La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a antiguos mandos del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc-EP como máximos responsables regionales por secuestro

16 de mayo de 2025. Bucaramanga, Santander. La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro antiguos integrantes del Bloque Magdalena Medio (BMM) de las extintas Farc-EP. Los halló responsables, en el marco del Caso 01, por los secuestros y otros crímenes cometidos durante las privaciones de la libertad en Santander y algunas zonas de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar.

 

Los imputados son: Erasmo Traslaviña Benavides, conocido en las extintas Farc-EP como 'Jimmy Guerrero'; Pedro Trujillo Hernández, conocido como 'Alberto Cancharina'; Jairo Reinaldo Cala Suárez, conocido como 'Jairo Quintero' o 'Jairo Mechas'; y Fabio Gil Forero, conocido como 'Norbey Narváez'. Hoy los cuatro imputados están sometidos a la JEP y cumplen sus compromisos con el Acuerdo Final de Paz. Solo Gil Forero había sido procesado por la justicia ordinaria.

 

Estos comparecientes son llamados a reconocer responsabilidad por los crímenes de guerra de toma de rehenes y crímenes cometidos contra las personas secuestradas como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violación y violencia sexual, y desplazamiento forzado. También se les atribuyen crímenes de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad y otros crímenes contra las personas secuestradas como desaparición forzada, asesinato, tortura, otros actos inhumanos, violación y violencia sexual y desplazamiento forzado. Por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir amnistía o perdón judicial.

 

Para imputar a los máximos responsables regionales o partícipes determinantes de estos hechos, la Sala de Reconocimiento de Verdad realizó una minuciosa contrastación. Este proceso incluyó el análisis de informes de la Fiscalía, de las víctimas y de organizaciones de la sociedad civil. Además, recibió las versiones de 46 comparecientes del Bloque Magdalena Medio y evaluó las observaciones de 29 víctimas a lo dicho por los comparecientes ante la JEP.

 

Ese proceso de contrastación permitió determinar que estos excombatientes ejercieron liderazgo o fueron determinantes a la hora de materializar la política de secuestro del secretariado de la antigua guerrilla. Es decir, tenían control sobre su tropa y la potestad de imponer disciplina a sus subalternos. Por ello, la Sala de Reconocimiento de Verdad los encontró responsables tanto por las órdenes que dieron para cometer secuestros y asesinatos, como por no controlar a la tropa, cuando esta maltrató a quienes estuvieron en cautiverio.

 

Con base en decenas de secuestros individuales y colectivos documentados en la investigación, y que fueron representativos del accionar de la antigua guerrilla en esa región, la sala determinó que el Bloque Magdalena Medio privó de la libertad a sus víctimas siguiendo dos patrones: financiar su organización armada y ejercer control social y territorial.

 

Este bloque buscó controlar Bucaramanga, Barrancabermeja, Cúcuta y las vías de acceso a esas ciudades, así como las rutas que las conectan con Bogotá. Para cumplir con sus metas, este bloque contó con ocho frentes rurales (4º, 11, 12, 20, 23, 24, 33 y 46) y numerosas columnas y compañías móviles que se financiaron de los secuestros, las extorsiones y otras economías ilegales, como el tráfico de coca, la minería ilegal y el tráfico ilegal de la gasolina.

 

Así estas estructuras lograron presencia en diversas regiones: el Catatumbo en Norte de Santander, Santander, el sur de Cesar, el sur de Bolívar, el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio antioqueño y el occidente de Boyacá. Consolidaron un corredor estratégico, sobre la cordillera oriental, que se extendía desde la frontera con Venezuela, donde tenían paso y campamentos, hasta el centro del país. Allí se conectaban, al cruzar el río Magdalena, con el Bloque Caribe y el Bloque Noroccidental de las Farc-EP. Sin embargo, el Bloque Magdalena medio fue diezmado por distintos ejércitos de paramilitares, autodefensas y narcotraficantes.

 

Es por ese enfrentamiento con otros actores armados que los secuestros por control territorial del Bloque Magdalena Medio se hicieran más frecuentes, pues temían la llegada de sus enemigos a sus territorios.

