COMUNICADO 153
La JEP llama a 16 antiguos integrantes del Ejército y dos de la Policía a reconocer responsabilidad por violencias basadas en género contra civiles, cometidas directamente por la fuerza pública y en alianza con grupos paramilitares
- La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó dos patrones de macrocriminalidad que explican cómo integrantes de la fuerza pública cometieron, facilitaron o permitieron violencias basadas en género contra la población civil en distintas regiones del país tanto de manera directa como en acciones conjuntas con grupos paramilitares, incluidas incursiones y masacres, en el contexto del conflicto armado. Por estos hechos, 738 víctimas han sido acreditadas en el Subcaso 2 del Macrocaso 11.
- La JEP identificó un universo provisional, acotado entre 1978 y 2016, de 565 casos de violencias basadas en género de la fuerza pública contra la población civil, con 755 víctimas directas: 650 mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
- El primer patrón identificado por la sala corresponde a ataques contra la población civil bajo justificaciones contrainsurgentes, cometidos directamente por integrantes de la fuerza pública o en alianza con grupos paramilitares, que incluyeron violencias basadas en género.
- El segundo patrón comprende violencias basadas en género utilizadas como forma de apropiación, castigo o disciplinamiento, facilitadas por el despliegue, la presencia o el dominio territorial de integrantes de la fuerza pública.
- La JEP imputó a los 18 comparecientes crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos persecución por motivos de género, esclavitud sexual, violación y otras formas de violencia sexual, asesinatos y homicidios, tortura, tratos crueles, otros actos inhumanos, desaparición forzada y traslado forzoso de la población y desplazamiento de civiles.
- La sala identificó factores que facilitaron estas violencias, como la ausencia o insuficiencia de políticas y mecanismos institucionales para prevenirlas y responder a ellas, y la reproducción de un modelo de masculinidad guerrera que favoreció la dominación y la discriminación por género.
- En esta investigación de alcance nacional, adelantada conjuntamente por el Subcaso 2 del Caso 11 y el Caso 08 en territorios que este no priorizó, la JEP esclareció hechos como la incursión paramilitar a Tibú y La Gabarra (Norte de Santander), en 1999; las violencias sexuales y los asesinatos de niñas y niños en Tame (Arauca), en 2010; la incursión de Los Masetos en Lengupá (Boyacá), entre 1991 y 1992, y los trabajos forzados y las violencias de género en Puerto Gaitán (Meta), entre 2002 y 2004.
- La Sala de Reconocimiento de Verdad también analizó las violencias sexuales y de género contra hombres en la ribera del río Magdalena, los ataques contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en los Montes de María y la persecución contra la Organización Femenina Popular desde finales de la década de 1990.
Bogotá, 17 de noviembre de 2026. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 antiguos integrantes de la fuerza pública, 16 del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional, por violencias basadas en género contra la población civil y los llamó a reconocer responsabilidad. Este auto se suma a dos decisiones previas que el Subcaso 1 del Caso 11 ha proferido contra integrantes de las extintas Farc-EP por violencias basadas en género: el Auto No. 12 del 3 de agosto de 2026, conjunto con el Caso 10, en el que 16 personas fueron imputadas por crímenes sexuales, y el Auto No. 17 del 9 de noviembre de 2026, cuyo llamamiento alcanza a 11 integrantes de la extinta guerrilla.
En la presente decisión, la sala determinó dos patrones de macrocriminalidad que evidencian cómo integrantes de la fuerza pública cometieron, facilitaron o permitieron violencias basadas en género contra la población civil en distintas regiones del país, tanto de manera directa como en acciones conjuntas con grupos paramilitares. Por ello, esta imputación se hizo de manera conjunta entre el Subcaso 2 del Caso 11 y el Caso 08 de la JEP en territorios no priorizados por este. Ambas investigaciones son lideradas por el magistrado Óscar Parra Vera, relator del Subcaso 2 del Caso 11 y correlator del Caso 08.
El Subcaso 2 del Caso 11 investiga las violencias basadas en género, sexuales y reproductivas, así como los crímenes motivados por prejuicio cometidos por integrantes de la fuerza pública contra la población civil. Por su parte, el Caso 08 aborda los crímenes cometidos por agentes estatales en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el contexto del conflicto armado.
