COMUNICADO 159
Ocho comparecientes de las Farc-EP rindieron versión ante la JEP por tomas guerrilleras y crímenes en Antioquia, Caldas y Córdoba
- Durante cinco días de audiencia, los comparecientes aportaron verdad también sobre masacres, atentados, homicidios selectivos y desplazamientos forzados.
- También entregaron información sobre múltiples tomas guerrilleras cometidas por las antiguas Farc-EP en Antioquia, como la de Ituango (1995), Campamento (1999), Nariño (1999) y Granada (2000). Asimismo, sobre las tomas de Pensilvania, Caldas (2000) y Montebonito, en Marulanda, Caldas (2006).
- Mediante sus aportes a la verdad, los antiguos miembros del Bloque Noroccidental también se refirieron a la ejecución de homicidios selectivos de figuras políticas, candidatos y otros líderes de Antioquia y Caldas.
- Las víctimas podrán presentar observaciones sobre lo dicho por los comparecientes de las antiguas Farc-EP ante la JEP en audiencias que serán convocadas en los próximos meses.
- Las versiones se realizaron en Medellín en el marco del Caso 10, el cual investiga crímenes no amnistiables atribuidos a las extintas Farc-EP en el marco del conflicto armado. Es decir, crímenes graves que no pueden recibir perdón judicial.
Medellín, 29 de septiembre de 2025. Ocho exintegrantes del Bloque Noroccidental de la antigua guerrilla de las Farc-EP rindieron versión ante la JEP. Estuvieron acompañados por cuatro firmantes de paz que, aunque no estaban convocados a estas diligencias, de forma voluntaria, llegaron a este espacio para contribuir a la construcción colectiva de verdad.
Durante cinco días de audiencia, entregaron información sobre su participación en masacres, homicidios selectivos, tomas guerrilleras, desplazamientos forzados, daños a infraestructura pública y privada, entre otros hechos ocurridos en Antioquia, Caldas y algunas zonas de Córdoba, donde operó esta estructura.
La audiencia se llevó a cabo en Medellín entre el 11 y el 15 de agosto, como parte del Caso 10 de la JEP, que investiga los crímenes más graves atribuidos a las Farc-EP durante el conflicto armado. Es decir, hechos que por su gravedad no pueden recibir perdón judicial, sino que deben ser investigados, juzgados y sancionados.
En la diligencia participaron las víctimas de forma virtual. Algunas de ellas formularon preguntas a los comparecientes de las Farc-EP a través de sus abogados en tiempo real. También participó la Procuraduría General de la Nación como garante de los derechos de las víctimas.
“Esta audiencia ha sido un reflejo de lo que es la justicia restaurativa. Estos espacios no buscan reabrir heridas, sino hacerlas visibles, conocer su alcance. Cada palabra y cada gesto tiene un valor compartido sobre verdad, justicia y reparación. Reiteramos la centralidad de las víctimas y el compromiso de lo establecido en el Acuerdo Final de Paz”, dijo la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, quien presidió la diligencia.
Entre los comparecientes que asistieron a las jornadas estuvieron Luis Óscar Úsuga, quien fue conocido como ‘Isaías Trujillo’ o ‘El viejo’, último comandante del Bloque Noroccidental. También estuvieron presente Jesús Mario Arenas Rojas, quien fue conocido como ‘Marcos Urbano’; Jhover Man Sánchez Arroyave, quien fue conocido como ‘Manteco’ o ‘Rubén Cano’; Martín Cruz Vega, quien fue conocido como ‘Rubín Morro’; Ovidio Antonio Mesa, quien fue conocido como ‘Anderson’, Rodolfo Restrepo Ruiz, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Pedro Baracutao García Ospina, quien fue conocido como ‘Pedro Baracutao’ y Hernán Gutiérrez Villada, quien fue conocido como ‘Gaddafi’.
Reconocimientos y aportes a la verdad de los comparecientes
Los comparecientes respondieron preguntas sobre 58 hechos victimizantes cometidos en la zona de influencia del Bloque Noroccidental. La magistratura, además, profundizó en la forma de operar de los frentes 9°, 18, 36, 47, Aurelio Rodríguez y el Frente Urbano Jacobo Arenas. Además, los antiguos miembros de las Farc-EP reconocieron que muchas de las acciones perpetradas tenían la intención de hacer frente a la fuerza pública y a los grupos paramilitares que iniciaron una contraofensiva desde inicios del año 2000.