 

La sala encontró que el antiguo secretariado ordenó dar un “buen trato" a los cautivos, pero en la práctica esta orden se redujo a mantenerlos con vida, mientras que su dignidad y bienestar quedaban a discreción de la guardia, sin mayor supervisión de los superiores. Asimismo, la sala encontró que la mayoría de las víctimas del Bloque Magdalena Medio que fueron secuestradas con fines extorsivos, no tenían dinero para pagar lo que pedía la antigua guerrilla por su liberación, lo que agravó el sufrimiento de las víctimas y de sus familias. 

 

La Sala de Reconocimiento de Verdad destacó además el daño regional de las privaciones de la libertad contra candidatos y funcionarios con el fin de generar un “vacío de poder". Con iniciativas como la “Despedida a Samper", la antigua guerrilla buscó dar un golpe simbólico al gobierno privando de la libertad a decenas de personas que gobernaban o aspiraban a hacerlo. Como consecuencia, ese tipo de acciones afectó el curso normal de la democracia.

 

A corte de 15 de mayo de este año, 4.213 víctimas han sido acreditadas en el Caso 01 de la JEP, que investiga los secuestros cometidos por las Farc-EP. De ellas, 189 señalan al Bloque Magdalena Medio como presunto responsable de su secuestro y otros delitos en medio del cautiverio. De este grupo, 84 son víctimas directas, 96 son familiares y allegados de víctimas, y nueve son familiares de personas asesinadas o desaparecidas tras haber sido secuestradas. De las personas privadas de la libertad, 78 son hombres y 15 mujeres. En cuanto a los 96 familiares acreditados, 47 son hombres y 49 mujeres.

 

A nivel nacional, ya fueron imputados siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP como máximos responsables de la política de secuestro en todo el país. Entre ellos se encuentra Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como 'Timochenko' o 'Timoleón Jiménez', quien además de haber sido el máximo jefe de las Farc-EP, fue coordinador del Bloque Magdalena Medio. También fue imputado Pastor Lisandro Alape Lascarro, quien comandó dicho bloque. Como parte del proceso, en junio de 2022, todos los exintegrantes del secretariado aceptaron en público su responsabilidad, y en este momento el Tribunal de Paz prepara su sentencia.

 

En 2022, la JEP empezó a profundizar en la cadena de mando, para investigar a las siete estructuras que operaban por debajo del Secretariado de las extintas Farc-EP. Solo de este modo sería posible dar respuesta a las demandas de verdad y reconocimiento de las víctimas, entender cómo operaba la antigua guerrilla a nivel regional, el daño diferenciado que causó, y contribuir a la construcción de la verdad judicial y la memoria histórica.

 

Así, la Sala de Reconocimiento de Verdad también imputó a 10 exintegrantes del Comando Conjunto Central, que operó en Tolima, Quindío y norte de Huila, y a ocho del Bloque Occidental, que operó en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Estos comparecientes ya reconocieron por escrito y en audiencia pública su responsabilidad. Asimismo, fueron imputados siete exintegrantes del Bloque Noroccidental, que operó en Antioquia, norte del Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. Los comparecientes de este bloque ya aceptaron por escrito los crímenes de los que son señalados y se preparan para hacerlo en diligencia pública frente a la justicia, las víctimas y el país. Además, la JEP también imputó a cinco mandos del Bloque Caribe por estos crímenes en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla. La sala está a la espera de que reconozcan o no su responsabilidad por los secuestros.

 

Esta imputación a los máximos responsables regionales del Bloque Magdalena Medio se da en el marco de la investigación del Caso 01 de la JEP, liderado por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.

 

1)    Erasmo Traslaviña Benavides, conocido como 'Jimmy Guerrero': Ingresó a las antiguas Farc-EP como guerrillero raso en 1982, a los 24 años. Ocupó diversos cargos dentro de la organización. Fue miembro del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio entre 1993 y 2016. Al tiempo, comandó el Frente 20, desde 1988 hasta 1995, y coordinó la Unidad Sur, entre 1997 y abril de 1998. Además, fue comandante del Frente 33 entre el 2000 y 2016, y coordinó la Unidad Norte entre 2003 y 2016. Después de la muerte de 'Raúl Reyes', fue nombrado suplente en el Estado Mayor Central de las antiguas Farc-EP. En noviembre de 2011, con la muerte de 'Alfonso Cano', pasó a ser miembro principal de ese órgano, el de mayor nivel dentro de la organización armada, encargado de designar a los integrantes del secretariado y a los jefes de frentes y bloques.