Para comprender las causas estructurales de las violencias basadas en género cometidas por integrantes de la fuerza pública, la sala desarrolló una estrategia investigativa de alcance nacional, a partir del desarrollo de metodologías de investigación con enfoque de género y con una amplia participación de víctimas y sus representantes.
En el marco de esta investigación, la sala seleccionó hechos ilustrativos que evidencian rasgos comunes a los patrones de macrocriminalidad, los cuales ocurrieron principalmente en territorios no priorizados por otros macrocasos, como Putumayo, Arauca o Boyacá.
El Universo Provisional de Hechos construido por la sala reúne 565 casos de violencias basadas en género contra la población civil y 729 víctimas directas: 684 mujeres, 74 hombres y 21 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas por hechos ocurridos entre 1978 y 2016. De dicho total, 35 fueron cometidos de manera directa por grupos paramilitares en el marco de masacres que contaron con la tolerancia, aquiescencia o colaboración de agentes de la fuerza pública. Este universo corresponde a los hechos recibidos, documentados y analizados por la sala y no representa la totalidad de las violencias ocurridas, pues aún existe un alto subregistro, el cual no impide la investigación de los hechos, pero sí evidencia barreras que persisten para la denuncia y el tratamiento judicial de estos casos.
Esta decisión es resultado de un amplio proceso de contrastación que incluyó el análisis de 217 informes presentados por organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado; los relatos de 738 víctimas acreditadas; seis diligencias de contrastación de información, con la participación de 235 personas; 74 versiones voluntarias de comparecientes, y las observaciones de 75 víctimas en audiencia oral. Los relatos y las observaciones de las víctimas fueron fundamentales para esclarecer los hechos, comprender las distintas formas de violencia y documentar sus impactos. Sin la persistencia de las víctimas, de sus representantes y de las organizaciones de mujeres, de hombres y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, este resultado no sería posible. La sala les agradece por creer en este proceso, participar activamente en él y mantener la exigencia legítima de sus derechos.
Por los crímenes de guerra y de lesa humanidad de asesinato y homicidio, tortura, desaparición forzada, esclavitud sexual, violación y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, persecución por motivos de género y político, traslado forzoso de la población, desplazamiento de personas civiles, tratos crueles y otros actos inhumanos, la Sala de Reconocimiento de Verdad llama a 18 antiguos integrantes del Ejército Nacional y de la Policía Nacional a reconocer responsabilidad. Cuatro de ellos –un brigadier general, un coronel, un mayor del Ejército y un capitán de la Policía– son llamados como autores por omisión.
Otros 13 comparecientes son llamados como coautores por haber contribuido al despliegue de la alianza con paramilitares o al desarrollo de operativos militares en los cuales se cometieron violencias basadas en género. Por parte del Ejército se llama a reconocer responsabilidad a dos coroneles, tres tenientes coronel, cuatro mayores, dos tenientes y un soldado; por parte de la Policía a un mayor, todos en retiro.
Un sargento segundo del Ejército fue llamado como coautor y autor de violencias basadas en género.
Patrones de macrocriminalidad identificados por la JEP
El primer patrón corresponde a los ataques contra la población civil bajo justificaciones contrainsurgentes, cometidos por integrantes de la fuerza pública directamente o en alianza con grupos paramilitares, que incluyeron violencias basadas en género en el contexto del conflicto armado. La sala identificó tres modalidades:
1. Modalidad 1: Incursiones, masacres y violencias de género bajo el estigma insurgente. En esta modalidad, la sala encontró que integrantes de la fuerza pública se aliaron con grupos paramilitares para incursionar en territorios donde sus habitantes fueron señalados de colaborar con la guerrilla y que, en el marco de dichas incursiones, utilizaron como formas de violencia no solo el asesinato y las torturas, sino también las violencias sexuales y otros tipos de violencias de género.

