COMUNICADO 60
La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a antiguos mandos del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP como máximos responsables regionales de secuestro
- De las 4.213 víctimas acreditadas, el Bloque Caribe es responsable del 15 % de los casos.
- Fue una de las estructuras que más secuestros extorsivos cometió en retenes ilegales o “pescas milagrosas". La JEP documentó que instalaron por lo menos 49 retenes en las vías del Caribe y que la mayoría de las víctimas no tenía dinero suficiente para pagar por su liberación.
- La JEP los encontró responsables de 463 secuestros individuales y colectivos, que suman 827 víctimas indirectas y directas. Entre ellas, la exministra de Cultura Consuelo 'La Cacica' Araújo y del exministro Fernando Araújo Perdomo.
- La Sala de Reconocimiento de Verdad destacó la persecución que vivieron los ganaderos por ser uno de los sectores más representativos de la región.
- Esta estructura operó en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar, y en la ciudad de Barranquilla. Se concentraron especialmente en dos subregiones: La Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá, y Montes de María y La Mojana.
- Los imputados como máximos responsables regionales tenían mando para ejecutar los planes del Secretariado de las Farc-EP, conocer lo que ocurría en la región, e imponer disciplina a sus subalternos.
- A la fecha, en el Caso 01, que investiga los secuestros de la antigua guerrilla, la magistratura ha emitido cinco Autos de Determinación de Hechos y Conductas con los que ha imputado como máximos responsables a 7 antiguos jefes del secretariado y a 30 mandos medios de las extintas Farc-EP.
Valledupar, Cesar. 07 de mayo de 2025. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco antiguos integrantes del Bloque Caribe (BCAR) de las extintas Farc-EP por secuestros cometidos en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla. Los frentes de esta estructura se ubicaron en dos subregiones del norte del país: en primer lugar, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, que tiene frontera con Venezuela, y, en segundo lugar, los Montes de María y La Mojana.
Los imputados en el marco del Caso 01, en el que se investigan los secuestros de la antigua guerrilla, son: Abelardo Colorado, conocido en las extintas Farc-EP como 'Solís Almeida'; Osmany Landero, llamado en la guerrilla 'Hernando González'; Gilberto de Jesús Giraldo, conocido como 'Aldemar Altamiranda'; Luis Cuadras Solórzano, quien se hacía llamar 'Leonardo Guerra' o 'Leonardo Muñoz'; y Uriel Oviedo, conocido como 'Manuel Ortiz' o 'Mañe'.
Estos comparecientes son llamados a reconocer responsabilidad ante la justicia por el crimen de guerra de toma de rehenes y otros crímenes cometidos contra las personas cautivas como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, así como violencia sexual. También se les atribuye el crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad y otros crímenes en medio de los secuestros como desaparición forzada, asesinato, tortura, otros actos inhumanos, y desplazamiento forzado. Por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir amnistía o perdón judicial.
Para imputar a los máximos responsables de los secuestros y otros crímenes en el marco del cautiverio en el Caribe colombiano, la Sala de Reconocimiento de Verdad realizó una minuciosa contrastación. Este proceso incluyó el análisis de informes de la Fiscalía, de las víctimas y de organizaciones civiles. Además, se examinaron las versiones escritas y orales de 72 comparecientes de esta estructura de las extintas Farc-EP, así como las observaciones que realizaron 56 víctimas sobre las versiones de los excombatientes ante la JEP y sobre el auto No. 19 de 2021, en el que se imputó a siete antiguos integrantes del secretariado por secuestro.
Esa contrastación permitió identificar que estos comparecientes de las Farc-EP ejercieron liderazgo y mando sobre las decisiones del Bloque Caribe y de sus frentes, columnas y compañías. Es decir, fueron determinantes a la hora de materializar la política de privaciones de la libertad que desplegó el Secretariado de las extintas Farc-EP en esa zona del país.
Es decir, los excombatientes imputados tenían control sobre su tropa y la potestad de imponer disciplina a sus subalternos. Por ello, la Sala de Reconocimiento de Verdad los halló responsables tanto por haber dado las órdenes que llevaron a la comisión de secuestros y asesinatos, así como por no controlar a la tropa cuando maltrató a quienes estuvieron en cautiverio.
Con base en cientos de secuestros individuales y colectivos documentados en la investigación, y que fueron representativos del accionar de la antigua guerrilla en esa región, la magistratura determinó que el Bloque Caribe privó de la libertad a sus víctimas siguiendo tres patrones: para financiar su organización armada, para ejercer control social y territorial, y para promover intercambios por guerrilleros presos.