 

2)    Pedro Trujillo Hernández, conocido como 'Alberto Cancharina': Empezó su vida como guerrillero raso de las extintas Farc-EP en 1967, cuando tenía 12 años. Casi tres décadas después, en 1995, fue nombrado comandante del Frente 12, cargo que ocupó hasta 1996. Luego dirigió el Frente 24, entre 1997 y mayo de 1998. También coordinó la Unidad Sur, entre mayo de 1998 y mayo 1999, y de la Unidad Centro, desde 2012 hasta 2016. Además, fue miembro de la dirección de esta última estructura en dos periodos, entre 1997 y abril 1998, y entre 2000 y 2016. Desde el 2003, fue integrante del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio. Trujillo estuvo a cargo de compañías dedicadas a la formación en combate y al control del orden público para enfrentar el avance del paramilitarismo. También estaba a cargo de la seguridad de Pastor Lisandro Alape, quien fue comandante del Bloque Magdalena Medio y miembro del secretariado.

 

3)    Jairo Reinaldo Cala Suárez, conocido como 'Jairo Quintero' o 'Jairo Mechas': En 1982, cuando tenía 18 años, ingresó a las Farc-EP como guerrillero raso. Hizo parte del Frente 19 del Bloque Caribe, en el que trabajó en la organización política y militar hasta que llegó a ser miembro del Estado Mayor de esa estructura. El 23 de mayo de 1993, fue trasladado al Bloque Magdalena Medio como comandante de la Compañía Francisco Estrada, que tenía a cargo la seguridad de Pastor Alape. Entre 1998 y 2000, fue nombrado miembro de la Dirección de la Unidad Centro. A partir de 2006, asumió la coordinación de las unidades guerrilleras que operaban en la Unidad Sur. Y luego, entre 2012 y 2016, volvió a ser miembro de esa dirección de la Unidad Centro y además estuvo a cargo de las Compañías Raúl Eduardo Mahecha y Rafael Rangel, con las que coordinaba actividades políticas y militares. De forma paralela, desde el 2000 hasta el 2016, además fue miembro principal del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio.

 

4)    Fabio Gil Forero, conocido como 'Norbey Narváez': Ingresó a las Farc-EP en abril de 1984, a los 13 años, como guerrillero raso en el Frente 3° del Bloque Sur, que operaba en Caquetá. Después fue enviado al Cañón del Duda para integrar la guardia del secretariado en Casa Verde. Entre 1985 y 1989, estuvo en la Unidad Simón Bolívar, encargada de la seguridad de 'Jacobo Arenas'. Desde 1991, integró la compañía de seguridad de Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como 'Timochenko' o 'Timoleón Jiménez'. Luego, entre 1992 y 1996, estuvo a cargo de la formación en “técnicas y tácticas en modalidad de combate" en el Frente 37 del Bloque Caribe y en los frentes 4°, 12 y 46 del Bloque Magdalena Medio. En 1997, fue trasladado al área al Frente 23, que formaba parte de la Unidad Sur del Bloque Magdalena Medio. Desde 1998, fue nombrado comandante de la comisión de finanzas del Frente 23 hasta septiembre de 2002, cuando fue capturado. Salió de la cárcel en 2017 tras acogerse al Acuerdo Final de Paz.

La investigación de la Sala de Reconocimiento de la JEP evidenció que el Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc-EP secuestró para controlar los territorios y para financiarse. Las privaciones de la libertad ocurrían en viviendas, fincas y durante tomas guerrilleras. En los dos patrones, la magistratura identificó crímenes adicionales al secuestro y al asesinato.

Las víctimas de secuestro de este bloque narraron que fueron sometidas a amarres extremos, golpes, humillaciones, prohibiciones arbitrarias, insultos y amenazas. Marco Alirio Cortés, por ejemplo, contó ante la JEP: “me desnudaron, me amarraron de pies y manos, templándome de una cadena y un lazo a los árboles, generándome dolores. En varias ocasiones perdí la conciencia por el dolor que me generaba". Otras víctimas sufrieron un daño diferenciado, como las mujeres que se vieron expuestas a un contexto militar masculino que las puso en una situación de vulnerabilidad particular. Según lo relata una de ellas, “para ir al baño tenía que hacer mis necesidades en un hueco delante de todos, no nos daban papel y nos tocaba limpiarnos con hojas, no teníamos cepillo dental ni jabón, siempre nos apuntaban con fusiles".

