COMUNICADO 145
“Usaron nuestro cuerpo para hacer guerra”: sobrevivientes de violencia sexual, en el Subcaso Fuerza Pública del Caso 11, ante la JEP
- Más de 70 víctimas, entre mujeres, hombres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, expusieron las violencias sufridas durante el conflicto armado y reclamaron que se reconozca el daño causado por integrantes de la fuerza pública.
- Sus testimonios revelaron cómo la violencia basada en género fue utilizada para someter, castigar, humillar y ejercer control sobre las víctimas, sus familias y sus comunidades.
- Durante ocho sesiones de audiencia, víctimas provenientes de 21 departamentos del país pidieron que los máximos responsables de estos crímenes reconozcan la verdad y que Colombia conozca las historias de mujeres, hombres, familias y personas con identidades sexuales y de género diversas que fueron violentadas por integrantes de la fuerza pública durante el conflicto armado.
- Algunas víctimas relataron que fueron víctimas de violencias de distinto tipo, especialmente sexuales, siendo niños o niñas y expusieron las consecuencias físicas, emocionales, familiares y económicas que han enfrentado durante años tras estos hechos.
- A la fecha, el Subcaso 2 del Caso 11, que investiga estos crímenes, ha acreditado a 587 víctimas de violencias basadas en género y ha escuchado en versión a 72 comparecientes de la fuerza pública, entre ellos integrantes de distintos rangos de la cadena de mando militar, desde los más altos niveles hasta soldados.
Bogotá, 4 de noviembre de 2026. “Usaron nuestro cuerpo para hacer guerra. Nuestro cuerpo fue un instrumento que utilizaron para someternos, para hacer y deshacer”, con estas palabras, una de las víctimas resumió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el daño causado por la violencia basada en género durante el conflicto armado.
Su testimonio hizo parte de las intervenciones de 75 víctimas que, a lo largo de ocho sesiones de audiencia judicial, expusieron las violencias basadas en género, sexuales, reproductivas y por prejuicio que sufrieron personas civiles por parte de integrantes de la fuerza pública en el conflicto armado. Estos hechos son investigados en el Subcaso 2 del Caso 11, liderado por el despacho del magistrado Óscar Parra Vera.
En el proceso de instrucción, luego de la escucha de 72 comparecientes, se dio traslado de las versiones voluntarias a las víctimas acreditadas y a sus representantes judiciales para que presentaran sus observaciones a las mismas. Como parte del proceso participativo, se acordó con ellas la importancia de adelantar audiencias orales de presentación de observaciones de víctimas, para lo cual se acordó una metodología consistente en la escucha de víctimas organizadas en función de su pertenencia a los grupos de hombres, de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIEGD) o de mujeres. A partir de estos acuerdos, se dedicó una sesión a escuchar a personas con OSIEGD víctimas de violencias de género en diferentes territorios del país; dos sesiones a escuchar a hombres provenientes de distintos puntos de la Costa Caribe y cuatro sesiones a escuchar a las mujeres víctimas de violencias de género agrupadas por los territorios en los que fueron victimizadas.
Mujeres, hombres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, provenientes de 21 departamentos, hablaron no solo de la violencia vivida, sino de sus procesos de liderazgo, de ayuda mutua, de juntanza, de dignificación de sus vivencias. Las 75 víctimas le contaron a la magistratura de agresiones que no se limitaron a sus cuerpos: también fracturaron familias, destruyeron medios de subsistencia, provocaron desplazamientos y alteraron sus proyectos de vida. En medio de ello, también informaron al país cómo afrontaron a través de diversas herramientas personales y colectivas estas violencias de género que merecen ser nombradas evitando caer en la segregación o el señalamiento a las víctimas.
Sus relatos pusieron en evidencia que la violencia basada en género fue utilizada como una forma de castigo, humillación, sometimiento y control, con impactos que muchas víctimas han enfrentado en silencio durante décadas. Sus voces llegaron desde Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada, así como desde la región de Montes de María (Sucre y Bolívar).
Una de las sesiones de la audiencia estuvo dedicada a recibir las observaciones de trece representantes de organizaciones intervinientes: Colectiva Justicia Mujer, Corporación Ocho de Marzo, Corporación Humanas, Caribe Afirmativo, Colombia Diversa, Red Nacional de Mujeres, Limpal, Asociación Minga, Fundación Progresar, Corporación Sisma Mujer, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Yira Castro y Fundehuvicol. También participó el SAAD Víctimas y el Ministerio Público.
La violencia basada en género contra las mujeres no fue un hecho aislado
Mujeres de distintos lugares del país relataron a la magistratura cómo fueron víctimas de violencias de género de diferente tipo, incluida la sexual, por integrantes de la fuerza pública o con su apoyo. Estos hechos se cometieron cuando algunas de ellas eran niñas, otras ejercían liderazgos sociales, por ser señaladas como parte de la guerrilla, tener vínculos familiares, o afectos reales o presuntos con ellos, por pertenecer a comunidades estigmatizadas, o en el marco de los procesos de búsqueda de sus seres queridos que habían sido desaparecidos.
