COMUNICADO 146
Los magistrados Danilo Rojas y Diana María Vega llegan a la presidencia y vicepresidencia de la JEP con una nueva hoja de ruta para garantizar los derechos de las víctimas
- La JEP entregará el edificio en el que funciona actualmente, volcará la mayor parte de su labor a la virtualidad y reducirá esquemas de seguridad, así como el 85 % de los contratos de prestación de servicios de la entidad.
- Los jueces Rojas y Vega estarán al frente del alto tribunal en un momento clave de la Jurisdicción para la ejecución y emisión de sentencias, el cierre de las investigaciones en los macrocasos, la acusación de quienes no reconozcan las imputaciones en su contra, la resolución jurídica de miles de comparecientes y el viraje por completo a las etapas de reconocimiento y de juicio.
- Durante su posesión, el magistrado Rojas hizo un llamado a la ciudadanía para que esta ayude a replicar los resultados de la Jurisdicción, de modo que se pueda afrontar la campaña de desprestigio y desinformación contra el alto tribunal.
- La magistrada Diana Vega se comprometió a honrar la confianza depositada en ella para acompañar la nueva Presidencia y contribuir a saldar una deuda histórica de la justicia con las víctimas.
- "Las víctimas no se van a quedar solas. Pueden estar tranquilas: mientras haya un juez o una jueza de la JEP, habrá dignificación de las víctimas en nuestro trabajo", dijo del magistrado Rojas.
Bogotá, 5 de noviembre de 2026. Este jueves, el magistrado Danilo Rojas Betancourth se posesionó como nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estará al frente del alto tribunal en el periodo 2026-2028, tras ser elegido por la Sala Plena el pasado 20 de octubre. En esta tarea lo acompañará desde la vicepresidencia la magistrada Diana María Vega Laguna. Actualmente, el magistrado Rojas hace parte de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción, mientras que la magistrada Vega es jueza de la Sala de Amnistía e Indulto.
Las primeras decisiones anunciadas por la nueva Presidencia de la JEP
Durante su discurso de posesión, el magistrado Rojas hizo tres grandes anuncios que responden a la necesidad de ajustar los costos de funcionamiento de la Jurisdicción, tras el recorte presupuestal de 170.000 millones de pesos aprobado en el Gobierno Nacional hace unos días. "Hemos tomado decisiones difíciles y dado pasos claros para ajustarnos al hecho cierto de la reducción presupuestal, tratando de preservar al máximo la misionalidad de la JEP", dijo el magistrado Rojas. "Enfrentaremos estos riesgos con responsabilidad, coraje y estrategia", agregó.
- Entrega del edificio: En marzo de 2027, la Jurisdicción entregará el edificio de 15.000 m2 y se pasará a uno de 4.200 m2. Este cambio implica una reducción de costos de unos 26 mil millones de pesos anuales. "Esa decisión nos obliga a imponer el trabajo virtual como regla y estructurar un modelo de trabajo rotativo", explicó el magistrado Rojas.
Para suplir la ausencia de espacio físico, la Jurisdicción buscará apoyo en las oficinas de los enlaces territoriales, en las universidades, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, las entidades públicas –alcaldías y gobernaciones– y organizaciones privadas. - Recortes de esquemas de seguridad: La Jurisdicción reducirá los esquemas de protección de magistrados. Por su parte, los fiscales y el secretario ejecutivo decidieron no contar con este servicio. "También –y muy a nuestro pesar – se decidió reducir los esquemas de protección de víctimas, testigos y comparecientes", explicó el magistrado Rojas. Con esta medida habrá un "ahorro" aproximado de 37 mil millones de pesos anuales. Dada la sensibilidad de esta decisión, la Jurisdicción solicitará de inmediato al Gobierno Nacional asumir esta responsabilidad, con base en lo establecido en las normas pertinentes.
- Recortes del 85% de los contratos de prestación de servicios: Con esta medida se espera un ahorro aproximado de 83 mil millones de pesos. Tales servicios cubrían principalmente la defensa técnica, el apoyo psicosocial y, en general, los encuentros restaurativos de víctimas y comparecientes. "Por ello, será necesario realizar una reestructuración de la planta de personal, de modo que logre suplirse de la mejor forma posible el apoyo faltante", explicó el magistrado Rojas. También les pidió comprensión a quienes se verán afectados por las medidas adoptadas en este esfuerzo por preservar el núcleo esencial de la misionalidad de la JEP.
