COMUNICADO 150
La JEP llama a ocho antiguos integrantes del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), luego Brigada XX, a reconocer responsabilidad por crímenes contra la Unión Patriótica y personas integrantes de grupos guerrilleros en Bogotá entre 1985 y 1993
- La JEP concluyó que antiguos integrantes de unidades de inteligencia militar estratégica adscritas al Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) y a la Brigada XX del Ejército Nacional, con conocimiento de la Dirección de Inteligencia del Ejército colombiano (DINTE), participaron en la ejecución de dos patrones macrocriminales.
- Los dos patrones identificados por la Sala son: (i) estigmatización, vigilancia, seguimiento, señalamiento, amenazas y asesinatos de dirigentes y militantes de la Unión Patriótica (UP) y (ii) detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos contra miembros de las guerrillas del M-19, del EPL y de las FARC-EP. Las conductas criminales ocurrieron entre 1985 y 1993 y tuvieron como finalidad impedir un levantamiento insurreccional en la ciudad de Bogotá.
- La Sala determinó que en el primer patrón se inscribieron 14 hechos con 18 víctimas, y en el segundo determinó la ocurrencia de 13 hechos con 15 víctimas. Ocho antiguos integrantes del Ejército fueron llamados a reconocer su responsabilidad por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio contra la Unión Patriótica.
Bogotá, 11 de noviembre de 2026. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional a reconocer su responsabilidad como máximos responsables por crímenes cometidos mientras eran integrantes de unidades de inteligencia militar estratégica en Bogotá, entre 1985 y 1993. La decisión hace parte de los Casos 06, sobre el genocidio contra la Unión Patriótica (UP), y 08, sobre crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el marco del conflicto armado.
A través del Auto de Determinación de Hechos y Conductas SUB I - L 002 del 10 de noviembre de 2026 la Sala establece que integrantes de la unidad conocida inicialmente como Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano (BINCI), luego Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) y, posteriormente, de la Brigada XX desplegaron dos patrones criminales. El primero estuvo dirigido contra dirigentes y militantes de la UP. El segundo se dirigió contra integrantes del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Farc-EP, quienes fueron detenidos, asesinados y en algunos casos desaparecidos forzosamente mientras estaban fuera de combate. Según la Sala, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) conoció de los hechos investigados.
La investigación de la Sala de Reconocimiento expone un aparato criminal clandestino dentro de las unidades de inteligencia estratégica del Ejército Nacional que recogía información por blancos previamente definidos, hacía seguimientos, producía señalamientos y coordinaba operaciones clandestinas.
La Sala llega a esta determinación después de reconstruir hechos ocurridos hace más de tres décadas a partir de un acervo probatorio amplio y diverso. La investigación incorporó 23 versiones voluntarias rendidas por antiguos integrantes de la inteligencia militar estratégica, nueve declaraciones bajo juramento, la sistematización de 17 expedientes de la justicia penal ordinaria, de la justicia penal militar y procesos disciplinarios y el análisis exhaustivo y sistemático de los archivos de la Brigada XX del Ejército Nacional.
Las víctimas y sus representantes tuvieron una participación central en esa reconstrucción. La Sala recibió observaciones escritas de organizaciones de derechos humanos y de la Procuraduría. También escuchó los testimonios de 37 víctimas en julio de 2026. Sobrevivientes, familiares de personas desaparecidas y asesinadas, integrantes de organizaciones sociales y representantes de la UP explicaron cómo se produjeron los crímenes y qué consecuencias permanecen hasta hoy.
El contexto: la definición del enemigo interno y la urbanización de la guerra
Para comprender la violencia desplegada por antiguos integrantes de unidades de inteligencia estratégica del Ejército Nacional en Bogotá, la Sala de Reconocimiento sitúa los hechos en un contexto político y social más amplio.
Desde la década de 1970, el conflicto armado colombiano, que estaba concentrado en zonas rurales, se urbanizó progresivamente. Creció la presencia de las guerrillas en las ciudades y se expandieron nuevos repertorios criminales, como el secuestro, la extorsión y los asesinatos, presentados por las guerrillas como "ajusticiamientos" de los supuestos "enemigos del pueblo" y de los "traidores de la revolución". En particular, la irrupción de la guerrilla del M-19 cambió las dinámicas de la confrontación, pues combinó de manera inédita la espectacularidad de sus golpes mediáticos, muy provocadores y desafiantes para las Fuerzas Militares, con la intensificación del secuestro y la instalación de "cárceles del pueblo" clandestinas en las que encerraban a sus víctimas.