Las víctimas y sus familias también padecieron secuelas físicas y psicológicas, incluso cuando, en algunos casos, recuperaron la libertad. Además, hubo daño a los proyectos de vida, pues muchas familias quedaron endeudadas tras pagar la extorsión impuesta por la antigua guerrilla. El daño también se extiende a comunidades enteras, que vieron afectado su desarrollo y la confianza en el otro debido a las acciones de las extintas Farc-EP.

 

La mayoría de los secuestros perpetrados por el Bloque Magdalena Medio tenían como objetivo el control social y territorial para lograr el plan de tomarse el poder por la vía armada. Eso explica que, de 85 privaciones de la libertad, múltiples e individuales, documentadas por la sala, 60 se dieron en busca del control territorial.

Los comparecientes reconocieron ante la JEP que secuestraron a personas que consideraban “colaboradores del enemigo". Es decir, que los privaron de la liberad por supuestamente haber ayudado o pertenecer al Ejército Nacional o a grupos paramilitares. Los excombatientes además aceptaron que cometieron “errores", pues muchos de estos secuestros se perpetraron con información de inteligencia poco rigurosa y eso terminó en secuestros y homicidio basados en rumores o mentiras.

 

Un hecho clave en el aumento de los secuestros por control territorial fue la toma paramilitar de Barrancabermeja, el 16 de mayo de 1998. Dicho municipio santandereano tuvo una importancia geoestratégica porque permitía tener influencia sobre el desarrollo de actividades económicas legales e ilegales en la región. Allí tenían una fuerte presencia las Farc-EP y el ELN. Es por ese municipio que los paramilitares de la Casa Castaño buscan llegar al sur de Bolívar y Catatumbo para quitarles terreno y el control de los cultivos de coca a las Farc-EP. La consecuencia fue el aumento de las confrontaciones armadas al tiempo que los secuestros de las Farc-EP por control territorial se hicieron más frecuentes, pues temían la llegada de paramilitares a sus territorios. Un compareciente lo reconoció así: “En esa época había un avance del paramilitarismo para esa zona y, en una cacería de brujas, que es lo que me quedó claro a mí, empiezan a acusar una cantidad de gente que por alguna razón no compartía lo que nosotros estábamos determinando para la época allí".

 

Como la guerrilla buscaba ejercer autoridad en las zonas de retaguardia, quienes no se acogían a sus normas de convivencia, también podían ser privados de la libertad como forma de castigo. Además, eran obligados a hacer trabajos, como construcción de vías, por ejemplo.

 

En esa búsqueda del control social y territorial, el Bloque Magdalena Medio también secuestró a decenas de candidatos, alcaldes y concejales. Un hecho ilustrativo fue la operación “Despedida a Samper". En 1997, previo a las elecciones regionales, por instrucción de Pastor Alape, esta estructura guerrillera privó de la libertad a candidatos y funcionarios para obligarlos a renunciar o a cumplir con sus exigencias. Los comparecientes reconocieron ante la JEP que el objetivo fue “mostrar un vacío de poder", que no había “control territorial del Estado colombiano".

 

En el marco de esa operación, con la que pretendían enviar un mensaje tanto al gobierno saliente de Ernesto Samper como al entrante, el 10 de mayo de 1998, el Frente 24 secuestró a nueve concejales del municipio de San Pablo, Bolívar. Los comparecientes reconocieron ante la JEP que este secuestro masivo fue motivado por su rechazo a la democracia electoral y por sospechas de que los concejales simpatizaban con los ejércitos paramilitares. Tras un mes de cautiverio, la guerrilla no pudo comprobar la colaboración de los concejales con los paramilitares así que fueron liberados. Sin embargo, la guerrilla les advirtió que debían renunciar a sus cargos y las víctimas acreditadas ante la JEP han señalado que pagaron por su liberación.

 

Esta clase de secuestros afectó la democracia a nivel regional. Así lo reconocieron los comparecientes ante la JEP: “Sabemos que son muchas más las personas afectadas (...) Por eso queremos realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón por las privaciones a la libertad a personas que ejercían su actividad política o un cargo de elección popular".

