​​​​​El juicio contra Guzmán Ramírez: los infames asesinatos en la finca Tamarindales​

Bogotá, 27 de febrero de 2026 (@UIA_JEP) La segunda sesión del juicio adversarial que la JEP adelanta en contra del coronel en retiro del Ejército David Herley Guzmán Ramírez dejó en evidencia que la unidad militar bajo su mando —el Batallón Contraguerrilla 79— terminó convertida en una banda criminal que torturaba y asesinaba a menores de edad.

Esta historia, una de las tantas de horror que tuvo como protagonista a Guzmán Ramírez, fue relatada el miércoles y jueves pasados por los exoficiales Manuel Antonio Quintero Flórez, Yimmy León Pulido y Edwin Alberto Cardona Arias, quienes para julio de 2004 hacían parte del Batallón Contraguerrilla 79 que operaba en los municipios antioqueños de Ituango y Dabeiba.

En diciembre de 2024, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP acusó a Guzmán Ramírez porque presuntamente, en compañía de otros miembros de la fuerza pública y en asocio con organizaciones paramilitares del norte de Antioquia, participó en la comisión de homicidios contra personas protegidas por el DIH, desapariciones forzadas y —en algunos casos— tratos crueles, humillantes y degradantes contra un sector de la población civil para obtener felicitaciones y demás incentivos previstos en las disposiciones administrativas del Ejército.

La mayoría de las víctimas mortales —presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate— fueron exhumadas de cementerios de Ituango y Dabeiba (como Las Mercedes). La gran mayoría de ellas ya fueron identificadas preliminarmente por expertos de la Unidad de Investigación y Acusación. 

Los hechos por los que se acusó a Guzmán Ramírez fueron perpetrados entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005, cuando el exoficial en mención estuvo al frente del Batallón Contraguerrilla 79.

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Se llamaba Seneida y tenía apenas 13 años. El 13 de julio de 2004, la chiquilla se desplazaba como parrillera en una motocicleta en la vía que de Dabeiba conduce a Uramita. Tanto ella como el hombre que conducía el automotor fueron requeridos en un retén del Ejército al mando de León Pulido.

Al hombre se le permitió continuar su camino toda vez que exhibió sus documentos de identidad. Seneida, en cambio, dijo no llevar consigo la cédula de ciudadanía. De inmediato, un hombre que había sido retenido por el Ejército la identificó con su nombre y la acusó de ser guerrillera.

—Es Seneida, es guerrillera y participó en el combate en el que murió el teniente (Suárez, el 18 de marzo de 2005)—, les dijo el hombre a los militares que estaban con él, encabezados por el teniente León Pulido. 

Acto seguido, el militar en mención le reportó la captura de la adolescente a su superior, el entonces mayor Guzmán Ramírez. 

Fue tal el pánico que le generó el hecho de haber sido identificada por su nombre, que la jovencita perdió el conocimiento. Como pudieron, los militares la reanimaron y León Pulido le exigió a uno de sus subalternos que la cuidara e impidiera que eventualmente alguien se le acercara con malas intenciones.  

De acuerdo con el testimonio que León Pulido entregó en la segunda sesión del juicio adversarial que la Jurisdicción Especial para la Paz adelanta en contra de Guzmán Ramírez, horas después Seneida fue entregada a otros militares (encabezados por el teniente Manuel Antonio Quintero), junto a dos hombres que en episodios separados habían sido retenidos ilegalmente por los militares —entre ellos el que la identificó por su nombre—.

Entonces apareció en escena el mayor David Guzmán Ramírez. Lo hizo en un carro blanco. Habló con sus hombres, se enteró de la situación e impartió dos órdenes: la primera, trasladar a los secuestrados a la finca Tamarindales; la segunda, asesinarlos.

“La orden es desplazarnos hasta ese punto y dar el resultado operacional de matar a esas personas", explicó en su declaración ante la JEP el exteniente Quintero.

—¿Quién dio la orden de desplazarse y matar a esas personas—, le preguntó a Quintero la fiscal ante Tribunal de la Unidad de Investigación y Acusación, Sandra Patricia Ramírez Montes.