A su turno, la urbanización del conflicto armado se dio en medio del fortalecimiento de la movilización estudiantil, sindical, cívica y popular. La inteligencia militar estratégica interpretó la convergencia entre protesta social, organización política de izquierda y expansión guerrillera como parte de un proceso insurreccional que debía ser contenido.
En la primera mitad de los años ochenta, las políticas de paz, la apertura democrática y las iniciativas civiles de control sobre el orden público restringieron parcialmente la autonomía de las Fuerzas Militares; adicionalmente, algunos sectores militares consideraron que estos cambios facilitaban la expansión insurgente. Y en la segunda mitad de esa década, el deterioro de los procesos de paz, la intensificación de la confrontación militar y el aumento de la violencia guerrillera reforzaron esa lectura. Así que en algunos sectores de la inteligencia militar estratégica se produjo una radicalización política y militar que amplificó la percepción de una amenaza insurreccional inminente.
La doctrina contrainsurgente de la época concebía la insurrección como un proceso escalonado que incluía un frente armado y un frente civil. Así aparece evidente en el Reglamento de Combate de Contraguerrillas del Ejército Nacional de 1987 . Bajo esta lógica, los movimientos sindicales, estudiantiles, campesinos y las organizaciones políticas de oposición eran entendidos como “instrumentos de desestabilización”. Se borraron así las diferencias entre actividad política legal, movilización social e insurgencia armada, y se crearon las condiciones para que personas que no eran combatientes fueran tratadas como amenazas. La UP, por ejemplo, fue señalada una y otra vez como el “brazo político” de las FARC-EP, pese a ser un partido legal que participaba en elecciones.
La Constitución de 1991, los acuerdos de paz con algunas guerrillas y el fin de la Guerra Fría modificaron el entorno político, pero no pusieron fin a la confrontación ni a las prácticas investigadas. La Sala identifica tensiones persistentes entre las políticas civiles de paz y el control institucional, por un lado, y la expectativa de algunos sectores militares de recuperar mayores márgenes de autonomía en el manejo del orden público, por el otro. En ese contexto se consolidaron mecanismos clandestinos e ilegales que permitieron ejecutar operaciones encubiertas, ocultar quién las ordenaba y dificultar el control externo.
Un aparato clandestino que cometió crímenes dentro de la inteligencia militar estratégica
Ahora bien, la decisión de la Sala establece que el anterior contexto político tuvo un correlato institucional. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la inteligencia militar colombiana se fue transformando para responder a los cambios del conflicto, en particular a su expansión hacia las ciudades y a las exigencias de la lucha contrainsurgente.
En noviembre de 1964 se creó el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia, conocido por sus siglas como BINCI y rebautizado en 1970 en honor al "Brigadier General Ricardo Charry Solano”. En sus inicios, era una estructura modesta, nacida con apenas dos redes regionales en Cúcuta y Barranquilla y un puñado de integrantes.
Sin embargo, a medida que la movilización social y la presencia de organizaciones guerrilleras aumentaron entre finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, el batallón multiplicó sus compañías en las principales ciudades del país. La Sala aclara que este fortalecimiento y expansión ocurrió al nivel de la inteligencia militar estratégica, que responde directamente al Comando del Ejército Nacional, y no al de las secciones de inteligencia de las unidades operativas, que responden a los comandantes de la unidad operativa a la que están adscritas. En principio, según los manuales, sumarios de órdenes permanentes y directivas relacionadas con la inteligencia militar revisadas por la Sala, la finalidad de la inteligencia militar estratégica era obtener, procesar, analizar y difundir información necesaria para la adopción de decisiones y la protección de la seguridad nacional al más alto nivel jerárquico del Ejército Nacional. Las unidades de la inteligencia militar estratégica administraban archivos, agentes encubiertos y fuentes; orientaban esfuerzos de búsqueda; elaboraban apreciaciones y resúmenes; y producían y remitían la inteligencia a los mandos correspondientes.
A comienzos de 1985, el BINCI dejó de ser una unidad táctica pequeña y se transformó en el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, el COICI, elevando el rango de la especialidad a una unidad operativa menor, duplicando su capacidad de personal a más de ochocientos efectivos y separando la formación técnica en la Escuela de Inteligencia.
En enero de 1987, menos de dos años después de haber sido creado, el mando militar desactivó el COICI para activar la Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia No. 20, conocida como la Brigada XX. Con esta decisión, la inteligencia estratégica alcanzó su máxima centralización al agrupar a más de tres mil efectivos bajo una sola cúpula. La nueva brigada integró cinco batallones territoriales de inteligencia —incluyendo el BITE 5 para Bogotá—, un batallón técnico, la escuela de formación y el Batallón de Contrainteligencia.