 

Otro de los casos documentados por la sala fue la toma de la estación de Policía de Cucutilla, en la región de Catatumbo, Norte de Santander, en 1999. Por orden de Rodrigo Londoño, hombres del Frente 20 y de la Compañía García Rovira atacaron la estación por cerca de 15 horas. Durante el ataque, asesinaron a dos patrulleros, un policía resultó herido y ocho más fueron privados de la libertad. Hoy, uno de ellos, Víctor Julio Sierra, sigue desaparecido. Las víctimas recordaron ante la JEP los malos tratos a los que fueron sometidos, como estar encerrados en jaulas sin la posibilidad de ver el sol. La Sala de Reconocimiento de Verdad calificó este hecho como una forma de tortura.

 

Desde los años 80, los secuestros perpetrados por el Bloque Magdalena Medio con fines de financiación fueron constantes. Sin embargo, fue hasta la conferencia guerrillera de 1993 cuando esta práctica de las Farc-EP se consolidó como una política que se extendió por todo el país.

 

La sala identificó varias modalidades de los secuestros de este bloque: El secuestro como castigo a empresas, comerciantes, ganaderos, agricultores y transportadores que no pagaban las extorsiones exigidas por la guerrilla. El secuestro a personas sin información rigurosa sobre su capacidad de pago. Y el secuestro en alianzas con bandas delincuenciales. En relación con esta última modalidad, el compareciente Fabio Gil Forero, conocido como 'Norbey', admitió que las bandas hacían la inteligencia y seleccionaban a las víctimas, mientras que la guerrilla negociaba con las familias y custodiaba a los cautivos.

 

En el año 2000, cuando las Farc-EP perdía apoyo social por secuestrar a personas que no tenían dinero suficiente para pagar por su libertad, la dirección de esa guerrilla estableció en su “Ley 002" que solo extorsionarían a personas con un “patrimonio superior a un millón de dólares". Pero en la práctica esta normativa no se cumplió. De hecho, el Frente 11, dirigido por Luis Emilio Avendaño Parias (†), conocido como 'Ramón Once', cobró 'vacunas' y ejecutó “hasta tres y cuatro secuestros semanales de manera indiscriminada", dijo el compareciente Pastor Alape, quien agregó que se trató de “una acción despiadada".

 

Uno de los hechos que ejemplifica el secuestro de civiles sin capacidad de pago fue el de Juvenal Vargas. Él narró ante la JEP que se encontraba en su finca en el municipio de Sucre, Santander, cuando dos guerrilleros del Frente 23 se lo llevaron. Vargas permaneció cautivo durante seis días, mientras su familia pedía dinero a un “gota a gota", un prestamista ilegal que les dio el dinero rápido, a cambio de intereses muy altos. Al final, la familia Vargas pagó 50 millones a la guerrilla después de ese préstamo y la venta de su ganado.

 

En cuanto a las alianzas del Bloque Magdalena Medio con bandas criminales, los comparecientes aportaron a la verdad y reconocieron ser responsables del secuestro de la hija del propietario de Leche Algarra, el 20 de septiembre del 2000. Los comparecientes contaron que mientras ella iba en su carro por la Avenida Las Américas con carrera 30 de Bogotá, fue abordada por un supuesto agente de tránsito que conducía una moto. Esta persona le exigió a la mujer los documentos del vehículo. Mientras ella los entregaba, varios sujetos se montaron carro y le dijeron que se trataba de un “paseo millonario", una modalidad de atraco común en la capital.

 

A la víctima le quitaron las llaves, las tarjetas y la obligaron a tomarse una bebida que la durmió. Cuando despertó ya estaba en otro carro, cerca de un caserío fuera de la ciudad. Luego, otras personas la obligaron a caminar por varios días hasta llegar al campamento del Frente 23. Le exigieron ocho millones de dólares, pero al final se acordó un pago de 250 millones de pesos. Fue liberada tras un año y cuatro meses de cautiverio.

 

Las Farc-EP tuvieron presencia en Santander y Boyacá desde sus orígenes en 1964. Por esos años, la región era escenario de protestas de campesinos colonos y sindicatos petroleros. Ellos exigían mejores condiciones de vida a las empresas petroleras a las que el Estado les había dado terrenos baldíos para explotarlos. En este contexto, algunos campesinos optaron por unirse a guerrillas como el ELN, el EPL y las Farc-EP. Al mismo tiempo, la expansión de estos grupos armados llevó al despliegue de tropas del Ejército Nacional para combatir a las guerrillas y, de manera paralela, surgieron las primeras estructuras de autodefensa en esa zona.

