​​​Caso Batallón La Popa y 'falsos positivos': más testigos señalan al coronel (r) Mejía Gutiérrez 

Un teniente coronel en retiro del Ejército reveló en las últimas horas el infierno en que convirtió su vida y su carrera luego de su paso por el Batallón La Popa de Valledupar y su participación en hechos que el cielo no perdona.

Mi coronel Mejía: Yo a usted lo tenía arriba, pero cuando trabajé con usted se me derrumbó todo", le dijo el exoficial Ángel Mauricio Suaza Lozada al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez durante el juicio oral que la Jurisdicción Especial para la Paz adelanta en contra de este último.

Mejía Gutiérrez fue acusado en julio del año pasado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP como presunto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida, tortura y desaparición forzada.

A Mejía Gutiérrez se le responsabiliza de haber ideado y conducido un ilegal Aparato Organizado de Poder que, entre diciembre de 2001 y noviembre de 2003, segó las vidas de 72 personas que mentirosamente fueron presentadas a las autoridades y a la opinión pública como delincuentes muertos en combates.

Durante su extensa declaración, Suaza Lozada reconoció su participación en dos hechos criminales perpetrados por corruptos integrantes del Batallón La Popa en tiempos del coronel Mejía Gutiérrez.

Corría noviembre de 2003 y para ese momento Suaza Lozada era apenas un subteniente.

Con la voz entrecortada, Suaza Lozada empezó diciendo: “Hay una muerte (en el corregimiento de Media Luna, Cesar) que tampoco fue un combate".

Según dijo, el capitán Martín Martínez Aldana le ordenó colocarle un pasamontañas al detenido civil Ramón Enrique Cárdenas Soto “para que cuando pasemos por el pueblo no lo reconozcan".

De acuerdo con Suaza Lozada, para el momento en que sucedieron los hechos, “los soldados(bajo su mando) ya estaban imaginando cosas. Había una situación complicada por parte de integrantes del batallón (…) Ya era común que había 'falsos positivos' (o ejecuciones extrajudiciales) y que los soldados querían dar resultados porque les prometían días de permisos".

—¿Quién autorizaba esos permisos? —, le preguntó al testigo el fiscal Samuel Serrano.

—Mi coronel Mejía era el único que tenía potestad para dar los permisos—, respondió el declarante, sin titubear.

Al final, Martínez Aldana dio la orden de asesinar a la persona retenida, es decir, al señor Ramón Enrique Cárdenas Soto.

Hermano: toca matar a este man porque es guerrillero", le dijo Martínez Aldana a Suaza Lozada, quien narró así los hechos:

Yo le dije: No, mi capitán, no cuente conmigo. Acaba de nacer mi hija. Yo no me voy a meter en esa situación. Ya he vivido algo similar y no lo voy a repetir (hacía referencia al asesinato del señor Atilio Joaquín Buyones).

Mi capitán, en pocas palabras, me dijo: Si quiere ir, toca cumplir esa orden. Yo le respondí: No mi capitán, yo no voy a hacer eso. Algunos (soldados) escucharon y dijeron: 'Venga yo inicio el combate y usted hace lo que tiene que hacer'.

Y empezó para mí otra vez esa incertidumbre, esa vaina (…) Llamé a algunos soldados que estaban con el señor Enrique y les comenté: 'Esta es la orden'. El cabo Ramírez me dice: 'Mi teniente: yo no me voy a prestar para eso'.

Yo me fui con el cabo Guevara. Dos soldados se quedaron ahí. Mi capitán (Martínez), por el radio, (dijo): 'Inicien combate'. (En un simulacro) empiezan a disparar y ahí fue que mataron al señor Enrique (Cárdenas) Soto".

Atontado aún por lo que había sucedido, el subteniente Suaza Lozada solo atinó a decirle a su superior, el capitán Martínez: “Yo no hago el informe de patrullaje (para justificar el combate).Haga lo que quiera".

Pocos días después, Suaza Lozada se vino en bus para Bogotá. Durante el viaje, seguramente, pensó mucho en don Enrique Cárdenas Soto y también en don Atilio Joaquín Buyones Solís, quien, en agosto de 2003, también había sido asesinado por hombres del Batallón La Popa.

Mi niña —continuó Suaza Lozada— ya llevaba como 10 o 12 días de nacida. Vi a mi hija y al otro día arranqué (…) expresamente a pedir la baja. Un mayor me atendió en el CAN (Centro Administrativo Nacional de Bogotá) y me preguntó por qué iba a pedir la baja. 'Porque hay cosas que no comparto de situaciones que están pasando', le dije. '¿Qué está pasando?', me preguntó. 'Cosas que no me gustan, mi comandante', fue lo que le dije".

Finalmente, Suaza Lozada desistió de renunciar luego de que se le concedió una exigencia importante: que fuera sacado del Batallón La Popa y trasladado a otra unidad militar del país.

Hoy, Suaza Lozada tiene 48 años y tres hijos. Hace cinco años se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz. En mayo pasado le dijo adiós al Ejército. Era teniente coronel.

—¿Cómo se siente?—, le preguntó el miércoles a Suaza Lozada el Grupo de Relacionamiento y Comunicaciones de la Unidad de Investigación y Acusación.

—Me quité un peso de encima, me descargué (con la declaración rendida ante los magistrados)—, respondió, con cara de satisfacción.

 

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En la tercera sesión del juicio contra Mejía Gutiérrez, la Unidad de Investigación y Acusación también presentó a otros testigos.

Uno de ellos, el teniente (r) Eduart Álvarez, reveló que en el Batallón La Popa se manejaba una especie de incentivo para los soldados: por un positivo (o persona muerta en combate) con arma corta, 500 mil pesos, y con arma larga, un millón de pesos.

Según dijo, en esa unidad militar no se movía una hoja sin que lo supiera su comandante, en referencia al coronel Mejía y al hablar de las operaciones militares ilegales en las que participó.

Agregó que durante su primera estadía en el Batallón La Popa nunca escuchó de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos". En cambio, durante su segundo paso por la mencionada unidad militar (en tiempos de Mejía) sí supo de ese tipo de crímenes.

En varias oportunidades, el entonces teniente Álvarez reconoció haber dado la orden a integrantes del Batallón La Popa de asesinar a por lo menos dos civiles. En otra, un soldado por iniciativa propia asesinó a un ciudadano inocente. “Pero yo asumí la responsabilidad porque era su comandante", advirtió.

Otro testigo, el mayor (r) Guillermo Gutiérrez Riveros, reconoció que fue investigado por los hechos en que fueron asesinados dos civiles por parte de integrantes del Batallón La Popa. Aclaró, sin embargo, que en ninguno de los dos casos él tomó la iniciativa para perpetrar esos homicidios. 

La iniciativa, dijo, fue del coronel Mejía.

El juicio contra Mejía, presidido por la magistrada Reinere Jaramillo, se reanudará el 12 de noviembre próximo en la sede de la JEP del norte de Bogotá.