El Bloque Caribe fue una de las estructuras de las antiguas Farc-EP que más secuestros perpetró con fines extorsivos. Es responsable del 15% de los casos cometidos por la antigua guerrilla en todo el país. Privaron de la libertad en casas, fincas, en ataques a municipios, pero sobre todo en retenes ilegales o "pescas milagrosas" en las vías del Caribe colombiano. La mayoría de las víctimas no tenía cómo pagar lo que pedía la antigua guerrilla, así que terminaron negociando su libertad por montos de entre uno y cinco millones de pesos.
La sala encontró además que el sector más afectado por los secuestros extorsivos fue el ganadero, por ser uno de los más representativos de la región. Este gremio fue estigmatizado, pues en muchas ocasiones la antigua guerrilla los consideraba “aliados del paramilitarismo", sobre todo cuando se negaban a pagar las extorsiones. Como resultado, muchos de ellos fueron víctimas no solo de secuestros, sino también de asesinatos, robo de ganado y desapariciones forzadas.
Asimismo, los excombatientes de este bloque también instalaron retenes para lograr control social y territorial. Fue así como privaron de la libertad y asesinaron a la exministra de Cultura Consuelo 'La Cacica' Araújo, en 2001.
A abril de 2025, un total de 4.213 víctimas se han acreditado para participar en el proceso del Caso 01 de la JEP. De ellas, 827 señalan al Bloque Caribe como presunto responsable de su secuestro y otros crímenes cometidos en medio del cautiverio. De este grupo, 432 son víctimas directas, 364 son familiares y allegados, y 19 son familiares de personas asesinadas o desaparecidas tras haber sido secuestradas.
De las personas privadas de la libertad, 331 son hombres y 101 mujeres, lo que indica que la mayoría —es decir, el 76.6% de las víctimas directas— son hombres, aunque también hay casos de secuestros a menores de edad, mujeres y adultos mayores, que fueron particularmente vulnerables en el contexto del cautiverio. En cuanto a los 364 familiares acreditados, 162 son hombres y 202 mujeres.
Por los secuestros perpetrados a nivel nacional, los exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP ya fueron imputados como máximos responsables de la política de secuestro. Como parte del proceso, en junio de 2022, los siete comparecientes aceptaron públicamente su responsabilidad. Hoy, sus casos se encuentran en etapa de juicio ante el Tribunal de Paz, que prepara la sentencia y las sanciones que deberán cumplir.
En cuanto a lo regional, la Sala de Reconocimiento de Verdad también imputó a 10 exintegrantes del Comando Conjunto Central, que operaron en Tolima, Quindío y norte de Huila, y a ocho del Bloque Occidental, que hicieron presencia en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Ellos ya reconocieron por escrito y en audiencia pública su responsabilidad. Asimismo, fueron imputados siete exintegrantes del Bloque Noroccidental, que operaron en Antioquia, norte del Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. Estos comparecientes también aceptaron por escrito los crímenes que les fueron atribuidos y se preparan para hacerlo en diligencia pública frente a la justicia, las víctimas y el país.
Con estas imputaciones, tanto a nivel nacional como regional, la Sala de Reconocimiento de Verdad esclarece las particularidades de los secuestros perpetrados por las Farc-EP, considerando el territorio donde se cometieron y los daños causados. Es decir, atiende las demandas puntuales de verdad y reconocimiento de las víctimas que participan en el proceso. Así, cumple con el mandato de aportar a la construcción de la verdad judicial sobre el conflicto armado y a la memoria histórica del país.
Esta imputación a los exmandos medios del Bloque Caribe se da en el marco de la investigación del Caso 01 de la JEP, liderado por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.
¿Quiénes son los imputados?
A la fecha, estos cinco comparecientes imputados como máximos responsables de los secuestros en el Caribe colombiano sobrevivieron al conflicto armado, firmaron el Acuerdo Final de Paz y se sometieron a la JEP. Solo uno, Uriel Oviedo, había respondido por estos crímenes ante la justicia ordinaria.
- Abelardo Caicedo, conocido en las extintas Farc-EP como 'Solís Almeida': En 1977, cuando tenía 17 años, se unió al Frente 4° de las Farc-EP como guerrillero raso. Tras la VII Conferencia Nacional Guerrillera de 1982, fue enviado a la Serranía del Perijá, en Cesar, con la misión de crear el Frente 41 del Bloque Caribe, el cual comandó entre 1988 y 1993. Luego, entres 1995 y 2016, fue el comandante principal del Frente 19. Y de manera paralela, entre 1993 y 2016, estuvo a cargo de la cartera de inteligencia de combate, fue reemplazante del comandante del bloque y miembro principal del Estado Mayor del Bloque Caribe, el órgano de mayor jerarquía dentro de esa estructura, después del Secretariado de las Farc-EP.