Dentro de esta arquitectura formal, la Compañía de Operaciones Especiales (COE) fue el componente operativo central de las prácticas clandestinas que concentraron buena parte de la investigación de la Sala de Reconocimiento. Funcionó primero en el BINCI, luego en el COICI y, tras la creación de la Brigada XX, quedó adscrita al Batallón de Contrainteligencia No. 1. La COE recibía misiones de trabajo de las secciones de inteligencia y, durante el periodo de la Brigada XX, también del Comando de la Brigada y de la DINTE; las ejecutaba mediante operaciones especiales sobre el terreno.
Durante el periodo del COICI, la Sala estableció que la COE realizó seguimientos, vigilancias y controles sobre personas identificadas como blancos. En varios casos, esas actividades desembocaron en privaciones de la libertad, interrogatorios bajo tortura, desapariciones forzadas y homicidios.
La investigación muestra una cadena funcional: los informes y las bases de datos ayudaban a construir perfiles; los seguimientos verificaban rutinas, domicilios y contactos, y con frecuencia incluían hostigamientos y amenazas en contra de las víctimas; las operaciones concretaban la captura o el ataque. Esa cadena no operó de la misma manera en todos los hechos ni compromete por igual a todas las personas que integraban las unidades. Precisamente por ello, la Sala contrastó funciones, niveles de conocimiento, capacidad de decisión y aportes de cada compareciente antes de formular la atribución de responsabilidad.
La información recogida no fue neutral. En el caso de la UP, la inteligencia militar la presentó repetidamente como el brazo político de las Farc-EP, de manera indiscriminada y sin sustento respecto de varias de las personas perseguidas. En el caso de integrantes de organizaciones insurgentes, la información fue usada para obtener datos sobre estructuras, contactos, movimientos y procesos de paz.
Los crímenes cometidos por la inteligencia militar estratégica fueron objeto de denuncias recurrentes. De acuerdo con el General retirado Jesús María Iguarán, quien versionó ante esta Sala, al pedirle que asumiera la comandancia de la Brigada XX en 1989, el entonces ministro de Defensa Óscar Botero Restrepo le manifestó lo siguiente: “Iguarán lo necesito para que me reciba la futura Brigada XX (...) porque hay anomalías, hay problemas, es un nido de ratas”.
A finales de la década de los ochenta y a lo largo de los noventa, las denuncias se intensificaron. El 8 de noviembre de 1997, el embajador de los Estados Unidos, Myles Frechette, denunció que la Brigada XX conformaba escuadrones de la muerte. Este acumulado motivó la decisión del alto mando militar de desactivar la Brigada XX el 20 de mayo de 1998. Según los generales Manuel José Bonett, entonces Comandante General de las Fuerzas Militares, y Hugo Galán Gómez, entonces Comandante del Ejército Nacional, la reforma buscaba separar estrictamente las labores de inteligencia de las operaciones militares, someter las nuevas unidades a una supervisión más estricta y fortalecer la formación técnica, investigativa y en derechos humanos de su personal.
La desactivación de la Brigada XX se produjo en un contexto de crecientes cuestionamientos internacionales, especialmente por parte del gobierno de Estados Unidos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. La controversia alcanzó uno de sus puntos más altos cuando Estados Unidos canceló la visa al general Iván Ramírez, exdirector de la DINTE, el 15 de mayo de 1998. La decisión de eliminar esta unidad fue presentada por la cúpula militar como una respuesta estructural para recuperar la credibilidad institucional, mejorar los mecanismos de control interno y reforzar el respeto por los derechos humanos dentro de las Fuerzas Militares.
Con ese marco normativo e institucional claro, la Sala pasa ahora a presentar los patrones macrocriminales identificados en esta providencia.
Primer patrón: Estigmatización, vigilancia, seguimiento, señalamiento, amenazas y asesinatos de dirigentes y militantes de la Unión Patriótica (UP) en Bogotá, por parte de miembros del COICI, luego Brigada XX, con el conocimiento de la DINTE entre 1985 y 1993, para destruir al partido político y contener un levantamiento insurreccional.
Siguiendo el precedente del Auto No. 10 de 2025, la Sala ubica estos hechos dentro del genocidio contra la UP. A partir de la revisión sistemática de los archivos de la Brigada XX, contrastada con versiones voluntarias de comparecientes y testimonios de víctimas sobrevivientes, la Sala concluye que la inteligencia militar estratégica contribuyó de manera decisiva a construir, reproducir y hacer operativo el estigma según el cual la Unión Patriótica era parte orgánica de las FARC-EP.
