Un mayor general (r), un brigadier general (r) del Ejército Nacional y ocho militares más reconocieron en público su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe
- Durante dos días, en Barranquilla, diez comparecientes de la fuerza pública reconocieron ante más de 30 víctimas, la justicia y el país su responsabilidad, en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la Costa Caribe.
- En la diligencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Costa Caribe II del Caso 03, los diez comparecientes se refirieron al patrón criminal documentado por la Sala de Reconocimiento, en el que 604 personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate en los siete departamentos de la Costa Caribe, entre 2002 y 2008.
- Por primera vez en la historia del país, un mayor general en retiro del Ejército Nacional, el oficial de más alto rango que ha comparecido ante la JEP, reconoció públicamente que existieron órdenes superiores, presiones por resultados y mecanismos de encubrimiento que favorecieron la comisión de estos crímenes. Se trata del mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo, quien comandó la Décima Brigada Blindada entre diciembre de 2004 y junio de 2006.
- La Audiencia de Reconocimiento continuará los días 28, 29 y 30 de julio en Valledupar, donde comparecerán los demás militares llamados por la Sala de Reconocimiento para responder por estos hechos.
- Entre las víctimas determinadas por la investigación se encuentran 26 niñas y niños, 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo y 14 mujeres, una de ellas embarazada.
- En la JEP, en total, siete generales retirados del Ejército Nacional han reconocido públicamente responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en diferentes zonas del país.
Bogotá, 3 de julio de 2026. “Allá está el cartel que dice: ‘¿Quién dio la orden?’. Yo soy el máximo responsable. Y vine para que ustedes me miren así”, afirmó el mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo, en la Audiencia de Reconocimiento de Verdad que la JEP realizó en el Atlántico los días 30 de junio y 1 de julio.
El mayor general en retiro Hernán Giraldo Restrepo, quien comandó la Décima Brigada Blindada entre diciembre de 2004 y junio de 2006, se convirtió en el militar de más alto rango que ha reconocido públicamente su responsabilidad ante la Jurisdicción, frente al patrón criminal documentado por el Subcaso Costa Caribe II, que lidera el magistrado Óscar Parra Vera.
La Sala de Reconocimiento estableció que durante su comandancia se consolidó una de las etapas de mayor expansión del fenómeno criminal en la región. Según la investigación, el 100 % de las bajas reportadas por la Fuerza de Reacción Divisionaria (FURED), el 82 % de las reportadas por el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 'Rondón' y el 55 % de las atribuidas al Batallón de Artillería No. 2 'La Popa' correspondieron a civiles asesinados y presentados falsamente como bajas en combate.
Durante los dos días de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en Barranquilla, diez antiguos integrantes del Ejército Nacional comparecieron ante más de 30 víctimas, la justicia y el país para reconocer públicamente su responsabilidad por graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la Costa Caribe. La JEP documentó un patrón criminal mediante el cual integrantes de 19 unidades militares asesinaron y desaparecieron forzadamente a 604 personas para presentarlas falsamente como bajas en combate entre enero de 2002 y diciembre de 2008, entre las víctimas 26 eran niños y niñas y 31 pertenecían a los Pueblos Indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo.
Durante su reconocimiento, Giraldo Restrepo también aceptó haber permitido que las investigaciones disciplinarias adelantadas en ese momento no produjeran resultados y reflexionó sobre las consecuencias personales que ha tenido el proceso restaurativo y el encuentro con las víctimas. "Era como estar frente al juicio de Dios. Escuchar cada relato de cada uno de ustedes (las víctimas), causa demasiado impacto en el alma y en el espíritu. El dolor le llega al fondo del alma", dijo.
"Soy una persona diferente. A veces me dicen, ¿usted a quién le debe que sea diferente?, y les digo: a la JEP, que me aterrizó en la realidad, que me puso a tener demasiadas noches de insomnio y de autocrítica y auto percibirme qué fue lo que hice y qué dejé de hacer", afirmó el mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo.
El magistrado Óscar Parra Vera destacó el significado institucional de este reconocimiento y el valor que representa para las víctimas y para el esclarecimiento de la verdad: "hasta este momento, usted tiene la graduación más alta entre quienes han reconocido responsabilidad ante esta Jurisdicción".