- Osmany Landero, conocido como 'Hernando González': Para 1992, ya formaba parte de las Farc-EP en el Bajo Cauca antioqueño, donde permaneció hasta la VIII Conferencia Nacional Guerrillera de 1993. En ese evento fue nombrado miembro principal del Estado Mayor del Bloque Caribe, cargo que ocupó entre 1993 y 2001. Al mismo tiempo, entre 1994 y el año 2000, fue comandante principal del Frente 35, que operaba en la subregión de los Montes de María y La Mojana sucreña, hasta que a finales de 2000 fue degradado de su rol por indisciplina. Entre 2001 y 2004, fue trasladado a la Sierra Nevada de Santa Marta como miembro del Estado Mayor del Frente 59. Después, entre 2004 y 2010, permaneció en el área de influencia del Bloque Oriental. En 2012 regresó a la zona de operación del Bloque Caribe, donde se desempeñó como suplente del Estado Mayor del Frente 41 hasta 2014.
- Gilberto de Jesús Giraldo, conocido como 'Aldemar Altamiranda': En 1977, cuando tenía 19 años, se unió al Frente 5° de las Farc-EP como guerrillero raso, donde permaneció hasta 1983. Ese mismo año ingresó al Frente 18, también como guerrillero raso, y se mantuvo allí hasta 1987, cuando fue trasladado al Frente 35, esta vez como comandante de escuadra y responsable del entrenamiento de personal. En 1994, un año después de la VIII Conferencia Nacional Guerrillera, fue designado comandante principal del Frente 41, que operaba en la subregión de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. En 2005 fue degradado de su cargo por decisión del Estado Mayor del Bloque Caribe, tras la muerte de siete guerrilleros y 15 heridos en un enfrentamiento con la fuerza pública. De manera paralela, entre 1994 y 2006, fue miembro principal del Estado Mayor del Bloque y estuvo a cargo de las finanzas. En 2011, y hasta la firma del Acuerdo Final de Paz, ejerció como suplente del Estado Mayor del Bloque Caribe.
- Luis Cuadras, conocido como 'Leonardo Guerra': Ingresó a las filas del Frente 10° de las Farc-EP en 1981, cuando tenía 13 años. Un año después, fue trasladado a la subregión de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá para participar en la conformación del Frente 19, donde se desempeñó como comandante de escuadra. Permaneció en esta estructura hasta 1995. Ese año, el Estado Mayor del Bloque Caribe lo designó como comandante principal del Frente 59 y miembro principal del Estado Mayor del bloque, cargos que ocupó hasta 2016.
- Uriel Oviedo, conocido en la antigua guerrilla como 'Manuel Ortiz' o 'Mañe': En diciembre de 1981, ingresó a las filas del Frente 4° de las extintas Farc-EP, que operaban en el Magdalena Medio. Comenzó como guerrillero raso, a los 17 años. En 1986, fue trasladado al nordeste antioqueño para integrarse al Frente 24 del Bloque Magdalena Medio. Después, fue enviado a la subregión de los Montes de María, donde integró una unidad mixta conformada por los Frentes 35 y 37, conocida como Pedro Góngora Chamorro. Tras la VIII Conferencia Nacional Guerrillera de 1993, fue nombrado miembro del Estado Mayor del Frente 37 y, más adelante, se desempeñó como comandante principal del Frente 35 entre 2001 y 2008. Luego de la muerte de Gustavo Rueda Díaz, conocido como Martín Caballero (†), comandante principal del Frente 37, en octubre de 2007, este compareciente asumió el mando de las unidades restantes de dicho frente hasta el 29 de febrero de 2008, cuando fue capturado por el Ejército Nacional. Quedó en libertad condicional tras acogerse al Acuerdo Final de Paz.
¿Qué pasó con otros integrantes importantes del Bloque Caribe?
Rodrigo Granda Escobar, quien integró el Estado Mayor del Bloque Caribe, ya fue imputado por la JEP por estos hechos en 2021, y reconoció públicamente su responsabilidad, ante la justicia, las víctimas y el país, por los secuestros cometidos a nivel nacional, como exintegrante del Secretariado de las Farc-EP y miembro del Bloque Caribe. También, la Sala de Reconocimiento imputó a Juan Hermilio Cabrera, conocido como 'Bertulfo Álvarez' (†), segundo al mando del Bloque Caribe integrante del Estado Mayor del bloque y comandante del Frente 41. Sin embargo, antes de la audiencia de reconocimiento falleció por causas naturales.