La violencia contra la UP en Bogotá fue pública, persistente y conocida por las autoridades. La ciudad registró 353 víctimas entre 1984 y 2016 y no tuvo un solo año sin hechos violentos contra integrantes del partido entre 1984 y 2006. El 53,8 % de la victimización en Bogotá se concentró entre 1985 y 1993. Su ocurrencia en el centro del poder político, su continuidad y la visibilidad de las víctimas permitían advertir que no se trataba de hechos aislados.
La estigmatización se incorporó en las apreciaciones y resúmenes semanales de inteligencia, radiogramas, misiones de trabajo, archivos operacionales y discursos públicos. El partido fue descrito como cobertura o instrumento de las FARC-EP y su actividad electoral, sindical, comunitaria y proselitista fue interpretada como parte de un proyecto de insurrección general. Además, la inteligencia militar estratégica condujo vigilancias y seguimientos a miembros de la Unión Patriótica asociándolos al blanco FARC-EP. En desarrollo de esas tareas, la DINTE elaboró el listado denominado “UP-FARC”, con 2.624 nombres. La Sala estableció que, de 163 dirigentes y militantes registrados allí residentes en Bogotá, 18 habían sido victimizados antes del 11 de agosto de 1994.
El estigma tuvo consecuencias operativas. Orientó la búsqueda de información, convirtió sedes, barrios, organizaciones y personas en blancos de vigilancia, permitió construir perfiles y cuadros de contactos e individualizó dirigentes como supuestas amenazas. La representación de la UP como enemiga debilitó la distinción entre partido legal y organización armada, justificó la vigilancia permanente e incrementó la exposición de sus dirigentes y militantes a amenazas, judicializaciones infundadas, atentados, asesinatos, desapariciones forzadas y exilio.
La evidencia acopiada por la Sala en este caso corrobora las conclusiones de otras investigaciones judiciales y los hallazgos de instancias oficiales de esclarecimiento histórico. Si bien el papel de la inteligencia militar estratégica fue crítico en la construcción, circulación y operacionalización del estigma contra la UP, en los crímenes contra sus dirigentes y militantes en Bogotá 1985-1993 también habrían participado otros actores. En ese sentido, la Sala no atribuye toda la violencia contra la UP exclusivamente a la Brigada XX. La contrastación probatoria -especialmente de los expedientes de la justicia ordinaria, los archivos de la Brigada XX, las versiones voluntarias y los testimonios- indicaría que en los crímenes participaron grupos paramilitares, integrantes del DAS, miembros de la Policía y otras unidades militares. Sin embargo, la inteligencia estratégica cumplió un papel central al producir, consolidar y circular información; al reforzar públicamente el señalamiento; y, en determinados hechos, al participar directamente en la selección, ubicación y victimización de integrantes del partido.
La providencia ilustra este patrón macrocriminal a través de tres conjuntos de hechos ilustrativos. El primero corresponde a la detención, tortura, asesinato y desaparición forzada de Bertil Prieto, Francisco Luis Tobón, Víctor Manuel Nieto y José Alfredo Ávila, ocurridos el 26 de junio de 1987. El segundo se refiere a los seguimientos, señalamientos y asesinato de José Miller Chacón, dirigente del Partido Comunista Colombiano y de la UP, el 25 de noviembre de 1993. El tercero comprende las vigilancias y amenazas contra Aída Avella, presidenta de la UP, intensificadas en 1993 y relacionadas con posteriores ataques y con su exilio.
Estos hechos muestran el tránsito de la estigmatización genérica al señalamiento individual y de este a la violencia. También revelan que el ataque perseguía efectos que excedían a cada víctima: eliminar liderazgos, debilitar las estructuras organizativas, restringir la participación electoral, sembrar terror entre militantes y simpatizantes, y reducir la capacidad del partido para actuar en la vida pública. Además de los asesinatos y las desapariciones forzadas, las amenazas y el exilio forzado fueron mecanismos eficaces para producir esos resultados aun cuando no culminaran inmediatamente en una muerte.
Segundo patrón: Detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos perpetrados por parte de miembros del COICI, luego Brigada XX contra miembros de las guerrillas del M-19, del EPL y de las FARC, entre 1985 y 1993, con el fin de impedir un levantamiento insurreccional en Bogotá.
La Sala establece que esas conductas buscaban obtener información sobre estructuras, contactos, planes y ubicaciones, y debilitar a las organizaciones insurgentes en Bogotá, al margen de cualquier control judicial, todo con el fin de contener una insurrección general en el país.
