COMUNICADO 128
La JEP rechaza la estrategia sistemática de calumnias y desinformación con la que se ha buscado desacreditar su trabajo y a sus juezas y jueces
- El presupuesto de la JEP es el 0,14 % del Presupuesto General de la Nación y, con él, investiga más de 250.000 crímenes y atiende a más de 600.000 víctimas acreditadas.
- Siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría dan cuenta de la transparencia de la JEP; en 2025 ejecutó el 99,3 % de su presupuesto.
- La JEP ha tomado 3.618 decisiones con efectos de sentencia, ha identificado 367 máximos responsables y ha entregado 297 cuerpos de víctimas de desaparición forzada.
- Los salarios de los magistrados los fija el régimen legal de la Rama Judicial, no el presidente de la JEP.
- Comparecientes de la fuerza pública y de las Farc-EP están, de forma simétrica, bajo el mismo régimen.
- Las Sanciones Propias implican monitoreo electrónico, restricción de movilidad y trabajos en favor de las víctimas.
Bogotá, 12 de octubre de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz invita a la ciudadanía a contrastar la información, consultar las decisiones judiciales y examinar sus resultados. La crítica es legítima y una de las bases de la democracia, por lo que la JEP está abierta a ser examinada y escrutada. Sin embargo, la desinformación, las noticias falsas, la manipulación de contenidos mediante el empleo abusivo de inteligencia artificial, y las agresiones personales constantes contra quienes administran justicia ponen en riesgo el debate público, la confianza en las instituciones y la separación de poderes, los cuales son fundamentales para la democracia.
Para hacer frente a esta situación, la JEP se permite aclarar información que circula de manera sistemática en redes sociales con el fin de desfigurar la imagen de la Jurisdicción, de sus jueces y de otros funcionarios.
1. “La JEP es muy cara y derrocha dinero público”: Falso
La verdad es que el presupuesto de la JEP es solo el 0,14 % del Presupuesto General de la Nación. Sumados los 8 años de funcionamiento, no representan el 1 % del presupuesto anual. El presupuesto de la JEP es apenas el 35 % del presupuesto de la Procuraduría General de la Nación, o el 11 % del de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente, el presupuesto de la JEP se utiliza para investigar y juzgar más de 250.000 crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto armado, que tenían una tasa de impunidad que superaba el 90 %, según la Comisión de la Verdad. También se invierte en atender a más de 600.000 víctimas que han sido acreditadas en la Jurisdicción de forma individual y colectiva, así como para resolver la situación jurídica de más de 17.000 comparecientes sometidos a la Justicia Transicional Restaurativa.
La JEP, además, cumple las funciones de seis entidades con un enfoque de Justicia Transicional Restaurativa: investiga los crímenes (como hace la Fiscalía), los juzga y emite sentencias (como hacen los tribunales y los jueces), verifica el cumplimiento de las sentencias (como hacen los jueces de ejecución de penas), brinda seguridad a las víctimas y comparecientes (como hace la Unidad Nacional de Protección), asegura defensa jurídica a víctimas y comparecientes (como hace la Defensoría del Pueblo) y ofrece acompañamiento psicológico a víctimas y comparecientes (como hacen la Unidad de Víctimas).
Acerca de los salarios de los magistrados, esta una remuneración establecida por el régimen legal aplicable a la Rama Judicial; no es una cifra que el presidente de la JEP haya decidido para sí mismo. Para 2026, además, el Gobierno expidió los decretos que regulan las remuneraciones de servidores de la Rama Judicial. El debate sobre los recursos públicos es legítimo. La JEP insta a que se discuta sobre cifras completas, no sobre la remuneración individual de un juez.
Por último, la JEP insiste en la necesidad de preservar su presupuesto inicialmente asignado por el Gobierno Nacional por $821.803 millones, sin la reducción adicional operada unilateralmente por $ 170.000 millones de pesos, disminución que carece todo soporte técnico o financiero, y por ende, se torna arbitraria. En efecto, la JEP es consciente de la crisis fiscal por la que atraviesa el país, y por ende, aceptó en su momento una reducción en la propuesta inicial de proyecto de presupuesto por $125.000 millones de pesos; sin embargo, la referida reducción adicional afectará gravemente su funcionamiento, y sobre todo, los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la seguridad jurídica de los firmantes de paz, al igual que de cerca de 5.000 miembros de la fuerza pública.
2. “La JEP es corrupta, no se deja auditar y no rinde cuentas”: Falso
La verdad es que en ocho años de funcionamiento, y tras siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, la JEP no registra hallazgos de corrupción ni de otro tipo. De hecho, la Jurisdicción ha sido descrita por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como “un ejemplo de transparencia pública”, y en 2025, con un 99,3 % de cumplimiento, el Ministerio de Hacienda afirmó que la JEP es una de las entidades públicas que mejor ejecutó el presupuesto asignado.