Otros comandantes importantes del Bloque Caribe murieron en la guerra tras duros golpes del paramilitarismo y el Ejército Nacional. Entre ellos, el comandante histórico del Frente 37, Gustavo Rueda Díaz conocido como 'Martín Caballero' (†). Lo mismo pasó con otros miembros del Estado Mayor de los frentes 35 y 37, que operaron en la subregión de Montes de María, como, por ejemplo, Juan Manuel Lara Hernández, llamado 'Jaime Canaguaro'; y Luis Enrique Benítez, cuyo seudónimo era 'Silvio" o 'el francés'. Todos ellos serían hoy seleccionados como responsables de los secuestros.
En cuanto a Luciano Marín Arango, conocido como 'Iván Márquez', quien fue el coordinador y comandante histórico del Bloque Caribe, abandonó el Acuerdo Final de Paz y ahora hace parte de un grupo disidente. Por su parte, Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich' (†), fue suplente del Estado Mayor del Bloque Caribe desde el año 2000. Murió tras haberse rearmado.
Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como 'Simón Trinidad', fue suplente del Estado Mayor del Bloque Caribe y comandante del Frente 41. En este momento está extraditado en Estados Unidos, tras su captura en 2004. Hoy paga en ese país una pena de 60 años de cárcel.
Así secuestraba el Bloque Caribe
La magistratura identificó que el antiguo Secretariado ordenó brindar un "buen trato" a los cautivos, pero en la práctica esta directriz se redujo a mantenerlos con vida. Las consideraciones sobre su dignidad y bienestar quedaron a discreción de la guardia, sin control de los superiores. Las víctimas de secuestro del Bloque Caribe narraron a la JEP haber sido sometidas a amarres, golpes, humillaciones, prohibiciones arbitrarias, insultos y amenazas. La sala destaca crímenes particularmente graves como desapariciones forzadas y homicidios.
Las víctimas y sus familias sufrieron por el secuestro y lo vivido durante el cautiverio, pero la JEP también documentó las secuelas físicas y psicológicas que quedaron en quienes lograron recuperar su libertad. Asimismo, muchos proyectos de vida se truncaron, ya que numerosas familias quedaron endeudadas tras pagar la extorsión a la guerrilla. La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que estas afectaciones trascendieron lo individual y se extendieron a comunidades enteras; el secuestro tuvo consecuencias como el empobrecimiento regional, la destrucción de la solidaridad entre los pobladores, y el deterioro de la democracia y del autogobierno en los Pueblos Étnicos.
Secuestraban para financiarse
Las Farc-EP empezaron a secuestrar en el Caribe desde 1982, cuando llegaron a la región. Luego, a partir de 1993, estas privaciones de la libertad se convirtieron en una política del secretariado para financiar la toma del poder por la vía armada. El Bloque Caribe tenía la misión no solo de financiarse a sí mismo, sino también de enviar 2 millones de dólares anuales al Secretariado de las Farc-EP. Para lograrlo el secuestro y las extorsiones jugaron un papel clave, ya que, a diferencia de otros bloques, este no obtenía ingresos significativos del cobro de “impuestos" sobre el tráfico de droga. Eso explica por qué la mayoría de los secuestros que la JEP documentó de esta estructura tenían el fin de conseguir recursos.
La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que la mayoría de los secuestros se cometieron en retenes ilegales o “pescas milagrosas", y fueron de corta duración. Se dieron especialmente en la Troncal de Occidente, que conduce de Sincelejo a Cartagena y Barranquilla, sobre todo en los Montes de María y La Mojana, donde operó el Frente 35. También hubo secuestros en retenes que instaló el Frente 37 en Montes de María, entre El Carmen de Bolívar y Calamar, Bolívar; así como sobre la vía entre Turbaco, Arjona y María la Baja, en la Troncal del Caribe. Por su parte, los frentes 41 y 59 realizaron retenes en la vía Aguachica - Bosconia - Valledupar, en la subregión de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, en la Troncal del Carbón (actual Ruta del Sol), así como entre Valledupar y Maicao.
La investigación además arrojó que los ganaderos fueron el sector más afectado por este tipo de crímenes porque eran uno de los sectores económicos más representativos de este territorio. Un caso que ilustra este tipo de secuestros es el de Roberto Lacouture Méndez, ocurrido el 6 de octubre de 1989. Estuvo mes y medio privado de la libertad en la Serranía del Perijá, en manos de guerrilleros del Frente 41. Lo amarraron a un árbol y lo amenazaron con frecuencia con matarlo si intentaban rescatarlo. Lacouture fue liberado el 24 de diciembre de 1989, cuando su familia pagó por su libertad. Ya en casa, por temor, se desplazó, pero luego su familia extensa fue víctima de 14 secuestros más, seis de ellos cometidos por las extintas Farc-EP. Además, uno de sus tíos, Fabio Lacouture Acosta, fue asesinado el 18 de marzo de 1993. Roberto, por su parte, hoy no ha terminado de pagar un crédito bancario que su familia utilizó para pagar por su rescate.