Las víctimas compartían características relevantes para su selección. Algunas desempeñaban posiciones de dirección o liderazgo en las estructuras guerrilleras; otras no participaban directamente en las hostilidades militares sino en procesos políticos, acercamientos o fases exploratorias de negociaciones de paz con el gobierno; y varias combinaban militancia insurgente con participación en movimientos estudiantiles, sindicales o comunitarios. La Sala encontró que las víctimas que pertenecían a grupos guerrilleros fueron detenidas fuera de combate, sin orden judicial, desarmadas y luego fueron internadas en instalaciones militares oficiales o clandestinas, interrogadas con torturas, desaparecidas forzadamente, y finalmente ejecutadas en estado de indefensión. Algunas permanecen desaparecidas. La Sala advierte que la pertenencia real o atribuida a una guerrilla no eliminaba su protección: muchas víctimas no participaban directamente en hostilidades o se encontraban detenidas y, por lo tanto, fuera de combate cuando fueron torturadas, asesinadas y/o desaparecidas.
El modus operandi comenzaba con la producción de inteligencia. Los grupos de trabajo de la COE, organizados por blancos, seguían a las personas, vigilaban sus residencias y lugares de reunión, identificaban rutinas y contactos y actualizaban cuadros relacionales. La información era utilizada para decidir el momento y lugar de la detención arbitraria. Las detenciones, denominadas en el lenguaje corriente de la inteligencia como “levantamientos”, carecían de orden judicial, no se registraban y eran ejecutadas por personal que actuaba de civil y empleaba vehículos, identidades y métodos encubiertos.
Después de la detención, las víctimas eran trasladadas a instalaciones militares o a sedes clandestinas. La ausencia de registro las sustraía de la protección de la ley, impedía a sus familiares conocer el paradero y eliminaba las garantías mínimas de defensa y control. En esos lugares eran interrogadas mediante tortura física y psicológica para obtener información.
Esta Sala ha determinado que integrantes de la inteligencia militar estratégica utilizaron técnicas de tortura como “el submarino”, que, en palabras de un exagente de inteligencia militar, consistía en “meterle la cabeza (a la víctima) en una caneca con agua o colocarle una bolsa (…) bien apretada”. También refirieron la práctica de ahorcamientos, choques eléctricos, patadas, puños, cachetadas y el uso de alfileres debajo de las uñas. Incluso, algunos de los vehículos fueron adaptados para estos fines.
De acuerdo con algunos de los comparecientes y testigos que escuchó esta Sala, estas técnicas fueron enseñadas a los jóvenes agentes de inteligencia militar estratégica. Uno de ellos indicó que había dos cursos de interrogatorios: el primero era teórico y el segundo era práctico. De acuerdo con su dicho, en el segundo curso se enseñaba a torturar: “duele decir esto, pero esa parte dos era de locura: de arrancar uñas, de meter agujas por aquí por la uña arriba para que la gente hablara, sentarlos en un platón de (…) aluminio con unos caimanes y meterles corriente y sentar a la gente desnuda ahí para que hablara. Eso era, o sea, tortura, no era ‘Interrogatorio II’, sino cómo torturar para sacar información”.
El uso de estas técnicas fue corroborado por las víctimas que milagrosamente sobrevivieron a las torturas. Este es el caso, por ejemplo, del señor Guillermo Antonio Marín (integrante del M-19) quien fue detenido arbitrariamente el 08 de abril de 1986 y sometido a varios días de tortura en las instalaciones de la Escuela Logística (sede del COICI). De acuerdo con su relato, durante el tiempo que estuvo retenido, fue sometido a un interrogatorio “efectuado con torturas: puños, patadas y, la principal, el ahogamiento forzado (…) Dos o tres tipos con mucha fuerza intentan meterme la cabeza a un balde con agua hasta que conteste algo. En muchas de esas inmersiones (…) pierdo el conocimiento. En una de ellas me hacen (…) la boca hacia arriba, con una toalla sobre la nariz me echan agua y por la resistencia y la presión de ellos, me golpeo la cabeza contra un juego de baterías que tenían dispuesto para la tortura. La tortura principal es golpes, apretones y el agua. En una de ellas despierto botando mucha sangre, bañado en sangre. Uno de los torturadores me llama por mi nombre y me dan un caldo salado para que vuelva a revivir”.
