​​COMUNICADO 136


Mujeres negras y afrodescendientes se acreditan ante la JEP para participar en el proceso judicial del Subcaso Buenaventura, Dagua y Pacífico Medio


  • Caso 09 • Se trata de una organización de la comunidad del río Naya. Para tomar la decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad tuvo en cuenta las desapariciones forzadas, homicidios, amenazas, torturas, secuestros y desplazamientos forzados, así como daños al medio ambiente y al Territorio, que las víctimas describen en su informe.
  • El Caso 09 investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos en el contexto del conflicto armado.

Bogotá, 20 de septiembre de 2024. Una organización de mujeres negras y afrodescendientes de la comunidad del río Naya fue acreditada por la JEP para participar en el proceso judicial del Subcaso Buenaventura, Dagua y Pacífico Medio - Caso 09, que investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos en el contexto del conflicto armado.


En su solicitud de acreditación ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, la organización señaló que un gran número de sus integrantes fueron víctimas de desaparición forzada, homicidio, amenazas, tortura, secuestro, desplazamiento forzado, así como de daños al medio ambiente y al territorio, a manos de miembros del Frente 30 de las extintas Farc-EP.


También informaron que, como resultado de las acciones desplegadas por esa estructura de la extinta guerrilla, se han identificado aproximadamente 70 personas desaparecidas, además de otros hechos de violencia como asesinatos, reclutamiento, bombardeos, ametrallamientos, uso indebido de bienes civiles, tortura y abuso sexual.

Según sus relatos, no solo fueron afectados por las Farc-EP, sino que, con la llegada de los paramilitares del Bloque Calima a la región del Naya, se produjo el desplazamiento forzado interno de más de 5.000 personas, quienes buscaron refugio en montañas,quebradas, zonas de siembra, lugares de minería ancestral, esteros y otros sitios. Además, al menos otras 2.000 personas lograron desplazarse hacia Buenaventura, Cali y otras ciudades del país.


Con la acreditación colectiva, la organización adquiere el derecho a aportar pruebas e interponer recursos, así como a acceder al traslado de las versiones de los comparecientes. También podrán recibir asesoría, orientación y representación judicial, además de acompañamiento psicológico y jurídico. Se les mantendrá informadas sobre el avance de las investigaciones, los procesos y las audiencias para que puedan intervenir en ellas. En ese mismo sentido, tendrán la posibilidad de participar en la definición de los proyectos de sanciones para los responsables.

El arduo trabajo de pedagogía y articulación liderado por la magistrada Xiomara Balanta Moreno, mediante el cual se construyó la ruta de participación con las autoridades negras e indígenas de los municipios de Buenaventura y Dagua (Valle del Cauca), así como Timbiquí, Guapi y López de Micay (Cauca), permitió a la JEP fomentar espacios para el diálogo entre las justicias propias étnicas y la JEP. Este esfuerzo ha facilitado que las víctimas confíen en los procesos de la Jurisdicción y soliciten acreditaciones en el caso.


Las voces de las mujeres de los Pueblos Afrocolombianos, Negros, Raizales y Palenqueros son protagónicas en la JEP y fundamentales para avanzar en la superación del conflicto armado en Colombia. Sus luchas históricas siguen vigentes, y la JEP, en su esfuerzo por buscar en la justicia restaurativa un mecanismo diverso, amplio y participativo, vela por garantizar que la discriminación no tenga lugar nunca más en el escenario jurídico, político y social de Colombia.