A estos hechos se sumaron otras formas de violencia, como el asesinato de sus vacas lecheras y caballos, lo que no solo representó pérdidas económicas, sino también un daño emocional, por el cariño que sentían por estos animales. Ante la JEP, por ejemplo, Lacouture recordó con cariño los nombres de sus animales. Relatos similares fueron compartidos por otros ganaderos, quienes también sufrieron la pérdida de sus animales a manos de las Farc-EP. “No se pierde un objeto, sino un vínculo sentimental", expresó uno de los sobrevivientes del secuestro.
En 1997, la guerrilla llamó a sus extorsiones el “impuesto a la paz", con el que pretendía apropiarse del 10% de las ganancias de grandes empresas, tanto nacionales como multinacionales. Más adelante, en el año 2000, al ver que estaban secuestrando a personas con poca capacidad de pago, los jefes de la antigua guerrilla emitieron la “Ley 002", en la que establecieron que solo podrían ser secuestradas aquellas personas cuyo capital superara el millón de dólares. Sin embargo, la investigación de la Sala de Reconocimiento de Verdad reveló que esa norma en la práctica no se cumplió. Ese fue el caso de Martín Rodelo Vázquez, propietario de un taxi que transportaba a personas entre Cartagena y los Montes de María. Fue secuestrado en un retén, el 31 de enero del año 2000, en la vía que comunica los municipios de San Jacinto y El Carmen de Bolívar. Recuperó su libertad, tras 22 días de cautiverio, cuando su esposa pagó tres millones de pesos.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP encontró que la antigua guerrilla sometió a las víctimas de secuestro a engaños y presiones que intensificaron el dolor de sus familias. También cometieron actos como secuestrar a niños y niñas o cobrar por la entrega de cadáveres de los secuestrados.
Un hecho que ilustra el cobro de una extorsión por un cadáver es el de Rogelio Roviro Rodríguez Severiche, el 20 de junio de 2002, en la entrada a su finca 'La Belleza', en el municipio de Buenavista, Sucre. Los comparecientes reconocieron ante la Jurisdicción que luego de que la familia entregó 100 millones de pesos por su rescate, el Frente 35 lo asesinó.
Secuestraron para ejercer control social y territorial
El Bloque Caribe de las extintas Farc-EP tenía como objetivo establecer condiciones políticas y militares que les permitieran controlar el territorio, incluidas las vías estratégicas en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla. Para alcanzar ese propósito, privó de la libertad a quienes consideraba “enemigos" o colaboradores del adversario. Además, los integrantes de este bloque cometieron asesinatos y provocaron el desplazamiento forzado de cientos de personas para consolidar su dominio en la región.
El secuestro de los hermanos Ismael Hinojosa Vence y César Enrique Hinojosa Gutiérrez, junto con su primo Augusto Elías Hinojosa Hernández, ejemplifica cómo funcionó este patrón criminal. El 24 de septiembre de 2001, se dirigían por la vía entre Valledupar y Patillal para asistir al festival del municipio. Fueron secuestrados en un retén ilegal instalado por el Frente 59 y pocas horas después Augusto Elías Hinojosa Hernández fue liberado junto con otras 30 personas. Sin embargo, Ismael Hinojosa Vence, comerciante independiente, y César Enrique Hinojosa Gutiérrez, integrante del Ejército Nacional, nunca regresaron. Ambos fueron llevados hacia la Sierra Nevada de Santa Marta y desde entonces se desconoce su paradero.
Los comparecientes han aceptado su responsabilidad en el secuestro y desaparición forzada de Ismael Hinojosa Vence y César Enrique Hinojosa Gutiérrez. Según sus declaraciones, la motivación de este crimen fue la supuesta vinculación de las víctimas con grupos paramilitares. Sin embargo, Augusto Elías Hinojosa Hernández, familiar de los desaparecidos y también víctima del secuestro, afirmó que su familia era campesina y no tenía vínculos con ningún grupo armado. Por ello, pidió que “cesen la victimización" y exigió que se dignifiquen los nombres de sus seres queridos. En la Audiencia de Reconocimiento Verdad, Rodrigo Granda, exintegrante del Secretariado de las Farc-EP, reconoció el hecho y pidió perdón por estos crímenes.
Las víctimas de secuestro sufrieron además por el trato que recibieron en medio del cautiverio. Un sobreviviente de la fuerza pública relató ante la JEP que en el marco del secuestro fue sometido a torturas. La víctima pertenecía a un batallón de contraguerrilla, pero el 11 de noviembre del año 2000, mientras estaba de licencia en el municipio de Codazzi, Cesar, guerrilleros de las Farc-EP se lo llevaron para La Serranía del Perijá. Además, recuerda la víctima, lo golpearon con la trompetilla de los fusiles, lo que le ocasionó múltiples fracturas y pérdida de la visión. Sobrevivió porque siempre negó pertenecer a la fuerza pública.