Algo semejante relató el señor José del Carmen Cuesta Novoa (también integrante del M-19), quien fue detenido arbitrariamente el 18 de junio de 1988 en Bogotá. De acuerdo con su declaración “lo volvieron trizas la primera noche”. Cuesta Novoa fue desnudado, sometido a golpes, lo arrastraron por el piso y fue víctima de ahogamientos: “El «submarino» como lo llaman los especialistas de la tortura, ya llevaba más de dos minutos, sentí que mis pulmones explotaban, creo que en esta primera ocasión los torturadores me llevaron hasta el límite, la verdad pensé que me ahogaba”.
La Sala ha encontrado bases suficientes para entender que, al menos en un caso, la violencia sexual también fue empleada como forma de tortura, castigo, dominación y terror. Este fue el caso de Nydia Erika Bautista (integrante del M-19), quien fue detenida arbitrariamente el 30 de agosto de 1987 en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Esta Sala encontró que existen bases suficientes para entender que Nydia Erika fue víctima de violación sexual durante los 3 días que estuvo retenida en una sede clandestina en el municipio de Soacha. De acuerdo con uno de los comparecientes, “por circunstancias personales” dos agentes de inteligencia violaron a Nydia Erika: “la tuvieron para abusar de ella. Violentarla, violarla porque tenía cierta inclinación de enfermos inclinados a hacer actos demenciales, específicamente con la señora Nydia Erika”. Además de esto, como quedó consignado en el acta de levantamiento del cadáver, al momento de la inhumación, la víctima no llevaba ropa interior.
El encubrimiento de los crímenes hizo parte del patrón. Incluyó ausencia o alteración de registros, montajes para desviar las investigaciones, amenazas contra sobrevivientes y familiares, hostigamientos a funcionarios de la Procuraduría y defensores de derechos humanos, interferencia en investigaciones penales y traslados o protección institucional de personal comprometido. Estas acciones favorecieron la impunidad, prolongaron la desaparición forzada y trasladaron a las familias la carga de buscar información.
Destaca el caso de Amparo del Carmen Tordecilla, quien fue desaparecida forzadamente el 25 de abril de 1989 en la ciudad de Bogotá. Para esa fecha, Amparo se encontraba adelantando conversaciones con la Comisión de Notables para explorar posibles diálogos de paz con el EPL, guerrilla a la que ella pertenecía. Después de su detención arbitraria, en la localidad de Chapinero, fue conducida a una sede clandestina en Soacha donde permaneció varios días, fue interrogada, torturada y posteriormente asesinada. Su cuerpo fue arrojado en las inmediaciones del municipio de Guayabetal y aún permanece desaparecido.
Durante el forcejeo que tuvo lugar al momento de su retención, la señora Amparo del Carmen Tordecilla perdió uno de sus zapatos. Ese zapato, abandonado a pocos pasos de un almacén en Chapinero, se convirtió en una señal imposible de borrar. Algunos testigos oculares anotaron la placa del vehículo al cual había sido introducida Amparo y una integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES) recogió el zapato extraviado. Su voz de alerta permitió que rápidamente se estableciera que las placas del vehículo en el cual había sido trasladada la señora Tordecilla pertenecía a la Brigada XX. Ante esa evidencia, la respuesta de la inteligencia militar estratégica no fue reconocer la detención. Por el contrario, se construyó una explicación destinada a sustituir a Amparo por otra mujer y presentar lo ocurrido como una confusión de los testigos. Para ello, una civil que había sido informante de la Brigada XX, y que dio su testimonio ante esta Sala, fue conducida a dicha Brigada en donde declaró, falsamente, que ella había sido la persona que habían subido al vehículo en cuestión. Para esta declaración, la informante fue preparada, además, sufrió un cambio de color en el pelo, utilizó ropa semejante a la que tenía Amparo Tordecilla el día de los hechos y llevó un zapato parecido al que se había perdido aquel día.
Además de este hecho, la Sala ha determinado los crímenes cometidos contra otros integrantes del M-19 como Cristóbal Triana Bergaño y Jorge Luis González Orozco. También determinó los crímenes en contra de integrantes del EPL como Carlos Enrique Uribe Restrepo y Oscar William Calvo y contra miembros de las FARC-EP, como Luis Enrique Prieto, comandante del frente XV de las FARC y otras víctimas individualizadas en la providencia.
La Sala ha identificado también 10 víctimas de desaparición forzada dentro del caso, en hechos ocurridos entre 1985 y 1993. Cinco de ellas aún permanecen desaparecidas. Esta persistencia demuestra el carácter continuado del crimen y pone de presente la necesidad de adoptar medidas concretas de búsqueda de los cuerpos de las víctimas, su localización, identificación y entrega digna.