Asimismo, recordó que las víctimas enfrentaron durante años amenazas, desplazamientos y otras formas de violencia por exigir verdad y justicia. "Las víctimas fueron amenazadas, hostigadas, desplazadas e incluso asesinadas por buscar la verdad. (...) Este es un paso importante en el camino hacia la verdad y el reconocimiento de responsabilidades", dijo el magistrado Óscar Parra.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli aseguró que “muy pocas investigaciones judiciales logran explicar un fenómeno criminal desde su génesis hasta su desarticulación. Este Subcaso Costa Caribe lo consiguió. Y ese es uno de los principales aportes que hoy la JEP entrega a las víctimas, a la justicia y al país.
Por su parte, el brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez, reconoció, mirando a las víctimas: “Comparezco hoy ante ustedes con profunda vergüenza, dolor y con pleno reconocimiento de responsabilidad por los crímenes atroces cometidos durante el grado de teniente coronel en el Batallón ‘La Popa'”.
“Estoy aquí para asumir mi responsabilidad, para llamar estos hechos por su nombre, para honrar la memoria de las víctimas, para contribuir a restablecer su dignidad y su buen nombre, y para pedirles perdón mirándoles a los ojos, con la humildad que exige la magnitud del daño causado”, agregó el brigadier general en retiro León Hernández Martínez.
Con los reconocimientos del mayor general (r) Hernán Giraldo y el brigadier general (r) Adolfo León Hernández, en la JEP, en total, siete generales retirados del Ejército Nacional han reconocido públicamente responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en diferentes zonas del país.
La investigación de la Sala de Reconocimiento permitió establecer que estos crímenes no fueron hechos aislados, sino el resultado de una macroestructura criminal que operó de manera organizada y sistemática en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, que se valió de un sistema de presiones, incentivos y mecanismos de encubrimiento para incrementar artificialmente los resultados operacionales y presentar asesinatos y desapariciones forzadas como supuestos éxitos militares.
Asimismo, documentó modalidades como el señalamiento de civiles como integrantes de grupos armados, el engaño mediante falsas ofertas de trabajo y la captación de personas en condición de vulnerabilidad para posteriormente asesinarlas y hacerlas pasar como combatientes muertos en operaciones militares.
La investigación de la JEP concluyó que estos crímenes ocasionaron profundas afectaciones individuales, familiares y colectivas, dejando huellas físicas y psicológicas, estigmatización, rupturas familiares y daños diferenciados sobre mujeres, pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes, muchos de los cuales quedaron huérfanos y asumieron responsabilidades desde edades tempranas.
Las víctimas, en el centro de la audiencia
Durante los dos días de diligencia, las víctimas recordaron a sus familiares, relataron los daños que dejaron estos crímenes y exigieron a los comparecientes un reconocimiento pleno de responsabilidad.
Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Yoleides Johanna Montaño Otero, compañera permanente de Jorge Luis Villanueva López, quien fue asesinado por integrantes del Batallón de Artillería N.° 2 La Popa. "Hoy levantamos nuestra voz, como víctimas, ante los comparecientes del Batallón 'La Popa', de Valledupar. No para pedir lástima, sino para exigir verdad, responsabilidad y dignidad", dijo.
Montaño Otero recordó el dolor que han enfrentado las familias por los crímenes cometidos y pidió respuestas sobre las responsabilidades. También dijo que, aunque su familia pudo recibir el cuerpo de Jorge Luis Villanueva López, aún hay muchas familias que siguen esperando encontrar a sus seres queridos desaparecidos.
Asimismo, Nubia Rosalia Lozano de la Rosa, madre Jey Rafael Trocha Lozano, presentado falsamente como baja en combate el 12 de abril de 2007 y cuyo cuerpo permanece desaparecido, expresó que “la verdad debe alcanzar a todas las víctimas, sin excepción. La participación solo tiene sentido cuando se traduce en avances reales hacia el esclarecimiento, la dignificación de quienes ya no están y en las garantías de que ninguna familia tenga que seguir esperando”.