 

Los comparecientes aseguraron ante la JEP que la llegada de la guerrilla al Magdalena Medio con el Frente 4º se oficializó durante una Asamblea General de Guerrilleros en Cerro de Armas, Cimitarra, el 15 de octubre de 1967. Con el tiempo, el Frente 4º se dividió en nuevas unidades guerrilleras con las que alcanzaron su máxima expansión territorial, a finales de 1992.

 

Una vez los frentes 11 y el 12 lograron ubicarse a lo largo de la ribera oriental del río Magdalena y sus afluentes en el sur de Santander y Puerto Boyacá, entonces el Frente 4º, cruzó el río Magdalena hacia el occidente y a mediados de los 80 llegó a Catatumbo. Desde allí, consolidaron un corredor estratégico que se extendía desde el centro del país hacia la frontera con Venezuela, donde tenían paso y campamentos. Ese corredor conectaba, al cruzar el río Magdalena, con el Bloque Caribe y el Bloque Noroccidental de las Farc-EP, y abarcaba importantes zonas cocaleras en Catatumbo, el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño.

 

La llegada al sur de Bolívar, al sur del Cesar y luego al Catatumbo respondió a la lógica de conseguir dinero a través del tráfico de coca, pero también les sirvió como zona de retaguardia. Los frentes 12 y 20 conformaron el Frente 33, también llamado 'Mariscal Antonio José de Sucre' en Catatumbo. Estos excombatientes fueron quienes consolidaron el corredor estratégico, por la cordillera oriental, desde el interior del país hacia Venezuela, en una región que las Farc-EP compartían con el ELN (que hoy sigue haciendo presencia en la zona) y el EPL. Al comienzo, el Frente 24, ubicado al sur de Bolívar, y el Frente 33, en Catatumbo, no se enfrentaban con los paramilitares y se financiaban a través de extorsiones, secuestros a las empresas petroleras y el narcotráfico. En ese entonces, las tres guerrillas también coincidieron en su manera de acercarse a la población: hicieron trabajo de base, se insertaron en las dinámicas comunitarias, regularon la vida cotidiana y también se impusieron, en muchas ocasiones, por la fuerza.

 

Es así como las Farc-EP lograron tener injerencia en La Gabarra, en Tibú, donde establecieron su retaguardia, y de allí se expandieron hacia veredas cercanas a municipios como Teorama, a Sardinata y hacia la vereda de El Tarra. Asimismo, lograron consolidar un corredor montañoso que conectaba Catatumbo con el norte del departamento de Santander por el Páramo de Santurbán, donde operaba el Frente 20.

 

Los comparecientes narraron ante la JEP que la Serranía de San Lucas, en Antioquia y sur de Bolívar, también fue una zona estratégica para el Bloque Madalena Medio. Tanto así que buscaron defenderla hasta la firma del Acuerdo Final de Paz. Esa serranía no tiene mucha población y cuenta con un área montañosa, un área baja y plana, cercana al río Cauca, por el costado occidental; o al río Magdalena, por el oriental y ofrece, además, acceso estratégico a los ríos Ité y Cimitarra. Por esas características, se convirtió en una de las retaguardias del bloque, donde sus integrantes podían descansar, abastecerse de alimentos y armamento. Allí operaron los frentes 4 y 24 de las Farc-EP, así como diversas columnas móviles y compañías.

 

En algunos municipios de esta serranía el bloque incluso impuso normas de convivencia. Según dijo el compareciente Pastor Alape ante la JEP, en varias zonas funcionaban como una especie de “Estado", que controlaba el acceso a bienes comunes como el agua y la caza, distribuyendo la tenencia de la tierra y fijando los precios de la cocaína en medio de la bonanza de los cultivos ilícitos. Por su parte, la Comisión de la Verdad estableció además que las Farc-EP actuaban allí como “jueces en casos de adulterio, violación, hurto, asesinatos o problemas de linderos" y que también “definían días de trabajo comunitario para arreglar caminos, construir escuelas y organizar eventos".