El Bloque Caribe también secuestró a candidatos y funcionarios públicos para “evitar corrupción en las zonas" donde operaban o para demostrar que “había un vacío de poder", lo que, según la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, terminó afectando el curso normal de la democracia. El secuestro también fue una herramienta para imponer trabajos forzados a las comunidades o como castigo para quienes no se sometían a las reglas de convivencia de la guerrilla.
En ese contexto, la población civil quedó atrapada entre diversos actores armados. Ese fue el caso de Libardo Manuel Lúquez, concejal del municipio de Manaure Balcón del Cesar, quien fue secuestrado en tres ocasiones por guerrilleros de los Frentes 59 y 41 de las Farc-EP. Según relata su familia, la guerrilla lo obligó a “rendir cuentas" en los años 1997, 2002 y 2003, manteniéndolo cautivo durante varios días en cada ocasión. En una de esas detenciones, fue intimidado de tal forma que abandonó su aspiración a la alcaldía. Y el 23 de mayo de 2004, Libardo fue asesinado por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Secuestraron para forzar el intercambio por guerrilleros presos
Las Farc-EP tomaron la decisión de secuestrar a militares y policías con el objetivo de presionar al Estado colombiano para un intercambio por guerrilleros detenidos. Solo entre 1996 y 2002, se registraron 489 secuestros de integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, al inicio de los años 2000, al no obtener los resultados esperados con esta estrategia, la guerrilla empezó a secuestrar a figuras nacionales de las tres ramas del poder público.
La magistratura ahondó en el secuestro del exministro de Desarrollo Económico Fernando Araújo Perdomo, quien sobrevivió a seis años de cautiverio. Los comparecientes de las Farc-EP reconocieron que se asociaron con una banda delincuencial para secuestrarlo en Cartagena, el 4 de diciembre del año 2000, mientras trotaba en la noche. En un principio, lo privaron de la libertad con fines extorsivos, pero después 'Iván Márquez' determinó que, por su perfil, era más conveniente considerarlo como una persona “canjeable". En todo caso, los guerrilleros exigieron cinco millones de dólares a su familia a cambio de su liberación. Los Araújo no accedieron a la extorsión.
En los años de cautiverio, sufrió amarres y fue mal alimentado. Solo hasta el 31 de diciembre de 2006 logró fugarse. Caminó durante cinco días y, el 5 de enero de 2007, encontró tropas de la Infantería de Marina.
Otro de los secuestros más representativos dentro de este patrón criminal del Bloque Caribe fue el de la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera, conocida como 'La Cacica'. El 24 de septiembre de 2001, mientras iba desde Valledupar hacia Patillal para celebrar el festival del municipio, fue secuestrada. Viajaba en una camioneta junto a Cecilia Monsalvo Rivera, entonces directora de la Fundación del Festival Vallenato; Luz Stella Molina Mejía y Paola Molina Rojas, familiares del acordeonero Arturo 'Cocha' Molina; su conductor, Onésimo Quintero Salcedo; y dos escoltas: Ricardo Miguel Márquez Gómez y Juan Darío Parra Galvis.
Los comparecientes contaron en sus versiones ante la JEP que el secuestro de la exministra fue fortuito, pues el objetivo inicial era el entonces gobernador del Cesar, Rafael Bolaños Guerrero, quien ese día no transitó por la vía. También planeaban interceptar a otras personas que se dirigían al festival de Patillal con fines extorsivos. Aseguraron que, al darse cuenta de que entre los retenidos estaba la exminisitra, informaron de inmediato a sus superiores. Entonces, el comandante del Bloque Caribe, Luciano Marín Arango, 'Iván Márquez', ordenó mantenerla cautiva como persona “canjeable" y llevarla a la Sierra Nevada de Santa Marta.
El 29 de septiembre de 2001, tropas del Ejército Nacional lograron alcanzar al grupo del Frente 59 de las Farc-EP y cuatro personas fueron rescatadas, pero durante el operativo, un guerrillero asesinó a Consuelo Araújo Noguera. Los comparecientes reconocieron en el proceso que Neyder Alfonso Rodríguez Sánchez, conocido como 'Amaury' (†), fue quien le disparó ante el inminente rescate.
El secuestro y posterior asesinato de la exministra Consuelo Araújo Noguera fue devastador para su familia y, al mismo tiempo, tuvo efectos colectivos en la región. Entre ellos, la estigmatización de comunidades étnicas cuyos territorios fueron utilizados por la guerrilla como rutas de tránsito o zonas de cautiverio. Una mujer del Pueblo Kankuamo, residente en la comunidad de Atánquez —corregimiento de Valledupar, Cesar, da cuenta de ello: “el secuestro de la exministra hizo que la comunidad fuera tildada de guerrillera, lo que redundó en detenciones arbitrarias contra el Pueblo Kankuamo".