—La dio el señor mayor David Guzmán Ramírez—, respondió Quintero.

—¿A quién le da esa orden?

—Me la da a mí, directamente.

Sobre las cuatro de la mañana del 15 de julio, los militares y sus víctimas llegaron a Tamarindales. Al sargento Fidel Ochoa le tocó escoger a los militares que iban a disparar. La macabra misión les correspondió a los soldados Carlos Carabalí, Oswaldo Arrieta, Juan David Aguirre y Ricardo Buelvas.

Con la suerte echada, la orden de Guzmán Ramírez tenía que cumplirse, entre otras cosas, porque él estaba presente en Tamarindales, a solo unos 30 metros de las víctimas. 

Los militares separaron a las tres personas. “Carabalí era el primero que tenía que disparar y después los otros soldados", explicó Quintero.

Eran más o menos las 5 y 15 de la mañana.

Diofanor Guisao (17 años) e Isidoro de Jesús Cardona (21) murieron en el acto. Seneida, en cambio, se las puso difícil a los hombres de Guzmán Ramírez y se resistió a morir. “Se produjeron los disparos, se desplomaron las tres víctimas. Solamente estaba agonizando la niña y un soldado la remató", relató Quintero.

Guisao, Cardona y Seneida murieron sin hacer ruido. No imploraron nada. Según Quintero, solo se oyó que la pequeña pronunció una palabra: “Juancho".

Los tres cadáveres fueron sacados de Tamarindales. A los tres los uniformaron y les pusieron armas. Quintero fue el encargado de tomarles las fotos a los cuerpos para hacer el reporte oficial.

A la pregunta de si Guzmán Ramírez había estado presente en el momento de las tres ejecuciones, Quintero respondió sin titubear: “Todos estábamos ahí presentes".

También a Quintero —por orden de Guzmán Ramírez— le correspondió hacer el informe de la inexistente operación militar. Escribió a mano que en la vereda Culantrillales de Dabeiba, luego de un enfrentamiento armado con guerrilleros del frente 5 de las FARC, “al efectuar el registro, fueron hallados tres bandidos dados de baja".

Cuando los ánimos estaban más calmados, y los hombres del Batallón Contraguerrilla 79 seguían reclamando una victoria inexistente, Guzmán Ramírez los citó a varias reuniones con un mismo objetivo: que todos quienes participaron en el “operativo" de Tamarindales debían ser coherentes en sus versiones cuando fueran requeridos por las autoridades judiciales.

Y una farsa más: hubo días de descanso y felicitaciones en las hojas de vida para los militares que participaron en los asesinatos de las tres personas.

Con el tiempo, Quintero fue investigado y condenado a 35 años de prisión por los muertos de Tamarindales. Hacia 2014, ya en calidad de detenido, en el Batallón de Puente Aranda, en Bogotá, Quintero recibió la visita de Guzmán Ramírez. “La orientación (de Guzmán) era que mantuviera por fuera la responsabilidad de él dentro de la operación", precisó.

El pago de Guzmán Ramírez por el silencio de Quintero no se hizo esperar: 300 mil pesos y una loción para hombre. Meses después, Quintero decidió romper su silencio, contar la verdad de lo ocurrido en Tamarindales y, por primera vez, poner en entredicho la inocencia de Guzmán Ramírez.

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El jueves en la tarde, en el juicio contra Guzmán Ramírez, los magistrados a cargo del caso escucharon la versión del exmilitar Edwin Alberto Cardona Arias. 

Luego de corroborar la versión de los asesinatos de Diofanor Guisao, Isidoro Cardona y Seneida, el otrora militar Cardona Arias habló de una práctica macabra que presenció en el Batallón Contraguerrilla 79. Se llamaba “el bolsazo" y —con una bolsa de plástico cubriendo la cabeza— tenía como objetivo asfixiar y presionar a las personas detenidas para que dijeran lo que los militares querían oír.

Eran los tiempos de Guzmán Ramírez como comandante del Batallón Contraguerrilla 79.