“En esa época quedaron varios municipios sin puestos de Policía por el accionar nuestro”, dijo Jesús Mario Arenas. Agregó, sin embargo, que en algunos hechos “se planeaba la acción, pero no mirábamos los efectos en la población”.
También aportaron información sobre un asalto a la Policía en Granada, Antioquia, el 6 de diciembre de 2000. La incursión inició con la detonación de un carro bomba frente a la estación de Policía, dejando al menos 23 personas muertas, entre ellas civiles, adultos y niños, además de policías. Los comparecientes explicaron que, en ese momento, tenían la orden de atacar las estaciones de Policía como estrategia para afectar al Estado y fortalecer su presencia territorial.
Asimismo, los comparecientes hablaron de la voladura del puente Danticas en San Rafael, Antioquia, en 2003. Como consecuencia, una ambulancia que se movilizaba en horas de la madrugada cayó al abismo, causando la muerte de una enfermera y dos mujeres más.
En la audiencia, los exintegrantes de las Farc-EP también admitieron haber cometido atentados para presionar el pago de las extorsiones. Uno de ellos fue el ataque del 25 de octubre de 2003 contra la planta de la Cooperativa Lechera de Antioquia (Colanta) en Yarumal, Antioquia. Allí, los guerrilleros instalaron un explosivo en una cantina de leche y el estallido dejó varios muertos y heridos. Asimismo, se refirieron a su participación en el atentado del 22 de julio de 2000 contra las sedes de “Apuestas Echeverri” en Medellín, ubicadas en el Parque de Bolívar, Laureles y San Javier. Estos hechos también dejaron varias personas heridas.
La magistratura también profundizó sobre la toma de Nariño, Antioquia, ocurrida el 30 de julio de 1999. Cerca de 10 policías y siete civiles murieron, entre ellos, menores de edad. Además, alrededor de 20 personas resultaron heridas, y hubo afectaciones a entidades como el hospital municipal y el Banco Agrario.
Los comparecientes reconocieron el profundo impacto que tuvo la guerra sobre la población civil y reiteraron su compromiso de seguir aportando a la verdad, a la justicia y a la reparación. “Vinimos con el compromiso de decir la verdad, aunque sea duro. Sé que es doloroso, difícil, pero esa fue la guerra que vivimos. Pedimos que nos dejen hacer acciones de reparación en los territorios donde hicimos la guerra”, dijo Jesús Mario Arenas.
En ese sentido, los comparecientes también hablaron de iniciativas en las que vienen trabajando en favor de las víctimas y como parte de su proceso de reincorporación a la vida civil. Por ejemplo, mencionaron su trabajo en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en la Corporación Humanitaria Reencuentros.
También hablaron del libro ‘Cart(a)grafías de memoria: tejidos de reconciliación’, un proyecto de reparación simbólica que contiene cartas de jóvenes de Nariño con las que interpelan a excombatientes de las Farc-EP y las respuestas que ellos les dieron a los jóvenes tras dejar las armas.
Sobre este proceso, el compareciente Ovidio Antonio Mesa dijo: “La paz humaniza y la guerra deshumaniza. Esa parte humana la estamos viviendo ahora en el proceso de paz, pero en la guerra no la veía. Es algo muy lamentable. Es una huella que no se va a borrar”. Por su parte, Hernán Gutiérrez Villada, señaló: “lo peor que le puede pasar a un pueblo es una guerra porque nos matamos entre hermanos”.
¿Qué sigue?
En los próximos meses, las víctimas podrán hacer observaciones a lo dicho por los comparecientes de las Farc-EP ante la JEP. Luego, la Sala de Reconocimiento de Verdad contrastará las versiones de los comparecientes, las observaciones de las víctimas, los informes de la sociedad civil, los procesos de la justicia ordinaria, entre otros. De esta manera avanzará la investigación judicial para decidir quiénes son los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos, así como los daños que causaron a las víctimas, sus comunidades y sus territorios.
Estas versiones son reservadas para proteger la investigación, en especial, para garantizar la seguridad de los sujetos procesales e intervinientes especiales. Es decir, para proteger a las víctimas, comparecientes y otras personas que participan en el proceso judicial.