 

En 1993, durante la VIII Conferencia Nacional Guerrillera, las Farc-EP se reorganizaron en siete estructuras para ampliar su presencia en todo el territorio colombiano. Así nació de forma oficial el Bloque Magdalena Medio, conformado por los frentes 4º, 11, 12, 20, 23, 24, 33, 46, y numerosas compañías y columnas móviles. La investigación de la JEP mostró que los ocho frentes que lo conformaron y las numerosas compañías y columnas móviles habían sido más fuertes antes de agruparse en el bloque, pues desde ese momento empezó su declive, debido a la acción de diferentes ejércitos privados de autodefensas, paramilitares y narcotraficantes.

 

Al igual que otros bloques de la antigua guerrilla, la estructura de mando de este bloque era jerárquica y centralizada. En la cima estaba el coordinador del bloque, quien debía ser un miembro del secretariado. En este caso era Rodrigo Londoño Echeverri. Debajo de él, se encontraba el comandante del bloque, cargo que ocupó Pastor Alape Lascarro, quien delegaba tareas a los comandantes de los frentes para ejecutar las directrices del secretariado. Ambos comparecen ante la Jurisdicción, reconocieron su responsabilidad por estos hechos y están a la espera de la sentencia.

 

La investigación de la JEP mostró que la consolidación del Bloque Magdalena Medio se vio muy afectada por la presencia de grupos paramilitares, que buscaban arrebatarle el control territorial y las rentas del narcotráfico. La población civil fue la principal víctima de esa confrontación. Mientras otros bloques guerrilleros crecían y se fortalecían tras la conferencia guerrillera de 1993, las estructuras del Bloque Magdalena Medio, en cambio, se replegaban. Debieron enfrentar los ataques de múltiples grupos de autodefensa que surgieron, en parte, como reacción a los secuestros y extorsiones que las Farc-EP ejecutaron en el territorio antes de la conformación oficial de esta estructura.

 

Por ejemplo, a mediados de 1979, el Frente 4º secuestró y asesinó en Segovia, nordeste antioqueño, al ganadero Jesús Antonio Castaño. Años después, sus hijos, los hermanos Castaño, fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los grupos paramilitares más poderosos del país. En Boyacá, tras el secuestro de Gonzalo Pérez, en 1983, a manos del Frente 11 de la antigua guerrilla, su hijo, Henry de Jesús Pérez, recurrió a Ramón Isaza, jefe del grupo paramilitar 'Los Escopeteros'. Y, entre 1983 y 1984, con financiamiento del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como 'El Mexicano', Henry Pérez conformó su propia estructura armada para enfrentar a la guerrilla. Al comienzo, el grupo se denominó 'Los Masetos', en alusión al movimiento Muerte A Secuestradores (MAS) del Cartel de Medellín. Este fue el origen de las autodefensas de Puerto Boyacá.

 

Producto de la confrontación de la guerrilla con los paramilitares la población civil sufrió ataques. Entre ellas, la masacre de La Gabarra, en municipio de Tibú, en Catatumbo, norte de Santander, en 1999. Paramilitares de las AUC cortaron la electricidad del corregimiento en el que las Farc-EP tenía injerencia, entraron en bares y tiendas y con lista en mano asesinaron a 35 personas.

 

El combate del Bloque Magdalena Medio contra los paramilitares y la fuerza pública fue tan intenso que tuvieron dificultades para consolidar el control territorial, al punto que ni siquiera podían realizar las dos reuniones que la guerrilla hacía al año. Además, según explicaron los excombatientes ante la JEP, el Bloque Magdalena Medio tuvo que organizarse de una manera particular, distinta a la trazada en los estatutos de las Farc-EP. En 1997, sus ocho frentes fueron distribuidos en tres unidades territoriales: La Unidad Sur operó con los frentes 4º, 11, 12, 23 y 46 en el sur de Santander y el occidente de Boyacá; la Unidad Centro operó con los frentes 4 y 24 en el sur de Bolívar, el Magdalena Medio, el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño; y la Unidad Norte operó con los frentes 20 y 33 en Catatumbo (Norte de Santander), el sur de Cesar y el norte del departamento de Santander.

 

La Sala de Reconocimiento de Verdad pudo identificar que, bajo esta nueva organización, el Bloque Magdalena Medio designó como coordinadores a Erasmo Traslaviña Benavides, conocido como 'Jimmy Guerrero' en la Unidad Sur; a Pastor Alape en la Unidad Centro; y a José Epifenio Molina, conocido como 'Danilo' (†), en la Unidad Norte. Estos comandantes ocuparon un nivel intermedio entre los jefes de frente y el comandante del bloque, conformando así un mando no contemplado en los estatutos. La dirección del bloque, representada por Rodrigo Londoño, mantenía comunicación directa con la Unidad Norte, mientras que Pastor Alape, como comandante del bloque, estaba a cargo de las unidades territoriales Centro y Sur.

