Tenemos que buscar la forma de adelantarnos a los victimarios: director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP
El director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez Santoyo, dijo el viernes que la protección de víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso de la JEP no puede ser solo reactiva y que, por el contrario, es obligación del Estado estar uno o más pasos adelante de los victimarios.
“El Estado colombiano, y por supuesto la JEP, no pueden actuar solo cuando alguien sea objeto de una amenaza, sino que tenemos que buscar la forma de adelantarnos a esas situaciones (y a los victimarios) para poder adoptar medidas que garanticen la vida y la integridad personal de los usuarios de la Jurisdicción”, aseguró el funcionario –vía teleconferencia– a un grupo de periodistas de diferentes medios de comunicación del país que participó en un taller organizado por la Unidad de Investigación y Acusación.
De acuerdo con Álvarez Santoyo, en la entidad a su cargo nació el neologismo “Provención”, que no es otra cosa que la sumatoria de la protección y la prevención en pro de las víctimas, testigos y demás intervinientes en el sistema de la JEP.
“Resulta de gran importancia que ustedes, los periodistas, conozcan el Sistema de ‘Provención’, y digo provención porque nosotros queremos innovar en lo que tiene que ver con la protección (y la prevención) en nuestro país”, agregó el jefe Fiscal de la JEP.
Álvarez Santoyo terminó diciendo que la Unidad de Investigación y Acusación y la JEP esperan “que este sistema que nosotros estamos creando no solo sea innovador, sino que sea eficiente y pueda servir como ejemplo para adoptar mecanismos de protección (…) en nuestro país y de pronto en otras latitudes”.
También intervino en la reunión virtual Juan David Velasco, asesor del Director de la Unidad de Investigación y Acusación, encargado del Equipo de Identificación y Advertencia Oportuna de Riesgos y quien se lamentó de que el recrudecimiento de la violencia en el país ha afectado la participación de las víctimas y las organizaciones sociales en el proceso de la JEP.
“En las últimas semanas hemos visto cómo en ciertas regiones del país existe un recrudecimiento de la violencia. Repertorios de violencia que nosotros creíamos superados como consecuencia (…) de los Acuerdos de Paz, y que (pensábamos) no iban a repetirse en Colombia, (han reaparecido con) masacres, desplazamientos masivos de población y de comunidades enteras, confinamientos y asesinatos de líderes sociales y de defensores y defensoras de Derechos Humanos”, observó Velasco.
Ante ese tipo de desafíos, añadió el funcionario, en la Unidad de Investigación y Acusación se preguntaron “qué podemos hacer para prevenir y para poder alertar oportunamente los diferentes riesgos que puedan limitar el concurso de los intervinientes en el sistema de la JEP.
Por eso nació el Sistema Integral de Provención.
Por último, el fiscal Samuel Serrano, quien está a cargo del Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la JEP, hizo hincapié en que esa dependencia ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto a solicitudes de análisis de riesgo.
En 2018 –precisó Serrano– hubo alrededor de 55 solicitudes de análisis de riesgo; en 2019, 280; en 2020, 431, y en lo que va de este año, 90, para un total de 856, hasta la semana pasada.