Para las víctimas de la Costa Caribe y del sur del país, hacer visibles estos crímenes y lograr que el país conozca lo ocurrido es una exigencia que sigue pendiente. “No vengo a pedir lástima. Vengo a pedir que el Estado reconozca que en el Magdalena la violencia sexual no fue un hecho aislado”, dijo una de ellas.
La mujer relató cómo los actores armados utilizaron la violencia contra las mujeres para castigar a sus compañeros, intimidar a sus familias y obligarlas a abandonar sus territorios. Su testimonio también dio cuenta de las consecuencias que tuvo para su vida: tuvo que dejar su actividad comercial y enfrentar el futuro con sus dos hijas, una de ellas de apenas siete meses.
“Nos utilizaron […] porque ellos llegaron, fue por nuestros esposos. Al no encontrarlos, […] era como: ‘vamos a hacerles esto porque ahí hay que golpear por donde más les duela’”, narró. Su historia refleja cómo estas agresiones afectaron no solo a las mujeres, sino también a sus hijos, sus familias y sus comunidades.
Las víctimas reclamaron que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, se identifique a los responsables y se reconozca el daño causado. También pidieron reparación mediante el acceso a la salud, la educación y garantías para reconstruir sus proyectos de vida.
Para muchas víctimas, hablar ante la JEP fue la primera vez en la que pudieron expresar ante una autoridad del Estado la violencia vivida. Una de ellas recordó que otras sobrevivientes no pudieron contar lo que les ocurrió: “Mujeres que no pudieron venir porque les daba miedo, vergüenza, o porque ya murieron (...) y no han podido hablar. Han quedado en el silencio”, expresó.
Las mujeres señalaron que las violencias que vivieron se anclaron en prejuicios que recaían sobre ellas: que sus cuerpos estaban disponibles para los actores armados, que atacando su liderazgo lograban silenciar a las comunidades e imponer un orden moral donde las mujeres no debían ocupar los espacios públicos, que debían ser sumisas, silenciarse y obedecer al poder masculino. Integrantes de la fuerza pública cometieron violencias en su contra partiendo de estos imaginarios, lo cual también resquebrajó la confianza en las instituciones y en el Estado.
Hombres sobrevivientes: el país necesita escuchar y superar el estigma
La audiencia también permitió escuchar a hombres que sufrieron violencia sexual durante el conflicto armado, algunos cuando eran niños. Sus testimonios evidenciaron las barreras particulares que enfrentan para denunciar, hablar de lo ocurrido y acceder a atención médica y psicosocial, debido al rechazo social y los cuestionamientos sobre su masculinidad.
Uno de los sobrevivientes relató que fue víctima de violencia sexual y que, después de los hechos, perdió su negocio, sufrió secuelas físicas permanentes y vio frustrado su proyecto de convertirse en abogado. Durante años guardó silencio y, solo ahora, se atrevió a contar su historia ante la Jurisdicción.
“Quiero que se conozca que la violencia sexual también podía utilizarse contra los hombres como una forma de castigo, humillación y sometimiento”, manifestó. Además, pidió que su caso no sea considerado un hecho aislado y que se investigue el contexto de amenazas y extorsiones en el que ocurrieron las agresiones.
Otro sobreviviente recordó que tenía 12 años cuando fue víctima de violencia sexual. Ante la JEP, pidió que se escuche a los hombres que todavía no han podido hablar de lo sucedido durante su niñez y que se les garantice el acceso a servicios de salud sin miedo ni vergüenza.
“Uno no denuncia por miedo, por vergüenza y, de pronto, por el señalamiento también de la familia”, explicó otra víctima. Por eso, pidió que la falta de denuncia no se interprete como prueba de que los hechos nunca ocurrieron.
También reclamó campañas para combatir la estigmatización hacia los hombres sobrevivientes, especialmente contra los campesinos que fueron señalados de ser guerrilleros o colaboradores y sufrieron golpes, humillaciones y violencia sexual en distintas zonas del Caribe.
El magistrado Óscar Parra Vera, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, reconoció que estas agresiones permanecieron invisibilizadas durante años y destacó el valor de quienes han decidido contarlas: “Ha sido por el impulso y la valentía de ustedes y de algunas organizaciones que ha sido posible conocer que los actores armados también han ejercido violencias sexuales contra niños, jóvenes y hombres heterosexuales, y que estas violencias constituyen una realidad invisibilizada y silenciada debido a la estigmatización social y a las barreras particulares que han enfrentado los hombres para denunciarlas”.
Violencia por prejuicio: castigar a quienes se apartaban de los roles impuestos
Las víctimas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas insistieron en que la violencia que sufrieron no puede separarse del conflicto armado. En sus testimonios, explicaron cómo los prejuicios fueron utilizados para señalar, castigar y someter a quienes no se ajustaban a los modelos de masculinidad y feminidad que los actores armados pretendían imponer.
