Comunicado del
presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, a la opinión pública,
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Países Garantes y Acompañantes y la
CPI
Bogotá, 7 de diciembre de 2024. Como quedó consagrado en el Acuerdo Final de Paz, que honra los
compromisos internacionales en materia de Justicia, la JEP no puede pasar por
alto el dolor de las víctimas y sus demandas de verdad como pretenden algunos
sectores, que desde la política quieren que la JEP desvíe su mandato.
Lo que fue
acordado en La Habana, ajustado después por el plebiscito, el Legislativo y la
Corte Constitucional, es este modelo de Justicia Restaurativa cuyo centro son
las víctimas. Este modelo ha sido reconocido por la OCDE y en él participan de
manera individual y colectiva alrededor de 400 mil víctimas, de todos los
sectores de la sociedad, campesinos y comunidades étnicas. La verdad judicial
ha permitido que las heridas empiecen a sanar y que las víctimas empiecen a
encontrar a sus desaparecidos.
Es importante
recordar que los beneficios para quienes se someten a la JEP están supeditados
a sus aportes a la verdad, la no repetición y a que sus respuestas a las
víctimas sean satisfactorias sobre hechos como el secuestro, los 'falsos
positivos', el reclutamiento forzado, la violencia sexual y otros graves
crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La JEP, como
alta corte, y tribunal de cierre, continuará con su trabajo de reconciliación,
pese a los reiterados esfuerzos de distintos sectores, comprometidos en la
guerra, quienes siguen intentando por todos los medios que no se conozca la
verdad y no se juzguen a los máximos responsables. La JEP seguirá desenterrando
la que han pretendido esconder y esclareciendo patrones macrocriminales
desconocidos por el país.
Los firmantes de
Paz, los integrantes de la fuerza pública y terceros civiles que han cumplido
con su comparecencia ante la JEP, tendrán derecho a una sanción propia y a
resolver su situación jurídica siempre y cuando asuman su responsabilidad de
manera pública y entreguen verdad detallada y exhaustiva. No basta con asumir
responsabilidades de manera general y eludir a las víctimas.
El Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, los países garantes y acompañantes del Acuerdo
Final de Paz y la Corte Constitucional conocen y han resaltado los esfuerzos de
la JEP que con sus medidas cautelares ha movido a las instituciones de Colombia
para que se respete la vida y seguridad de más de 9 mil firmantes de Paz.
También la Corte
Penal Internacional y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony
Blinken, han destacado los resultados judiciales de la JEP y han exigido
respeto por su autonomía y mandato legal.
Por ello, es
importante señalar que el avance, dentro de la estricta temporalidad, de los 11
macrocasos de la JEP compromete no solo a la Jurisdicción, y a sus distintas
instancias, sino a todas las ramas del poder público y a las víctimas. Y sobre
todo depende de los comparecientes, agentes de Estado y terceros, miembros de
la fuerza pública y también firmantes de Paz de quienes se espera respeto a la
ley y al Acuerdo y sus aportes decididos y sin dilaciones a la verdad.
