidad, y en algunos casos interfirió en decisiones tan personales como tener hijos o no hacerlo. Cuando estos crímenes sucedieron en la niñez o la adolescencia, como pasó con más de un centenar de las víctimas acreditadas, se afectaron partes centrales de la vida, como ir a la escuela, jugar o relacionarse con otras personas.
Para las personas OSIEGD, la violencia por prejuicio les dejó heridas y secuelas permanentes en partes del cuerpo asociadas a su identidad, como el rostro. El daño también vino del señalamiento: panfletos, amenazas y discursos de odio sembraron zozobra y llevaron a muchas personas a ocultar quiénes eran o a frenar la expresión o el tránsito de su género. Otras tuvieron que dejar su territorio y, con él, su casa, su trabajo, sus estudios, sus redes de apoyo y sus lazos con su comunidad.
¿Qué sigue?
Los 11 imputados tienen 20 días hábiles para manifestar por escrito si reconocen o no los hechos y las responsabilidades atribuidas. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen 85 días hábiles para presentar sus observaciones sobre esta decisión.
Esta Jurisdicción espera que los comparecientes cumplan con sus obligaciones de aportar verdad plena, detallada y exhaustiva y de reparar a las víctimas. Para eso, les ordena, en un plazo de 85 días hábiles, ampliar la información sobre hechos concretos que les fueron imputados.
Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y hay aportes a la verdad, la JEP convocará a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la que los imputados darán la cara a la justicia, a las víctimas y al país. Esta audiencia será preparada y desarrollada con las víctimas.
Después de esa diligencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones que traslada el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad. En ella se incluirán los nombres de aquellos que sean considerados candidatos para la imposición de sanciones propias o restaurativas. Esta sanción, que será consultada con las víctimas, tiene un enfoque reparador e incluye restricciones efectivas de libertad y otros derechos, sin incluir la cárcel.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, su caso será trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Por esa vía, el proceso podría derivar en un juicio más parecido al de la justicia ordinaria, y si se les encuentra responsables de los crímenes, los comparecientes podrían pagar hasta 20 años de cárcel.