La investigación encontró que las víctimas fueron seleccionadas bajo el prejuicio insurgente y que, cuando este se combinó con prejuicios de género, ciertas mujeres fueron atacadas por el señalamiento de ser ellas mismas enemigas, de ser parientes de personas acusadas de ser guerrilleras o de apoyar al grupo contrario. El uso de la violencia de género no fue accidental, sino que operó como medio de humillación, castigo, terror o expulsión del conjunto de las comunidades. Entre los hechos ilustrativos se encuentran las masacres de La Cabuya, en Tame (Arauca), en 1998, y de Chiscas (Boyacá), en 2003, y las incursiones a Tibú y La Gabarra (Norte de Santander), en 1999, y a la provincia de Lengupá (Boyacá), en 1991.
En la masacre de Chiscas (Boyacá), en 2003, además de los asesinatos, se cometieron actos de torturas basadas en el género y esclavitud sexual, los cuales pudieron ser perpetrados por el apoyo que brindaron integrantes del Ejército y de la Policía a los grupos paramilitares, tanto para su ingreso al municipio como para su salida sin ningún tipo de persecución.
En la masacre de La Cabuya, en Tame (Arauca), en 1998, además de los asesinatos, la investigación encontró que, en una acción conjunta entre militares y paramilitares, estos grupos cometieron actos de violencia reproductiva que son imputados bajo el crimen de tortura, además de actos de violencia sexual. Niños y niñas presenciaron el padecimiento de sus madres, lo cual la sala reconoce como actos inhumanos y tratos crueles.
La incursión a la provincia de Lengupá (Boyacá), en 1991, fue perpetrada en el marco de la alianza entre el grupo paramilitar Los Masetos y agentes de la fuerza pública. Los ataques recayeron sobre campesinos, dirigentes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) e integrantes o simpatizantes de la Unión Patriótica, entre otros. En el desarrollo de estos ataques, los paramilitares cometieron torturas sexualizadas contra algunos hombres y violencia en contra de mujeres lideresas debido a su participación política. Esta incursión no había sido objeto de condena por la justicia ordinaria y, gracias a los aportes de verdad logrados en el marco de versiones voluntarias, 35 años después de ocurridos estos hechos, la JEP avanza hacia su esclarecimiento.
En la incursión a Tibú y La Gabarra (Norte de Santander), en 1999, la justicia ordinaria había establecido la existencia de una alianza entre integrantes de la fuerza pública y las Autodefensas Unidas de Colombia. La sala documentó que esta alianza no se limitó a las masacres, sino que, entre mayo y diciembre de 1999, únicamente en Tibú, al menos 208 personas fueron asesinadas, 158 desaparecidas forzadamente, 48 víctimas de tortura, más de 50 personas fueron víctimas de violación, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual y más de dos mil personas fueron expulsadas del municipio y desplazadas forzosamente como consecuencia de la incursión. La JEP llama a reconocer responsabilidad a cinco personas que previamente no habían sido imputadas por estos hechos –un brigadier general, un coronel, dos mayores y un soldado– y amplía la imputación de dos personas condenadas. Su llamamiento se realiza por el conjunto de la incursión y los diversos crímenes que se cometieron en ella, incluidas las violencias de género.
2. Modalidad 2. Operativos individualizados de persecución y castigo contrainsurgente. En esta modalidad, la sala ha partido de hallazgos previos de los Macrocasos 03 y 08, que han establecido cómo la estigmatización de sectores de la población civil como integrantes o colaboradores de grupos insurgentes, junto con la utilización de información de inteligencia no verificada y los señalamientos no comprobados de guías e informantes, contribuyó a la transformación de actuaciones militares en escenarios de criminalidad.
Esta desviación de la legítima acción de la fuerza pública propició contextos en los que la estigmatización y la desprotección de las víctimas se combinaron con concepciones discriminatorias y relaciones desiguales de poder, favoreciendo violencias sexuales y basadas en género como formas de dominación, humillación, castigo e intimidación.
La sala acreditó y escuchó a víctimas que, en el marco de capturas y detenciones por parte de la fuerza pública, fueron agredidas mediante torturas y violencia sexual. Algunas lo fueron siendo niñas o jóvenes pertenecientes a las guerrillas que se entregaron o que fueron detenidas en combate; otras lo fueron luego de capturas irregulares bajo el señalamiento insurgente.