Gilma Patricia Meza Sierra, quien fue compañera permanente de Walberto Cohen Padilla, de 32 años, asesinado el 20 de noviembre de 2005, junto con Iván Darío Sierra de la Rosa, Alfredo Retamozo y Jhon Jairo Parejo Pérez en Parcelas del Tocaimo (San Diego, Cesar), por hombres del Batallón 'La Popa', relató que Walberto era comerciante y mototaxista en el municipio de Soledad (Atlántico) y padre de cuatro hijos. Su vida estaba centrada en el trabajo cotidiano y en la búsqueda de estabilidad para su familia.
“El perdón es un acto de valentía y de grandeza humana, es la decisión de no permitir que el dolor y el sufrimiento tengan la última palabra en nuestras vidas. Este encuentro que hoy vivimos no es producto del azar. Es el resultado de muchos años de lucha, de perseverancia y de la firme decisión de nuestra organización de no cansarse, de no rendirse y de seguir insistiendo en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición", expresó Gilma Meza.
Finalizando su intervención, Gilma llamó al mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo para ofrecerle su mano, entregarle un presente y darle un abrazo. “Así como mis hijos hoy están viendo este momento, en el que se está limpiando el nombre de su padre, hoy sus hijos también tienen que sentirse orgullosos. Si en algún momento de su vida se sintieron mal, quiero decirles que hoy tienen que sentirse orgullosos", expresó.
Danna Carol Lobo Rivas, hija de Robinson Alfonso Lobo García, dijo que su padre era un hombre que se ganaba la vida como comerciante informal y jardinero en Barranquilla. Su situación de vulnerabilidad, asociada a un consumo problemático de sustancias psicoactivas, fue aprovechada para engañarlo con una falsa oferta de trabajo que le prometía mejores ingresos. El 13 de agosto de 2006, Robinson Alfonso fue asesinado junto con otra persona que aún permanece sin identificar; posteriormente, fue presentado falsamente como integrante de las Farc- EP muerto en combate.
“Esos generales, mayores y coroneles, máximos responsables, incitaron a los que hoy están aquí sentados mediante un lenguaje violento, en el que exigieron 'ríos de sangre' y multiplicaron las prácticas medidas únicamente en muertos", dijo Danna Carol Lobo Rivas. "Estos hombres que están aquí son hombres francos que decidieron asumir su verdad, pase lo que pase", agregó.
Elizabeth Paola Posada Rodríguez, hija de Hernán Enrique Posada Doria, quien fue asesinado junto con Roberto Junior Rodríguez Villa y presentado falsamente como una baja en combate por integrantes del Batallón 'La Popa' el 7 de enero de 2007, le dijo a los comparecientes, acompañada de Nayely Rosillo hija de Roberto Junior: “hoy lo decimos aquí, en esta sala: los perdonamos. Pero para que puedan entender el daño que ustedes causaron, primero tienen que saber quiénes eran ellos(…) Nuestros papás eran unos hombres de bien. Su única riqueza era su familia; su única arma eran las palabras de ellos”, expresó.
Dirigiéndose a víctimas y comparecientes, el magistrado Díaz Romero recordó que la Justicia Transicional Restaurativa tiene a las víctimas en el centro del proceso: "Aquí son escuchadas", dijo. Y afirmó que quienes participaron en estos crímenes "decidieron desligarse del mandato constitucional", al conformar una estructura delictiva utilizando los medios y recursos del Estado.
Los comparecientes reconstruyeron cómo operó el patrón criminal
Uno de los reconocimientos más detallados fue el del teniente (r) Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo, quien aceptó su participación en varios de los hechos investigados por la JEP y explicó el papel que desempeñó dentro de la estructura criminal documentada por la Sala de Reconocimiento.
Durante su intervención reconoció las decisiones que adoptó, el daño causado a las víctimas y la responsabilidad que le corresponde por haber participado en estos crímenes. Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, el compareciente Gutiérrez Jaramillo fue uno de los militares más activos dentro del patrón criminal. Entre julio de 2006 y abril de 2007, participó en 10 operaciones ficticias que dejaron 15 víctimas, equivalentes al 75 % de las bajas reportadas por el Batallón 'La Popa' durante su permanencia.
"Las transporté en vehículos, a veces incluso del mismo Ejército. Las llevé a lugares apartados y allí, en la mayoría de los casos, fui yo quien accionó el fusil contra ellas. No hubo combate, ni resistencia, mucho menos una situación de legítimo enfrentamiento", relató el teniente (r) Gutiérrez Jaramillo.
