COMUNICADO 102
Naciones Unidas destaca a la JEP como referente internacional por articular la Acción Integral Contra Minas Antipersonal con la justicia restaurativa
- A diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, Naciones Unidas destacó el modelo desarrollado por la JEP para integrar la acción contra las minas con la justicia restaurativa; y lo presentó como una experiencia innovadora para otros procesos de paz.
- El reconocimiento se dio durante una reunión de alto nivel de la Comisión para la Consolidación de la Paz de la ONU, realizada el 29 de julio.
- El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presentó dos proyectos restaurativos desarrollados en Antioquia, en los que máximos responsables de graves crímenes de las Farc-EP y de la fuerza pública contribuyeron a la reparación de las víctimas, la recuperación de los territorios, la seguridad y el desarrollo local.
- “Lo que Colombia, Camboya y Nigeria nos han mostrado es que este trabajo es el horizonte, donde la tierra regresa a quienes la cultivan, los caminos regresan para quienes trabajan y la confianza regresa a las comunidades. Así es como la paz se hace tangible”, afirmó Omar Hilale, presidente de la Comisión.
Bogotá, 31 de julio de 2026. La Comisión para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (Peacebuilding Commission, PBC) destacó la experiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al integrar la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) con la justicia restaurativa, y la presentó como un referente para fortalecer la seguridad en los territorios, impulsar el desarrollo local y contribuir a la consolidación de una paz sostenible.
El reconocimiento se produjo durante la reunión de alto nivel ‘La acción contra las minas como facilitadora de la consolidación de la paz, la justicia transicional, la reconciliación y la recuperación: lecciones aprendidas de Colombia y Camboya’, convocada por la comisión. El encuentro reunió a embajadores acreditados ante las Naciones Unidas, altos funcionarios del sistema de la ONU, organismos internacionales, agencias de cooperación y representantes de la sociedad civil.
Durante la sesión, la directora global del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), Kazumi Ogawa, afirmó que “Colombia demuestra cómo la acción contra las minas puede apoyar la implementación de acuerdos de paz, fomentar la confianza entre antiguos adversarios y contribuir a la reintegración, la justicia reparadora y la reconciliación”. Asimismo, señaló que estas acciones se deben incorporar desde las primeras etapas de los procesos de paz, con el propósito de traducir los compromisos políticos “en dividendos tangibles que las comunidades puedan ver y experimentar”.
Por su parte, Omar Hilale, presidente de la Comisión para la Consolidación de la Paz y representante permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas, aseguró que Colombia “ofrece un ejemplo contundente: demuestra que la cooperación entre las partes es posible”. Además, agregó que este tipo de iniciativas, por más exigentes que sean, funcionan; por lo cual “necesitamos implicación nacional y solidaridad internacional”.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, destacó que, cuando la acción contra las minas se integra con la justicia restaurativa, “se convierte en un poderoso instrumento para fortalecer la seguridad en los territorios afectados por el conflicto, restablecer el acceso seguro de las comunidades a sus territorios, promover el desarrollo local y generar beneficios tangibles para las personas más afectadas por la violencia”.
Los proyectos restaurativos y la acción contra las minas
Durante su intervención, el magistrado presentó dos proyectos desarrollados por la JEP en Antioquia, en los que comparecientes de las extintas Farc-EP y de la fuerza pública realizaron acciones restaurativas orientadas a prevenir accidentes con minas antipersonal, contribuir a la reparación de las víctimas y reconstruir la confianza en las comunidades afectadas por el conflicto armado.
El primero, ‘Horizontes Seguros’, se implementó entre 2023 y 2024 en Dabeiba, Frontino, Murindó y Mutatá. En el proyecto trabajaron voluntariamente 18 comparecientes ante la JEP: 7 antiguos integrantes de la fuerza pública y 11 exintegrantes de las Farc-EP. Tras recibir capacitación técnica de la Campaña Colombiana contra Minas, los comparecientes impartieron talleres de Educación en el Riesgo de Minas (ERM), en los que enseñaron a las comunidades a identificar situaciones de peligro, prevenir accidentes y proteger la vida.
En total, se realizaron 144 talleres que permitieron capacitar a 3.178 habitantes de los cuatro municipios. Además, los comparecientes brindaron asistencia técnica a 30 iniciativas de inclusión socioeconómica dirigidas a víctimas y sobrevivientes, relacionadas con la producción de café y cacao, la ganadería y las panaderías comunitarias.
El proyecto contó con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). También participaron autoridades locales, instituciones educativas, organizaciones de víctimas, juntas de acción comunal, comunidades étnicas y otros actores territoriales.
Según explicó el presidente de la JEP, esta experiencia demostró que la acción contra las minas “puede convertirse en un espacio privilegiado para el diálogo, el reconocimiento de responsabilidades y la reconstrucción de la confianza entre las víctimas, los comparecientes y las comunidades afectadas”.
Sobre la base de esos aprendizajes, la JEP impulsó un segundo proyecto ‘Abriendo Caminos hacia la Reconciliación y la Paz’, implementado entre 2024 y 2025 en Apartadó, Antioquia, con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la ejecución técnica de Humanicemos DH.
Por primera vez, comparecientes ante la JEP se vincularon directamente en labores de desminado humanitario bajo los estándares nacionales establecidos para esta actividad. El proyecto permitió despejar 25.547 metros cuadrados de terreno, desarrollar 11 estudios no técnicos, realizar talleres de Educación en el Riesgo de Minas y ejecutar iniciativas comunitarias construidas junto con las comunidades del corregimiento de San José de Apartadó.
Estas experiencias demostraron que la Acción Integral contra Minas Antipersonal se puede articular de manera efectiva con la justicia restaurativa. Con base en estos resultados, el Tribunal para la Paz incorporó esta línea de acción como uno de los principales componentes de las Sanciones Propias.
El presidente de la JEP señaló que la asistencia técnica, el intercambio de conocimientos y el acompañamiento de organizaciones especializadas han sido fundamentales para desarrollar este modelo y seguirán siendo indispensables para garantizar su sostenibilidad.
Por su parte, Chansophea Yaung, representante permanente adjunto de Camboya ante las Naciones Unidas, afirmó que la recuperación de tierras contaminadas fortalece la confianza entre las comunidades y las instituciones, incrementa la resiliencia y favorece la cohesión social.
Al cierre del encuentro, Omar Hilale sintetizó el principal aprendizaje de estas experiencias: “La firma (de un acuerdo) acaba con el conflicto en el papel; los campos seguros (libres de minas) terminan con el conflicto en la práctica. Y esos campos están siendo recuperados especialmente en Colombia, Camboya y Nigeria, así como en muchos otros países que hacen parte de nuestra agenda”.
“Lo que Colombia, Camboya y Nigeria nos han mostrado hoy es que este trabajo es el horizonte, donde la tierra regresa a quienes la cultivan, los caminos regresan para quienes trabajan y la confianza regresa a las comunidades. Así es como la paz se hace tangible”, concluyó.