La investigación también encontró que, en operativos en los que se cometieron ejecuciones extrajudiciales que fueron presentadas como bajas en combate, en ocasiones también se perpetraron violencias basadas en el género. El hecho de La Gallera, en Puerto Asís (Putumayo), en 2006, imputado en esta decisión, ilustra esta relación. En el operativo militar legítimo de búsqueda de integrantes de la guerrilla, militares ingresaron a una gallera en la que se celebraba una fiesta y cometieron actos de violencia sexual en el marco de las requisas y búsqueda de integrantes de la insurgencia.
3. Modalidad 3. Ataques basados en el género contra personas y liderazgos señalados de tener vínculos con la insurgencia de manera directa o indirecta. En el marco del prejuicio insurgente, la sala identificó que algunas personas –principalmente mujeres– fueron victimizadas bajo el señalamiento de ellas mismas pertenecer o auxiliar a la guerrilla, tener relaciones afectivas o familiares con guerrilleros o porque su labor de liderazgo fue catalogada como una forma de colaboración encubierta con la insurgencia.
Estos señalamientos las expusieron a ser objeto de violencia y agresión, incluido el uso de la violencia sexual, la exigencia de cumplir con labores domésticas o la privación de sus derechos más básicos como la participación en la vida pública de sus comunidades. Los ataques sostenidos contra la Organización Femenina Popular en el Magdalena Medio o contra la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia (ANMUCIC) dan cuenta de cómo los liderazgos femeninos fueron estigmatizados y perseguidos.
El hecho ilustrativo de San Juan de Arama en el Meta, en el que una familia fue atacada en el proceso de búsqueda de un guerrillero y en el que las mujeres de dicha familia fueron torturadas y agredidas sexualmente, evidencia cómo las violencias de género contra mujeres fueron utilizadas para castigar a quienes eran señalados –real o presuntamente– de pertenecer a la guerrilla.
- Por su aporte al desarrollo del primer patrón, son llamados a reconocer responsabilidad:
- Por la incursión a Tibú y La Gabarra, por omisión, al brigadier general (r) Alberto Bayardo Bravo Silva, y en calidad de coautores al coronel (r) Víctor Hugo Matamoros Rodríguez, a los mayores (r) Mauricio Llorente Chávez, Jorge Andrés Escobar Pineda, Luis Fernando Campuzano Vásquez, Daladier Rivera Jácome y al soldado (r) José Misael Valero Santana.
- Por la incursión a Lengupá, en calidad de coautor, al coronel (r) Víctor Hugo Matamoros Rodríguez.
- Por la masacre de La Cabuya, en calidad de coautor, al teniente coronel (r) Orlando Hernando Pulido Rojas.
- Por la incursión en Chiscas, como coautores, al teniente coronel (r) Alfonso Moya Molina, del Ejército, y al mayor (r) Gregory Ernesto Amado Rueda, de la Policía Nacional.
- Por lo ocurrido en La Gallera en Puerto Asís, como coautores, al teniente coronel (r) Jorge Augusto Terán Pineda y al teniente (r) Óscar Fernando Murcia Peña.
- Por violencias de género en Cesar y Putumayo, en calidad de coautor por dominio funcional y autor, al sargento segundo (r) Juan Pablo Sierra Daza.
- Por lo ocurrido en San Juan de Arama, como coautores, al coronel (r) Édgar Omar Urbina Carrillo y al teniente (r) Carlos Fernando González Cárdenas.
El segundo patrón comprende las violencias basadas en género contra la población civil utilizadas como forma de apropiación, castigo o disciplinamiento, facilitadas por el despliegue, la presencia o el dominio territorial de integrantes de la fuerza pública. Este patrón tuvo dos modalidades:
1. Modalidad 1. Violencias basadas en género como forma de apropiación sexual, reproductiva y doméstica. La sala encontró que un importante número de casos fueron cometidos por integrantes de la fuerza pública que aprovecharon la presencia y capacidad de coacción y coerción en los territorios que el escenario del conflicto armado les otorgaba para disponer sexualmente de las víctimas. Estos actos fueron cometidos bajo la idea de que las mujeres están disponibles sexualmente para los hombres y que tienen obligaciones de atención, cuidado y satisfacción sexual hacia ellos. El uniforme, las armas y la presunción de legalidad de las actuaciones facilitaron la violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes. Aunque en menor medida, también la sala encontró actos de apropiación bajo la idea de disponibilidad sexual cometidos por integrantes de la fuerza pública contra hombres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Estos actos no habrían sido posibles si hubieran existido adecuados controles a la tropa en los territorios marcados por el conflicto armado. El escaso control de las evasiones y la ambigüedad de las directrices sobre la prohibición del relacionamiento con la población civil fueron aspectos estructurales que marcaron esta modalidad del patrón. Las violencias de género en este ámbito no fueron actos privados, sino actos posibilitados por la institucionalidad en entornos seriamente afectados por el conflicto armado.