Los máximos responsables
En esta decisión, la Sala determina que los ocho comparecientes integraron una empresa criminal ejecutada por el aparato de inteligencia militar estratégica. Su funcionamiento dependió de un plan común y de una división funcional del trabajo: las secciones de análisis identificaban y clasificaban a las personas; los jefes de grupo y los comandantes dirigían las operaciones; los agentes de la Compañía de Operaciones Especiales (COE) realizaban vigilancias, detenciones, traslados e interrogatorios; y los mandos disponían recursos, impartían o transmitían órdenes y mantenían la capacidad operativa de la estructura.
Esta división permitió que los dos patrones criminales se desarrollaran durante años, pese a los cambios de nombre de las unidades, los relevos de mando y las denuncias de las víctimas y de organismos de control. La información producida sobre una persona podía convertirse en una orden de vigilancia, en su captura, en un interrogatorio bajo tortura, en su asesinato o desaparición y, posteriormente, en acciones para ocultar lo ocurrido.
Por estos hechos, la Sala ha seleccionado como máximos responsables a ocho antiguos integrantes del Ejército. Cuatro de ellos fueron llamados por su participación determinante en la ejecución de los crímenes: los sargentos mayores (r) Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita; y los sargentos viceprimeros (r) Julio Roberto Ortega Araque y Bernardo Alfonso Garzón Garzón. Los otros cuatro fueron seleccionados por el liderazgo que ejercieron sobre la estructura y sus operaciones: el coronel (r) Carlos Armando Mejía Lobo, el teniente coronel (r) Camilo Pulecio Tovar, el coronel (r) Óscar Diego Sánchez Vélez y el brigadier general (r) Álvaro Hernán Velandia Hurtado. Adicionalmente, la Sala decidió remitir tempranamente a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP al general (r) Iván Ramírez Quintero, dada su presunta participación determinante en ambos patrones y su negativa a aportar verdad plena en las múltiples veces que ha sido requerido por la Sala.
Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita integraron el grupo de la COE encargado del “blanco” M-19. La Sala estableció que participaron en diversas fases de las operaciones contra personas insurgentes que se encontraban fuera de combate: detenciones arbitrarias, custodias, interrogatorios bajo tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas. Su intervención directa en esas acciones permitió que el segundo patrón criminal se repitiera contra ocho víctimas.
Julio Roberto Ortega Araque intervino en detenciones arbitrarias que pusieron en marcha esa secuencia criminal. Esas capturas condujeron a torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.
Bernardo Alfonso Garzón Garzón ocupó un lugar especialmente relevante porque combinó labores de análisis con funciones operativas: identificó, ubicó y señaló a víctimas; participó en los llamados “levantamientos”. En el lenguaje de la COE, los “levantamientos” eran detenciones clandestinas y arbitrarias realizadas por agentes de inteligencia. Las personas eran interceptadas y trasladadas a instalaciones militares o a lugares de cautiverio, donde eran interrogadas bajo tortura y, en varios casos, asesinadas o desaparecidas. Garzón Garzón dispuso lugares clandestinos de cautiverio, intervino en interrogatorios bajo tortura y participó en el asesinato y en el encubrimiento posterior de los hechos.
La estructura también contó con mandos que dirigieron la información, los recursos y a los agentes encargados de ejecutar las operaciones. El coronel (r) Carlos Armando Mejía Lobo, como jefe de grupo de trabajo de la COE, desvió la información de inteligencia hacia la identificación, vigilancia y detención arbitraria de las víctimas. Dispuso personal y medios logísticos para los “levantamientos” y participó en torturas y asesinatos.
Por su parte, el teniente coronel (r) Camilo Pulecio Tovar comandó la COE durante el periodo inicial del segundo patrón. La Sala estableció que impartió órdenes indispensables, ejerció control de hecho sobre la unidad y empleó su capacidad de mando para favorecer la comisión sistemática de los crímenes.
El coronel (r) Óscar Diego Sánchez Vélez dirigió la COE en 1987 y posteriormente comandó el BITE 5. Desde esas posiciones impartió o transmitió órdenes, facilitó recursos y personal para las operaciones contra integrantes de organizaciones insurgentes. En relación con la UP, la Sala determinó que sus órdenes contribuyeron a la materialización de actos de genocidio y que, como comandante del BITE 5, desplegó mecanismos de estigmatización que fomentaron la violencia contra integrantes de ese partido.
Finalmente, el Brigadier General (r) Álvaro Hernán Velandia Hurtado comandó la Brigada XX en 1987 y ejerció liderazgo de derecho y de hecho sobre la COE. La Sala determinó que contribuyó a los mecanismos de estigmatización contra la UP, que se expresaron en amenazas y actos letales, y que conoció y consintió asesinatos, torturas y desapariciones forzadas cometidas por sus subordinados contra personas insurgentes en Bogotá.