De hecho, en el Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado —en el Subcaso Costa Caribe—, y en el Caso 08, que aborda crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes estatales en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, la JEP ha profundizado en los hechos sufridos por el Pueblo Kankuamo en el marco del conflicto armado. Y ante la gravedad de la victimización sufrida por los Pueblos Étnicos en el país, se abrió el Caso 09, que concentra la investigación de los crímenes cometidos contra ellos y sus territorios.
El Bloque Caribe y lo que significó para el país
La Sala de Reconocimiento de Verdad decidió profundizar en la cadena de mando, investigando a las siete estructuras que operaban por debajo del Secretariado de las extintas Farc-EP. Solo de este modo sería posible dar respuesta a las demandas de verdad y reconocimiento de las víctimas, entender cómo operaba la antigua guerrilla a nivel regional, el daño diferenciado que causó, y contribuir a la construcción de la verdad judicial y la memoria histórica.
Antes de la llegada de las Farc-EP al Caribe colombiano, la región ya era escenario de disputas por la tenencia de la tierra. Con la reforma agraria de 1961, impulsada por el expresidente Alberto Lleras Camargo, comenzaron a producirse cientos de tomas de tierras, que fueron vistas como recuperaciones para los campesinos o invasiones por los terratenientes. Esto llevó, a inicios de los años 70, a la instalación de unidades militares del Ejército Nacional, como el Batallón de Artillería Número 2 La Popa, en Valledupar. Además, la violencia entre bandas delincuenciales por el control de los cultivos y las rutas ilícitas de exportación de marihuana se intensificó, en el contexto de la “bonanza marimbera" que afectó a la Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones.
En ese contexto, durante la VII Conferencia Nacional Guerrillera de 1982, los líderes de las extintas Farc-EP establecieron un “nuevo modelo de operar ofensivo" con el objetivo de extender su presencia territorial y llegar al poder mediante la vía armada. Así, ese mismo año, hombres del Frente 4º se trasladaron desde el Magdalena Medio hacia el Caribe. La ofensiva guerrillera consistía en atacar a la fuerza pública, a sus colaboradores y a la escasa infraestructura de la región, así como a las autodefensas y sus simpatizantes vinculados a la “bonanza marimbera" y cada vez más al tráfico de cocaína. Además, se enfrentaron al Ejército de Liberación Popular (EPL) y a la Corriente de Renovación Socialista (CRS) en Montes de María. Desde su llegada, también comenzaron a secuestrar y extorsionar.
Nueve años después, durante la VIII Conferencia Nacional Guerrillera de 1993, al Bloque Caribe se le dio la tarea de crear las condiciones políticas y militares para controlar los territorios que rodean las principales ciudades capitales del Caribe: Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y Valledupar, así como La Guajira en su frontera con Venezuela. Para ello, debían controlar también las vías terrestres que conectan estas ciudades. A partir de este momento, esta estructura vivió tres periodos clave: entre 1993 y 2000, fue su época de auge y consolidación; desde 2001 hasta 2007, experimentó una intensa confrontación y sufrió duros reveses a manos de las AUC y de la fuerza pública; y entre 2008 y 2016, atravesó su periodo de repliegue definitivo, con la firma del Acuerdo Final de Paz y su reincorporación a la vida civil.
Al igual que en otros bloques de las extintas Farc-EP, la estructura de mando del Bloque Caribe era jerárquica y centralizada. En la cúspide estaba el coordinador, quien debía ser un miembro del Secretariado de las Farc-EP. Por debajo estaba el comandante del bloque, quien delegaba tareas a los comandantes de los frentes para ejecutar las directrices del secretariado. El Bloque Caribe tuvo dos comandantes principales: El primero fue Juan Hermilo Cabrera Díaz, conocido como 'Bertulfo Álvarez' (†) y después vino Luciano Marín, llamado 'Iván Márquez'.
Con sus cinco frentes rurales (35, 37, 19, 41 y 59) y uno urbano —el Frente José Antequera, en Barranquilla—, el Bloque Caribe hizo presencia en todas las vías que conducían hacia las principales ciudades del Caribe, donde instalaron retenes ilegales. Este bloque creció con rapidez y, para el año 2002 —su momento de mayor expansión—, contaba con 1.320 combatientes y un número indeterminado de milicianos.
La geografía del Caribe colombiano fue un factor clave en ese crecimiento. Los guerrilleros se asentaron en dos grandes subregiones, separadas por el río Magdalena y por las ciénagas y sabanas que lo rodean: por un lado, la subregión de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, que tiene frontera con Venezuela; por el otro, la subregión de los Montes de María y La Mojana.
