COMUNICADO 126

La JEP reitera su compromiso de fortalecer medidas de austeridad y eficiencia del gasto, y hace un llamado a preservar la asignación presupuestal presentada por el gobierno para 2027

La JEP hace un llamado a que se preserve la asignación presupuestal para la Jurisdicción en 2027, analizada y avalada por el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, por un valor de $821.803 millones conforme el Proyecto de Ley radicado por el Gobierno actual.
Esta asignación ya presenta un faltante de $125.839 millones frente al monto solicitado por la Jurisdicción. Al hacer permanentes ejercicios de revisión para buscar disminuir esa brecha, se llega a una desfinanciación sustancial que persistía de $84.633, lo que ya implica un racionamiento del gasto.
En 2025, el Ministerio de Hacienda señaló que la JEP fue una de las entidades públicas del sector justicia que alcanzó un elevado nivel de ejecución del presupuesto asignado.
Una reducción adicional de $170.000 millones comprometería seriamente los derechos de acceso a la justicia de las víctimas, al no poder realizar audiencias en territorio, ni garantizar su representación judicial, la protección de testigos e intervinientes y, en especial, la defensa de comparecientes.
La desfinanciación de la JEP podría afectar la satisfacción de derechos de 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos que representan a un estimado de 634.804 personas acreditadas en la JEP.
El recorte también pondría en riesgo el debido proceso y la seguridad jurídica de 12.355 comparecientes de las Farc-EP y de 4.736 integrantes de la fuerza pública.
De 2024 a julio de 2026, la JEP ha tomado medidas administrativas que produjeron un ahorro de $21.575 millones.
La JEP atraviesa una etapa intensa y decisiva de actividad judicial en el camino a cerrar jurídicamente el conflicto armado con la finalización de los macrocasos, el avance en los juicios y la implementación de las Sanciones Propias.
La JEP no ha propuesto una ampliación o prórroga de su plazo de vigencia inicial, prevista en el artículo 15 del acto legislativo 01 de 2017, declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C- 674 de 2017, y que corresponde a 15 años de duración, es decir, hasta 2033.

Bogotá, 4 de octubre de 2026. De cara al segundo debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 en el Congreso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) agradece el apoyo expresado por organizaciones de víctimas, comparecientes, congresistas, comunidad internacional, organismos internacionales, academia y sociedad civil en general, y reitera su compromiso de fortalecer sus medidas de austeridad y eficiencia del gasto, profundizando en su seguimiento de manera pública. A su vez, hace un llamado a que se preserve la asignación presupuestal para la Jurisdicción, radicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ante el Congreso, por un valor de $821.803 millones.

Esta asignación presupuestal presentada por el gobierno actual ya presentaba un faltante sustancial de $125.839 millones frente al monto solicitado por la Jurisdicción ($947.642 millones). Al hacer permanentes ejercicios de revisión para buscar disminuir esa brecha, se llega a una desfinanciación sustancial que persistía de $84.633, lo que ya implica un racionamiento del gasto.

Este panorama presupuestal que enfrenta la Jurisdicción pone en grave riesgo su capacidad para cumplir efectivamente su misionalidad, por lo tanto, las medidas de la JEP para enfrentar esta situación incluyen trazar un nuevo plan de austeridad con metas detalladas y más exigentes. La JEP se compromete a reducir los costos y tiempos de operación en las actividades misionales, como ha venido fortaleciendo desde 2024, siempre respetando las garantías básicas de participación de las víctimas y debido proceso de los comparecientes.

El texto aprobado en primer debate de las comisiones conjuntas de Cámara y Senado en el Congreso para el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, que deviene del aval dado por el Ministerio de Hacienda, dispone una reducción de $170.000 millones del presupuesto de la JEP frente al monto radicado por el propio Gobierno, compuesta así: $140.000 millones en el presupuesto de inversión y $30.000 millones en el de funcionamiento, lo cual conduciría a un presupuesto para 2027 de $651.803 millones; es decir, $129.667 millones o 16.6% menos que el presupuesto vigente de 2026.

Esta reducción tendría efectos sumamente perjudiciales en la garantía de derechos de víctimas y comparecientes en un momento crucial de la Jurisdicción, la cual atraviesa actualmente una intensa y decisiva actividad judicial con el cierre de las investigaciones en los 11 macrocasos, y avanza en las distintas etapas de juicio para cerrar jurídicamente los procesos sobre el conflicto armado en 2033.