Asimismo, el mayor (r) Julio César Parga Rivas reconoció públicamente las órdenes que impartió como comandante de la Fuerza de Reacción Divisionaria (FURED) en varios de los hechos investigados. "Me da vergüenza. Yo era una persona que venía haciendo bien las cosas. Hoy mi madre está viendo esta declaración, pero el país necesita conocer la verdad", dijo el compareciente Parga Rivas. "Esto era una culturización de la muerte", concluyó.
Al referirse al asesinato de Douglas Alberto Tavera Díaz, hijo de Martha Elena Díaz Ospina, quien fue asesinado junto con Danny Alberto Díaz Sarmiento y otros dos hombres aún no identificados el 2 de abril de 2006 en la vereda Los Anones, en San Juan del Cesar (La Guajira), explicó cómo se desarrolló la operación y aceptó las decisiones que adoptó para la comisión de estos hechos.
La Sala de Reconocimiento determinó que la Fuerza de Reacción Divisionaria fue una de las unidades que presentó el mayor porcentaje de asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate durante el período investigado.
El coronel (r) Cesar Oswaldo Morales Ramírez, quien se desempeñó como comandante del Grupo 'Rondón', entre el 16 de junio del 2006 y el 13 de junio de 2007, hizo su reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas y mirándolas les dijo: “Razón suficiente tienen todas ustedes como víctimas cuando sentencian con sabiduría que es maldito el soldado que vuelve sus armas contra su propio pueblo. Empleé a mis tropas, a los miembros de la Plana Mayor y los recursos destinados por el Estado (...) como instrumentos para la ejecución de graves crímenes en contra de la población".
El coronel (r) Gustavo Ovidio Díaz Tamayo fue comandante del Grupo 'Rondón' entre junio y diciembre de 2008, época en la que se realizaron diferentes operaciones en las que "en su mayoría, por no decir el 80 %, resultaron en 'falsos positivos', en asesinatos de personas totalmente inocentes", reconoció. "Existía una presión por los resultados y yo me sometí, o continué, con esa presión por los resultados que siempre estaba reflejada en unas tablas que, desde que llegué al Grupo 'Rondón', nos hacían ver cada quince días en programas radiales o, incluso, en las mismas visitas realizadas al Grupo 'Rondón' por las diferentes instancias superiores ", relató.
El mayor (r) Luis Fernando Campuzano Vásquez, quien ocupó cargos estratégicos en el Batallón 'La Popa', entre enero de 2006 y septiembre de 2007, periodo en el que participó en el asesinato de 39 víctimas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate afirmó que “durante muchos años, confundí el silencio con lealtad institucional. Mi obligación era proteger la vida, la Constitución y la verdad (...). Haber callado también fue una forma de participar en el daño que hoy reconozco ante ustedes”.
Como gesto simbólico de arrepentimiento y reparación, tres de los comparecientes citados a esta Audiencia de Reconocimiento entregaron medallas y distinciones obtenidas en el marco de los crímenes en los que participaron.
El coronel (r) Gustavo Ovidio Díaz Tamayo hizo entrega de la medalla por ‘Servicios Distinguidos de Orden Público’; el teniente (r) Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo entregó la medalla ‘José María Córdova’, obtenida el 3 de agosto de 2007; y el brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez entregó la medalla ‘Miguel Antonio Caro’, obtenida el 5 de abril de 2008, así como el Boletín Trimestral correspondiente al primer trimestre de 2008, en el que aparece incluido en un cuadro de honor.
También reconoció su responsabilidad el teniente coronel (r) Rubén Briam Blanco Bonilla, quien se desempeñó como oficial de operaciones (S3) del Batallón 'La Popa', entre noviembre de 2007 y octubre de 2008; y, posteriormente, como segundo comandante y ejecutivo, hasta junio de 2009.