En las selvas de la Sierra Nevada y en la Serranía del Perijá las Farc-EP encontraron las condiciones para entrenar a la tropa, ingresar armas, y ubicar campamentos. Si bien otros actores armados controlaron el cobro de “impuestos" a la compra de cocaína, la guerrilla obtuvo recursos económicos del tráfico ilegal de armas y en especial del contrabando de gas y de gasolina en la frontera con Venezuela, en la Serranía del Perijá, y de las extorsiones a empresas transportadoras y carboneras. En esta zona, además, siguiendo las órdenes de crecer, las estructuras del Bloque Caribe reclutaron personas, incluyendo menores de edad de los Pueblos Indígenas que habitaban esta subregión. La investigación del Caso 07 de la JEP atribuyó al Bloque Caribe al menos 719 víctimas de reclutamiento.
En cuanto a la segunda subregión de operación del Bloque Caribe, los Montes de María funcionaron también como zona de retaguardia, mientras que La Mojana, con sus múltiples ciénagas, servía como corredor estratégico para los actores armados. Esta región ha sido históricamente habitada por poblaciones negras descendientes de esclavos que buscaron su libertad desde el siglo XVI, así como por comunidades indígenas del Pueblo Zenú y campesinos descendientes de ambos grupos. Todos ellos se vieron afectados por el conflicto armado.
El crecimiento de las Farc-EP llevó a la creación de nuevos grupos de autodefensa, mientras la población civil quedó atrapada en medio de la confrontación entre los distintos actores armados. La justicia ordinaria ha documentado cómo, por ejemplo, en 1995, los ganaderos Alfonso Macías, José Mattos y Hugues Rodríguez, del departamento del Cesar, buscaron a los paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), para replicar en sus territorios la experiencia de Antioquia y Córdoba, como una forma de responder a las extorsiones y secuestros cometidos por las Farc-EP.
El auge y la consolidación de la guerrilla también estuvieron marcados por la comisión de graves crímenes contra la población civil que hoy son investigados por la JEP en el marco del Caso 10.
En cuanto a la fuerza pública, en los primeros años no contaba con el personal ni el armamento necesarios para garantizar la seguridad de la población, y se vio fuertemente afectada por la presencia de las guerrillas. La justicia ordinaria ha documentado múltiples casos de colaboración entre integrantes de la fuerza pública y grupos paramilitares. Además, el Caso 08 de la JEP investiga las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales en este contexto.
Es a partir del 2002 que el Bloque Caribe empieza a perder un gran espacio en la guerra contra el paramilitarismo y el Ejército Nacional. Según datos de la fuerza pública, para el año 2004, esta estructura tenía cerca de 1.000 personas en armas, mientras que para el 2010 contaba con solo 390 combatientes. La Sala de Reconocimiento de Verdad tiene conocimiento de que 376 hombres del Bloque Caribe, incluyendo milicianos, dejaron las armas.
¿Qué sigue en el proceso?
Los cinco imputados del Bloque Caribe serán notificados de esta decisión y tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. También pueden responder aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones sobre esta decisión.
La Jurisdicción también ordena a los comparecientes imputados que aporten toda la información faltante que esté a su disposición tanto a la JEP como a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), con el fin de encontrar a las víctimas de desaparición ocurridas durante el cautiverio, en un plazo de 30 días. La investigación ha identificado a 19 personas, cuyos familiares han preguntado por ellas en el proceso, y de quienes no se conoce su paradero desde que fueron secuestradas por el Bloque Caribe.
Esta Jurisdicción espera que los comparecientes cumplan con sus obligaciones de aportar verdad y de reparar a las víctimas. Para eso, les ordena ampliar la información sobre hechos concretos que les fueron imputados. Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y hay aportes a la verdad, la JEP convocará a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la que los imputados darán la cara a la justicia, a las víctimas y al país. Esta audiencia será preparada y desarrollada con las víctimas.
Después de esa diligencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones que traslada el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz. En ella se incluirá los nombres de aquellos que hayan aportado verdad, reconocido su responsabilidad y sean considerados candidatos para la imposición de sanciones propias o restaurativas. Esta sanción, que será consultada con las víctimas, tiene un enfoque reparador e incluye restricciones efectivas de libertad y otros derechos, sin incluir la cárcel. Además, debe garantizar la seguridad jurídica a los comparecientes y cumplir con los estándares internacionales.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, su caso será trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. En este caso, el proceso podría terminar en un juicio más parecido al de la justicia ordinaria, y si se les encuentra responsables de los crímenes, los comparecientes podrían pagar hasta 20 años de prisión.