 

En el norte, el Frente 33 logró consolidar su presencia en Catatumbo, donde las Farc-EP llegaron a ejercer un control significativo en La Gabarra, corregimiento de Tibú, Norte de Santander. En este territorio, por ejemplo, la guerrilla implementó un sistema de carnetización de los habitantes con el objetivo de vigilar la llegada de desconocidos. Por el contrario, en el sur, la operación del Bloque fue debilitada por la confrontación con los paramilitares y la fuerza pública, lo que impidió que la Unidad Sur se consolidara militarmente. Al final, esta unidad quedó bajo la dirección de la Unidad Centro.

 

Además, frentes de la Unidad Sur, como el 11 y el 20, a cargo de 'Ramón Once, enfrentaron la pérdida del apoyo o tolerancia de sus bases sociales en el oriente del río Magdalena. En el occidente de Boyacá, ganaderos y agricultores rechazaron los secuestros y extorsiones indiscriminadas del Frente 11. En el sur de Santander, en municipios como San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, el Frente 12 perdió respaldo social debido a su violencia contra la población civil, que incluyó asesinatos, desplazamientos forzados y bloqueos para el ingreso de alimentos. Pastor Alape aseguró que esa pérdida de apoyo fue clave en su declive: “Una guerrilla sin base social no puede subsistir".

A diferencia de otros bloques que crecieron durante los diálogos de paz en San Vicente del Caguán (1998-2002) con el gobierno de Andrés Pastrana, el Bloque Magdalena Medio vivió su periodo de mayor declive y repliegue. Como resultado, el bloque se redujo a menos de un tercio de su tamaño original. En 1998, se estima que el Bloque tuvo 1.317 guerrilleros y 468 milicianos. Pero en 2017 se registró la entrega de armas de 548 exintegrantes del bloque, incluidos milicianos. También habían desaparecido los frentes 11, 12, 23, 46, y, otros frentes como el 4, 20 y el 24 estaban muy diezmados.

No obstante, en 2018 surgió en Tibú la disidencia del Frente 33 de las extintas Farc-EP. Para la Sala de Reconocimiento de Verdad aún no es claro cuántos de ellos provenían de estructuras de la antigua guerrilla.

Los cuatro imputados del Bloque Magdalena Medio serán notificados de esta decisión y tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. También pueden responder aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones sobre esta decisión.

 

La JEP también ordena a los comparecientes imputados que aporten toda la información faltante que esté a su disposición tanto a la JEP como a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), con el fin de encontrar a las víctimas de desaparición ocurridas durante el cautiverio, en un plazo de 30 días. La investigación ha identificado a nueve personas, cuyos familiares han preguntado por ellas en el proceso, y de quienes no se tiene conocimiento de su paradero desde que fueron secuestradas por el Bloque Magdalena Medio.

 

Esta Jurisdicción espera que los comparecientes cumplan con sus obligaciones de aportar verdad, plena, detallada y exhaustiva y de reparar a las víctimas. Para eso, les ordena ampliar la información sobre hechos concretos que les fueron imputados. Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y hay aportes a la verdad, la JEP convocará a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la que los imputados darán la cara a la justicia, a las víctimas y al país. Esta audiencia será preparada y desarrollada con las víctimas. 

 

Después de esa diligencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones que traslada el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad. En ella se incluirá los nombres de aquellos que hayan aportado verdad, reconocido su responsabilidad y sean considerados candidatos para la imposición de sanciones propias o restaurativas. Esta sanción, que será consultada con las víctimas, tiene un enfoque reparador e incluye restricciones efectivas de libertad y otros derechos, sin incluir la cárcel. Antes de determinar estos trabajos, obras y actividades que los comparecientes deberán cumplir como parte de su sanción, la sección verifica que la sentencia respete los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales.

 

Si los comparecientes niegan su responsabilidad, su caso es trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. En este caso, el proceso podría derivar en un juicio más parecido al de la justicia ordinaria, y si se les encuentra responsables de los crímenes, los comparecientes podrían pagar hasta 20 años de cárcel.