COMUNICADO 52
La JEP tomó declaración juramentada a exgerente de Reforestadora Integral de Antioquia en investigación de caso Tulapas en la región de Urabá
- Gonzalo de Jesús Bernal Pérez, gerente de la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA) a principios de los años 2000, rindió declaración juramentada en el marco del Caso 04, que investiga la situación territorial de Urabá.
- De acuerdo con la información recopilada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, durante su administración la RIA gestionó contratos de usufructo para proyectos maderables en predios administrados por el Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), en la región de Tulapas, ubicada en los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá (Antioquia), en medio de un contexto de desplazamiento forzado, despojo masivo de tierras y control armado por parte de grupos paramilitares.
- La diligencia permitió profundizar en el esclarecimiento de las relaciones entre estructuras paramilitares, despojo de tierras, proyectos agroindustriales y transformación de uso de suelo en la región de Tulapas.
- Aunque Bernal Pérez no es compareciente ante la JEP, la información aportada durante su declaración resulta relevante para la investigación en el Caso 04 y para el trámite de medidas cautelares sobre la región de Tulapas.
Bogotá, 14 de mayo de 2026. Gonzalo de Jesús Bernal Pérez, exgerente de la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA) a comienzos de la década de los años 2000, rindió testimonio juramentado ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en el marco del Caso 04, que investiga graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas en la región de Urabá entre 1986 y 2016.
Bernal Pérez no es compareciente ante la JEP, sin embargo, el testimonio que aportó en la diligencia judicial realizada este 11 de mayo de 2026, permite ampliar información para esclarecer presuntas relaciones entre Fuerza Pública y estructuras paramilitares que operaron en la zona, con actores empresariales y procesos de desplazamiento forzado, despojo y legalización de tierras en la región de Tulapas, ubicada en Antioquia.
De acuerdo con la investigación, durante la gerencia de Bernal Pérez, la RIA impulsó programas de reforestación, principalmente de cultivos maderables, en predios administrados o adquiridos por el Fondo Ganadero de Córdoba (FGC). En 2005, por ejemplo, la RIA negoció con el FGC contratos de usufructo sobre predios ubicados en Tulapas. Estas gestiones derivaron en un primer contrato para destinar 314 hectáreas al cultivo de teca.
Posteriormente, en 2006, la RIA solicitó al FGC ampliar los convenios de usufructo para proyectos forestales en Tulapas. Como resultado, el FGC aprobó la entrega de cerca de 1.500 hectáreas para cultivos de teca y caucho, pese a que varios de esos predios eran baldíos, estaban protegidos por medidas asociadas a contextos de desplazamiento forzado y despojo de tierras o no eran aptos para explotación forestal.
Durante la diligencia, el despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, relatora del Caso 04, profundizó en aspectos relacionados con el impacto del conflictoarmado sobre la propiedad de la tierra y la economía regional. Además, indagó sobre el rol que desempeñó Bernal Pérez en proyectos desarrollados entre la RIA y el FGC en Tulapas, la posible utilización de esquemas contractuales para legalizar tierras despojadas y la captación de recursos públicos y de cooperación internacional para implementar estos proyectos agroindustriales.
La Sala de Reconocimiento de Verdad también preguntó por la participación de entidades públicas y privadas en procesos de compra, legalización y explotación económica de predios en medio del desplazamiento forzado que afectó a comunidades campesinas de la región.
Actualmente, cinco exdirectivos del FGC comparecen ante la JEP por hechos relacionados con desplazamiento forzado y despojo de tierras en Tulapas: Benito Osorio Villadiego, exgerente; Benito Molina Velarde, expresidente de la junta directiva; Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Jaime García Exbrayat, exdirectivos; y Carmelo Esquivia Guzmán, exasesor jurídico.
Tras someterse voluntariamente a la JEP y luego de un riguroso proceso de investigación, la sala los imputó como máximos responsables del patrón macrocriminaldenominado “vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento”, documentado en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 04, que abordó hechos ocurridos entre 1986 y 2002 en la región de Urabá.
Junto a ellos, la JEP imputó a ocho comparecientes de las extintas Farc-EP y a 21 de la fuerza pública por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano. Esta fue la primera decisión de la JEP que vinculó de manera conjunta a los tres actores de su competencia.
Esta diligencia se inscribe en las líneas de investigación del Caso 04 relacionadas con despojo de tierras, economías del conflicto armado y participación de terceros civiles en crímenes ocurridos en Urabá. Asimismo, se relacionó con las medidas cautelares adoptadas por la JEP para la protección de predios y territorios en la zona de Tulapas.