Ilustra esta modalidad las violaciones sexuales perpetradas en el marco de un puesto de control o retén militar en Nariño en 2008, en el que el comandante de un pelotón violentó sexualmente a una niña a quien se le impidió el paso por falta de documentación y se permitió su agresión sexual por parte de un guía que acompañaba a la tropa.
También es ilustrativo el caso de violaciones sexuales y asesinato de dos niños y una niña en Tame (Arauca) en 2010, por parte del señor Raúl Muñoz Linares. El señor Muñoz fue condenado por la justicia ordinaria y esta decisión de la JEP no modifica su condena, sino que parte de la investigación adelantada en su momento para identificar responsabilidades de sus superiores, quienes, pese a conocer las evasiones de Muñoz Linares y la información que daba cuenta de una primera violación sexual contra una niña, omitieron sus funciones de prevención, control y disciplinamiento de la tropa. Quince días después, una niña y dos niños fueron violentados sexualmente y asesinados por el mismo oficial Muñoz.
2. Modalidad 2. Violencias basadas en género como forma de castigo o disciplinamiento. La sala examinó las diferencias en las violencias ejercidas contra mujeres, hombres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, quienes fueron víctimas de violencias basadas en el género como una forma de disciplinar sus conductas o castigar el incumplimiento de las normas impuestas.
La sala conoció hechos cometidos contra mujeres que fueron agredidas por integrantes de la fuerza pública por rechazar sus pretensiones sexuales, por incumplir toques de queda o por desobedecer sus llamados a reuniones.
También algunas mujeres fueron castigadas por buscar a sus familiares desaparecidos.
Personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas también fueron castigadas por no cumplir con los roles de género socialmente impuestos. Las persistentes violencias que vivieron en entornos de conflicto armado, en los que se profundizó la discriminación en su contra y que los dejaban ante una mayor vulnerabilidad, fueron conocidas por la sala. Las agresiones vividas por algunas de estas personas pertenecientes a un colectivo acreditado, en el marco de la agudización de la confrontación en los Montes de María, reflejan esta modalidad. Violaciones y torturas ocurridas en el marco de toques de queda, de trincheras o en zonas de completo control de la fuerza pública y de su alianza con grupos paramilitares señalan que estos fueron actos posibilitados por la existencia del conflicto armado.
Los hombres también vivieron esos castigos y disciplinamientos. La sala acreditó individualmente a 55 hombres y a un colectivo que suma 115 hombres víctimas de violencia sexual. Aunque sus hechos se presentaron en diversas zonas del país, se concentraron en la región Caribe, en la que el control de la economía y de rentas en el Atlántico, en el marco de relaciones entre agentes del Estado y grupos paramilitares, propició el uso de la violencia sexual como una forma de castigarlos por incumplir los pagos exigidos. La sala conoció cómo, en la ribera del río Magdalena, muchos hombres fueron agredidos sexualmente, en ocasiones junto con otros familiares, como un mecanismo para obligar a su desplazamiento y controlar el territorio. En su mayoría, estos hechos fueron perpetrados por grupos paramilitares en un contexto de tolerancia de la fuerza pública.

