COMUNICADO 15

En el Día Internacional de las Manos Rojas, la JEP reafirma su compromiso para que no haya más infancias perdidas en la guerra

  • La JEP insiste en la necesidad de transformar los contextos de vulnerabilidad en zonas rurales, donde la pobreza y precaria presencia estatal aumentan el riesgo de reclutamiento de niñas y niños.
  • En noviembre de 2024, la JEP sentó un precedente histórico al imputar a seis exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP como máximos responsables por crímenes de guerra de reclutamiento y utilización de niñas y niños.
  • La imputación también incluyó otros crímenes de guerra cometidos durante la vida intrafilas, como malos tratos, torturas, homicidios, juicios sin garantías y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio.
Bogotá, 12 de febrero de 2025. “En vez de un balón, fue una granada; en vez de una alegría, fueron unas lágrimas; en vez de una niñez tranquila, fue una niñez llena de miedo, una niñez que me robaron y que no me la van a devolver nunca", relató ante la JEP uno de los 18.677 niños y niñas reclutados por las extintas Farc-EP entre 1971 y 2016. Hoy, en el Día Internacional de las Manos Rojas, la Jurisdicción reitera su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas de reclutamiento y utilización en el conflicto armado.
 
En un hecho histórico, la JEP determinó en el Auto 05 de 2024 que el reclutamiento de niños y niñas, incluso menores de 15 años, fue una práctica sistemática de las extintas Farc-EP, principalmente en zonas rurales con altos niveles de pobreza y limitada presencia estatal. A 23 años de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la vinculación de menores en conflictos armados, sigue siendo urgente transformar estos contextos de vulnerabilidad para evitar que esta tragedia se repita.
 
Con esta decisión judicial, la Jurisdicción sentó un precedente histórico al imputar a seis exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP como máximos responsables por crímenes de guerra de reclutamiento y utilización de niñas y niños, incluidos de 15, 16 y 17 años. La imputación también abarcó otros crímenes de guerra cometidos durante la vida intrafilas, como malos tratos, torturas, homicidios, juicios sin garantías y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio.
 
La magistratura determinó que el reclutamiento fue un fenómeno complejo y multicausal, arraigado en contextos de desprotección. Las víctimas, en su mayoría provenientes de zonas rurales y con escasos recursos económicos, expresaron ante la JEP que no tenían acceso a educación, salud, espacios recreativos y oportunidades para construir un proyecto de vida fuera de la guerra. Estas vulnerabilidades fueron aprovechadas por la antigua guerrilla para reclutarlos mediante la fuerza y el engaño con promesas de una vida mejor.
 
En el marco del proceso judicial, las víctimas del Caso 07 han insistido en la necesidad de implementar planes de prevención del reclutamiento de niñas y niños para que estos crímenes no se repitan. Especialmente han advertido que sus hijos e hijas, al igual que muchas otras niñas y niños del país, siguen expuestos a factores de vulnerabilidad. Precisamente, en el auto de imputación la Sala de Reconocimiento de Verdad enfatizó en que el tema exige una mirada pluritemporal de las historias de vida de las víctimas: comprender la violencia sufrida en la infancia, escuchar en el presente al adulto que exige justicia y abrir caminos hacia el reconocimiento, la restauración y la reconciliación.
 
Precisamente, en un espacio facilitado por la JEP, víctimas acreditadas en el Caso 07 y sobrevivientes de la Operación Berlín hicieron un llamado: “Que esta tragedia jamás se repita. Que la educación y la paz sean nuestro legado, por un futuro donde cada niño y niña viva en seguridad y dignidad. La memoria es el puente entre el pasado y el futuro que nos recuerda el compromiso con nuestro país".
 
El Caso 07 también ha documentado lo ocurrido con la Columna Móvil Arturo Ruiz, una unidad conformada en su mayoría por niñas y niños reclutados por las Farc-EP para reforzar frentes en la región del Catatumbo. En la investigación de este caso, ilustrativo de las graves violencias padecidas en el reclutamiento y la vida intrafilas, se documentó cómo fueron concentrados en el Meta, sometidos a entrenamiento militar y, en el caso de las niñas, a jornadas de anticoncepción forzada. Luego, emprendieron una marcha de seis meses por los departamentos de Meta, Guaviare, Guainía, Vichada, Arauca y Casanare hasta Santander. Allí, enfrentaron la Operación Berlín, como la denominó la V Brigada del Ejército, que comenzó el 19 de noviembre de 2000 y se prolongó hasta el 13 de febrero de 2001, en el páramo que lleva este mismo nombre. Muchos niños y niñas murieron en esta operación, y los sobrevivientes quedaron con graves secuelas.
 
Como parte del Caso 07, y en el marco de la decisión judicial más reciente, el 20 de noviembre de 2024, la Sala de Reconocimiento de la JEP viajó a Suratá, municipio donde inició la Operación Berlín, para socializar las decisiones del Auto 05 con autoridades locales, departamentales y representantes de la academia. En el encuentro participaron sobrevivientes de la operación militar, quienes compartieron sus testimonios y demandas de verdad en las instalaciones del Colegio Camacho Carreño.
 
“Hace 24 años nos despertábamos con un bombardeo; pero gracias a Dios hoy nos despertamos con un Auto de Determinación que nos llena de esperanza […] Este auto demuestra la verdad… Hoy la guerra sigue arrasando con la niñez de nuestro país. Queremos decirles a ustedes que tenemos que trabajar unidos para que dentro de 20 años no tengamos que hacer otro acto simbólico por hechos así", expresaron ante la magistratura de la JEP.
 
Hoy, en el Día Internacional de las Manos Rojas, la JEP reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la no repetición, atendiendo el mandato del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña: ningún niño o niña debe volver a ser reclutado ni utilizado por un grupo armado.