La audiencia continuará en Valledupar
La Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad continuará los días 28, 29 y 30 de julio en Valledupar, donde comparecerán los 10 comparecientes que reconocieron su responsabilidad en Barranquilla junto a otros 15 militares en retiro más, convocados para esta segunda etapa de la diligencia, entre ellos el mayor general (r) Jorge Enrique Navarrete Jadeth. Durante estas jornadas, las víctimas volverán a intervenir para formular preguntas, observaciones y solicitudes a los comparecientes, quienes deberán continuar aportando verdad sobre el funcionamiento de la organización criminal documentada por la JEP.
En marzo de 2025, la Sala de Reconocimiento imputó a estos 25 comparecientes y otros tres militares en retiro más, crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con 604 asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate, cometidos entre enero de 2002 y diciembre de 2008 en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
La investigación también determinó que cerca de 120 víctimas aún no han sido identificadas. De las 4.740 víctimas acreditadas en el Caso 03, al menos 1.175 participan en el Subcaso Costa Caribe.
Una vez concluya la audiencia y la Sala de Reconocimiento valore la integralidad, suficiencia y utilidad de los aportes de verdad realizados por los comparecientes, determinará si cumplen las condiciones para ser remitidos al Tribunal para la Paz, que será el encargado de imponer las sanciones propias previstas en el Sistema Integral para la Paz.
Sumando las dos fases de investigación adelantadas en la Costa Caribe, la JEP ha imputado como máximos responsables a 43 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional por asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate. De ellos, seis no reconocieron responsabilidad; uno fue excluido de la Jurisdicción y el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez fue vencido en juicio y condenado a 20 años de prisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad. En conjunto, las investigaciones de la JEP han permitido establecer que 739 personas fueron asesinadas y presentadas ilegítimamente como bajas en combate en la región Caribe entre 2002 y 2008.
El reconocimiento de responsabilidad que hoy realizan los comparecientes es el resultado de un amplio proceso de investigación, contrastación judicial y aportes a la verdad adelantado por la JEP. A lo largo de este proceso, los responsables han debido confrontar la evidencia judicial, escuchar los relatos de las víctimas y comprender la magnitud del daño causado a las familias y comunidades, como condición para avanzar hacia una justicia restaurativa fundada en la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.
Comparecientes que reconocieron responsabilidad en Barranquilla (30 de junio y 1 de julio)
• Mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo
• Brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez
• Coronel (r) César Oswaldo Morales Ramírez
• Coronel (r) Gustavo Ovidio Díaz Tamayo
• Coronel (r) Jorge Iván Monsalve Hernández
• Teniente coronel (r) Rubén Briam Blanco Bonilla
• Mayor (r) Julio César Parga Rivas
• Mayor (r) Luis Fernando Campuzano Vásquez
• Teniente (r) Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo
• Sargento primero (r) Claudio Verú Gómez Sargento
Comparecientes llamados a reconocer responsabilidad en Valledupar (28, 29 y 30 de julio)
• Mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo
• Mayor general (r) Jorge Enrique Navarrete Jadeth
• Brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez
• Coronel (r) Alejandro Robayo Rodríguez
• Coronel (r) César Oswaldo Morales Ramírez
• Coronel (r) Edgar Humberto León Terán
• Coronel (r) Gustavo Ovidio Díaz Tamayo
• Coronel (r) Jorge Iván Monsalve Hernández
• Coronel (r) Juan Carlos Bustamante Rodríguez
• Teniente coronel (r) Juan Guillermo Múnera Piedrahita
• Teniente coronel (r) Rubén Briam Blanco Bonilla
• Teniente coronel (r) Luis Fernando Borja Aristizábal
• Mayor (r) Julio César Parga Rivas
• Mayor (r) Luis Fernando Báez Angarita
• Mayor (r) Luis Fernando Campuzano Vásquez
• Mayor (r) Nelson Mauricio Molano Calderón
• Mayor (r) Orlando Arturo Céspedes Escalona
• Capitán (r) Antonio Rozo Valbuena
• Capitán (r) Antonio Rozo Valbuena
• Teniente (r) Diego Armando Junco Parra
• Teniente (r) Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo
• Subteniente Joaquín Alfonso Moreno Gómez
• Sargento primero (r) Claudio Verú Gómez
• Sargento primero (r) Germán Custodio Tovio Medrano
• Sargento primero (r) Orlando Enrique Castillo Royero
• Sargento segundo (r) Pilides José Torres Monterroza