El nuevo presidente de la Jurisdicción también afirmó que el país puede tener la certeza de que, pese al entorno social y político adverso, e incluso hostil, que atraviesa la Jurisdicción por cuenta de campañas de desinformación y desprestigio, la JEP cumplirá con sus responsabilidades. "Mientras quede en pie al menos un juez o jueza en la JEP, haremos cumplir con independencia, imparcialidad, prudencia y templanza el Acuerdo Final de Paz y las normas constitucionales y legales que lo desarrollaron".
En este sentido, la JEP asegurará la dignificación de las víctimas y su derecho al acceso de verdad y la justicia. Asimismo, el Tribunal para la Paz juzgará a los máximos responsables ya imputados por la comisión de graves crímenes y resolverá la situación jurídica de los más de 17.000 comparecientes sometidos a la Justicia Transicional Restaurativa – Retributiva.
"En suma, aseguraremos el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las más graves violaciones a los DD.HH., labor que se ejercerá con la responsabilidad propia de un juez", dijo el magistrado Rojas.
Por su parte, la magistrada Diana Vega dijo que, pese a que la JEP atraviesa momentos muy difíciles, seguirá trabajando a diario "para alcanzar los objetivos de este modelo de justicia”. Agregó que se realizarán esfuerzos para tender puentes con la institucionalidad y así seguir respondiendo a la lucha de las víctimas por la verdad y la justicia.
Un llamado a la ciudadanía
Durante su discurso de posesión, el magistrado Danilo Rojas se refirió a la campaña de desprestigio y desinformación que ha sufrido la JEP. "La Jurisdicción ha sufrido un ataque mediático sin precedentes, organizado y efectivo, al punto de lograr instalar una imagen que ha afectado el único patrimonio del juez: su credibilidad". Recordó que esta campaña ya fue revelada también por medios de comunicación independientes, que evidenciaron patrones de amplificación coordinada de los mensajes falaces y agresivos contra la JEP y la participación recurrente de cuentas que contribuyeron a su difusión masiva.
El magistrado Rojas explicó que "las críticas fundadas funcionan como una herramienta de aprendizaje, crecimiento institucional e incluso personal. Si nuestra labor ha de mejorar continuamente en estos años, se deberá sin duda a los análisis y requerimientos de participantes procesales y observadores externos". Sin embargo, ante el volumen de noticias falsas y desinformación, pidió a la ciudadanía ayudar a la Jurisdicción a divulgar lo que hace este alto tribunal y sus resultados.
De igual manera, el magistrado recordó que la JEP no creó las sanciones ni los beneficios de la justicia transicional; solo los aplica. Mencionó que la JEP investiga, juzga y sanciona de forma simétrica a exguerrilleros de las Farc-EP, integrantes de la fuerza pública y terceros, y que contribuye a la descongestión de la justicia ordinaria, pues, por las dinámicas de la guerra, había una deuda histórica de justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
También pidió que la ciudadanía ayude a recordar que la JEP ya ha impuesto sanciones que están ayudando a transformar las vidas de las víctimas. Igualmente, le pidió a la ciudadanía tener presente que los sancionados, tanto exguerrilleros como militares, tienen restringida su libertad de movimiento y locomoción y que están siendo monitoreados por la JEP; y que, a cambio del beneficio de la libertad condicional de los comparecientes, las víctimas han obtenido verdad difícilmente hallada en otras circunstancias.
Perfil del magistrado Danilo Rojas
El magistrado Rojas es abogado de la Universidad Libre de Colombia, con especialización, maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante (España) y en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Aquino, de Bogotá. Fue magistrado y presidente del Consejo de Estado de Colombia.
Además, Rojas fue consultor de distintas organizaciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR), entre otros. También lideró la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
En el ámbito docente, se ha desempeñado como profesor en múltiples universidades colombianas en áreas de derecho constitucional, teoría jurídica, filosofía del derecho, argumentación jurídica y derechos humanos. Fue director del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional y director de la revista ‘Pensamiento Jurídico’, de la misma institución.
Perfil de la magistrada Diana Vega Laguna
Es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Derecho Constitucional y maestría en Derecho, con experiencia judicial en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y trayectoria profesional de 20 años en entidades públicas del orden nacional como la Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
Además de ser magistrada de la Jurisdicción en la Sala de Amnistía o Indulto, ha estado en movilidad en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, y también es docente de posgrado.