Finalmente, los hechos de servidumbre y esclavitud a los que fueron sometidas niñas y jóvenes en Puerto Gaitán (Meta), algunas de las cuales fueron víctimas de violaciones sexuales y otras del rapado de sus cabezas, son ilustrativos de esta modalidad. La sala determinó que integrantes de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada retuvieron al menos a 22 niñas, adolescentes y mujeres adultas con la finalidad de “castigarlas” por sus comportamientos. Las trasladaron al Alto de las Neblinas y a otras fincas, donde las sometieron a trabajos forzados, rapado del cabello, tratos crueles y, en algunos casos, violencia sexual. Durante el cautiverio, los paramilitares controlaron su movilidad, alimentación, vestuario y lugares de descanso. Estos hechos habían sido objeto de condena contra paramilitares en la jurisdicción de Justicia y Paz y, a partir de sus aportes, esta decisión avanza hacia el esclarecimiento de la responsabilidad de agentes del Estado.
Por su aporte al desarrollo del segundo patrón, son llamados a reconocer responsabilidad:
- Por los hechos ocurridos contra niñas y niños en Tame, por omisión, al cumplimiento de sus deberes, al coronel (r) Francisco Sanmiguel Guzmán y al mayor (r) James Alberto Granada Carmona.
- Por los hechos ocurridos en Puerto Gaitán, por omisión, al capitán (r) Reinaldo Rincón Rojas de la Policía Nacional.
Condiciones que facilitaron estas violencias
La investigación permitió establecer factores transversales y estructurales que explican por qué estas violencias se extendieron por distintas regiones del país y persistieron a lo largo de diferentes etapas del conflicto armado. Entre los factores transversales se examinaron las actuaciones y omisiones del Estado que posibilitaron, facilitaron o toleraron las violencias basadas en género, así como las deficiencias institucionales para prevenirlas y responder oportunamente tanto a los hechos como a las denuncias de las víctimas.
En el ámbito estructural, la Jurisdicción encontró la ausencia, insuficiencia o aplicación ineficaz de políticas, protocolos y mecanismos institucionales de la fuerza pública para prevenir, detectar y responder a estas violencias. La investigación permitió establecer que, antes de 2010, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no habían desarrollado medidas específicas para prevenir y atender estas conductas, mientras que las medidas generales de protección existentes resultaban insuficientes para enfrentar este tipo de violencias.
Asimismo, la sala identificó la reproducción al interior de la fuerza pública de un modelo de masculinidad guerrera que favoreció prácticas de dominación y discriminación por género y que, en algunos casos, normalizó el uso de la violencia basada en género. Este modelo se caracterizó por la exclusión de las mujeres y el rechazo a los valores considerados femeninos y a lo valorado como “afeminado”.
En los procesos de formación y entrenamiento, en algunas ocasiones, los valores de la valentía, la resistencia, la fuerza física, la lealtad y el honor derivaron en crueldad, maltrato, deshumanización, obediencia irreflexiva hacia los superiores y lazos de complacencia y encubrimiento entre pares. Esa concepción del ‘buen soldado’ se tradujo, en ciertos contextos, en la desvalorización de lo femenino, asociado con la debilidad, y contribuyó a legitimar prácticas de exclusión y violencia contra las mujeres y contra quienes eran percibidos por fuera del ideal de masculinidad militar.
En los hechos cometidos en alianza con grupos paramilitares, la Sala de Reconocimiento de Verdad constató una convergencia de intereses entre integrantes o unidades de la fuerza pública y estructuras paramilitares. Esta coincidencia de intereses facilitó relaciones de coordinación, tolerancia y cooperación en los territorios donde operó el prejuicio insurgente.
Estas relaciones se materializaron mediante la construcción de un enemigo común, el intercambio de capacidades, la organización y división del territorio, la distribución de funciones y una tolerancia organizada que daba a los grupos paramilitares la certeza de que no serían perseguidos. En esos contextos se impusieron castigos diferenciados sobre los cuerpos, la sexualidad y la reproducción, y se estableció un orden armado que regulaba la sexualidad y las conductas de las poblaciones a través de visiones estereotipadas sobre el género.
A partir de estas condiciones, se examinaron los aportes individuales, por acción u omisión, que contribuyeron a la comisión de los crímenes. Entre ellos se encuentran el incumplimiento de los deberes de supervisión, control y disciplina de la tropa; las omisiones frente a los hechos y las denuncias; el desarrollo de operaciones sin medidas eficaces de prevención y protección, y el abuso de autoridad por parte de oficiales y suboficiales que perpetraron o promovieron estas violencias de género.