Solo en los últimos dos años, la presidencia de la Jurisdicción ha dado más de 50 entrevistas y se han desarrollado más de 48 ruedas de prensa para responder a las críticas y al control que hacen los medios de comunicación de manera permanente. También se han respondido miles de derechos de petición y consultas de la ciudadanía y de entidades gubernamentales y congresistas. En septiembre pasado, además, presentó su rendición de cuentas del trabajo de la Jurisdicción en los dos últimos años. Se pueden consultar en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-_njTkN8TOU
La JEP está abierta a dar las explicaciones exigidas por la ciudadanía y a los organismos de control competentes, y asimismo ha invitado en múltiples ocasiones al nuevo Gobierno a un diálogo técnico para que conozca de primera mano los resultados y las necesidades de la Jurisdicción, invitación que no ha sido respondida. Por el contrario, ha venido sosteniendo conversaciones constructivas con las diversas bancadas del Congreso de la República.
No obstante, se precisa que, en virtud del principio de la separación de poderes, la Justicia Transicional Restaurativa no puede ser sometida como tal a una “rendición de cuentas” por parte de otras ramas del poder público.
4. “La JEP solo ha emitido 4 sentencias”: Engañoso
La verdad es que son 3.618 decisiones con efectos de sentencia, entre las cuales se encuentran las cuatro sentencias que cierran miles de procesos, con lo que ha sido posible descongestionar el sistema de justicia ordinario. Por ejemplo, está en firme la condena contra siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP por 21.000 secuestros, y contra 12 integrantes de la fuerza pública por 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en la costa Caribe. También se emitió una sentencia contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía, por 35 hechos que involucran a 75 víctimas. Mejía no admitió su responsabilidad y fue condenado a 20 años de cárcel, decisión que se encuentra en apelación. También vale la pena mencionar la sentencia contra Germán León Durán, quien reconoció responsabilidad de forma tardía por su participación en 30 asesinatos extrajudiciales.
En todo caso, no todos los órganos de la JEP tienen la capacidad de emitir sentencia. Sus tres salas, donde trabajan 18 de los 38 magistrados, emiten resoluciones y autos de imputación (28 en 11 macrocasos), no sentencias. La JEP ha tomado miles de decisiones de fondo con otros nombres, pero que tienen los mismos efectos. Por ejemplo, las decisiones de la Sala de Amnistía o Indulto (992) y de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (1.070 renuncias a la persecución penal) tienen efecto de sentencia. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por su parte solamente acusa, no puede adoptar sentencias, pero su trabajo es absolutamente necesario para la producción de las decisiones.
Por su parte, en el Tribunal de Paz la Sección de Revisión ha dictado sentencias en miles de tutelas, 1.851 a la fecha; y la Sección de Apelación revisa en segunda instancia las decisiones de toda la Jurisdicción, incluyendo las tutelas, y adopta además las SENIT, que orientan la actuación de la JEP, con 1.378 decisiones a la fecha.
Limitar toda esta complejidad a “cuatro sentencias” es una caricatura que solo busca atacar políticamente a la Jurisdicción.
5. “La JEP pretende durar más tiempo del estipulado por la Constitución”: Falso
La verdad es que la JEP tiene un mandato constitucional de 15 años de duración, dividido en dos grandes etapas: los primeros diez años, destinados a la investigación de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado colombiano, y los cinco años siguientes, previstos para concluir la actividad judicial, incluidos los juicios, los reconocimientos de responsabilidad y la imposición de sanciones. En la actualidad, la JEP ha cumplido 8 y medio de sus 15 años de funcionamiento.
Aunque la ley contempla la posibilidad de prorrogar esta segunda etapa, la JEP no ha promovido una prórroga de su mandato, y en su planeación institucional ha descartado la viabilidad de impulsar ese trámite. Esto no significa que haya esperado a terminar la fase investigativa para comenzar a juzgar: mediante el esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad, el reconocimiento de responsabilidades y la presentación de acusaciones, ha podido adelantar juicios y producir sentencias antes de que se cumplan los diez años estipulados para la investigación. La JEP tiene previsto su cierre para 2033.
6. “La JEP no ha dado resultados”: Falso
La verdad es que la Jurisdicción ya identificó a 367 máximos responsables de graves crímenes, de los cuales ya 21 tienen condenas y 19 ya se están ejecutando. Además, ha otorgado más de 1.070 renuncias a la persecución penal, en su gran mayoría a favor de miembros de la fuerza pública; los guerrilleros reincorporados que no habían sido amnistiados con anterioridad recibieron 992 amnistías. A su vez, la JEP ha apoyado la entrega de 297 cuerpos de víctimas de desaparición forzada y ha cautelado más de 80 lugares para continuar con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. También, desde antes de que se emitieran las primeras sentencias, se puso en marcha el sistema restaurativo y la JEP ya ha certificado 303 TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador) en 26 departamentos, en favor y en respuesta a sugerencias de las víctimas.
