​​​​“Desde que empezó esto dije: voy a darle mi voto de confianza a la JEP": familiar de víctimas de ejecuciones extrajudiciales​​

José Alexánder Castro tiene 46 años y desde que tenía 30 las dificultades de la vida lo convirtieron en una especie de computadora humana.

Él recita sin vacilar, hasta el más mínimo detalle, los hechos que terminaron con el asesinato de su hermano y uno de sus tíos por parte de militares.

“El día lunes 23 de octubre del año 2006, en la vereda La Concha del municipio de Campamento, Antioquia, miembros del 'Batallón de Infantería N° 10 Coronel Atanasio Girardot', 'Pelotón Anzoátegui 2', al mando del subteniente Contreras Manuel Salvador, sacaron (de su casa) a mi tío John Freddy Navarro Martínez, de 36 años de edad, y a mi hermano Humberto León Pulgarín Castro, de 24 años".

Con esa precisa narración, el jueves anterior, Castro inició así una extensa entrevista con el Grupo de Relacionamiento y Comunicaciones de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Se trataba de recordar los pormenores de las ejecuciones extrajudiciales de que fueron víctimas sus dos allegados.

Junto a Castro, en un evento organizado por la Unidad de Investigación y Acusación, al menos otra veintena de familiares de víctimas de los llamados “falsos positivos" se reunieron en un hotel del occidente de Bogotá para contar sus vivencias y tristezas sobre uno de los capítulos más oscuros y vergonzosos del conflicto armado colombiano.

Entre los asistentes hubo familiares de víctimas de las llamadas Madres de Soacha y de los departamentos de Norte de Santander, Huila, Meta y Casanare.

Asimismo, representantes de los pueblos indígenas Kankuamos y Wiwas del César y La Guajira, que estuvieron acompañados de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos Colectivo José Alvear Restrepo, Corporación Libertad, Colectivo Orlando Fals Borda y Colectivo Tejiendo Memoria.

Todos ellos compartieron (con los expertos Carlos Valdés, Federico Andreu y del equipo de la Unidad de Investigación y Acusación) los retos de la justicia restaurativa.

Para Agustín Jiménez, funcionario de la Unidad, el taller con familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales “nos mostró que fue un trabajo de generación de confianza (…) tanto para las víctimas como para los funcionarios" de la entidad.

En su concepto, “parte del proceso de restauración es que la víctima pueda tener un espacio para ser escuchado, exponer sus dinámicas, sus visiones y sus expectativas", situación que normalmente no sucede en la justicia ordinaria. 

Así prosiguió Alexánder Castro con su narración:

A su tío y a su hermano, los uniformados “los tiraron afuera, en el patio, y empezaron a revolcar todo. Rompieron bultos de café buscando armamento o droga. Sustrajeron una maleta donde mi tío tenía cuatro millones quinientos mil pesos, documentos y fotos de toda la familia.

“(Mi tío) vivía allí con su esposa, Sandra. Tenían un hijo de un año. Además de mi hermano, estaban también mi primo Calixto Antonio Heredia, su esposa y su hijo pequeño.

“Eso fue a las cinco y media de la mañana. Para ponerle claridad al tema, mi tío tenía esa plata porque la esposa estaba en embarazo y en diciembre él pensaba ir a Medellín para el nacimiento de la niña que venía en camino.

“Por ahí a las siete (de la mañana) los sacaron (de la finca) y los subieron por la carretera. Había que subir una loma y (los militares) empezaron a hacer disparos al aire para que la gente pensara que era un combate. Ellos (su tío y su hermano), con lágrimas en los ojos, se despidieron de sus vecinos.

“En la carretera los ejecutaron. A mi hermano (es decir, a su cadáver) le pusieron cordón detonante, pólvora y tubos de PVC. A mi tío le pusieron un revólver 38 y dos granadas de mano IM-26. Los hicieron pasar por guerrilleros del ELN (o el Ejército de Liberación Nacional).

Un soldado que se pone pálido

Cuando sus dos familiares estaban siendo asesinados en la vereda La Concha, José Alexánder Castro estaba trabajando en Medellín.

