COMUNICADO 172

Departamento de Estado de EE. UU. reconoce el trabajo de la JEP en el caso de 'falsos positivos' y su lucha contra la impunidad


  • Ante la evidencia judicial que vincula al general (r) Mario Montoya Uribe con crímenes de guerra y de lesa humanidad, el Departamento de Estado ha prohibido su ingreso a Estados Unidos.
  • En 2023, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP le imputó crímenes de guerra y lesa humanidad por 130 casos de 'falsos positivos' ocurridos en el oriente antioqueño entre 2002 y 2003.
  • El Departamento de Estado resaltó que existen pruebas creíbles de que, durante su mandato, Montoya Uribe estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron reportados falsamente como bajas en combate.
  • Estados Unidos reiteró su apoyo a la JEP, a la implementación del Acuerdo Final de Paz y a las acciones que respondan a satisfacer las necesidades de las víctimas del conflicto armado.

Bogotá, 25 de noviembre de 2024. El secretario de Estado de EE. UU., Antony J. Blinken reconoció el trabajo de la JEP en su lucha contra la impunidad por los crímenes relacionados con el conflicto armado en Colombia. Además, comunicó que existen pruebas creíbles de que, durante su comandancia en la IV Brigada, el hoy general (r) Mario Montoya Uribe estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, las cuales fueron reportadas falsamente como bajas en combate.


Estados Unidos anunció que le niega el ingreso al general retirado como resultado de la investigación en el Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. En agosto de 2023, la JEP imputó al general (r) Montoya como autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad por más de 130 asesinatos de civiles presentados falsamente como bajas en combate en el oriente antioqueño entre 2002 y 2003.


Además, como parte de esta declaración emitida en el octavo aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz entre las Farc-EP y el Estado colombiano, el Departamento de Estado anunció que incluyó al general (r) Montoya Uribe en su lista de personas vinculadas con graves violaciones a los derechos humanos.


Estados Unidos exaltó el trabajo de la JEP para “poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con el conflicto y responder a las víctimas y los sobrevivientes en todas las etapas del proceso de justicia transicional". También reafirmó su compromiso de apoyar una paz duradera y sostenible en Colombia que reconozca las necesidades de las víctimas y los sobrevivientes.


Sobre el general (r) Mario Montoya ante la JEP


Por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate", emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados, en agosto de 2023 la JEP imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad al general (r) Mario Montoya Uribe.


La decisión, adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, contra el excomandante del Ejército Nacional se dio por 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos cuando el oficial fue comandante de la IV Brigada, con sede en Medellín, entre el 2002 y el 2003.


Montoya Uribe no ha reconocido su responsabilidad por estos crímenes y presentó un recurso de apelación contra la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad, el cual fue declarado desierto por la Sección de Apelación. Además, interpuso una nulidad, que fue declarada improcedente. Con estas dos decisiones adoptadas por el órgano de cierre de la JEP, quedó en firme la imputación de la Sala de Reconocimiento de Verdad por crímenes de guerra y de lesa humanidad en su contra. Ante su negativa de reconocer responsabilidad, su caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación, que determinará si se inicia un juicio adversarial transicional. En caso de ser vencido en juicio, el alto oficial podría enfrentarse a una sanción de hasta 20 años de cárcel.