COMUNICADO CONJUNTO 09
Sanciones Propias de la JEP: con ruta y recursos iniciales definidos, volverlas realidad queda en manos del próximo Gobierno
- En su última sesión ordinaria, la Instancia de Articulación entre el Gobierno Nacional y la JEP presentó los avances alcanzados y definió las prioridades que deberán orientar la continuidad de este trabajo.
- Esta articulación permitió asegurar $20.000 millones para poner en marcha los primeros proyectos restaurativos que hacen parte de las Sanciones Propias impuestas a 19 comparecientes que reconocieron responsabilidad.
- Más de 40 mesas técnicas permitieron avanzar en el alistamiento de los proyectos, identificar sus necesidades presupuestales y definir las condiciones para su ejecución.
- El próximo Gobierno recibirá una ruta en marcha y resultados verificables. Dar continuidad a este trabajo será determinante para brindar seguridad jurídica a los comparecientes, cumplir las sentencias y proteger los derechos de las víctimas.
Bogotá, 24 de julio de 2026. Más de $20.000 millones para financiar los primeros proyectos restaurativos que hacen parte de las Sanciones Propias impuestas a 19 comparecientes que reconocieron responsabilidad; una ruta de coordinación técnica entre la JEP y las entidades del Estado, y condiciones institucionales y operativas para ejecutar las sentencias del Tribunal para la Paz son algunos de los principales resultados de la Instancia de Articulación.
Este mecanismo, conformado por la JEP y el Gobierno Nacional, coordina las condiciones técnicas, financieras e institucionales necesarias para cumplir las condenas impuestas por la Jurisdicción. Su trabajo incide en la implementación de las primeras sentencias del Caso 01, sobre secuestros cometidos por las antiguas Farc-EP, y del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, que aborda asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate.
Durante la décima sesión ordinaria de la Instancia de Articulación, realizada el 16 de julio en Bogotá, se revisaron los avances y se definieron las prioridades que deberán orientar el trabajo con el próximo Gobierno. El propósito es dar continuidad a los resultados obtenidos y asegurar las condiciones necesarias para cumplir las sentencias y, con ello, brindar seguridad jurídica a los comparecientes y garantizar los derechos de las víctimas mediante la ejecución efectiva de las condenas impuestas a los responsables de graves crímenes.
Recursos para financiar las primeras Sanciones Propias
La articulación entre la JEP y el Gobierno Nacional permitió asegurar $20.000 millones de los $50.000 millones destinados por el Ejecutivo para financiar la implementación de las primeras Sanciones Propias. Los recursos serán canalizados mediante la subcuenta Acciones y Prácticas Restaurativas del Fondo Colombia en Paz.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), encargada de liderar esta subcuenta, adelantó más de 40 mesas técnicas para preparar los proyectos ordenados en las sentencias. Este proceso ya supera el 80 % de avance e incluye la identificación de necesidades presupuestales, la revisión de los anexos técnicos y la definición de las condiciones requeridas para su ejecución.
Asimismo, como resultado de la Ruta de Coordinación implementada por la Instancia en 2026, se priorizaron nueve proyectos restaurativos en el subcaso Costa Caribe, que ya tiene sentencia, así como en el Subcaso Norte de Santander del Caso 03 y en el Caso Conjunto 03/04 de Dabeiba, Antioquia, ambos en etapa de juicio. El trabajo permitió identificar las entidades responsables, los recursos requeridos y las capacidades que se deberán garantizar para su ejecución.
Una arquitectura institucional para que las sentencias se cumplan
La Instancia de Articulación ayudó a construir una arquitectura institucional y normativa que conecta las decisiones judiciales de la JEP con las capacidades y obligaciones de las entidades responsables de hacerlas realidad en los territorios. Los Acuerdos Internos 001 y 002 de 2025 fortalecieron la gobernanza de la Instancia, formalizaron la Ruta de Coordinación y establecieron herramientas para organizar el trabajo entre la Jurisdicción y el Gobierno Nacional.
A este desarrollo normativo se sumó el Decreto 652 del 26 de junio de 2026, que definió las condiciones de seguridad, salud, protección social, transporte, alimentación y habitabilidad necesarias para el cumplimiento de las Sanciones Propias. La norma también asignó responsabilidades a las entidades encargadas de garantizar estas condiciones durante la ejecución de los proyectos restaurativos.
Esta arquitectura debe mantenerse y fortalecerse. De cara al cambio de Gobierno, será necesario prever las disposiciones pertinentes sobre la Instancia en el Plan Nacional de Desarrollo, avanzar en la expedición del decreto que reglamentará la Instancia de Articulación y crear un rubro específico en el Presupuesto General de la Nación, con el propósito de establecer una fuente estable de financiación para la implementación de las Sanciones Propias.
Una responsabilidad de Estado que debe continuar
Las entidades que integran la Instancia coincidieron en que el cumplimiento de las sentencias de la JEP exige preservar y fortalecer la institucionalidad creada para implementar el Acuerdo Final de Paz. Esto implica dar continuidad a la Instancia de Articulación, a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP) y a las capacidades técnicas, financieras y operativas construidas para ejecutar las Sanciones Propias.
El país ya cuenta con reglas, proyectos priorizados, capacidades instaladas y alianzas institucionales. El próximo Gobierno recibirá una ruta en marcha y resultados verificables. Preservar esta estructura institucional será fundamental para materializar las sanciones, cumplir los compromisos constitucionales e internacionales del Estado y garantizar los derechos de las víctimas y de los firmantes del Acuerdo Final de Paz.
Sin financiación estable, capacidad operativa y coordinación institucional, los proyectos restaurativos no podrán ejecutarse en las condiciones ordenadas por la justicia. Esto aplazaría las respuestas que las víctimas han esperado durante décadas frente a los daños sufridos y debilitaría sus derechos a la reparación y a la no repetición.
“Es un compromiso de Estado, no de Gobierno”, afirmó el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, durante la reunión. Por su parte, Juan David Villalba, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, destacó que la Instancia “evolucionó de un mecanismo de coordinación a una verdadera herramienta de trabajo que queda para el próximo Gobierno”. Finalmente, Nadia Gabriela Triviño, asesora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, resaltó que el “éxito de la implementación de las Sanciones Propias depende de la implementación integral del Acuerdo de Paz como garantía de no repetición".
Las entidades hicieron un llamado a preservar las capacidades, los acuerdos y los mecanismos de coordinación construidos entre el Gobierno Nacional y la JEP para que las decisiones judiciales puedan traducirse en acciones restaurativas concretas en los territorios más afectados por el conflicto armado.