La Sala los llama a responder como coautores. Hernández González y Angarita deberán responder por homicidio (uno en grado de tentativa), tortura y violación como crímenes de guerra. Asimismo, deberán responder por los crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura, violación, deportación y desaparición forzada. Ortega Araque, Garzón Garzón, Mejía Lobo y Pulecio Tovar deberán responder por crímenes de guerra de homicidio (uno en grado de tentativa) y tortura, así como por crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura, deportación y desaparición forzada. A Sánchez Vélez se le imputa por crímenes de guerra de homicidio y tortura, y de crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura y desaparición forzada, adicionalmente, genocidio contra la Unión Patriótica. Finalmente, a Velandia Hurtado se le imputa por el crimen de guerra de homicidio y por los crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada y deportación, así como por el crimen de genocidio conta la Unión Patriótica.
Los daños documentados a las víctimas y sus organizaciones
La Sala resalta que los crímenes produjeron daños físicos, psicológicos, familiares, económicos, políticos y colectivos que no se cerraron con la terminación de una investigación penal ni con el paso del tiempo. Por lo menos 14 personas fueron víctimas de tortura en los hechos analizados. Tres sobrevivieron. Para ellas, las secuelas se expresan en afectaciones de salud, miedo, pérdida de confianza y cambios definitivos en sus planes de vida. La tortura tuvo, además, un efecto de disciplinamiento sobre las redes familiares y sociales que conocían lo que estaba ocurriendo.
En el caso de la UP, el daño fue además político y democrático. El asesinato de dirigentes, la vigilancia de concejales y candidatos, las amenazas a militantes y el señalamiento contra organizaciones enteras redujeron la posibilidad de ejercer oposición y de participar abiertamente del debate público en condiciones de seguridad. La Sala reconoce que la verdad judicial debe mostrar esa dimensión colectiva.
La desaparición forzada priva a las familias de una respuesta y convierte cada día en una espera. En este subcaso, al menos ocho personas continúan desaparecidas. El caso de Cristóbal Triana representa esa herida prolongada. Fue detenido en 1987 y sus familiares no han dejado de buscarlo. Sus padres murieron sin conocer la verdad sobre su paradero. Su hermano José Aureliano ha explicado que la búsqueda transformó los planes de toda la familia y convirtió una ausencia en una tarea que debieron asumir durante décadas.
La violencia también obligó a sobrevivientes y familiares a abandonar el país. Guillermo Marín Martínez y Amparo Restrepo tuvieron que rehacer su vida en Londres. La familia de Nydia Erika Bautista enfrentó exilios y separaciones que afectaron la crianza, los estudios, el trabajo y las relaciones cotidianas. En varios casos, las amenazas posteriores afectaron a quienes podían aportar información y a quienes defendían públicamente la memoria de las víctimas. El exilio no fue una elección libre, fue una estrategia de supervivencia frente a un peligro que continuó después de los hechos.
Por eso, las víctimas han insistido en que la búsqueda de las personas desaparecidas no puede ser un trámite adicional. Es una condición para disminuir la incertidumbre y para reconstruir vínculos quebrados por la violencia.
La búsqueda de las personas desaparecidas y lo que sigue en el proceso judicial
La Sala ordena a los comparecientes que, dentro de los 15 días hábiles siguientes, entreguen información y un plan detallado para contribuir a la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas. La orden exige precisar datos sobre lugares, rutas, unidades, personas que pueden conocer los hechos y cualquier elemento que permita orientar intervenciones forenses.
La medida se articulará con el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y su Grupo de Apoyo Técnico Forense, Medicina Legal y organizaciones de derechos humanos. El Auto prevé fortalecer los instrumentos existentes y avanzar en un plan de intervención forense para cementerios centrales de Guayabetal y Bogotá. También ordena disponer información sobre posibles lugares de inhumación no identificada correspondientes al período investigado.
Los ocho comparecientes cuentan con 15 días hábiles para comunicar si reconocen verdad y responsabilidad o si controvierten lo determinado por la Sala. En ese mismo término, las víctimas acreditadas, sus representantes y el Ministerio Público podrán presentar observaciones y aportar elementos.
Si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad, la Sala de Reconocimiento podrá emitir una Resolución de Conclusiones al Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones restaurativas. En caso de no reconocer responsabilidad, sus casos podrán ser enviados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para iniciar un proceso adversarial que, de establecerse su responsabilidad, podría conducir a penas de hasta 20 años de prisión.
