Fiscal de la JEP llama a romper el silencio y a dejar de responsabilizar a las víctimas de violencia sexual
Titiribí, Antioquia, 20 de noviembre de 2026 (@UIA_JEP) La lucha contra la violencia sexual ejercida durante el conflicto armado colombiano no pasa únicamente por identificar y sancionar a los responsables. También exige transformar una cultura que durante décadas ha señalado, cuestionado y revictimizado a quienes han sufrido estos delitos.
Ese fue uno de los principales mensajes de Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, durante su intervención en el II Foro de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, celebrado este viernes en Titiribí, municipio del Suroeste Antioqueño.
En su exposición, Álvarez Santoyo insistió en que la sociedad colombiana tiene una deuda con las víctimas de violencia sexual y que el primer paso para saldarla consiste en dejar de juzgarlas por los hechos que padecieron.
A su juicio, uno de los obstáculos más grandes para esclarecer estos crímenes ha sido precisamente el entorno social que, en lugar de condenar al agresor, termina poniendo en duda la palabra de la víctima.
“En vez de juzgar a quien comete el delito, se desvalora a la víctima. Y debe ser lo contrario", señaló.
El funcionario explicó que las dificultades para denunciar no afectan exclusivamente a las mujeres. También hay hombres que han sido víctimas de violencia sexual durante la confrontación armada y que, por vergüenza, temor al rechazo o presión cultural, han preferido guardar silencio.
Recordó que, durante las investigaciones adelantadas sobre una de las estructuras paramilitares más grandes, la de Salvatore Mancuso, solamente logró identificar a tres hombres víctimas de violencia sexual.
La cifra, explicó, no significa que fueran los únicos afectados, sino que evidencia las barreras que enfrentan los hombres para reconocer públicamente que fueron sometidos a este tipo de agresiones.
“Es muy difícil. Si para una mujer es difícil, imagínense para un hombre. Tenemos que reconocer algo: nosotros como sociedad hemos fallado", manifestó.
Álvarez Santoyo también se refirió a las consecuencias que enfrentan muchas mujeres después de sufrir una agresión sexual. Mencionó, entre otros, los casos de mujeres que fueron violadas en ausencia de sus esposos y que posteriormente guardaron silencio por miedo a ser abandonadas o rechazadas.
También habló de aquellas que quedaron embarazadas como consecuencia de una violación y que, incluso dentro de sus matrimonios, viven con el temor de que sus parejas conozcan el origen de sus hijos.
Son situaciones que, según explicó, muestran que el daño ocasionado por la violencia sexual no termina con la agresión. Sus consecuencias pueden extenderse durante años, afectar las relaciones familiares y alterar profundamente la vida de las víctimas.
Frente a ese panorama, el director de la UIA destacó la importancia de la justicia restaurativa y del reconocimiento de las experiencias de quienes padecieron los crímenes. Explicó que el modelo de justicia de la JEP tiene como punto de partida a las víctimas y busca garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Sin embargo, hizo una distinción entre reparar y restaurar. Para ilustrarla, utilizó el ejemplo de una silla a la que se le rompe una pata: repararla sería ponerle un soporte para que pueda seguir utilizándose; restaurarla implicaría reemplazar la pieza dañada y procurar que recupere su condición original.
“Eso es lo que necesitamos hacer con la sociedad colombiana: restaurarla", afirmó.
En ese propósito, explicó, la JEP trabaja desde tres dimensiones: persona, familia y comunidad. La recuperación de una persona puede contribuir a la reconstrucción de su entorno familiar y, a su vez, una familia restaurada puede favorecer la recuperación de la comunidad.
El funcionario señaló que una parte fundamental de ese trabajo consiste en identificar el daño sufrido por cada víctima, pero advirtió que esa tarea no puede quedar exclusivamente en manos de los investigadores. Son las propias personas afectadas quienes conocen la dimensión de lo ocurrido y quienes deben participar en la construcción de ese reconocimiento.
“No podemos inventarnos, de acuerdo con lo que he escuchado, cuál considero yo que es el daño que ha sufrido una persona", explicó. Por el contrario, sostuvo que la identificación debe construirse conjuntamente con la víctima, respetando siempre sus expectativas y necesidades.
Estas expectativas no son iguales para todas las personas. Algunas quieren conocer la verdad sobre lo sucedido; otras buscan recuperar los restos de sus familiares desaparecidos, obtener reconocimiento por los daños padecidos o encontrar condiciones que les permitan reconstruir sus proyectos de vida.
En el caso de la violencia sexual, una de las exigencias recurrentes de las mujeres ha sido superar lo que denominó la injusticia testimonial: la situación en la que sus relatos son puestos en duda desde el primer momento y deben enfrentar interrogatorios o procedimientos que terminan profundizando el sufrimiento.
Por eso, consideró indispensable preparar profesionales capaces de atender adecuadamente a las víctimas y modificar los procedimientos institucionales. “Tenemos que partir de creer lo que la víctima nos está contando y, a partir de creer lo que la víctima nos está contando, adelantar la investigación", sostuvo, aclarando que ese abordaje debe evitar cualquier forma de revictimización.
Álvarez Santoyo recordó que la identificación de los patrones de violencia sexual fue uno de los mayores desafíos de las investigaciones adelantadas en el marco de Justicia y Paz.
A diferencia de otros delitos, cuyos patrones podían establecerse a partir de un mayor número de registros, la violencia sexual permanecía oculta por el silencio de las víctimas y la dificultad para denunciar.
Fue necesario reunir información de distintas regiones del país y articular el trabajo de los fiscales para encontrar elementos comunes que permitieran identificar las formas en que se cometían estos crímenes.
Esa experiencia, agregó, dejó aprendizajes fundamentales para el trabajo posterior de la justicia transicional y para el abordaje de las víctimas en la JEP. Entre ellos, la necesidad de generar confianza, mantener una comunicación permanente con las organizaciones de víctimas y contar con profesionales especializados que permitan escuchar sus testimonios sin prejuicios.
Ese trabajo ha contribuido al reconocimiento de decenas de miles de mujeres víctimas de violencia sexual y al avance de un macrocaso dedicado a esclarecer estos crímenes en el conflicto armado colombiano.
El director de la UIA destacó que muchas de esas mujeres han comenzado a superar el miedo y la vergüenza que durante años les impidieron hablar. Ahora, dijo, han entendido que la responsabilidad no es suya y que quien debe sentir vergüenza es el agresor.
“Quien debe sentir vergüenza por la ocurrencia de un hecho de violencia sexual es el violador. Él es el que debe sentir vergüenza, no la persona que fue violada", enfatizó.
Finalmente, Álvarez Santoyo enmarcó la discusión en la necesidad de construir una sociedad en la que hombres y mujeres sean reconocidos como iguales, con los mismos derechos y obligaciones. Recordó que las mujeres han tenido que recorrer un largo camino para conquistar espacios de participación y reconocimiento, y que todavía enfrentan cargas sociales y familiares desiguales.
A su juicio, el empoderamiento de las mujeres y la transformación de las relaciones dentro de las familias son condiciones indispensables para avanzar hacia una sociedad más justa y reconciliada.
Su mensaje en Titiribí apuntó, en últimas, a una responsabilidad que trasciende a las instituciones judiciales: Colombia no solo necesita esclarecer los crímenes de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado, sino también cambiar la manera en que escucha, reconoce y acompaña a quienes los padecieron. La verdad, la dignificación de las víctimas y la eliminación de los prejuicios son, en esa tarea, condiciones fundamentales para evitar que el silencio y la impunidad sigan reproduciendo la violencia.