Concretamente, la reducción de $140.000 millones en el presupuesto de inversión, implica pasar de contar con $174.119 millones radicados a solo $34.119 millones. Este déficit limitaría la realización de audiencias y diligencias judiciales en territorio, las cuales se llevan a cabo en cumplimiento de las demandas de justicia de las víctimas y sus comunidades en los lugares donde ocurrieron los crímenes más graves del conflicto, donde viven muchas de las víctimas del conflicto armado. También afectaría la representación judicial y el acompañamiento psicosocial de víctimas individuales y colectivas, que es una garantía constitucional al debido proceso y responde al derecho de acceso a la justicia en condiciones de dignidad y de acción sin daño. Los recortes también afectarían la producción, transmisión y archivo de las actuaciones judiciales, que responden al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz de que la sociedad en general conozca el desarrollo del proceso y los hallazgos de la justicia transicional, obedeciendo al principio de máxima publicidad.

El recorte, igualmente, comprometería las garantías de debido proceso y seguridad jurídica de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 integrantes de la fuerza pública sometidos a la JEP. El presupuesto de inversión permite brindar defensa técnica a 9.045 comparecientes, asesoría jurídica a 6.254 y acompañamiento psicosocial individual a 4.586, además de acompañamiento colectivo a otros 3.088 comparecientes.

La Jurisdicción subraya que el presupuesto de inversión sostiene el acceso a la justicia. La inversión de la JEP en esta materia ha tenido un crecimiento sostenido. De representar a 1.390 víctimas en 2019 la JEP pasó a representar 6.555 víctimas en 2025. Actualmente, en la JEP están acreditadas 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos que representan a un estimado de 634.804 personas.

El recorte presupuestal afectaría igualmente el trabajo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP: se restringirían las investigaciones en territorio, las actividades técnico-forenses, los análisis de riesgo, así como la adquisición de equipos y licencias necesarias para culminar los juicios adversariales de quienes no aportan verdad ni reconocen responsabilidad. Además, se pondría en riesgo el monitoreo del cumplimiento de las Sanciones Propias ya impuestas y de las que se definan en los próximos meses.

Protección y participación

La reducción de $30.000 millones en gastos de funcionamiento comprometería los esquemas de seguridad de víctimas, testigos, intervinientes, comparecientes y funcionarios judiciales. Con los recursos disponibles, la entidad podría cubrir en promedio solo cuatro meses de medidas de protección. Para la JEP, no se trata de una línea secundaria del presupuesto, puesto que, sin las debidas condiciones de seguridad, se dificulta que las personas puedan participar de forma plena en el proceso judicial.

Una asignación presupuestal compatible con la austeridad

La JEP reconoce la situación fiscal del país y, por ende, ha adoptado medidas propias de austeridad y eficiencia. Entre ellas se encuentran el uso de medios virtuales para determinadas diligencias, la programación anticipada de audiencias, cambios en la operación logística y un plan institucional de ahorros. De 2024 a julio de 2026, estas medidas han generado ahorros cercanos a $21.575 millones.

El llamado de la JEP es, por tanto, a preservar la asignación inicialmente radicada por el Gobierno Nacional. Dicha petición no implica una ampliación de su mandato ni de sus recursos por encima de los propuestos por el gobierno nacional de $821.803 millones, teniendo en cuenta que esa asignación ya presenta un faltante sustancial de 84.633 millones frente al monto solicitado por la Jurisdicción para 2027.

La Jurisdicción ha demostrado su compromiso con el uso eficiente de los recursos públicos. Tras siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, la JEP no registra hallazgos de corrupción ni de otro tipo. Desde 2019, la JEP registra una ejecución efectiva del presupuesto superior al 87 %, con un máximo porcentaje de ejecución de 93 % en 2021 y 2022. Y, el año pasado, el Ministerio de Hacienda señaló que la JEP fue una de las entidades del sector justicia que mejor ejecutó el presupuesto asignado.

La JEP reitera que continuará rindiendo cuentas sobre el uso de los recursos públicos y que, independientemente del presupuesto asignado, continuará trabajando para satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia. Además, no ha propuesto una ampliación o prorroga de su plazo de vigencia inicial, prevista en el artículo 15 del acto legislativo 01 de 2017, declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C- 674 de 2017, y que corresponde a 15 años de duración, es decir, hasta 2033.

En síntesis, los recortes a la inversión y el funcionamiento de la entidad afectarían las posibilidades reales de que una víctima participe en una audiencia, cuente con representación jurídica, sea protegida si enfrenta riesgos y reciba una respuesta sobre lo ocurrido con su ser querido, así como la posibilidad de la Jurisdicción de establecer responsabilidades, imponer sanciones a los máximos responsables, poner en marcha las condenas y resolver la situación jurídica de comparecientes de la fuerza pública y de las extintas Farc-EP, según lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz.