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Bogotá, 27 de mayo de 2026. Este miércoles 27 de mayo a la 1:00 p. m., a través de Canal Capital, la JEP estrena un nuevo capítulo de ‘Sentencias que restauran’ y de ‘Relatos de la JEP’, dos series de videopódcast que acercan la Justicia Transicional Restaurativa a nuevas audiencias con un formato cercano y pedagógico. 

En el más reciente episodio de ‘Sentencias que restauran’, el periodista Jorge Espinosa dialoga con el magistrado Pedro Elías Díaz Romero, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, quien lidera las investigaciones del Subcaso 03 sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

Durante el capítulo, el magistrado Pedro Díaz destaca la Ruta No Sancionatoria de la JEP para no máximos responsables. Dentro de esta ruta, la JEP ha incluido por crímenes entre 1985 y 2016 a 8000 miembros de la fuerza pública, quienes pueden acceder a beneficios como libertad transitoria y condicionada si cumplen los requisitos exigidos por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. “Las condiciones de esa libertad para los comparecientes pasan por el aporte a la verdad, la redignificación de las víctimas, la garantía de no repetición y la honra de la memoria de las víctimas”, explica en el episodio el magistrado Díaz.

Díaz agrega que la Ruta No Sancionatoria se distancia de la vía adversarial por cuenta de la garantía de aporte a la verdad de los comparecientes. Al respecto, menciona el magistrado: “En el proceso adversarial, la persona puede decir: ‘Que la fiscalía me pruebe lo que hice. Yo tengo derecho a guardar silencio. Desconozco los hechos’. Aquí no. Aquí el compareciente no máximo responsable tiene que reconocer que lo que cometió es un crimen. Tiene que aceptar los hechos; que le dieron una orden y que tuvo la capacidad de discernir si lo hacía o no”.  

Finalmente, el magistrado Pedro Díaz destaca que la JEP desarrolla procesos paralelos para máximos responsables y no máximos. “Las sanciones y sentencias están dirigidas únicamente a quienes tuvieron mayor responsabilidad en el conflicto, mientras que a los comparecientes que no son máximos responsables la Jurisdicción no les dicta sentencias. Por eso la ruta en la que están incluidos se llama ‘no sancionatoria’. Es una ruta que puede llevar a la renuncia de la persecución penal o a la extinción de la sanción penal”, señala Díaz.

La segunda parte de la emisión del próximo miércoles 27 de mayo estará dedicada al videopódcast ‘Relatos de la JEP’, conducido por Dilia Lozano, relatora general de la JEP, quien tuvo la oportunidad, en este nuevo capítulo, de hablar con la magistrada Catalina Díaz, actual presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y relatora del Caso 06, el cual investiga el genocidio contra el partido político Unión Patriótica (UP).

En este episodio, la magistrada Díaz brinda un contexto amplio de la UP y de su naturaleza política. Menciona cómo el funcionamiento de dicho partido no se limitó a la participación del Partido Comunista, pues integró a miembros del Partido Liberal y Conservador, y a su vez entabló alianzas con movimientos locales. Según Díaz, “era una plataforma muy amplia, de agencia electoral de movimientos sociales, como el sindical o el agrario. Se convirtió en una tercera fuerza política que no venía del bipartidismo tradicional”. 

La magistrada narra también los hallazgos de la JEP a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad sobre lo que se ha podido denominar como un genocidio contra los integrantes de la Unión Patriótica. La investigación, menciona Díaz, determinó que el ataque sistemático tuvo la intención deliberada de exterminar a la Unión Patriótica, al punto de que, debido a los asesinatos, exilios y desapariciones forzadas cometidos contra sus miembros, perdió su personería jurídica en 2002, y solo diez años después la pudo recuperar. 

Según lo dicho por la magistrada Díaz en este episodio de ‘Relatos de la JEP’, la Jurisdicción Especial para la Paz logró identificar 8.929 víctimas en el Caso 06 tras más de seis años de investigación y análisis de información que partió de lo encontrado por “la justicia ordinaria, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fiscalía y organizaciones de víctimas como la Corporación Reiniciar. Luego hicimos una tarea de contrastación muy rigurosa de las distintas bases de datos oficiales y no oficiales. A partir de ese análisis encontramos más de 5700 casos de asesinatos y desapariciones forzadas de miembros de la UP, a los que se suman las víctimas de violencia no letal”, dice Díaz. Según indica la magistrada, el cruce y la depuración de bases de datos también permitieron establecer las zonas, periodos y dimensiones de la violencia ocurrida desde los años ochenta contra la UP hasta comienzos del siglo XXI.

Esto y mucho más podrá verse en ‘Sentencias que restauran’ y ‘Relatos de la JEP’, dos videopódcast de la JEP que invitan a reflexionar sobre la Justicia Transicional Restaurativa en Colombia, abriendo una ventana a la verdad y a los procesos que buscan sanar las heridas del conflicto y aportar a la reconciliación del país.