“Hicimos parte del conflicto armado, y nuestra historia no puede quedar al margen. Se nos dijo que la violencia que vivimos no tenía nada que ver con el conflicto. La violencia basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género fue utilizada como un mecanismo de control social”, afirmó una de las víctimas.
Otra persona sobreviviente sintetizó el alcance de estas agresiones: “La violencia por prejuicio fue un fenómeno nacional que produjo daños individuales y colectivos. Cambian los territorios, los actores armados, pero el mensaje siempre fue el mismo: quienes no respondíamos a los roles de masculinidad y feminidad éramos señalados y violentados”.
Una mujer transgénero relató las consecuencias psicológicas que ha tenido que afrontar tras las agresiones sexuales que sufrió. “Ese día me estaban castigando por ser quien era, me hicieron sentir que una persona como yo no tenía derecho a vivir”, recordó.
También se escucharon reclamos de víctimas, quienes pidieron que se visibilicen las amenazas de asesinato, violencia sexual, desmembramiento y desaparición que sufrieron. Una de ellas narró que despertó después de tres meses de permanecer en estado de coma: "Hoy puedo decirlo ante esta Jurisdicción: Fui víctima de violencia sexual. Mi identidad fue utilizada como motivo para violentar mi cuerpo”.
Estos testimonios insistieron en una exigencia común: que la violencia por prejuicio sea reconocida como parte de las dinámicas del conflicto armado, que se esclarezca cómo operó en los territorios y que se investigue a quienes la cometieron o permitieron.
Una violencia que dejó huellas en la salud, las familias y los territorios
Las consecuencias de estos crímenes se prolongaron mucho más allá del momento de la agresión. Las víctimas describieron afectaciones en su salud física, sexual, reproductiva, emocional y mental; la ruptura de vínculos familiares y comunitarios; la pérdida de sus medios de vida y el desplazamiento forzado al que fueron sometidas junto con sus familias.
Algunas sufrieron estas violencias durante la infancia y la adolescencia, y tuvieron que guardar silencio durante décadas por temor a las amenazas, la estigmatización y el rechazo. Otras señalaron que no encontraron instituciones a las cuales acudir o que sus denuncias fueron ignoradas. Por eso, además del esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables, reclamaron atención integral en salud, garantías de seguridad, medidas de reparación y acciones dirigidas a sus familias y comunidades.
El magistrado Parra destacó esta realidad como una parte fundamental para entender estas violencias: “Sabemos que muchas veces sus denuncias fueron ignoradas y que, en otras ocasiones, quienes debieron velar por sus derechos, incluso cuando eran niñas y adolescentes y sufrieron violencias, no lo hicieron. Reconocemos que eso nunca debió pasar. La administración de justicia debe corregir los obstáculos y la falta de garantías que impidieron que ustedes accedieran a sus derechos de manera oportuna”, señaló.
Las observaciones de las víctimas y de sus representantes serán insumos para la labor de contrastación y determinar los hechos y las conductas investigados en el Subcaso 2 del Caso 11, así como las responsabilidades correspondientes.
Al cierre de la diligencia, el magistrado Parra agradeció a las víctimas la confianza depositada en la Jurisdicción y reconoció que muchas tuvieron que enfrentar durante años el miedo, las amenazas y la falta de garantías para acceder a la justicia. Reiteró que ninguna víctima es responsable de las agresiones que sufrió y que el Estado debe corregir las barreras que impidieron su protección y atención oportunas.
“Nuestro sufrimiento es un transporte para que verdaderamente se dé la paz en Colombia”, expresó uno de los sobrevivientes.
La JEP avanza en el esclarecimiento de estos crímenes
En el Subcaso 2 del Caso 11, la JEP ha acreditado a 587 víctimas de violencias basadas en género. La Sala de Reconocimiento de Verdad ha llamado a versión voluntaria a 78 integrantes de la fuerza pública y terceros civiles, y ha escuchado a 72 comparecientes. De estos, cuatro fueron remitidos de manera temprana a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) tras negar su responsabilidad.
El Caso 11 investiga hechos de violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y crímenes motivados por prejuicio cometidos por distintos actores armados en contra de la población civil. Está dividido en tres subcasos:
- Subcaso 1: a cargo del despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, que investiga crímenes perpetrados por miembros de la extinta guerrilla de las Farc-EP contra personas civiles.
- Subcaso 2: a cargo del despacho del magistrado Óscar Parra Vera, que analiza crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública contra personas civiles.
- Subcaso 3: a cargo del despacho de la magistrada Lily Rueda Guzmán, que aborda hechos atribuibles tanto a exintegrantes de las Farc-EP como a miembros de la fuerza pública, cometidos al interior de sus propias filas.