Los daños, las resistencias y las demandas de reconocimiento de las víctimas
A partir de los relatos y las observaciones de las víctimas, la JEP estableció que las violencias basadas en género afectaron la autonomía de las víctimas para decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, restringieron la expresión de sus identidades, su participación y su trabajo, y alteraron sus vínculos familiares y comunitarios. Estas afectaciones persistieron después de las agresiones, toda vez que las amenazas, el desplazamiento forzado, el rechazo social y las dificultades de atención contribuyeron a prolongarlas.
Atendiendo a las características y experiencias de las víctimas, la sala identificó manifestaciones diferenciadas de estos daños. En niñas, niños y adolescentes, las agresiones afectaron la salud sexual y reproductiva cuando sus cuerpos, su autonomía y sus relaciones afectivas se encontraban en desarrollo. En las niñas y adolescentes, los embarazos derivados de la violación y las responsabilidades de crianza supusieron la deserción escolar.
En los hombres, la violencia sexual lesionó la autonomía corporal y el ejercicio de la sexualidad, además de producir dolor y humillación, mientras los prejuicios dificultaron comunicar lo ocurrido y recibir atención.
En las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, la violencia y la discriminación restringieron la visibilidad pública, las relaciones y las posibilidades de residencia, hasta llevarlas a ocultar o modificar sus expresiones de género para evitar nuevas agresiones.
El desplazamiento y las restricciones de acceso al territorio afectaron formas de vivir, trabajar y relacionarse, mientras la separación de amistades y familias elegidas debilitó redes que brindaban apoyo frente a la discriminación. En el Bajo Putumayo, el temor a la violencia sexual restringió las actividades de pesca realizadas por mujeres e interrumpió prácticas y conocimientos compartidos. De esta manera, el daño comprendió tanto la pérdida de ingresos como la disminución de la libertad para recorrer y utilizar el territorio.
La sala también estableció que la intervención de integrantes de la fuerza pública y las barreras institucionales posteriores agravaron las dificultades para pedir ayuda y obtener justicia. La autoridad estatal, las armas y las capacidades de control podían ser utilizadas para agredir y para impedir la búsqueda de protección. Esta desprotección adquirió especial gravedad cuando acudir a las instituciones dio lugar a nuevas agresiones, como lo expresó una víctima al señalar que “los mismos que nos ponen a cuidarnos son los mismos que nos violentan”. También afectó de manera particular a las mujeres buscadoras de sus seres queridos que habían sido desaparecidos forzadamente y que, además de vivir en la incertidumbre de no saber el paradero y destino de sus familiares, tuvieron que enfrentar nuevas agresiones por su labor de búsqueda y, en no pocos casos, la indiferencia institucional.
Pese a los impactos causados, la sala hace un llamado a la sociedad en general para reconocer que las víctimas de violencia sexual y de género no quedan definidas exclusivamente por los daños ni pueden ser descritas solo como receptoras pasivas de violencia. Sus relatos y las observaciones presentadas ante la Jurisdicción también dan cuenta de decisiones, acciones y procesos individuales y colectivos para sobrevivir, proteger a otras personas, recuperar la voz, reconstruir la memoria y reclamar justicia, así como para reivindicar la alegría, los afectos y la juntanza como mecanismos de resistencia. Desde esta perspectiva, la JEP reconoce la agencia de las víctimas y reivindica como centrales en la narrativa de las violencias de género las resistencias que ellas desarrollaron.
En el plano colectivo, las víctimas crearon formas de escucha, acompañamiento y documentación frente al aislamiento y la falta de respuesta institucional. En sus observaciones manifestaron que “nos tocaba a nosotras como organizaciones (…) unirnos, abrazarnos, llorar juntas, reír juntas y seguir adelante”. La juntanza comprende tanto el cuidado mutuo como la posibilidad de compartir el dolor, la risa y los afectos. A su vez, documentar permitió convertir experiencias relegadas al silencio en parte de una memoria común y de una demanda de verdad y justicia.