Hacía el mediodía de ese 23 de octubre de 2006, Castro fue puesto al tanto de la mala noticia. De inmediato llamó a la IV Brigada del Ejército, con sede en la capital antioqueña, “y allí se burlaron de mi".

Luego, en la Procuraduría de Medellín, le dijeron que allá no le podían colaborar, que lo mejor que podía hacer era desplazarse directamente al municipio de Yarumal, donde en ese momento se encontraban los dos cadáveres.

Castro prestó entonces 200.000 pesos en el sitio donde trabajaba y se fue para Yarumal con su mamá, uno de sus hermanos, una prima y una tía.

“Llegamos a las 10 de la noche al comando de la Policía. Le pregunté al comandante de la Policía y me dijo que no sabía nada. Entonces le conté lo que había pasado. El me dijo que iba a averiguar. Al rato me informó que había dos muertos y que, al día siguiente, a las ocho de la mañana, me los entregaban.

“Al otro día madrugamos. A las siete y media estaba yo ahí. Me atendió el soldado que estaba de guardia. Le dije: 'Vengo a averiguar por dos seres queridos que me mataron'. Ese man se puso pálido y llamó al capitán.

“Qué pasó, por qué tiene los cadáveres tirados a la intemperie'. Eso fue lo primero que le reclamé. 'Por el clima', me respondió. 'Pero por qué los tenés tirados en una cancha sometidos al escarnio público. Ellos son seres humanos'.

“(El oficial) me dijo que habían muerto en un combate. Le conteste de una: 'Dejen de ser miserables, asesinos, cobardes. ¿Sabe qué?: no voy a pelear con usted, voy a pelear a través de la justicia'. Entonces me fui para la Procuraduría Provincial de Yarumal, y ese señor, John Jaime Arredondo Gómez, fue el ángel guardián mío y de mi familia.

“Le conté todo al doctor Arredondo. '¿Esos hps es que van a hacer lo que les da la gana matando la gente?", dijo. Qué señor tan bravo. Me tomó la declaración. Me dijo que tuviera mucho cuidado".

En la JEP​​

José Alexánder Castro vive en unión libre y es padre de dos hijos. Actualmente trabaja en vigilancia privada. Los hechos trágicos de hace 16 años lo convirtieron en un reconocido activista. Su apuesta en favor de la JEP es incondicional.  

¿Hay militares condenados por esos hechos?

Hay uno detenido en el (Batallón) Pedro Nel Ospina (…) Tuvimos audiencia con el teniente coronel Jaime Humberto Pinzón Amézquita, que era el comandante del Batallón Atanasio Girardot para esa época. El reconoció 53 ejecuciones (extrajudiciales). Las últimas que reconoció fueron las de mi hermano y mi tío.

¿Eso dónde fue?

El estuvo en audiencia con la JEP. Y hasta pidió perdón, pero que no se acuerda. Yo le dije: “Las víctimas necesitamos que usted haga memoria. A mí no me venga con el cuento de que no se acuerda".

¿Usted cómo llega a la JEP?

Por medio de la Corporación Jurídica Libertad. En el 2009, yo ingresé al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE. Yo hago parte del equipo coordinador en Antioquia (…) Hace cinco años creamos el Colectivo Tejiendo Memoria.

¿Cómo lo han tratado en la JEP?

Bien. Hemos tenido diferencias, pero hemos sido los acérrimos defensores de la Jurisdicción (Especial para la Paz). Yo, desde que empezó esto, dije: “Voy a darle mi voto de confianza a la JEP".

¿Por qué?

Porque a mí no me sirve que metan a un tipo de esos (los militares que asesinaron a sus familiares) 50 años a la cárcel. Yo cambié mi mentalidad. Yo necesito es verdad y justicia. La actitud de Jaime Humberto Pinzón fue buena, tanto que mi mamá dijo: “Yo lo perdono si él me habla con la verdad".

Entonces le cree mucho a la JEP…

Claro, es que de eso se trata: apostarle a esto.

¿Cómo ve el futuro del país?

La idea es que esto (de los falsos positivos) no lo vuelva a sufrir nadie. Hasta los que creen que es mentira. Yo no le deseo esto a nadie.​
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