Solo en sus ocho años de creación, la JEP supera los resultados de otros tribunales transicionales en el mundo. En comparación, en Irlanda del Norte (1998) se liberó a los combatientes presos y se priorizó la reintegración social y la reconciliación, sin imponer condenas penales. En la antigua Yugoslavia (1993–2017), en 24 años de operación, el tribunal procesó a 161 acusados, emitió 90 sentencias condenatorias y 19 absoluciones. En Sudáfrica (1995–1998) la Comisión de la Verdad priorizó la reconciliación, con confesiones públicas que resultaban en amnistías completas, sin sanciones. En Sierra Leona (2002–2012), en 11 años, el tribunal solo abrió cuatro casos contra 13 responsables. En Ruanda (1994–2015) la desaparición forzada también quedó fuera de sus mecanismos creados. El tribunal internacional procesó a 93 acusados, con 62 condenas y 14 absoluciones en 21 años. En comparación, la JEP es un ejemplo para el mundo, siguiendo el proceso de Justicia y Paz, que ha condenado a 1.210 postulados (paramilitares y exguerrilleros) en 117 sentencias en 21 años de operación. Sin embargo, en 2013, a 8 años de operación (comparable a este momento de la JEP), las 14 sentencias que había emitido Justicia y Paz cobijaban solo a 20 postulados.
Más allá de las cifras, la JEP ha producido numerosos e importantes resultados intangibles, tales como las verdades judiciales que ha conocido la sociedad colombiana sobre la magnitud de fenómenos macrocriminales, tales como el reclutamiento de menores de edad, la violencia sexual intrafilas y contra la población civil, las ejecuciones extrajudiciales, la victimización de los pueblos étnicos, los desaparecidos de la Escombrera, entre muchos otros. Al mismo tiempo, cientos de familias han tenido información sobre la manera como se planearon, ejecutaron y encubrieron los crímenes perpetrados contra sus seres queridos. Aunado a lo anterior, miles de víctimas y comparecientes han contado con atención sicosocial, asesoría jurídica y esquemas de protección.
7. “Hay asimetría entre el tratamiento a comparecientes de fuerza pública y de las extintas Farc-EP”: Falso
La verdad es que tanto comparecientes de la fuerza pública como de las Farc-EP están bajo el mismo régimen. Los 12 integrantes del Batallón ‘La Popa’ recibieron la máxima sanción, de entre cinco y ocho años, por su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate, igual que los miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP, que fueron condenados por secuestro. Quien no reconoce responsabilidad, como el coronel (r) Publio Hernán Mejía, enfrenta juicio con posible cárcel, y esa regla vale para todos. Los descuentos por condena previa en la justicia ordinaria se aplican por criterio objetivo. Además, la Jurisdicción mantiene abiertas investigaciones en sus casos tanto contra miembros de la fuerza pública como contra antiguos integrantes de las Farc-EP
8. “Las sanciones a las Farc-EP son sembrar lechugas”: Falso
La verdad es que las Sanciones Propias de la JEP son condenas que incluyen monitoreo electrónico, restricción de libertad y movilidad y labores restaurativas en búsqueda de desaparecidos. Los condenados no pueden salir del país y tienen vigilancia permanente. En septiembre de este año, varios de los miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP que fueron condenados por secuestro empezaron a trabajar en el Cementerio San Antonio de Padua, de Pitalito (Huila), apoyando las labores de búsqueda en los sitios forenses donde se ha identificado que fueron inhumados cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Esto lo han hecho junto a comparecientes de la fuerza pública.
El trabajo entre comparecientes de las Farc-EP y de la fuerza pública en este cementerio se convirtió también en un espacio de reconciliación. Quienes durante décadas estuvieron enfrentados en el marco del conflicto armado, hoy trabajan de manera conjunta para contribuir a la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas y, con ello, a la restauración de las víctimas.
La JEP ha dado resultados claros, lo cual no quiere decir que no pueda ni deba ser objeto de mejora constante, debate y crítica saludable y bienvenida, en cuanto constructiva, y basada en datos reales.
La verdad es que la JEP hoy es objeto de un ataque político basado en mentiras, que no desestima utilizar la violencia en redes contra sus magistradas y magistrados y funcionarios, incluso recurriendo a sesgos sexistas e ideológicos, que buscan intimidar, atacar la autonomía judicial y amenazar la existencia misma de la Justicia Transicional Restaurativa con fundamento constitucional.
Finalmente, la jurisdicción agradece a las víctimas, a las organizaciones sociales y a la comunidad internacional por el respaldo expresado frente a esta estrategia de calumnias y desinformación.