El llamado a reconocer responsabilidad de la JEP a los 18 comparecientes comprende también nombrar y aceptar los daños y sufrimientos causados en su especificidad, comprender sus efectos sobre las víctimas y la sociedad y expresar la voluntad de contribuir a su resarcimiento y no repetición. El reconocimiento de las capacidades de las víctimas no disminuye el daño ni permite trasladarles la responsabilidad por su recuperación.
Esta decisión constituye un avance en el esclarecimiento de las violencias basadas en género cometidas por la fuerza pública contra la población civil durante el conflicto armado, de manera directa o en sus alianzas con grupos paramilitares. El Subcaso 2 del Macrocaso 11 permite comprender cómo las jerarquías de género incidieron en la manera de hacer la guerra. En la vida militar, el ideal del ‘buen soldado’, como se mencionó anteriormente, definía qué conductas se premiaban como signos de fortaleza y lealtad y cuáles se despreciaban por asociarse con lo femenino. En la relación con la población civil, los estereotipos de género podían convertir la vida íntima, los vínculos afectivos o el liderazgo comunitario de una persona en supuestos indicios de cercanía con la guerrilla.
Esas jerarquías también moldearon las formas de castigo y sus efectos. La violencia sexual, la humillación y las amenazas podían partir del estigma para silenciar a las víctimas, debilitar sus redes de apoyo y restringir su participación en la vida comunitaria. Así, el género ayuda a explicar tanto la lógica con la que se ejerció la violencia como la forma en que esta sirvió para imponer y sostener el control sobre la población civil.
Esta decisión establece patrones de macrocriminalidad, identifica condiciones que facilitaron estas conductas, determina responsabilidades individuales y aporta elementos para fortalecer la actuación del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de debida diligencia para prevenir, investigar, juzgar y sancionar las violencias basadas en género, así como para atender y reparar a las víctimas.
Al dar a conocer esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad expresa su especial agradecimiento a las Embajadas de la Unión Europea, Alemania, Suecia y el Reino Unido; a la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ); a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas (MPTF) por su valioso apoyo. Además, la JEP agradece al Equipo de Expertos y Expertas sobre el Estado de Derecho y la Violencia Sexual en los Conflictos (TOE) por su permanente acompañamiento en este proceso. A las diferentes agencias de Naciones Unidas, incluida ONU Mujeres, por apoyar mediante diversas estrategias el desarrollo de las distintas fases. A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) por su apoyo sostenido para el desarrollo de encuentros y diligencias con víctimas. Y al Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) por contribuir con reflexiones informadas que nutrieron la construcción del auto.
¿Qué sigue?
Una vez notificados, los 18 comparecientes tendrán 15 días hábiles para manifestar por escrito si reconocen totalmente, parcialmente o no reconocen los crímenes imputados por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público contarán con el mismo plazo para presentar observaciones y aportar pruebas.
Con base en estos pronunciamientos, la sala evaluará cómo continúa el proceso: por la ruta dialógica, si hay reconocimiento, o mediante la eventual remisión a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP si no reconocen responsabilidad.
Contexto del Caso 11 de la JEP
El Caso 11 de la JEP investiga hechos de violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y crímenes motivados por prejuicio cometidos por distintos actores armados en contra de la población civil. Está dividido en tres subcasos:
- Subcaso 1: a cargo del despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, que investiga crímenes perpetrados por miembros de la extinta guerrilla de las Farc-EP contra personas civiles.
- Subcaso 2: a cargo del despacho del magistrado Óscar Parra Vera, que analiza crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública contra personas civiles.
- Subcaso 3: a cargo del despacho de la magistrada Lily Rueda Guzmán, que aborda hechos atribuibles tanto a exintegrantes de las Farc-EP como a miembros de la fuerza pública, cometidos al interior de sus propias filas.
El Subcaso 1 de este macrocaso ya ha proferido dos decisiones contra antiguos integrantes de las extintas Farc-EP. En la más reciente, imputó a 11 excomandantes crímenes de guerra y de lesa humanidad por violencias basadas en género, violencia sexual y violencia por prejuicio cometidas contra la población civil durante el conflicto armado.
En la segunda decisión, adoptada de manera conjunta con el Caso 10, imputó a 27 comparecientes crímenes de guerra y de lesa humanidad, 16 de los cuales fueron imputados por crímenes sexuales.